Oaxaca: URGENTE APOYO a informe de la Comisión Internacional de Observación por los DDHH

http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/29699

El 20 de enero la CCIODH publicó un informe PRELIMINAR sobre la situación en Oaxaca, basado en más de 420 entrevistas personales con afectados, autoridades, vecinos, detenidos, etc en diciembre y enero 2006. Las conclusiones nombran 23 asesinatos, detenciones arbitrarias masivas, desapariciones, paramilitares, torturas, violaciones sexuales y otras muy graves a los derechos humanos
En diciembre 2006 y enero 2007 visitó México una delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que estuvo en Oaxaca. Esta Comisión, formada por una red de organizaciones europeas de la sociedad civil, ya ha estado varias veces antes en el país. En el link que sigue está su historia, y los trabajos anteriores (sobre Chiapas, Atenco, y el manifiesto de objetivos para la visita a Oaxaca en español, inglés, francés y otros idiomas): ver aquí: http://cciodh.pangea.org/index/index.shtml
Se puede leer y FIRMAR en apoyo a las conclusiones preliminares aquí: http://cciodh.pangea.org/firma_conlusiones_5_cciodh.htm
Por favor, FIRMA y difunde esta información lo más ampliamente posible
Manifiesto V Comisión Internacional de Observación por los Derechos Humanos por los sucesos de Oaxaca
URGENTE: firmar el manifiesto
Barcelona, 7 de diciembre de de 2006
A la sociedad civil mexicana
A la sociedad civil internacional
Al gobierno mexicano
A los medios de comunicación
A la APPO
En febrero de 1998 y a raíz de la matanza de Acteal ejecutada tres meses antes, la sociedad civil internacional reaccionó con diversas movilizaciones para mostrar su repudio a la masacre realizada contra los indígenas rebeldes de Chiapas y para buscar caminos hacia una solución pacífica del conflicto.
Más de 500 personas y organizaciones de los cinco continentes avalaron la creación de una Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) que viajó a Chiapas en esas fechas.
En noviembre de 1999, una segunda comisión realizó una nueva visita de observación para evaluar la situación en ese momento, y compararla con las observaciones y recomendaciones de la anteriores.
En febrero de 2002 se produjo la tercera visita de la CCIODH. Tras el triunfo en las urnas del nuevo gobierno, su objetivo fue verificar la posibilidad de una solución justa al conflicto.
Después de la aprobación de la Ley Indígena en 2001, esta posibilidad quedó frustrada al incumplir la reforma constitucional los Acuerdos de San Andrés, tal como denunciaron el EZLN y el CNI. Así como gran parte de la sociedad civil mexicana e internacional.
En los mese de mayo y junio de 2006, se realizó la IV visita de la CCIODH. Tras los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo del presente año con el resultado de dos personas fallecidas, varias gravemente heridas, cerca de 300 detenidos y cinco personas extranjeras expulsadas en un operativo en el que participaron más de 2000 policías, se presentaron graves denuncias de abusos sexuales, violaciones, malos tratos, vejaciones y torturas que atentaron gravemente a los derechos fundamentales de las personas.
Como resultados de estas cuatro comisiones, se realizaron sendos informes que fueron entregados a todos los interlocutores de la Comisión en México, a todas las organizaciones y personas que los avalaron y a las instituciones internacionales (Parlamento Europeo, Parlamentos Nacionales, Parlamento Centroamericano, a la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, etc).
Desde mayo del presente año, estalló en el estado de Oaxaca un conflicto magisterial en demanda de mejoras salariales para los maestros de la región. Tras la represión del 14 de junio por parte del gobierno estatal, el movimiento gremial derivó en un amplio movimiento popular que exige desde hace medio año la destitución del Gobernador Ulises Ruiz Ortíz del PRI. Estos meses el conflicto se fue agudizando hasta que la intervención de la policía federal desalojó los campamentos y plantones de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca). A lo largo de estos meses han sido asesinados por lo menos 17 personas, han sido detenidas cientos, se han denunciado decenas de personas desaparecidas. Organizaciones de derechos humanos han documentado las torturas, maltratos y amenazas a las que han sido sometidos los presos, así como los abusos y la persecución de los grupos policiacos y paramilitares. Mucha ha sido la movilización nacional e internacional en la denuncia de estos hechos y muy grave la preocupación por atender estas denuncias para buscar una solución dialogada al conflicto.
Por todo lo anterior solicitamos a la sociedad civil mexicana así como al gobierno federal y estatal, a las organizaciones y a las ongs afectadas por estos hechos, que nos otorguen la misma confianza que nos concedieron en las cuatro ocasiones anteriores, que nos reciban y, nos den su palabra, y nos permitan realizar libre y responsablemente nuestro trabajo.
También solicitamos a todas las organizaciones que nos avalaron entonces a que lo hagan de nuevo para observar, reflexionar y diagnosticar la situación de los derechos humanos a consecuencia del conflicto.
Por todo ello, los abajo firmantes apoyamos este manifiesto para que sea entregado a los medios de comunicación, al gobierno mexicano y a las instancias internacionales así como a la sociedad civil
La CCIODH viajará a México desde el 16 de diciembre en un primer grupo para preparar y organizar la visita que continuará mediante un segundo grupo que llegará el día 7 de enero de 2007 hasta el día 20 del mismo mes para realizar las entrevistas con los actores del conflicto y, a continuación, entregar su informe a las instancias, instituciones y organizaciones, tal y como se procedió en las cuatro visitas anteriores.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES SOBRE EL CONFLICTO SOCIAL DE OAXACA DE LA COMISIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS (CCIODH): ver aquí
Barcelona 7 de diciembre de 2006
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos / email: cciodh@pangea.org

Comisión especial divulga informe sobre Oaxaca

Miércoles, 24 de enero de 2007

23.01.07 – MÉXICO

Adital – La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos en base a su investigación iniciada en Oaxaca por peticiones de los movimientos sociales reconoció que 23 personas murieron en los conflictos entre la Policía Federal Preventiva y la Asamblea Popular de los Pueblo de Oaxaca (APPO). En sus consideraciones advierte el gobierno mexicano para que tome las providencias y cumpla su papel de proteger a la sociedad civil, sin utilizar la represión. Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia había reconocido a 11 muertes.  

Además de las muertes, la comisión se ha enterado de que existen sospechas fundadas de la existencia de personas desaparecidas. Una de las mayores dificultades para investigar y esclarecer estas desapariciones es la falta de denuncias presentadas.
 
Con respecto a las violaciones que se han cometido en contra de la sociedad civil, la comisión señala los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, libre circulación y manifestación. “Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales, desalojando violentamente plantones y marchas pacíficas, impidiendo el pleno ejercicio de la función de los representantes comunales legalmente elegidos, agrediendo a periodistas y hostigando a medios de comunicación”, afirma el documento.
 
Asimismo, el derecho a la educación también ha sido afectado, apuntando la falta de recursos materiales y humanos, especialmente en zonas rurales, así como la prolongación del conflicto por la falta de diálogo en la resolución del mismo. Ninguna de las partes en conflicto estableció medidas alternativas durante el paro magisterial para asegurar el derecho a la educación de los niños y las niñas.
 
La comisión resalta que las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Algunas detenciones también han sido practicadas por civiles que, utilizando la fuerza, pusieron a disposición de los cuerpos policiales, con el beneplácito de éstos, a las personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia física y psíquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres.
 
No se garantizó el derecho de defensa de los detenidos y procesados: ni asistencia de un abogado de confianza, ni comunicación con el abogado, ni condiciones de privacidad en las entrevistas, ni asistencia de intérpretes en las diligencias con personas indígenas.
 
El informe menciona aún la violación a los derechos a paro sindical, las detenciones arbitrarias ejecutadas por las fuerzas policiales y estatales; denuncia la detención en espacios ilegales, torturas físicas y psicológicas, traslado ilegal (se intervino la llamada “fiscalía móvil”, este órgano carece de toda cobertura legal, su actuación no es transparente ni está sujeta a control alguno), personas que han sido recluidas en penales de mediana y alta seguridad sin necesidad, detenciones a menores de edad.
 
Con respecto a las mujeres, a comisión ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligación de desnudarse, etc). Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daños físicos, psicológicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumáticos.
 
Entre las varias recomendaciones al gobierno está la revisión de la situación jurídica de todas las personas encarceladas; proceder al desarme, controlar la posesión y utilización ilegal de armas, impedir la actuación de grupos de personas no uniformadas armadas; impulsar los mecanismos necesarios para la reconstrucción del equilibrio social a través de medidas de reparación de los daños individuales y colectivos ocasionados; aplicar programas de acompañamiento terapéutico especializado para quienes han sufrido diferentes tipos de agresiones y torturas, tanto físicas como psicológicas con especial atención a las víctimas de agresiones sexuales y violaciones, tanto a mujeres como a hombres; ofrecer una especial atención a todos los menores que han sufrido agresiones, detenciones, torturas, trasladados e internamientos.
 

Oaxaca: los agravios bárbaros

Tomado de rebelion.org

Adolfo Gilly
La Jornada
En el acto de presentación del informe preliminar sobre Oaxaca elaborado por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), el sábado 20 de enero pasado, Carlos Monsiváis planteó la siguiente pregunta:
“Un punto a debatir en el análisis cultural del conflicto: ¿por qué no se ha producido una gran movilización nacional en defensa de Oaxaca y su gente agredida, golpeada, vulnerada tan vastamente como se describe en este documento? ¿Por qué se ha decidido sin deliberar que es mejor ver de soslayo o no
enterarse de los agravios bárbaros a los derechos humanos?”
Sin embargo el informe preliminar de la comisión, resultado de un total de 420 entrevistas a todos los sectores del conflicto, incluidas autoridades estatales y federales, organizaciones, presos y ciudadanos oaxaqueños ajenos al conflicto, es terminante. El primer punto de sus conclusiones dice:
“La comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes sicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista”.
Es decir, no se trata de “excesos” o de “actos aislados” sino de una estrategia gubernamental para paralizar por el miedo, no a las formaciones políticas existentes, sino precisamente a estos procesos y movimientos de la sociedad.
Las muertes y desapariciones documentadas en las cinco primeras conclusiones (1 a 5) del informe convergen en ese objetivo: aterrorizar a la población mediante “ataques en contra de civiles, en su inmensa mayoría pertenecientes a grupos indígenas”, precisa el punto 5.
El documento da la cifra provisional de 23 muertos documentados e identificados, aunque la comisión “tiene constancia de la muerte de otras personas no identificadas”. Además, agrega, “existen sospechas fundadas de la existencia de personas desaparecidas”, pero faltan denuncias formales presentadas. Las personas tienen miedo. “Me desaparecieron a un hijo. Si hago la denuncia, me desaparecen al otro”, dijo una señora de Oaxaca a uno de los miembros de la comisión.
* * *
Reproduciré a continuación, en toda su escueta crudeza, algunos de los puntos de las conclusiones de la CCIODH:
Punto 8: “Se han violado los derechos a paro sindical, libertad de expresión sindical y libertad de cátedra del magisterio. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representada en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ha sido el colectivo social más fuerte y cruelmente afectado por el conflicto, sufriendo daños materiales, hostigamiento, amenazas, agresiones, muertes y desapariciones en un número significativo”.
Punto 9: “Las acciones represivas se han ejercido de forma indiscriminada contra la población civil: hombres, mujeres, niños y ancianos, utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta, agua con químicos, armas de medio y alto calibre, vehículos y helicópteros militares. En ellas han participado cuerpos policiales federales, estatales y municipales y grupos de elite, inclusive con la intervención de efectivos militares en tareas logísticas y de coordinación. Grupos de personas no uniformadas con armas de alto calibre han practicado secuestros, detenciones ilegales, cateos y disparos, en algunos casos utilizando vehículos policiales y con la participación de funcionarios públicos”.
Particularmente significativo de métodos que se están constituyendo en norma, desde Atenco hasta Chiapas, es el siguiente punto del informe.
Punto 10: “Las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Algunas detenciones también han sido practicadas por civiles que, utilizando la fuerza, pusieron a disposición de los cuerpos policiales, con beneplácito de éstos, a las personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia física y síquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres”.
Estas agresiones sexuales, según los procedimientos aún impunes utilizados en mayo pasado contra las presas de Atenco, fueron realizadas durante los traslados, en esa “tierra de nadie” que son los transportes policiales. Así lo registra el punto 13 de las conclusiones de la comisión:
“En los traslados se han vulnerado los derechos de manera especialmente grave, realizándose torturas físicas (toques eléctricos, golpes, heridos, quemaduras, etc.) y síquicas. La CCIODH tiene indicios fundados de violaciones a hombres y mujeres, según testimonios y cuadros clínicos. En los traslados han participado cuerpos policiales, en ocasiones efectivos militares y grupos de personas no uniformadas y armadas que custodiaban a los detenidos hasta los penales”.
Vino después, detallada en los puntos 14 a 24 del informe, la anulación de todos los derechos procesales garantizados por la Constitución y las leyes de la República, a lo cual se sumaron las condiciones del encarcelamiento. En los puntos 19 y 21 se anota:
“Las condiciones de habitabilidad, higiene, salubridad y alimentación que se encontraron en las visitas a algunos penales vulneran los mínimos establecidos en la legislación interna, así como los tratados internacionales en la materia suscritos por México.” [...] “Hay personas que han sido recluidas en penales de mediana y alta seguridad a pesar de tener la condición de presos preventivos y sin que exista estudio o certificado alguno que justifique la peligrosidad de los reos y la consecuente adopción de tal medida”.
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Se detallan después en el documento de la comisión los efectos sicosociales de la represión sobre la cual, dice el informe, “hay sospechas más que fundadas para afirmar que miembros de cuerpos policiales han entrado en hospitales para aprehender heridos”, práctica abominable de los cuerpos represivos en México al menos desde los tiempos de la guerra sucia. Dicen algunas de las conclusiones de la comisión:
Punto 26. “Se han detectado efectos y síntomas característicos de trastornos de estrés postraumático y de trauma social. Los más señalados son: revivir permanentemente los eventos traumáticos, despertar bruscamente por las noches, terror nocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos, miedo a la soledad, reactividad sicológica a estímulos internos y/o externos, sentimiento de hipervigilancia y manía persecutoria. Hay una percepción de aleatoriedad e injusticia, de indefensión, de pérdida del control sobre la situación y sobre la propia vida. Constatamos la dificultad de verbalizar lo que les ha sucedido”.
Punto 29. “Observamos un impacto importante de la estrategia sicosocial de generación de miedo que tiene consecuencias importantes: el hecho de no denunciar y el incremento de la desconfianza hacia las personas e instituciones, fomentado además por la existencia de señalamientos y acusaciones, campañas de odio, la incitación a la violencia y los obstáculos jurídicos existentes”.
Punto 33. “A nivel social, constatamos el grave deterioro y la desconfianza que la gente tiene en las instituciones, lo que está poniendo en grave peligro las vías de participación democrática. Dado el alto grado de violencia social imperante es posible que la estrategia de control social empleada acabe generando reacciones de mayor intensidad y violencia. Esta desconfianza en las instituciones y la impunidad con la que actúan en los hechos descritos en este informe, dificultan el diálogo de las partes en conflicto”.
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Tres formas específicas y agudas de la represión anota el informe: hacia los defensores de derechos humanos (”ataques selectivos, hostigamiento, amenazas, agresiones, campañas difamatorias, criminalización de sus acciones”), hacia las mujeres y hacia las personas y pueblos indígenas. Dicen las conclusiones de la comisión:
Punto 39. “La comisión ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligación de desnudarse, sentadillas, etc.) hacia las mujeres por su condición de género. Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daños físicos, sicológicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumáticos”.
Punto 41. “En las regiones de Valles Centrales, Mixteca, Sierra Sur y Costa y en la zona triqui se ha constatado un incremento de la presencia de cuerpos militares, grupos de civiles armados y pistoleros, en algunos casos comandados por caciques y presidentes municipales, que agreden, asesinan, secuestran, hostigan y amenazan de muerte a la población (incluidos niños y mujeres), provocando desplazamientos en algunas comunidades con la consecuente fractura social y disgregación familiar”.
Sobre las conclusiones aquí resumidas, el informe preliminar de la Comisión Civil Internacional de Observación de los derechos Humanos propone sus recomendaciones en 18 puntos, en cuanto a las medidas necesarias para abrir salidas a esta situación. Remito aquí a la lectura del informe completo en la página web de la comisión: http://cciodh.pangea.org
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En la página 28 de La Jornada de ayer, 21 enero 2007, apareció la siguiente información, procedente del municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, fechada el 20 de enero:
“En presencia de más de 50 policías ministeriales y preventivos, 200 pobladores de la comunidad Tierra Blanca del municipio de San Blas Atempa lincharon a un presunto asaltante. ‘Esto fue un escarmiento, quien quiera venir a robar aquí correrá la misma suerte’, afirmaron los vecinos. Según los pobladores, el sujeto, identificado como Joel Gallegos Jiménez, de 30 años, había asaltado una tienda de abarrotes propiedad de Héctor Escobar”. El hombre fue “golpeado, arrastrado y retenido en la Casa de Salud, donde fue desnudado”.
A las tres de la tarde llegaron funcionarios judiciales y unos 60 agentes de policía para rescatar al preso. Sin embargo, continúa la noticia, “una hora más tarde los pobladores amarraron con una cuerda al presunto asaltante del cuello y lo colgaron. Afuera de la Casa de Salud sólo se escuchó un grito de dolor y la gente gritó: ‘Ya fue coronado, ahora que se lo lleven’”.
En la página 30 de la misma edición de La Jornada, aparece otra noticia: el transportista Albano Ramírez Santos, detenido en la estación Indios Verdes del Metro, fue llevado a una agencia del Ministerio Público en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ileso cuando fue apresado según informa el personal del Metro, Albano Ramírez fue golpeado en el trayecto dentro de la patrulla, perdió el conocimiento y llegó muerto, con cuatro costillas rotas: causal de la muerte, según esta información, traumatismo craneoencefálico y torácico. Otro muerto en “tierra de nadie”.
Dos noticias, en un solo día, de una guerra larvada entre autoridades y población en la vida cotidiana de esta sociedad. Contra este fondo es preciso leer el alarmado informe de la Comisión Civil Internacional.
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A título absolutamente personal me dirijo desde aquí al escritor Carlos Monsiváis, a la senadora Rosario Ibarra, al pintor Francisco Toledo y al obispo emérito Samuel Ruiz, quienes han dado su apoyo al informe de la CCIODH, para pedirles que, desde la autoridad de la cual gozan ante sectores significativos de nuestra sociedad, vean los modos, las formas y las urgencias para lanzar una campaña de movilización para la defensa incondicional de los derechos humanos en nuestro país y para la divulgación masiva de las conclusiones de la Comisión Civil Internacional.

Diez años de blogs

José Luis Orihuela-ElPais.com-180107

l 1 de abril de 1997 Dave Winer publicó la primera entrada de Scripting News, el weblog más antiguo, que sigue funcionando en la actualidad. El 17 de diciembre de aquel año Jorn Barger acuñó el término weblog para designar su propio sitio, Robot Wisdom, en el que recoge, con un breve comentario, los enlaces interesantes que descubre mientras navega. Hoy existen más de 62 millones de estos sitios personales, autogestionados por sus autores, y se crean 175.000 nuevos cada día. Nunca un medio de comunicación había crecido a esta velocidad. La blogosfera, el espacio de los weblogs en la Red, desde que se mide a partir de 2003 viene desarrollándose a un ritmo tal que se duplica cada seis meses. 

Los weblogs, sitios web compuestos por entradas individuales dispuestas en la página en orden cronológico inverso, han sido muchas cosas a lo largo de estos 10 años, han ido cambiando con la propia Red del mismo modo que ha ido cambiado su percepción social y su impacto cultural, económico, político y mediático. 

Es posible establecer en tres grandes épocas la historia de los weblogs a partir de algunos hitos que han contribuido a la maduración del medio y a su paulatina implantación no sólo en la historia de la Red, sino también en la cultura contemporánea. 

El propio Winer ha reconocido que “el primer weblog fue el primer sitio web”, honor que -como es sabido- corresponde al sitio What’s New in ‘92, en el que Tim Berners-Lee fue contando la marcha del proyecto World Wide Web puesto en funcionamiento aquel año en Ginebra. Desde junio de 1993 el sitio What’s New del navegador Mosaic toma el relevo incorporando la cronología inversa (las entradas más recientes aparecen siempre en la parte superior de la página, sucedidas por las anteriores) y se convierte en la principal referencia hasta junio de 1996. 

El periodista Justin Hall comienza en 1994, mientras estudiaba en Swarthmore College, su diario personal Justin’s Links from the Underground, que mantiene durante 11 años. En la actualidad publica el blog Just In Teractive. 

En enero de 1998 Matt Drudge revela en su página personal, Drudge Report, la pista que desencadenó el escándalo Clinton-Lewinsky; en noviembre, Jesse James Garrett, autor de Infosift, recopila la primera lista de weblogs -no más de una veintena-, pues como lo dice en su actual sitio, jjg.net, era una época en la que se podían leer diariamente en unos 15 minutos todos los weblogs que existían.

La lista fue publicada por otro de los pioneros, Cameron Barrett en Camworld y se convirtió en el primer blogroll, el listado de blogs afines publicado en el propio, que desde entonces forma parte de la cultura de los bloguers. En enero de 1999, Barrett publica la entrada Anatomy of a weblog, que se convierte en la primera aproximación sistemática al medio y que completa algunos meses más tarde con More about weblogs. 

En ese mismo año nace la comunidad de noticias dedicada al software libre Barrrapunto y comienzan a publicarse los primeros weblogs en español: Tremendo, de Carlos Tirado; Subte, de Raúl Rodríguez y José Venegas, y Área estratégica, de Gustavo Arizpe. 

Esta primera época de los pioneros llega a su fin con la aparición de las primeras herramientas gratuitas, basadas en la web, para la edición y alojamiento de weblogs: Live Journal en marzo de 1999, Pitas en julio y fundamentalmente Blogger al mes siguiente. Desde entonces el medio se vuelve crecientemente popular y se extiende más allá de los ámbitos de programadores y periodistas, y nace la blogosfera como comunidad.

El éxito de Blogger, que alcanza la cifra de 40.000 usuarios en sus primeros nueve meses de funcionamiento y que acabaría formando parte del vasto repertorio de adquisiciones de Google en febrero de 2003, alienta el desarrollo de los primeros directorios y servicios de monitorización de weblogs: Blogdex (julio de 2001), DayPop (agosto de 2001), el Blogging Ecosystem (julio de 2002), Popdex (diciembre de 2002) y muy especialmente Technorati (noviembre de 2002). 

Los atentados del 11S en 2001 y del 11M en 2004 constituyen el trágico bautismo de fuego del nuevo medio en Estados Unidos y en España, que revela en tan dramáticas circunstancias el poder de las coberturas distribuidas basadas en la publicación de testimonios personales. 

La guerra de Irak en 2003 es el escenario en el que despliegan su acción los warbloggers estadounidenses y donde vuelve a ponerse de manifiesto el extraordinario poder de los medios personales gracias a las crónicas de un arquitecto iraquí que publica sus vivencias de la guerra desde Bagdad bajo el seudónimo de Salam Pax. 

Para la blogosfera hispana estos años suponen la aparición de muchos de los que han acabado por convertirse en referencia obligada, como Terremoto, Blogpocket, Tinta China, Zona Geek, Minid, Caspa TV, Libro de notas, ALT1040, Periodistas21, Enrique Dans, Error500, Escolar y Microsiervos, así como los portales Bitacoras.net y posteriormente Bitacoras.com.

Cuando en diciembre de 2004 el diccionario Merrian-Webster da a conocer la lista de las palabras más buscadas en su sitio web, el término weblog se convierte en la palabra del año, lo que asegura su inclusión en la edición impresa de 2005, cuando también se incorpora la nueva acepción de bitácora en el Diccionario panhispánico de dudas. 

Tal como había ocurrido en diciembre de 2004 con el tsunami asiático, en agosto de 2005 el huracán Katrina vuelve a poner a los bloguers en la agenda global y contribuye a que los medios tradicionales reconozcan el potencial de las nuevas formas de comunicación pública surgidas en torno a los llamados medios sociales. 

Cuando en octubre de 2005 America Online compra la red de weblogs comerciales Weblogs Inc. por 25 millones de dólares, indudablemente se abre una nueva etapa en la blogosfera, caracterizada por la paulatina profesionalización y comercialización del medio. 

En 2005 la mayor parte de las ediciones online de todo tipo de medios de comunicación han incorporado, con mayor o menor acierto, weblogs entre su oferta de contenidos. En enero nace Weblogs SL, la primera red comercial de weblogs en español, sector que ya registra al menos una docena de emprendimientos similares.

A la sombra de los weblogs han germinado los agregadores como BlaBlaBlog y Neodiario, los filtros sociales de noticias como Menéame y Fresqui, incluso alguna empresa que ha basado en los weblogs su estrategia de mercadotecnia. 

El último informe del estado de la blogosfera publicado por David Sifry el pasado mes de octubre revela, como era previsible, el comienzo de la desaceleración del crecimiento (actualmente la blogosfera se duplica cada 230 días) y otorga al español la posición de cuarta lengua tras el inglés, el japonés y el chino, con el 3% de los weblogs activos, lo que representa algo más de 1,8 millones de sitios, a los que hay que sumar, sólo en el estado español, 3,6 millones de usuarios de los Spaces de la Microsoft. 

En lo que respecta a Estados Unidos, según el informe del Instituto norteamericano Pew Internet Report de julio, de los 147 millones de adultos con acceso a Internet, 57 millones leen blogs y 12 millones mantienen su propio weblog. 

Hoy la blogosfera, muy lejos de la veintena de pioneros que la iniciaron hace diez años, se ha convertido en el espacio de la Red en el que múltiples comunidades de todas las lenguas y las culturas están construyendo a diario nuevas formas de expresión, de conversación y de conocimiento. 

Los weblogs, como medio, se han diversificado en una amplia variedad de géneros y de aplicaciones, al tiempo que proyectan su alcance en ámbitos tan diversos como la educación, la política, la empresa y el periodismo. Las razones de su éxito: son fáciles, son divertidos, son personales y, sobre todo, son adictivos. 



El país que inventó el maíz

Por Manú Dornbierer (recibido de prensa indígena)

Recibido de Melina Alfaro, 20 de enero.- El maíz: Zea mays es una gramínea anual originaria de América, introducida en Europa en el siglo XVI. Actualmente es el cereal más plantado en el mundo, superando al trigo y al arroz. Zea es una voz griega, derivada de zeo: vivir. El nombre común de maíz, proviene de la palabra “taína mahís” con que los indios del Caribe llamaban a esta planta.

Dependiendo de la región, Zea mays recibe también en español nombres como oroña, danza, zara, millo, mijo o panizo. En México, las mazorcas maduras reciben el nombre de “elote”. El maíz es el alimento básico de todos los países latinoamericanos en que se salvó del exterminio en mayor o menor medida la población indígena. Fue probablemente “domesticado” es decir “creado” a partir del Z. mays ssp. parviglumis, un teosinte nativo del valle de Río Balsas en el sur de México.

Otra fuente probable de material genético es Z. mays ssp. mexicana. El desarrollo de la variedad cultivada, que debe haber sido seleccionada a lo largo de varias generaciones de indígenas mexicanos a partir de variedades silvestres de mazorcas excesivamente pequeñas (entonces prácticamente espigas) para el consumo, por lo cual se puede decir que es una invención humana que, se estima, pudo darse hacia el año 8000 antes de Cristo; la mazorca más antigua conservada, hallada en la cueva “Guila Naquitz” en el valle mexicano de Oaxaca data alrededor del año 4250 antes de Cristo.

Evidentemente ni Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ni su secretario de Economía Eduardo Sojo, conocen esos datos enciclopédicos sobre el principal alimento de los mexicanos. Les importan además un bledo. Ellos ni vinieron a gobernar para “los mexicanos que menos tienen”, ni para salvar producciones tradicionales por indispensables que sean para la sobrevivencia de la población ni menos aún culturales.

En ningún momento durante la crisis de la tortilla han pronunciado palabras como campo, agricultura, producción, autosuficiencia alimentaria. Como los repugnantes neoliberales que son, sólo se las han arreglado para subir el precio del kilo de tortilla de seis pesos, a un tope de 8.50 pesos que los “mexicanos que menos tienen” deben agradecer de rodillas.

Por presiones neoliberales la tonelada de maíz subió en el mundo lo que fue una bella ocasión para Calderón, al que Fox le dejó una economía boyante y sin problemas, para cumplir con sus cuates de Dakota, comprándoles salvadoras miles de toneladas sin aranceles. A partir de ahora podrán importarse de USA hasta 750 mil toneladas de maíz sin que paguen un peso, todo por el bien del pueblo de México. De eso se trata.

El más descarado imperialismo, lo que quiere es arruinar a sus colonias para que se vean obligadas a comprar todo en sus bastiones, en USA de preferencia. Y esta colonia llamada México está siendo sistemáticamente arruinada desde hace muchas décadas, pero con toda claridad desde que Miguel De la Madrid y Salinas, así como Zedillo, Fox y hoy Calderón son gatos del neoliberalismo.

Según el representante de 190 mil tortillerías que entrevistó Pepe Cárdenas (el jueves 18 en Radiofórmula, la cadena de “las grandes personalidades”, en la que por cierto la personalidad con mayor rating es el docto peluquero, Alfredo Palacios) asegura que el pacto realizado con mínima representatividad de los fabricantes de tortillas, quiere obligarlos a comprar a tres mil 500 pesos la tonelada de maíz, el precio más alto de mundo.

No se apoya a los campesinos para que lo produzcan más y mejor maíz, alimento esencial de los mexicanos. Es obvio que también se quiere desaparecer la producción de maíz en el país que lo inventó… para importarlo o bien para encargar aquí esa indispensable producción a “la inversión extranjera”, a las transnacionales tecnificadas.

Con muy pocos velos y nulo tacto, Calderón al día siguiente del “pacto de la tortilla” invitó a invertir en un México Seguro y completó el muy esquirol: no como los países suramericanos. Claro, ellos sí quieren rescatar sus recursos para el disfrute ¡y empleo! de sus propias poblaciones. Los legisladores del PRD -que bien que ayudaron a Calderón a entrar a la Presidencia por la puerta trasera- piden la destitución de Sojo.

También otros, gente furiosa con razón por los aumentos de aproximadamente 19 por ciento a los precios, cuando el aumento al salario fue de tres por ciento, exige mucho más.

Ya que los representantes populares son la misma vaina de siempre sea cual sea su partido, recordando a Paco Huerta que le dio voz directa al público a través de un micrófono añorado por miles, transcribo finalmente a rchavezt@avantel.net, persona del público cuyas opiniones coinciden con muchas otras de gente inteligente y patriota: “Ustedes (periodistas) díganle a Felipe que la solución al problema de la tortilla está en el milagro agrícola mexicano” que se vivió cuando don Antonio Ortiz Mena.

Hay que sacar el expediente y actuar. Los demás cállense, no saben lo que dicen”. Y continúa: “Usen las Reservas para parar el precio de la tortilla. Plan Nacional de Ahorro, cortes al gasto público, reasignar gasto, gravar monopolios, castigar a acaparadores por medio del fisco, cárcel a los especuladores de maíz, leyes de protección suprema de interés público a largo plazo, por favor”…

Curioso país México: El PRI sabe de economía. El PAN sabe de economía. El PRD sabe de economía. La SCJN sabe de economía. El IFE sabe de economía. El sector privado sabe de economía. Los gobernadores saben de economía. La universidades públicas, privadas, patito, católicas, jesuitas, etcétera, saben de economía. En fin todos los sectores saben de economía, incluyendo diputados y senadores.

Y se tiene a un torpe en la Secretaría de Economía al que se le sube todo. Hasta los precios de la tortilla… La tortilla o disco es dieta básica del pueblo, imbécil. Se hace lo que sea, pero el precio no sube… En México hay dos preguntas económicas: 1.- ¿Qué vamos a comer hoy? 2.- ¿Vamos a comer hoy? Y yo que me digo profesor de economía ¿quién soy? “Renuncien por favor”.
www.manudornbierer.com – manoudornbierer@gmail.com

Descontento social, obstáculo de Calderón

por Zósimo Camacho, Nancy Flores

http://www.voltairenet.org/article144756.html

Nancy Flores / Zósimo Camacho / El subcomandante Marcos expone que Felipe Calderón sólo tiene dos grandes opciones para legitimar su gobierno: el EZLN o los hermanos Bribiesca Sahagún, pues advierte que la detención de Flavio Sosa, integrante de la APPO, no es el “quinazo” de esta administración. Además, prevé que en marzo –durante la Asamblea Nacional del PAN–

El presidente de la República se enfrentará al Yunque por el control del Consejo Nacional y las fracciones parlamentarias de ese partido
La detención de Flavio Sosa no es el quinazo. Todavía falta: el golpe a la APPO, a Oaxaca, no le da la legitimidad que requiere. Calderón necesita algo que sí lo legitime, y tiene dos grandes opciones: el EZLN o los Bribiesca Sahagún, dice el subcomandante insurgente Marcos.
Con la mirada seria, ceñida por sus profundas ojeras, aclara que el “quinazo” sólo podrá darse si Felipe Calderón y el panismo tradicional derrotan a la organización secreta de extrema derecha denominada el Yunque y al dirigente panista Manuel Espino, en la próxima Asamblea del Partido Acción Nacional (PAN), en la cual serán electos los nuevos 300 consejeros nacionales de ese partido.
En la segunda entrevista con Contralínea, al término de la primera etapa de La Otra Campaña y antes de entrar en lo que denomina una etapa de silencio mediático, el jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) explica que el presidente de México aún no puede actuar en contra de los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, porque carece del respaldo incluso de las fracciones panistas en el Congreso de la Unión. Por ello, especifica, en marzo próximo se definirá el rumbo del sexenio.
Sobre la nueva relación que Felipe Calderón plantea con las fuerzas armadas, el guerrillero advierte que ésta responde a la lectura que hace del país. “Todos saben que la situación social se está agudizando y que no va a haber mejoras económicas, entonces las opciones que tienen es ‘la zanahoria y el garrote’, la represión y las limosnas”, explica mientras prepara su tabaco.
El subcomandante Marcos refiere que Calderón tiene tres obstáculos para concluir su sexenio: el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, La Otra Campaña y los brotes de descontento social “espontáneos y más o menos organizados”, como el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Tras visitar las 32 entidades de la República y “echar” trato con el México de abajo, especialmente con los pueblos indios, el Delegado Zero de la Comisión Sexta del EZLN afirma que la “insurrección civil y pacífica” que impulsa podría acontecer antes de 2010. Reconoce que la vía armada no está cancelada para cambiar el sistema político y económico del país, pero indica que para La Otra Campaña esa opción está descartada.
Espesas bocanadas con olor a maple invaden El Rincón Zapatista, librería y cafetería ubicada en el 7 bis de la calle Zapotecos, colonia Obrera. “El gabinete de Calderón es un símbolo de la pugna por Acción Nacional y por la Presidencia de la República. Se habla de [Francisco] Ramírez Acuña, pero no se habla de [Alberto] Cárdenas Jiménez y de que hay una rivalidad fuerte. De pronto con lo del conflicto de Oaxaca se olvidó la pugna entre Calderón y Espino, y es importante porque en marzo es la asamblea del PAN y va a ser la disputa entre el Yunque y el panismo tradicional, porque Calderón no es del Yunque. De ahí depende la alianza con los bárbaros del norte, con Luis H. Álvarez y esa banda. Porque el control de Acción Nacional es el que le va a asegurar el control de la fracción del PAN en las cámaras de Diputados y Senadores a Calderón. Aunque Elba Esther [Gordillo] le está haciendo la chamba con el PRI, quedó resentida porque quería la Secretaría de Educación Pública y se la dio a Josefina [Vázquez Mota].
“Todavía hay muchas deudas que tiene que pagar Calderón, no sólo a los norteamericanos, pues a esos aunque no le pidan nada les va a pagar, por eso el recorte presupuestal, por eso el programa económico, por eso ese gabinete económico. Todavía falta que pague muchas deudas a los medios de comunicación, sobre todo electrónicos, a los sectores políticos que le apoyaron, fundamentalmente a Elba Esther Gordillo, y eso se paga con puestos.
“Y falta que resuelva la disputa de Acción Nacional, porque el candidato de Los Pinos y del Yunque era Marta Sahagún y luego fue Santiago Creel, y las encuestas iban por ese lado, el que estaba más abajo era Felipe Calderón. Calderón gana porque agrupa al panismo tradicional, lo opone al Yunque y gana la consulta interna. Mientras Creel se dedicaba a aparecer en televisión, en las fiestas charras y todo eso, Calderón empezó a hacer trabajo entre los militantes y consiguió la candidatura, pero entonces se lastimaron mucho, y en la campaña todavía se lastimó mucho a Calderón, sobre todo Espino: entre ellos se estuvieron peleando.
“El mensaje de lo de Oaxaca tiene varios destinatarios no sólo afuera, también adentro. Este recular del PRI que decía que iba a vetar a [Eduardo] Medina Mora, que era un maldito y no sé qué, y que luego dicen que lo saludamos y saludan también a Ramírez Acuña, pues es que les están sacando los expedientes: quién del PRI no tiene una investigación por narcotráfico en la DEA que no esté pendiente, pues ahora sí que todos.
“Faltan muchos ajustes. En este primer tramo, las definiciones que va a tomar Calderón no tienen que ver sólo sobre el rumbo del país, el manejo de medios y qué imagen le da a los grupos opositores, es también adentro, porque si no, no va a poder hacer lo que prometió, que son las reformas. Si tú me garantizas las reformas en energéticos, en electricidad y petróleo, la reforma fiscal, órale, te apoyamos, y para hacer eso tendría que tener un acuerdo en el Congreso, hasta ahora, desde Salinas, nadie lo ha logrado, ni Zedillo ni Fox, y él va a tener que hacer eso”.
–Felipe Calderón sería un presidente muy débil, sin capacidad siquiera para enviar una iniciativa, tal vez por el descontento social que le generaría.
–Sí, por eso, pero para poder hacer las reformas necesita arreglar primero su casa, y luego el barrio y luego el vecindario y así se tiene que ir. La detención de estos de la APPO que no son dirigentes, de Flavio, no es el ‘quinazo’. Todavía falta.
–¿Piensas que se va a dar uno?
–Sí. El golpe a la APPO, a Oaxaca, es decir, las detenciones recientes, no le da la legitimidad que requiere, necesita algo que sí lo legitime y son dos grandes opciones, decimos nosotros: que el EZLN lo legitime ante los que mandan realmente, al decir ‘aquí ya no se va a poder hacer nada sin permiso o por la libre’, que es lo que hizo el EZLN, desafiar todo eso; o que [lo legitime] un sector de la clase en el poder, que son los Bribiesca Sahagún.
–Crees que se actúe en contra de los Bribiesca.
–No todavía, porque no tiene ese control. No puede irse contra nadie de adentro porque los grupos brincan. Todos están olvidando una parte fundamental del sistema político mexicano: el primero de diciembre de 2006 empezó a correr la cuenta regresiva para 2012, todos están en campaña ya, el único que no está en campaña es Calderón, eso es lo que olvidan todos. López Obrador está en campaña y lo que dice es que ‘si antes empecé en el gobierno de la Ciudad de México sobre el PRD, ahora voy a construir una estructura paralela y si pierdo el PRD voy a hacer mi nuevo partido’.
Todo el gabinete va sobre el 2012, toda la Cámara de Diputados y la de Senadores y la Conago van sobre el 2012. Todos empezaron la carrera y eso es lo que dificulta porque ya no se trata de tener una prebenda si todos empiezan a pensar quién sigue, quién es el próximo candidato de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática o de un nuevo partido, y todos están haciendo su apuesta política en eso, todos en la clase política menos Calderón, porque ése lo que tiene que hacer es tratar de llegar a 2012 y para eso tiene tres grandes cosas en contra: el movimiento de López Obrador, La Otra Campaña y los brotes de descontento social espontáneos más o menos organizados, como el de Oaxaca, que van a seguir ocurriendo. Y él no tiene la perspectiva de, bueno a la mejor se va aventar la reelección, pero creo que saliendo así como sale, necesita hacerse fuerte para que esa disputa por el 2012 no lo afecte.
–Qué proyecto de país ofrece Calderón al plantear un recorte presupuestal de miles de millones de pesos a la cultura, la ciencia y educación, y destinar más recursos económicos a las fuerzas armadas.
–La medida tiene dos señales. Primero, la cultura que no sea una mercancía no le interesa al Estado mexicano, en este caso a Felipe Calderón. En ese sentido está recortando el presupuesto para orillar a la cultura a sobrevivir, a convertirse en mercancía. Y por otro lado está el temor de la derecha de que todo lo que signifique pensamiento, creatividad, imaginación es sospechoso de ser subversivo. Desde la época de Salinas, no sólo con Acción Nacional sino con el PRI, hay una ofensiva contra la cultura en México para empezar a invadir los espacios que antes estaban como en una zona libre para promover la creatividad, sobre todo lo que se refiere a la historia: la ofensiva sobre la cultura histórica, sobre las raíces históricas de nuestro país es empezar a convertir el patrimonio histórico de la nación en una especie de mundo de Disney para turistas. Si las ruinas o los restos de las civilizaciones pasadas no son atractivas, pues se trabaja sobre ellas para convertirlas en eso, que es el caso de El Tajín, en Veracruz; Teotihuacan, ese espectáculo de luz y sonido, de efectos especiales en la cultura: como traer la historia, pero la historia agradable, mediática, más cercana al esquema de Hollywood que a lo que significa la raíz histórica de un país.
“Entonces Calderón está diciendo dos cosas, una: todos los deberes del Estado que no signifiquen garantizarle al capital una entrada cabal para llevarse lo que tiene que llevarse, no le interesa al gobierno de Calderón. ‘A nosotros lo que nos interesa es mantener el control de la población –que es lo mismo que ofrecía López Obrador, pero por otros medios–, a través del uso de la policía y del ejército, eso es lo que nos interesa, eso es lo que le va a garantizar al capital tranquilidad’. Y todo lo que es un costo extra que no significa un capital político, un capital económico, como el caso de la cultura, queda fuera, ese es el doble mensaje. Además porque fue en este sector, en el cultural y artístico, donde Calderón tiene más repudio por lo que representa Acción Nacional y la derecha, y es en ese sector donde más apoyo tuvo su principal competidor en la elección presidencial que es López Obrador.”
–El apoyo financiero a las fuerzas armadas.
–Lo que está haciendo Calderón es una lectura de lo que está pasando en el país. Él vendió en todo momento la idea de que el problema principal de este país es la seguridad, no la miseria ni el analfabetismo y mucho menos la cultura. Le está diciendo a la sociedad “yo voy a darte tranquilidad, voy a aumentarle el salario a los militares”, aunque esto no signifique una modernización del Ejército, de la armada y del aparato policiaco. Modernización no es que tengan mejores armamentos, la lógica que se está generando con la propuesta de Calderón es que “si la delincuencia organizada está mejor armada y mejor pagada, yo mejoro el armamento y la preparación del Ejército”. Entonces empieza una escala militar. Eso ya lo vimos a nivel mega con la carrera armamentista entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética: si el narco usa por ejemplo bazucas, pues que el Ejército use tanques, y luego el narco va a usar cohetes tierra-tierra, que son contra los blindajes de los tanques, y así se va a ir escalando hasta que se compren bombas nucleares locales de pequeño impacto, ahí no hay ninguna solución.
“Modernización del Ejército significaría meterlo en una lavadora porque lo que está olvidando Calderón, o no lo olvida, lo sabe y está tratando de dar la propina extra, es que los altos mandos del Ejército tienen ligas con la delincuencia organizada. Aunque siempre el símil de la delincuencia organizada es el narco, no es así, en realidad la mayor entrada de dinero de la delincuencia organizada viene por la trata de blancas, la pornografía, los giros negros, que no tiene la imagen violenta del narco pero es igual crimen organizado y está perfectamente implicado con el aparato de gobierno. El caso de [Mario] Marín en Puebla es sintomático. Prácticamente como fue saliendo a la luz no hay gobernador que haya quedado fuera, empezando por el ex gobernador de Chiapas, [Pablo] Salazar Mendiguchía”.
–Además de la lógica de aumentar el salario a las fuerzas armadas, durante el recorrido de La Otra Campaña encontraste en la Huasteca Potosina la militarización de zonas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y simpatizantes del EZLN, que también está sucediendo en la Montaña de Guerrero, ¿se está preparando el régimen para sofocar este movimiento?
–Lo que está pasando es que esa militarización que hay en lo que ellos llaman los focos rojos es prácticamente a partir del movimiento zapatista en 94. Falta ver la partida que está dedicada a armamento y a modernización, y no sólo es el armamento y la modernización sino también los cursos de intercambio a los oficiales, para que vayan a otros países, a Estados Unidos para ponerlo claro, en esta lógica de convertir a los ejércitos latinoamericanos en las policías internas y que abandonen su carácter de defensores de la soberanía nacional, que ese es el sentido constitucional de las fuerzas armadas en México. Lo que está pasando es que en el gobierno saben que la situación social se está agudizando y que no va a haber mejoras económicas, entonces las opciones que tienen es “la zanahoria y el garrote”, dicen ellos, la represión y las limosnas, decimos nosotros. Pero saben que éstas no van a alcanzar, como detectamos nosotros en La Otra Campaña está esa especie de filtro que va minando la ayuda social que el Estado mexicano destina a los sectores más desfavorecidos, y resulta que no llega nada o llega muy poco. Se trata de inhibir cualquier movimiento precisamente en los lugares donde podría tener base social, que son las zonas rurales, como La Huasteca o Guerrero.
“Pero Baja California también estaba militarizado, y no se entiende por qué, porque ni siquiera es ruta del narco, la ruta está en el centro y en el Golfo de México, en el Pacífico no. Lo que se trata es más bien de prever este desplazamiento que vimos de la población más desfavorecida del sur y del sureste hacia el centro con toda la tradición de lucha. En Zacatecas y en San Luis Potosí nos platicaban de este desplazamiento de los coterráneos, o sea, la gente que nació ahí ya no vive ahí, está en otro lado, pero se sigue produciendo, y nos explicaban que están contratando como peones a los que vienen del sur y del sureste. El sur y el sureste aparte de que aceptaría según ellos una alta cuota de explotación, es gente muy rebelde, también la del norte pero en su concepción de ellos no. Entonces, digamos que están tratando de prevenir un estallido social que se dé por focos, pero nosotros pensamos que un estallido coordinado a nivel nacional no hay ejército que pueda con él ni el norteamericano, y si no que lo diga [George] Bush y [Tony] Blair en Irak, que resultó que con todo el aparato ‘no vamos ganando’, dice Blair, que es una forma de decir vamos perdiendo pero más elegante.”
–Además de esta militarización, que se está agudizando, Calderón entra con una represión directa contra el movimiento de la APPO, ¿qué podemos esperar del respeto a los derechos humanos en este sexenio, cuando incluso el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez, es señalado de haber reprimido a los altermundistas en 2004, en Guadalajara?
–La esencia del Estado moderno mexicano, del gobierno mexicano a partir de la época neoliberal, es que no tiene ningún interés en la opinión pública interna, o sea nacional, y tiene mucho interés en la opinión pública internacional. Lo que ellos van a hacer es lo que han hecho en varios sexenios, que es que los derechos humanos importan si brincan a la arena internacional. El caso de los mal llamados globalifóbicos en Guadalajara, en la medida en que no tuvo un impacto internacional fue algo que se fue postergando y postergando, a pesar de que había pruebas; eso le permitió a Ramírez Acuña navegar con ‘que a lo mejor sí o a la mejor no’, era una apuesta sobre todo electoral: ‘si nosotros le damos el mensaje a la derecha en México, y a nivel mundial, de que vamos a optar por esta vía y nos da resultados entonces nos van a elegir’, cosa que así ocurrió. Lo que está planteando el gobierno de Calderón es la continuidad del gobierno de Fox porque la represión a Oaxaca empieza con Fox y Abascal, y con Fox y Abascal y Peña Nieto fue Atenco, y otros hechos. Y como cada vez un hecho represivo echa al olvido el anterior, Oaxaca dejó atrás a Atenco, han pasado inadvertidos. Lo que pensamos nosotros que va a hacer Calderón es combinar eso con ajustes dentro de la clase política, y con esta imagen de baño de pueblo posterior a la campaña electoral que está haciendo, está diciendo a la gente descontenta ‘si sigues un proceso organizativo independiente –que es lo que es la APPO– esto es lo que se espera’. El destinatario no es sólo la APPO, es también La Otra Campaña, el EZLN y todos los movimientos que se mantienen fuera del círculo de la clase política. ‘A cambio de no hacer nada ahí yo te ofrezco la limosna’, que es la continuidad de la política social de Fox, que fue un fracaso.
“Me parece que la diferencia entre Calderón y Fox por supuesto no va a ser encontrada en el programa económico, ni siquiera en el gabinete económico, pues es el mismo de Salinas el que está operando; tampoco en el de política social, que va a seguir en la misma simulación; tampoco en el de la represión, golpes efectivos, selectivos, el acompañamiento de los medios para satanizar al golpeado; la diferencia va a ser en la presencia de Calderón en los medios. A diferencia de la de Fox, Calderón va a cuidar más su imagen pública, porque Fox, en los primeros meses de gobierno, la echó al traste por esas ocurrencias, sus chascarrillos, su forma de ser que hizo perder toda ascendencia moral de la imagen presidencial en la mayoría de la población y ya no se diga en la clase política. Su exposición en los medios va a ser más cuidada y los medios van a estar de acuerdo, les conviene que un presidente no dé esa imagen interna, prefieren a un presidente que dé la imagen de duro a que dé la imagen de un payaso, como fue Vicente Fox. En esa misma línea era la propuesta de López Obrador. Él decía que había que recuperar la imagen presidencial, la figura, la silla, lo que representaba la silla, y pienso que en la clase política todos están de acuerdo en eso, que el saldo negativo de Fox para la clase política fue la destrucción de la superioridad moral, ética, política o de capacidad del presidente de la República, como si fuera responsabilidad sólo de Fox y no de toda la clase política. Porque fueron los escándalos de los videos, que se marca mucho el del PRD, pero empieza con el niño verde y luego se siguió con otros que exhibían a la clase política como lo que es: una clase parásita”.
–¿Adviertes que se pudieran reactivar las órdenes de aprehensión en tu contra y de toda la comandancia del EZLN?
–Sí. Nosotros lo preveíamos desde antes de que se hiciera pública la Sexta Declaración y por eso el EZLN hace un ajuste interno en su estructura política militar, con el presupuesto de que la totalidad de su dirección es detenida, muerta o desaparecida. Nosotros pensamos que tarde o temprano esta posibilidad se va a ir haciendo cada vez más presente. Y ahora con la detención de los que no son dirigentes de la APPO, pero que los medios manejaron como dirigentes, se vuelve a manejar esto. En realidad el régimen sabe que ni Sosa ni los demás dirigen la APPO, pero el hecho de que se está manejando así es una advertencia para varios lados: por un lado es el movimiento de López Obrador, que a diferencia del EZLN que se le acusa de sedición, todo lo que es rebeldía, a Flavio Sosa y a esa banda es de bloqueo de carreteras, que es todo lo que hizo precisamente la alianza Por el Bien de Todos y el movimiento postelectoral.
“Eligieron a Flavio Sosa porque es del PRD, ese es el mensaje. Con esto consiguen que la disputa por la APPO se defina por el lado de las instituciones, por el lado del PRD y no por el lado de los sectores más independientes y autónomos que hay en la APPO, porque el golpe fuerte fue el del 25 de noviembre, que es cuando agarran a toda la chaviza y a la banda, pues porque ahí estaba, ni siquiera les preguntaron si eran o no eran. Ese es el golpe fuerte. El golpe mediático es el que dice ‘vamos a hacer ese ajuste de cuentas con el PRD’. Pero la APPO no depende de los que detuvieron ahora, tienen un peso más fuerte —en todo caso comparándolo con los detenidos después— y buena parte del motor de las movilizaciones de la APPO está puesto. Es como la imagen que utilizaron en Atenco, de que deteniendo a Nacho habían detenido a la dirección del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y resultó que no, que había más gente que ha estado en un proceso de reorganización y rearticulación, y ya cuando se dan cuenta es cuando vuelven a amenazar con reactivar las órdenes de aprehensión contra el resto, pero nosotros estamos listos desde antes.”
– Sobre la disputa a la que ha entrado el PRD por un movimiento como el de Oaxaca, ¿crees que haya en el futuro más enfrentamientos de este tipo? Ahora, con la Convención Nacional Democrática, López Obrador tiene un movimiento amplio con capacidad de reunir a muchas personas, pero ¿es posible que más adelante haya un jaloneo por ver quién se queda con un movimiento, con el capital que le puede representar un movimiento como el de la APPO e incluso el de La Otra Campaña?
–El de la APPO es un movimiento legítimo y eso es algo que no tiene la izquierda institucional, ni la lucha electoral ni la lucha contra el fraude. La lucha contra el fraude tenía la legitimidad y la acabaron de vender después de la toma de posesión de Calderón. No sé de dónde se lee que el poder de convocatoria de López Obrador se mantiene. Nosotros vemos que va en declive y que ha provocado mucha rabia y desilusión y, ahora, escepticismo en el movimiento que no era partidario, que era ciudadano. Finalmente les prometieron la Presidencia y no. En la campaña electoral, el fraude era imposible. De hecho por eso López Obrador dedica buena parte de su campaña a convencer a la derecha de que no iba a haber problema, pero en ningún momento hubo una alerta roja del PRD ni de la coalición por un posible fraude. Entonces a la hora que se da el fraude está el primer golpe porque ‘nos preparamos para festejar y ahora resulta que tenemos que lamentar’. Y luego se da el movimiento postelectoral del ‘voto por voto, casilla por casilla’ y que se va a lograr que se revise la votación y tampoco, y luego la CND como salida para levantar el plantón y la expectativa de que ahora ‘no vamos a permitir que Calderón tomé posesión’, y según los pitazos y lo que hemos visto, sí hubo una negociación de diputados y senadores para permitir la toma de posesión con un cierto desgaste: el que lo tenía que pagar era Fox más que Calderón. Según esto se estaba manejando lo de una sede alterna y de última hora se da lo de la entrada, y los rumores que hay abajo y el descontento que hay dentro del movimiento de López Obrador es que hubo una negociación entre los líderes de las fracciones para que se dejara esa puerta de trasbanderas libre, y entonces todos aparecieran como sorprendidos.
“Entonces la disputa por la APPO es por un movimiento legítimo que al PRD no le cuesta nada perder, porque no ha hecho nada por ese movimiento. Toda la parte última de la campaña que coincide con lo de Oaxaca no hace ninguna mención, todo el movimiento postelectoral no hace ninguna mención. La CND no hace ningún llamado a la movilización después de las represiones fuertes y es hasta ahora que detienen a Flavio, es cuando deciden meterse. Está el antecedente de que les quitaron toda la oposición, todos los que eran críticos se evaporaron, entonces en cualquier momento que surja un movimiento con legitimidad en nuestro país, esta llamada izquierda institucional, el PRD, el PT y Convergencia, van a tratar de entrar por la disputa o se van a sumar al clima de aislamiento, que eso es lo que están haciendo con La Otra Campaña. No hay ninguna referencia a los hechos represivos en contra de La Otra Campaña a pesar de que hay presos dentro de los presos de Oaxaca que son de La Otra Campaña. No hay ninguna referencia a ellos porque dicen que esos ahora sí que son los radicales, los ultras. Es como la revisión de la represión que hubo en el Periférico en la ENAH, que ahí sí se aplica el bando 13 y que luego no se aplica en Reforma, lo que dicen es que ‘se pueden hacer determinadas cosas si las haces bajo mi dirección, y bajo mi dirección quiere decir que yo te negocio’. Imagínate que la dirección de la APPO pase a Jesús Ortega o a Ricardo Monreal, que son quienes han hablado de eso, sería muy triste.”
–¿Qué es lo que sigue ahora para La Otra Campaña?
–Nosotros pensamos hacer lo siguiente: a finales de febrero, en la siguiente etapa, es empezar a rehacer el recorrido al revés, desde el norte hasta el sureste, y ya saliendo el resto de la delegación de la Comisión Sexta en visitas menos carrereadas, tardando en las zonas varias semanas o meses y haciendo varios grupos, y nada más el Delegado Zero recorriendo ya las delegaciones, no los actos, sino que va hablar con los compañeros y a tratar de hacer la unidad entre la Comisión Sexta y sus delegados en cada zona y región, para estar ya sobre el programa nacional de lucha. Entonces, según nosotros, viene una etapa más gris, oscura, de menor impacto mediático, a lo que ustedes llamaban el silencio del EZLN. Entonces estamos en silencio y La Otra Campaña va sobre eso, y pensamos que donde reviente pues vamos a tener que entrarle. A lo de Oaxaca nos movilizamos y todo eso, pero debe cumplirse la etapa del programa nacional de lucha, que es lo que nos va a hacer diferentes, es decir, otra forma de hacer política. Nosotros decimos que eso se lleva el 2007 y el 2008 debía ser una nueva definición, ahora sí producto de lo que tocamos abajo todos. Nosotros pensamos que nos golpeen o no nos golpeen podríamos entrar a mediados del sexenio de Calderón ya con posibilidades de ponerle fecha, porque los demás ya le pusieron fecha: el movimiento de López Obrador ya dijo 2012, los únicos que faltan de ponerle fecha son los que van a ganar o sea nosotros.
–Estás pensando en 2010
–No, porque nosotros pensamos que el país nos va marcando la pauta. Claro, 2010, todo el peso en el imaginario nacional que hay, pero quién sabe si aguante, porque por ejemplo Atenco nos precipitó, ahora sí que no estaba programado, no le pusimos fecha para Atenco. Probablemente una medida represiva, sobre todo como está Calderón, lo adelante. La tradición en México es que las cosas nunca son cuando alguien dice que son, la Revolución del 20 de noviembre no estaba programada para el 20 de noviembre, la del 16 de septiembre, la lucha de Independencia, tampoco; pero algo pasa, casi siempre son golpes represivos los que desatan todo y empieza el desorden y luego ya se va acomodando y acaba en un desmadre. Eso es lo que no queremos, que acabe en un desmadre, porque es donde entran los profesionales de la política a agandallar a la gente”.
–Dices que la guerra descalifica a muchas personas y por lo tanto no tienen participación y su voz no es escuchada, y que el fruto de una guerra no es para toda la población. ¿Ya das por cancelada la opción armada para cambiar el régimen, el sistema político y económico del país?
–No. Sigue y seguirá existiendo. Para lo que queremos hacer está descartado, porque nosotros no queremos tomar el poder y desde ahí decidir la transformación de la sociedad, pero sí se puede hacer una revolución armada, tomar el poder. De hecho es la tradición histórica de este país para hacer las transformaciones, y de buena parte de América Latina. Pero nosotros no queremos el mismo destino, y si no queremos el mismo destino pues no debemos seguir el mismo camino. Si nosotros hacemos una lucha armada no defensiva sino ofensiva, una revolucionaria, que pasa a destrozar la columna vertebral del aparato represivo del Estado: la policía, el ejército; los tumbas, al Estado se le acaba su soporte represivo y entra en crisis, se corre o lo que sea, y esa organización o ese grupo de organizaciones armadas toman el poder, no el poder militar, toman el poder político, y ahí se deciden las cosas; entonces las disidencias, las críticas, las posiciones diferentes son sospechosas de ser reaccionarias.
Exactamente como el movimiento de López Obrador trató a La Otra Campaña y al EZLN: por ser críticos decían que servíamos a la derecha. En caso de que los grupos revolucionarios tomen el poder, van a tratar todas las críticas, disidencias o posiciones diferentes como al servicio de la derecha, pero ya con el aparato represivo, y nosotros no pensamos que se pueda cambiar así. Aunque limpien de disidentes al país y que desde arriba se decida, no se puede, tarde o temprano pasa la cuota, porque no se pueden construir las cosas desde arriba, decimos nosotros. De hecho así fue y es la historia del EZLN y de los zapatistas: en la concepción clásica que tomó el EZLN la opción armada iba a generar que los pueblos se acercaran y se controlara un territorio, y fue al revés, la acción armada es consecuencia de la organización de los pueblos, y el hecho de que pueda desaparecer físicamente el EZLN y mantenerse la estructura. Nosotros decimos que sí puede ser que se levanten en armas. De hecho en varios estados los que tienen el poder son grupos armados, que no son revolucionarios, son narcos, pero son los que mandan. En varios estados del país no se hace nada si no es con la venía de los cárteles. De hecho ellos son los que ponen a los candidatos, compran los partidos políticos, ahí ya mandan ellos aunque no sean revolucionarios. Pero no está la participación que queremos nosotros.
Antes de despedirse, introduce los dedos en la boca del pequeño saco de tabaco, que desde hace un par horas descansa en la mesa. Con la porción exacta, llena la cazoleta. En el pasamontañas, la apenas ranura de los labios se abre para esa boquilla rota en el medio, incapaz de ocultar el tiempo. El subcomandante masculla: “Qué envidia me dan de ver a un país transformándose desde abajo; qué ganas de reportarlo, yo que soy un viejo reportero”, mientras el fuego instantáneo del encendedor quema las hojas secas con olor a maple. Adornada con un par de pulseras artesanales y uno de sus dos relojes, su mano, que aprensa con fuerza el pequeño saco, desciende hasta el bolsillo derecho del pantalón negro tipo militar. Las últimas bocanadas casi se han disipado. Sólo permanece el olor.

Aumentaron a 32 los periodistas asesinados

Por: Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)

Desafortunada y desgraciadamente continúa agrandándose la lista dolorosa de los periodistas asesinados durante el año próximo pasado, al llegar a 12 la nómina fúnebre con las muertes de los colegas, Raúl Marcial Pérez, acribillado en la propia redacción de su diario de la dolorida ciudad de Oaxaca y el hallazgo del cadáver de Gerardo Guevara Domínguez, quien desde octubre no se sabía de su paradero, por lo que se reduce de 5 a 4 los periodistas desaparecidos. A lo anterior se deben de sumar cientos de todo tipo de atentados, la mayoría no denunciados por falta de confianza en las autoridades correspondientes.

Con las dos anteriores muertes, el 2006 se convierte en el peor año para los periodistas en la historia del país por el número de caídos, que se elevó a 32; desparecidos suman ahora 4 y cientos de víctimas de toda clase de atentados. En el periodo del gobierno de Vicente Fox Quesada las cifras se concretan en 30 informadores asesinados, 5 desaparecidos, aunque uno ya fue localizado muerto, ello no quita que la desaparición ocurrió en el lapso que se analiza.

La gravedad del fenómeno social se dimensiona con la vergonzante y desvergonzada impunidad en que se encuentran todos estos casos, que nos reflejan que el mismo tiene por objeto el socavar las libertades de prensa y expresión, además del incumplimiento del derecho a la información de los pueblos. También nos indica que todo se mueve en la negligencia o la complicidad de autoridades.

En días pasados habíamos adelantado que nuevamente el gremio se enlutó con el artero homicidio del colega, Raúl Marcial Pérez, columnista del diario regional El Gráfico de la ciudad de Oaxaca. Sus sicarios, en acto totalmente inédito, entraron hasta la redacción del rotativo para acribillarlo con disparos de armas de fuego calibres 22 y 9 milímetros.

El colega murió en el acto y resultó herida una abogada, compañera de luchas, de la que sólo se sabe se llama María de Jesús. Marcial Pérez, quien además era abogado, se había distinguido por sus críticas al desgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en relación con el movimiento social que ensombrece al estado y fue un defensor acérrimo de las causas del pueblo Triqui.

El pasado jueves 11, fue encontrado el cadáver del periodista Gerardo Guevara Domínguez, desaparecido desde el pasado mes de octubre; las autoridades se apresuraron, como siempre, a declarar que al parecer la causa de su muerte sería un accidente de carretera.

Guevara Domínguez se desempeñaba como editor y colaborador del semanario estadounidense Siglo XXI. Fue visto por última vez cuando emprendió un viaje en motocicleta con destino a la ciudad de Chihuahua para cubrir una nota. Se agrega que se habría despeñado en un barranco cercano al municipio norteño de Ocampo, Chihuahua. Lo cuestionable es que tuvieron que pasar 3 meses para localizar su cuerpo.

Nunca antes en la historia del país tuvimos que soportar un sexenio gubernamental federal tan brutalmente enemigo de la prensa, como el que terminó el pasado jueves 30 de noviembre del 2006, esto a pesar de las acostumbradas declaraciones en contrario del presidente Vicente Fox Quesada, quien afirmaba que durante su gobierno se puso fin a la censura.

Ahora estamos todavía en el inició del Gobierno federal, que encabeza el presidente, Felipe Calderón Hinojosa. Desde luego es buena señal que no hayan desaparecido la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra los Periodistas, aunque se vio en la necesidad de presentar su renuncia a la titularidad de la misma el destacado abogado y colega, David Vega Vera.

Llega en reemplazo la también colega, Ethel Riquelme Fernández del antiguo Excélsior y de El Heraldo de Chihuahua. Tenemos entendido que no es abogada, al parecer para su jefe Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, no existe inconveniente. Ya tenemos convenida una cita. Toda persona que asume una responsabilidad de tal envergadura, tiene derecho cuando menos a esperar sus primeras actuaciones. Desde luego los periodistas organizados no cejaremos en nuestra demanda de justicia, si esta se cumple se habrá dado el mayor de los pasos para revertir el grave y delicado fenómeno y sus terribles secuelas.

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¿Se despiden los derechos humanos?

Por Hermann Bellinghausen

Ojarasca, suplemento mensual de La Jornada, 15 de enero.- México último  modelo. La barbarie política del Estado ha sido una constante de los  gobiernos mexicanos contemporáneos. Desde Gustavo Díaz Ordaz hasta  Ernesto Zedillo, los gobiernos priístas desataron sucesivas “guerras”  contra la protesta social, teñidas de paranoia y deliberadamente  inexactas.

Bajo una eficaz pantalla de “paz social”, los gobiernos priístas  emprendieron acciones represivas con una continuidad que va de  Tlatelolco en 1968 a las represiones contra los pueblos de Atenco y  Oaxaca en 2006, ya bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe  Calderón.

A la par que crecía el uso de mazmorras, tortura y “desapariciones”,  triste eufemismo de asesinatos, en la guerra sucia de Luis Echeverría  contra las protestas en la ciudad de México, y luego los grupos  “subversivos” que brotaban por todo el país demandando un cambio  profundo, se fue creando una cultura civil inédita. La derrota  estudiantil del 68 acabó siendo una victoria cultural y hasta política,  con énfasis en que el Estado mexicano era injusto y que era necesario  vigilarlo y denunciarlo siempre que se excediera.

Los presos políticos del 68 morderían dentro de la cárcel, a pesar del  proverbial silencio mediático. Y mordían afuera. Ya para los años 80,  en el interregno postrevolucionario donde el Estado nacional viraba al  neoliberalismo, en lo que va del fracaso de José López Portillo al  contenido gobierno de Miguel de la Madrid, quedó establecido que los  derechos humanos existían.

Organizaciones de madres de los desaparecidos, centros de defensoría  frecuentemente ligados a la iglesia católica progresista, nuevos grupos  políticos y sindicatos independientes, movimientos campesinos y luchas  urbanas por los derechos de las minorías (empezando por los de las  mujeres, que además son mayoría), estimularon la creación de una  cultura de los derechos humanos, la legitimaron y enaltecieron con  acciones pertinaces y bajo no pocos castigos.

Al llegar el régimen de Carlos Salinas de Gortari, y con él el mareo  ideológico y moral de muchos sesentayocheros, esta nueva cultura tenía  tal peso que el gobierno hubo de establecer una Comisión Nacional de  Derechos Humanos (CNDH) para atender el rubro. Y cada vez más, los  muertos contaban. Y eran contados.
 
En 1982 había ocurrido la matanza de Wolonchán, en las montañas de  Chiapas, donde gobernaba Juan Sabines. Una ocupación de tierras por  campesinos tzeltales fue destruida y dispersada a sangre y fuego por el  Ejército federal y los terratenientes locales. Nunca se supo el número  exacto de muertes. Fueron decenas. Un testigo de la época relata que en  ese tiempo “no había quien contara los cadáveres, quien fuera al lugar  de los hechos a recoger testimonios y evidencias”.

Para 1997, cuando sucedió la matanza de Acteal, esto era impensable. Al  lugar de los hechos llegaron hasta Televisa y Televisión Azteca; se  reportó en la prensa de todo el mundo. Y aunque nadie le creyó, el  gobierno de Ernesto Zedillo escurrió el bulto y sigue impune. De esa y  de muchas otras; el suyo ha sido el gobierno mexicano que más civiles  asesinó directa o indirectamente: de la zona chol zapatista y los Altos  de Chiapas a Aguas Blancas, El Charco en Guerrero y los Loxichas en  Oaxaca.

En el mundo había prestigio para los derechos humanos. Las dictaduras  del Cono Sur no resistieron más, eran indefendibles, y había que  castigarlas, aunque fuera a regañadientes. Una condena universal a las  prácticas de tortura incrementó la observación y denuncia en nuestro  país.

En el proceso de ascenso de los pueblos indígenas se dio también un  incremento cualitativo y cuantitativo de organismos no gubernamentales,  redes de defensoría y colectivos de solidaridad que se fueron uniendo a  las redes internacionales de información de derechos humanos. El  levantamiento zapatista de 1994 potenció la observación de violaciones  a los derechos fundamentales, la denuncia y la defensa. Los muertos ya  contaban, y se contaban.

Esa primera “revolución de internet”, como se burlaba, malamente, el  salinismo, significó que ya nada sucedería sin que se supiera, incluso  en tiempo real, en todo el mundo. Las protestas contra la solución de  exterminio en Chiapas recorrieron el país y el planeta, y el gobierno  debió “contenerse”. En pleno ingreso al primer mundo, el Estado  salinista detuvo su congénita barbarie. Fue el siguiente gobierno, con  Zedillo, el encargado de hacer el trabajo sucio.

Como de costumbre, se buscó criminalizar a los presos políticos, con  fracasos tan estrepitosos como el de los “campesinos ecologistas” de  Guerrero, que hasta premios internacionales recibieron estando en  prisión. Se extendieron los programas de contrainsurgencia y  paramilitarización en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, las Huastecas, la  sierra de Veracruz. Se poblaron las cárceles con indígenas inconformes.  Y los cementerios.

No obstante, nunca como entonces se desarrolló mayor activismo por los  derechos humanos. Era una actividad peligrosa, pero había muchas  personas dispuestas a llevarla a cabo, y lograban triunfos. Aún las  hay, en mayor número de seguro. Parte de esa red de lucha por los  derechos humanos, incluidos los electorales, apuntaló al gobierno “del  cambio” de Vicente Fox.

Si bien el foxismo nunca controló a los organismos de derechos humanos,  tampoco se atrevió, como Zedillo, a violar la ley para expulsar  “extranjeros incómodos” en plena borrachera global del neoliberalismo.  También ocurrió que decenas de pueblos y municipios indígenas  decidieron defender directamente sus derechos. Desde fines del foxismo  vemos resurgir con impunidad y cinismo las prácticas de tortura,  detención arbitraria, uso faccioso de las leyes y los órganos de  justicia.

Las acciones represivas de las policías federales y estatales contra  las protestas en Guadalajara en 2004, la resistencia de Atenco y la  protesta oaxaqueña han alcanzado una perversidad inusual: se castiga a  quien sea, se golpea a lo bestia, se viola u hostiga sexualmente, se  humilla y aterroriza, se tortura y encarcela en penales para  narcotraficantes y psicópatas.

La impunidad policiaca ha sido la regla, pese a que se sabe que los  excesos en Oaxaca recurrieron al  know how kaibil de los mandos  policiacos locales y la brutalidad encubierta de la Policía Federa  Preventiva. El contexto más inmediato a México, o sea Estados Unidos,  no canta mal las rancheras. Bajo la doctrina de Seguridad Interna y  guerra al terrorismo, de Irak a Guantánamo, George W. Bush ha  reestablecido como “legítimas” la tortura, la desaparición forzada y  las matanzas indiscriminadas.

Y en Oaxaca como en Washington, ahora se atreven a difamar y  criminalizar a los defensores de derechos humanos con un descaro que  sería risible si no tuviera consecuencias jurídicas y en la integridad  física de las personas y comunidades. La sociedad, creyéndose mejor  informada, es más autista y sorda que en 1968, y como la realidad  ocurre tras la escenografía de pantallas, centros comerciales y  fraccionamientos sensacionales, apenas se entera.

Bajo sus narices la policía ejecuta y/o tortura, viola a mujeres y  hombres. El Estado y sus fuerzas prueban que El apando de José  Revueltas no era realista, sino una novela futurista. En ese punto  estamos. ¿Pasarán o no pasarán? ¿Se saldrán con la suya? ¿El Estado  mexicano podrá insistir en su barbarie a pesar de que se sepa en el  mundo? ¿Carece de contrapesos nacionales e internacionales?

Si no se devuelve razón y prestigio al cumplimiento de los derechos  humanos universales, a la documentación y la defensa de las personas,  grupos y comunidades víctimas de abusos institucionales, México podría  internarse en un callejón oscuro. En un previsible desarrollo de  protestas sociales y populares, ¿podrá el Estado mexicano recurrir a la  violencia, la tortura y la injusticia de una “justicia ejemplar” sin  que la sociedad misma, con su indiscutible peso moral, lo detenga?

Ayotzinapa en la mira

Por Zósimo Camacho (recibido de prensa indígena)

Voltairenet.org – Chilpancingo, Gro., 20 de enero.- El “gobierno  democrático” de Torreblanca en Guerrero se apresta a “cerrar el ciclo”  de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y mide fuerzas con los  aguerridos alumnos de la Federación de Estudiantes Campesinos  Socialistas de México.

Luego de la toma de decenas de camionetas y autobuses por parte del  creciente movimiento estudiantil y ante la proximidad de la transición  del Poder Ejecutivo federal, el gobierno estatal decide posponer el  “inminente choque” y promete regresar “a fondo” a principios del  próximo año. “Los esperamos: estaremos más fuertes”, retan los alumnos.

Los jóvenes, casi adolescentes, de rostros morenos y enjutos, miran con  desconfianza a su contraparte en las negociaciones para concluir la  serie de movilizaciones en las que participaron decenas de  organizaciones sociales del estado y que amenazaba en convertir a  Guerrero en “otro Oaxaca”.

Hijos de campesinos de las comunidades de la Montaña, Sierra y Costa  Chica del estado, calzan huaraches y portan morrales de ixtle y manta.  Los estudiantes, quienes apenas rebasan los 20 años, hablan  apaciblemente a las autoridades educativas, encabezadas por el  secretario de Educación del estado, José Luis González de la Vega  Otero. “Así los ven ahorita; pero son unos vándalos”, “confían”  ayudantes del funcionario estatal a algunos reporteros.

En el níveo salón Vicente Guerrero, ubicado en el palacio de gobierno  del estado, se desahogan los 56 puntos del pliego petitorio enarbolados  desde hace cinco meses por la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón  de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que, junto con los  comités estudiantiles de las otras 16 escuelas normales rurales del  país, integra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de  México (FECSM).

La organización de estudiantes más vieja del país -considerada  semiclandestina, pues aunque se conocen las carteras que componen su  estructura organizativa se guardan celosamente en secreto los nombres  de quienes las integran- había organizado la retención de alrededor de  50 vehículos de la línea de autobuses Estrella Blanca y de camionetas  de empresas refresqueras y panificadoras.

Además, los estudiantes también retenían vehículos del gobierno del  estado. Justo antes de que las autoridades decidieran aceptar el  diálogo, los alumnos habían anunciado que quemarían un vehículo frente  al palacio de gobierno en esta capital.

»»“Seguimos siendo campesinos”.- Apenas un día antes, como muestra de  distensión, dieron por concluido el paro de labores en la escuela  ubicada en el pueblo de Ayotzinapa, perteneciente al municipio de  Tixtla de Guerrero. Los jóvenes se levantaron a las seis de la mañana  para ducharse con mangueras y bandejas en los baños que hace lustros  contaron con regaderas; abrieron la escuela y permitieron la entrada de  los maestros y del director, Lucas Mosso -del cual exigían su  renuncia-.

Se vieron caminar por los amplios pasillos donde mantienen a la vista  las imágenes de los guerrilleros Lucio Cabañas Barrientos, Genaro  Vázquez Rojas, el Che Guevara y el subcomandante Marcos. Se muestran  especialmente orgullosos del fundador del Partido de los Pobres, quien  estudió en esta Normal Rural de Ayotzinapa y fue secretario general de  la FECSM.

Del área de los dormitorios proviene la música y los gritos rancheros,  los cuales frecuentemente se trasladan a los salones durante las  exposiciones y exámenes “sorpresa” que llegan a aplicar maestros  contrarios al movimiento estudiantil. Rodeados de bosques de guayabo,  alcanfor y encino y laderas abiertas a la siembra de maíz, los  estudiantes de Ayotzinapa están muy lejos de los estereotipos impuestos  a sus pares citadinos.

“Nosotros seguimos siendo campesinos, pero ahora ya estamos preparados  para ir a alfabetizar a nuestras comunidades o a otras más pobres. Los  que entramos aquí sabemos que tenemos que ir adonde nos necesiten. No  queremos, como casi todos los egresados de las Normales que no son  rurales, irnos a las ciudades donde se tiene todo fácil. Aquí  aprendemos que tenemos que ’ser pueblo, hacer pueblo y estar con el  pueblo’”, dice el estudiante Rodrigo Hernández, parafraseando a Cabañas  Barrientos.

»»Fin a la “alumnocracia”.- Desde los primeros meses de su gobierno,  Zeferino Torreblanca ya había dado muestras, como el gobierno federal,  de no simpatizar con el modelo educativo desarrollado por las Normales  Rurales.

Sin embrago, fue hasta abril pasado cuando intentó reducir la matrícula  estudiantil y, abiertamente, declarar que el objetivo de su gobierno  era acabar con la “alumnocracia” y el “desorden” que, según el  funcionario llevado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)  al Ejecutivo estatal, “priva” en la escuela de Ayotzinapa.

Y es que, como en todas las escuelas Normales Rurales (ENR) del país,  los alumnos participan directamente en la administración de los  planteles, los cuales, como internados que son, cuentan con  dormitorios, comedor, lavaderos y áreas de cultivo y de producción  agropecuaria, donde crían ganado caprino, bovino y porcino.

Los alumnos de Ayotzinapa muestran, orgullosos, el sorgo sembrado hace  un mes que ya verdea dos hectáreas de surcos bien delineados y el  rastrojo en otras dos hectáreas de milpas donde el maíz ha concluido su  ciclo anual. También enseñan los corrales y porquerizas. Aunque  generalmente los animales se encuentran en las áreas de producción, es  común que vacas lecheras pasten en los jardines y deambulen por los  pasillos de la escuela.

Los 540 estudiantes de Ayotzinapa son hijos de campesinos pobres, pues  a esta escuela solamente pueden ingresar quienes ostentan esta  condición y poseen un certificado de estudios de bachillerato. Al ser  aceptados tienen derecho a recibir una beca de 35 pesos diarios y a  recibir tres comidas al día en el comedor. Además, participan en la  administración de la escuela y en la toma de decisiones que repercuten  en la vida estudiantil.

El director en turno -nombrado por la Secretaría de Educación del  estado- no puede tomar decisiones sin consultar al Comité de  estudiantes, el cual a su vez “consulta a la base estudiantil”.

»»Proyectos educativos contrapuestos.- Aunque los planes de estudios  formales de las escuelas Normales Rurales no sean diferentes de los que  se aplican en las demás instituciones normalistas, las ENR conservan la  mayoría de las características con que nacieron a principios de la  década de 1920 cuando aún no concluía el fervor revolucionario de las  masas campesinas.

“Los alumnos consideramos que la educación es un derecho que, para que  sea realmente gratuito, no sólo no deben existir las colegiaturas sino  que se debe becar a los estudiantes”, dice el alumno Fabián Muciño  Pérez. Además, reivindican el autogobierno y la educación socialista.  Por ello, para las autoridades estatales, la ENR de Ayotzinapa “ya no  puede seguir como está”, como sentencia el secretario de Educación del  estado, González de la Vega Otero.

El funcionario califica de “costumbres” con las que hay que acabar los  principios de autogobierno y educación rural. Agrega que ha llegado el  momento de que los estudiantes entiendan que “lo que tradicionalmente  venía ocurriendo ya no va a ocurrir”. El secretario de Educación  rechaza que el “gobierno democrático que somos” pretenda desaparecer la  Normal. “Queremos transformarla.

Tenemos la obligación de ordenar el comedor, bajar los costos y el tema  profundo: no vamos a seguir permitiendo el estudio de primaria cuando  sabemos que no van a tener plazas”. El secretario tampoco reconoce que  se pretenda acabar con el autogobierno, sino “conducirlo y normarlo  (para que haya) un comité (estudiantil) democrático que no obligue a  los alumnos a hacer actos vandálicos”.

Sin embargo, Luis Alberto Gutiérrez, de la Comisión de Prensa y  Propaganda del Comité estudiantil, señala que la “transformación” de la  escuela es un eufemismo para referirse a su desaparición. “Qué otra  cosa van a hacer si le quieren quitar su esencia: la educación  campesina, el autogobierno y el internado junto con el comedor.

Eso es desaparecerla para hacer un instituto tecnológico o cualquier  otra cosa, pero ya no será una Normal Rural y, aunque digan lo  contrario, Guerrero necesita maestros rurales. Estamos en el estado  donde mayor pobreza hay y muchas comunidades de la Montaña y de la  Sierra no tienen maestros. Es mentira que ya no hagamos falta”.

Eliseo Guajardo Ramos, subsecretario de Educación Media Superior y  Superior, expone los planes del gobierno estatal para las instalaciones  de Ayotzinapa: “Nuestro interés no es mantener la escuela rural como  tal sino hacer un centro de excelencia, de formación de profesores, en  donde haya investigación. Queremos tener un acuerdo con la UNESCO y  aprovechar el espacio para tener visitantes internacionales que  mantengan seminarios de alto nivel”.

Sobre la organización que la comunidad estudiantil ha mantenido a lo  largo de los 80 años de existencia de la Escuela, dice que “es  necesaria una reforma muy profunda. El internado es un punto que está  generando muchos problemas y hay que transformarlo. Ya no se va a  tratar sólo de tener alumnos ahí sino también investigadores”.

»»Jaloneos por una fotocopiadora.- A fines de noviembre concluyen las  negociaciones entre las autoridades y los estudiantes. La mayoría de  los puntos del pliego petitorio de los estudiantes fue rechazado, pero  el principal, conservar el mismo número de la matrícula estudiantil,  fue aceptado por el secretario de Educación. El gobierno del estado  pretendía cancelar 10 lugares de nuevo ingreso para dejar en 130 el  número de alumnos que entrarían cada año.

Para acabar con las movilizaciones a las que se habían sumado maestros  de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del estado,  campesinos de La Parota, indígenas de la Montaña y la Costa Chica y  organizaciones de Atoyac y Ayutla, la administración de Zeferino  Torreblanca tuvo que aceptar que se conservara en 140 el número de  alumnos de nuevo ingreso y comprometerse a que la siguiente  convocatoria del ciclo escolar se realizará en “los mismos términos en  que se han venido realizando las anteriores”.

Los alumnos lograron que a partir del próximo ciclo escolar se les  capacite para dar clases en las lenguas náhuatl, tlapaneco, amuzgo y  mixteco y que se integren al plan de estudio los talleres que  distinguían a las normales rurales: talabartería, apicultura y herrería  y otros cursos nuevos: teatro y artes plásticas.

Más de una hora llevó a los estudiantes convencer a las autoridades de  que una fotocopiadora es indispensable para una escuela. Finalmente, el  secretario de Educación prometió que se compraría una sola máquina con  la condición de que funcionaría mediante vales que expedirá la  dirección del plantel. No fue aceptada la demanda de suscribir a la  escuela al periódico La Jornada y a la revista Proceso ni el aumento a  las becas.

“Son 61 millones de pesos al año para la Normal de Ayotzinapa. No es  poco el dinero que reciben”, dice el subsecretario Eliseo Guajardo  Ramos. Sin embargo, reconoce que apenas 7 millones 600 mil pesos se  destinan al comedor estudiantil mientras que alrededor del 80 por  ciento del presupuesto se utiliza para la nómina.

Autoridades y alumnos concluyen las negociaciones sólo posponiendo el  conflicto que movilizó a los estudiantes por más de cinco meses y  mantuvo cerrada la escuela por más de uno. “Ellos saben que seguimos;  que vamos a transformar la escuela. Vamos a tratar de que participen  con nosotros, pues lo que viene sí es más de fondo. Y vamos a iniciar a  principios del próximo año, por ahí de febrero. Es urgente”, dice  Guajardo Ramos.

Los estudiantes se levantan de la mesa y desean “buenas noches a  todos”. Tranquilamente abandonan el salón. Saben que aún no ganan nada  y que el conflicto sólo se pospuso. “Si ellos dicen que van a volver  con sus reformas el año que entra, nosotros podemos decir que entonces  estaremos más fuertes. Nos estamos organizando”, dice, sonriente,  Alexis Lacunza, uno de los voceros del movimiento.

Veintiocho periodistas asesinados y cinco desaparecidos en Latinoamérica en el 2006

Por: Adolfo Márcovich (especial para ARGENPRESS.info)

Nuestra América Latina ostenta una tétrica estadística, más allá de lo que hace a los paupérrimos niveles de Libertad de Expresión, a lo que se suma la trágica violencia ejercida sobre veintiocho periodistas, impunemente asesinados en el 2006, nómina que se completa con la desaparición forzosa de otros cinco colegas, hechos trágicos acaecidos en ocho países latinoamericanos.

México se ha erigido en el país más peligroso para ejercer la profesión de periodista, encabezando estas nefastas estadísticas con 10 periodistas víctimas fatales de la violencia asesina, incapaz de conciliar diferencias. De hecho, en un ranking universal elaborado sobre niveles de Libertad de prensa, que abarca 168 países, Méjico se ubica en el lugar 132, en tanto que EEUU ocupa la 78va. Posición.

Coincidimos que estas cifras sobre víctimas, difieren acorde a los intereses diversos que digitan las fuentes que las emiten. Acorde a la Asociación Mundial de Periódicos, los periodistas caídos en el cumplimiento de su misión de informar, serían 105, de los cuales 48 de ellos, han perecido en el sangriento escenario iraquí.

Al término del pasado año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó unánimemente una resolución condenando ataques a periodistas en zonas de conflicto instando a facciones en disputa a respetar a los comunicadores y su función. Las mera mención de las cifras citadas en este informe nos conduce a la patética realidad de que las resoluciones de la ONU, no sirven para nada, y veamos el porque de su inutilidad más allá de una expresión de deseos.

Dicha resolución ó acuerdo de la ONU soslaya íntegramente el alarmante estado de cosas vigente en América Latina, donde en territorios soberanos que exhiben ó no situaciones conflictivas bélicas, los hombres de prensa son masacrados por mafias de diversa naturaleza, narcotraficantes, parapoliciales, matones a sueldo ó sicarios de intereses políticos, todo ello por cuanto invariablemente los periodistas suelen investigar homicidios, trata de blancas, narcotráfico, trafico de armas y secuestros, hechos donde las investigaciones policiales mueren en la más aberrante impunidad.

Este genocidio de periodistas se constató durante las dictaduras cívico militares de la década de los años 70, (como triste ejemplo, Argentina sufrió la eliminación de 85 de sus mejores periodistas) situación que persiste hoy día en países cuyos gobiernos han sido democráticamente electos.

Acorde a testimonios de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, publicados en agosto del 2006, en los últimos 10 años se registraron 83 asesinatos en Colombia, 24 en Brasil y 24 en México. Asimismo hay muertes de periodistas en Guatemala, Ecuador, Haití. Nicaragua, y Venezuela.

La permanentemente sistemática inseguridad de los hombres de prensa, fue reseñada por José Dos Santos -directivo de CIAP- ante el Quinto Encuentro de Corresponsales de Guerra que se efectuó en La Habana. En América Latina matan periodistas sin que haya ninguna guerra interna ni invasión militar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de baja intensidad que sacude a Colombia desde hace medio siglo, expresó el colega Dos Santos, reafirmando que, desde hace 30 años a la fecha, unos 800 periodistas han sido eliminados en la región. El periodismo se basa en hechos, sin retóricas ni guitarreos, observemos los hechos.

En el año 2006, fallecieron en Ecuador, victimas de un tiroteo, Jose Luis León, cronista de Radio Minutera, en Guayaquil y Saúl Juarez, fotógrafo de La Hora Durandeña.

En El Salvador, fue muerto Douglas Hernández, reportero de La Prensa Gráfica.

En Colombia, Gustavo Rojas Gabalo, un periodista radial fue asesinado a balazos, al igual que Francisco Bonilla Romero.

En Guatemala, Edgardo Maas, periodista radial fue asesinado de cinco disparos.

En Guayana, Ronaldo Waddell, comentarista de televisión, fue atacado a tiros en tanto que Richard Stewart, Chetram Pergaud, Elión Wegman, Mark Mikoo y Shazim Mohamed. Los últimos cinco fueron tiroteados en agosto del 2006, en el interior del periódico “Kaieteur News”.

En la República Dominicana, asesinaron a Domingo Disla Florentino, abogado y periodista y Facundo Lavatta, de “Radio Comercial”
.
En Venezuela, Jesús Flores Rojas, fue asesinado en El Tigre y Jorge Aguirre de Cadena Carriles, y Pedro Bastardo , muertos en Cumaná.

En Mexico, José Valdés, en Sabinas (Coahuila); Jaime Olivera Bravo, en La Piedad (Michoacán); Ramiro Téllez Contreras, en Nuevo Laredo (Tamaulipas); Enrique Perea Quintanilla y Rosendo Pardo Ozuna, en Tuxtla Gutiérrez; Misael Tamayo Hernández, en Zihuatanejo (Guerrero); José Manuel Nava, ex director del conocido diario “Excélsior”, en el Distrito Federal; Roberto Marcos García, corresponsal de “Alarma”” en Veracruz; Alfonso Sánchez Guzmán y Bradley Hill, (estadounidense), en Santa Lucía del Camino (Oaxaca.

Acorde a denuncias formuladas por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, por el vicepresidente de FELAP, Teodoro Rentaría Arróyave y por otras fuentes, durante el mandato de Vicente Fox, hubo 29 asesinatos de periodistas y cinco periodistas desaparecidos, consignados como Antonio García Apal, Rafael Ortiz Martínez y Alfredo Jiménez Mota, Jesús Mejía, y Alonso Alegretti.

Otro patrón singular de estos crímenes es la impunidad eterna que sigue a los hechos. La entidad estadounidense Comité de Protección al Periodista (CPJ en inglés)con sede en Nueva York, en los últimos 25 años, hubo 580 homicidios de comunicadores sociales, y en el 85 por ciento de los casos no se llevo a cabo proceso judicial alguno, hecho que para nada sorprende en países de Latinoamérica.

No obstante es meritorio citar una honrosa excepción a la regla. En Chile, en el ocaso del 2006, a a más de 20 años del el asesinato del periodista José Carrasco Tapia, la justicia condenó finalmente a 13 años de cárcel a todos ellos militares que pertenecientes a la policía política del fallecido tirano Augusto Pinochet Ugarte, quien pasó por la vida, vergonzosamente impune.
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Policía comunitaria rebasa al gobierno

Por Zósimo Camacho (recibido de prensa indígena)

Voltairenet.org – San Luis Acatlán, Gro. 20 de enero.- Los policías  comunitarios de la Costa Chica la Montaña de Guerrero ganan la batalla  a la delincuencia y a los gobiernos federal y estatal, los cuales  buscaban desarmarlos incluso mediante la intervención del Ejército. Las  zonas de Costa Chica y Montaña de Guerrero eran de las más inseguras  del estado antes de 1995. No había semana sin que en los caminos o  pueblos ocurrieran asesinatos, violaciones, asaltos y robo de ganado.

Hoy constituyen los territorios más seguros del país, y el único lugar  de la República en donde los índices de delincuencia se han reducido en  95 por ciento. Pero en ello no tuvieron que ver ninguno de los tres  niveles de gobierno. En estas comunidades no se gastó ni un solo peso  del millonario “México Seguro” ni del Sistema Nacional de Seguridad  Pública.

La policía que abatió la delincuencia y al mismo tiempo venció los  intentos de los gobiernos por disolverla no le costó al erario público.  No se gastó en sueldos porque sus efectivos no cobran por el servicio,  ni se compraron armas porque se usaron las que de por sí los campesinos  cargan para sus labores del campo: viejas pistolas, escopetas y rifles  de cacería.

A más de 11 años de fundada, la policía comunitaria cuenta con 566  elementos en 54 comunidades de 10 municipios: San Luis Acatlán,  Malinaltepec, Marquelia, Metlatónoc, Iliatenco, Cochoapa El Grande,  Atlamajalcingo del Monte, Copanotoyac, Xalpatláhuac y Tlapa. Pero los  pueblos me’phaa, nu’saavi, nahuas y mestizos de la zona han logrado no  sólo nombrar a sus propios policías, subcomandantes y comandantes y  comisarios, sino que han creado un “sistema alterno de justicia”.

Ahora, las autoridades pretenden “reconocer” a los 566 efectivos con la  condición de que queden bajo el mando del gobierno del estado. Sin  embargo, los pueblos van en sentido contrario: trabajan en la  consolidación de un gobierno autónomo.

La mayoría de los ministerios públicos que trabajaban en sus  territorios se fueron. Ni siquiera tuvieron que enfrentarse con ellos o  expulsarlos. Las autoridades “constitucionales” abandonaron las  localidades porque se fueron quedando sin trabajo. Y es que para las  comunidades no fue suficiente nombrar a sus propios policías, porque  cuando entregaban a los delincuentes a los ministerios públicos, éstos  los dejaban libres. Por ello crearon su Sistema Comunitario de  Seguridad, Impartición de Justicia y Reeducación.

Sin embargo, el Ejército mexicano vuelve a acosar a la policía  comunitaria. Instala retenes en los mismos lugares en los que los  comunitarios lo habían hecho en días pasados e “invitan” a los  lugareños a que “denuncien” a quienes son policías comunitarios.

Francisco y Pascacio de 19 y 22 años de edad, respectivamente, son  indígenas nu’saavi de la comunidad de Arroyo Coniapan. Portan con  orgullo su uniforme, consistente en una gorra y una playera con la  insignia de la policía comunitaria, un pantalón de mezclilla, huaraches  y rifle. Se muestran satisfechos con su cargo, pues aunque no reciben  pago alguno, son escogidos por su buen comportamiento.

“El pueblo hace reunión para que la gente nombre a la policía y al  comandante. Se escogen a los que no han cometido ningún error. Me  siento bien con mi comunidad. Es algo bueno lo que estoy haciendo”,  dice Francisco.

El sistema que los comunitarios han desarrollado tiene tres niveles: la  asamblea de cada uno de los municipios, la Asamblea Regional de  Autoridades Comunitarias y la Coordinadora Regional de Autoridades  Comunitarias (CRAC). Este sistema también ha logrado readaptar a los  que infringen las normas de la comunidad.

Las sanciones por faltas leves -como el arresto hasta por 24 horas, y  la multa de hasta 200 pesos, reparación de daño y trabajo comunitario-  las fija el comisario local. Cuando la faltas son graves, las sanciones  son determinadas por el CRAC, las cuales consisten en que el culpable  debe realizar trabajo a favor de la comunidad por 15 días en cada uno  de los 54 pueblos. En todos los casos, los sábados y domingos los  viejos de los pueblos les imparten pláticas y los invitan a la  reflexión de sus actos.

De su creación a la fecha, el Sistema Comunitario de Seguridad,  Impartición de Justicia y Reeducación ha atendido alrededor de 2 mil  demandas, de las cuales se han resuelto aproximadamente mil 600, hay  300 pendientes, 30 prófugos y han muerto cinco policías.

Zósimo Avilés Mendoza, originario de la comunidad San Felipe del  Rincón, municipio de Malinatepec y actual consejero de la CRAC, aclara  que “no es nuestro enemigo el gobierno. Nuestros enemigos son la  delincuencia, los asaltantes, los que comenten los delitos graves en  nuestro territorio. Le duele al gobierno nuestra existencia porque  simplemente él no ha podido combatirlos.

“Nosotros simplemente contamos con nuestra buena organización, las  armas que portan nuestros policías, que no son de mucha potencia. Y  creemos en nuestros policías comunitarios porque son electos a través  de una Asamblea. Son hombres honorables.” Para Felícitas Martínez  Solano, de la comunidad de Potrerillo Coapinola, “Ya hay cierto  relajamiento del movimiento porque ya no sufrimos de violaciones, de  asaltos. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar más municipios”.

En efecto, la CRAC ya sostiene reuniones con comunidades del municipio  de Juchitán que están interesadas en integrarse al Sistema de Justicia  Comunitaria. Para Valentín Hernández Chapa, asesor jurídico del CRAC,  “la policía comunitaria es parte del proceso organizativo de los  pueblos, que a lo mejor nunca se habían planteado organizar un sistema  ahora tan complejo que se tiene que ir analizando a fondo”.

Al abogado no le gusta hablar de “autonomía” de los pueblos en esta  zona: “Es un proceso que ya los estudiosos le han puesto nombre y lo  han ido conceptualizando. La gente aquí no se refiere a ninguno de los  conceptos que afuera manejamos. La gente está trabajando, está viendo  que necesita una seguridad, una justicia diferente que le sea eficaz y  ahí que le pongan nombre los que se dediquen a eso.

Y esto es una respuesta a la ineficacia del sistema oficial, el cual no  concuerda con la forma de ver el mundo que tienen los pueblos”. Sin  embargo, dice que “ahora que ya no hay tanta delincuencia ni hay  inseguridad, lo que sigue será plantearse resolver otros problemas que  también están afectando al pueblo: educación, salud, comercialización  de los productos, y la alta migración. Ahora la organización va a  plantear propuestas sobre cada uno de esos aspectos.

La gente empieza a ver que puede organizarse y que tiene un poder  inmenso en sus manos”. Por su parte Abel Barrera, presidente de la  Comisión de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan se refiere a la  iniciativa de Ley que se encuentra en la Comisión de Seguridad Pública  del Congreso del estado, la cual busca “reconocer” a la policía  comunitaria pero ceñirla a los presidentes municipales.

“Y esto atenta contra el proyecto y el sistema. La gente no quiere que  reconozcan a policías, quiere que reconozcan a los derechos de los  pueblos indígenas y a su sistema de justicia. Está echado para adelante  el sistema. Ya no se está evaluando si es viable o no, sino cómo  corregir las inconsistencias, cómo fortalecer los procesos que tienen  que estar enraizados en los pueblo.

“A pesar de los partidos, de los gobiernos, de la pobreza, de la  discriminación y de la militarización, los pueblos aprenden mejor no  solamente a resistir sino a construir sistemas alternativos que son  viables y que les permiten acceder, en este caso, a la justicia. Han  demostrado a la sociedad y al Estado que el acceso a la justicia sí es  posible y que hay posibilidades de otro sistema alternativo de justicia  que además es anticapitalista porque no se requieren de grandes sumas  de dinero.”

Ejército violador de derechos

José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx
 
El reclamo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a las entidades encargadas del manejo de la fuerza pública –Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Procuraduría General de la República– encabezadas por la Secretaría de Gobernación (SG), para que cesen las detenciones ilegales contra migrantes que realizan, tanto autoridades civiles como militares, sin estar facultados para ello, responden más a una política de seguridad impuesta desde el exterior –“combate al terrorismo”– que de asuntos de orden interno o de seguridad nacional.
Las únicas instancias facultadas por ley para detener a personas y constatar su condición migratoria son el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFP). Las detenciones ilegales realizadas por elementos no facultados, incluso policías municipales y agentes de seguridad privada, propician que se abra un espacio para que los migrantes sean objeto de otra clase de vejaciones, como abusos sexuales, principalmente en agravio de mujeres y niños; lesiones, robos y extorsiones, entre otras.
La detención de migrantes, hecha por elementos de seguridad privada, incurren en la comisión de varios delitos, por lo que el INM, al verse suplantado en sus funciones, debe hacer la denuncia ante la autoridad competente.
Aparte de que en México padecemos de una impunidad legalizada, ya que la Ley de Población considera a la migración indocumentada como un delito y a los migrantes como delincuentes, lo que reclama una nueva legislación, la CNDH coquetea con las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos al hacer un reconocimiento a la SG y al INM “por su disposición a trabajar conjuntamente con la CNDH en favor de los derechos de los migrantes”; también elogió que “la Sedena haya girado instrucciones a su personal para que se abstenga de realizar esas verificaciones migratorias ilegales, aunque algunos elementos continúan efectuándolas, pero ya es en mucho menor medida”. Tal parece que a dieciséis años de la existencia de la CNDH, ésta no se ha percatado cómo opera el aparato militar en México.
Otra noticia de militares que llena las primeras planas de los diarios, es el asunto de Oaxaca y el sitio del Palacio Legislativo de San Lázaro, que ahora no sólo violentan garantías individuales sino confrontan a los partidos políticos dentro del Congreso.
Roberto Garduño y Ciro Pérez describieron en La Jornada (22-XI-06, p. 9): “A pesar de las denuncias de los vecinos, los diputados debieron experimentar en carne propia los excesos de policías y militares para demandar el retiro o por lo menos la flexibilización de los múltiples retenes instalados alrededor del complejo legislativo”. Y el legislador Isidro Pedraza denunció ante la llamada máxima tribuna del país: “Ustedes deben saber que estas fuerzas, que están allá afuera, dan terror: están acusados de violación, son los mismos que violaron a las mujeres en Atenco, son los mismos que atropellaron los derechos de los campesinos en Oaxaca, y valdría la pena que los retirasen de este recinto”.
Si a vuelo de pájaro hacemos un recuento de las violaciones a los derechos humanos en lo que va de esta administración “democrática”, y los trabajos inútiles de la Fiscalía Especial Sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, para esclarecer los crímenes del 68 y de la guerra sucia de los 70, nos queda claro que el problema de la impunidad hasta hoy intocado en México, está ligado directamente a los militares; es decir, al poder público, de cualquier índole o corriente política –de izquierda, centro o derecha–, ha protegido siempre al Ejército.
Así las cosas, sería criminal que la próxima administración deje sin investigación y sin castigo a los violadores de derechos humanos, que deje intocado a los poderes fácticos que amenazan a la seguridad nacional y sobre todo que deje impune la actuación histórica del Ejército, que si quiere transformarse en una institución de Estado, debe abocarse a la defensa exterior, ayudar a la población civil en casos de desastre, atender las convocatorias de Naciones Unidas en las misiones de paz, y lo más importante, subordinarse a la autoridad civil y ubicar al enemigo fuera de las fronteras y del espectro social.

Generando contrapoder desde abajo y a la izquierda

Por Carlos Antonio Aguirre Rojas
17 de janeiro de 2007
Rebelión

“Es necesario construir una nueva cultura política. Esta nueva cultura política puede surgir de una nueva forma de ver el poder. No se trata de tomar el poder, sino de revolucionar su relación con quienes lo ejercen y con quienes lo padecen” (Subrayados nuestros).
Subcomandante Insurgente Marcos, Invitación al Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, mayo de 1996.

CAMBIAR EL MUNDO, REVOLUCIONANDO EL PODER.

Ahora, cuando el importante movimiento de La Otra Campaña se extiende a todo lo largo y ancho de México, comenzando a ganar cada día más fuerza y arraigo entre los distintos grupos, clases y sectores subalternos de todo nuestro país, es decir, cuando se gesta este vasto movimiento de clara dimensión nacional, al mismo tiempo en que toda la clase política mexicana, sin excepción, se hunde en una crisis de legitimidad y credibilidad social de grandes proporciones [1] , se vuelve relevante discutir con cuidado y atención toda una serie de cuestiones cruciales que, en el cercano futuro, deberá de confrontar prácticamente, este mismo movimiento social de La Otra Campaña.

Porque al ir avanzando en la construcción del Programa Nacional de Lucha, y en la consolidación de la red de sujetos sociales subalternos que conforman el cuerpo de este nuevo movimiento social y anticapitalista de la entera nación mexicana –movimiento que se orienta hacia una transformación social radical, y en esta vía, primero hacia la edificación de un nuevo pacto social y una nueva Constitución—, ese proceso de La Otra Campaña [2] , habrá de toparse, tarde o temprano, con toda una serie de problemas y preguntas cruciales, entre las cuales destaca claramente la cuestión de su actitud y posición frente al problema del poder.

Pero no solamente frente al tan debatido, vulgarizado y simplificado punto de la “toma del poder”, sino más ampliamente y de modo más preciso y específico, frente al poder particular del Estado mexicano, lo mismo que frente a los partidos políticos y las organizaciones políticas mexicanas, pero también frente a las organizaciones sociales y los movimientos sociales de todo tipo, es decir, frente a los distintos pero siempre articulados niveles del poder estatal, del poder político, y de ciertas expresiones importantes del poder social.

Porque más allá del slogan falso y simplificador de que los neozapatistas, y ahora La Otra Campaña, lo que quieren es “cambiar el mundo, sin tomar el poder”, se impone más bien una reflexión seria y detenida de las diferencias, contenidos e interrelaciones entre estos diversos niveles y formas del poder, lo mismo que la tematización de lo que puede ser y es el contrapoder popular y subalterno, y de las formas en que este es gestado por los movimientos sociales genuinamente antisistémicos o anticapitalistas actuales, junto al examen de como todos estos problemas se conectan ahora con el digno y creciente movimiento mexicano de La Otra Campaña.

Entonces, más que repetir ese slogan simplificador y equivocado, puede ser útil entrar a desglosar con detalle esas distintas formas y niveles del poder y de los contrapoderes, a la vez que intentamos aproximarnos con más detenimiento hacia la “nueva forma de ver el poder”, que desde hace ya varios años han estado defendiendo y practicando los neozapatistas mexicanos, adentrándonos también en el significado y las implicaciones principales de esa “revolución de la relación del poder” con aquellos que lo ejercen y con los que lo padecen, revolución que está contenida en sus fundamentales reivindicaciones del “mandar obedeciendo” y del reclamo de una “otra política”, radicalmente diversa a la actualmente vigente.

VOLVER AL ‘PODER’ DE LOS CLÁSICOS.

Después de las múltiples experiencias que, a lo largo de todo el siglo XX, intentaron construir sociedades y mundos socialistas, y que desembocaron en la reciente crisis del llamado “socialismo realmente existente”, se popularizó y difundió ampliamente la crítica a lo que Immanuel Wallerstein llama la “estrategia de dos pasos”. Es decir, la estrategia que han seguido la mayoría de los movimientos antisistémicos del mundo, antes de la revolución cultural mundial de 1968, de primero “tomar el poder del Estado”, para luego y desde ese control del aparato o poder estatal, proceder a “cambiar el mundo” [3] .

Crítica a esa estrategia gradualista que, a la luz de dichas experiencias de intento de construcción del socialismo previas a 1968, es esencialmente correcta, pero que no implica ni mucho menos el renunciar por principio a ese objetivo de la “toma del poder del Estado”, sino más bien el de renunciar a orientar y subordinar todo el movimiento social antisistémico hacia ese sólo y único objetivo de la conquista del poder estatal, redefiniendo más bien su importancia, su lugar, su momento y su carácter específico, desde el verdadero y más profundo objetivo de esos movimientos anticapitalistas, que es sin duda el de acabar radicalmente con el entero sistema social capitalista, para sustituirlo con una nueva sociedad no capitalista, es decir el de cambiar radicalmente el mundo actual, explotador y burgués, para sustituirlo por otro mundo nuevo, justo, fraterno, democrático y libre.

De otra parte, y en ese mismo clima post68 en que se afirmó esa crítica a la estrategia de dos pasos, Michel Foucault nos recordaba que el poder y las relaciones de poder no eran exclusivas de los espacios que corresponden a la existencia y a la acción de los Estados, y ni siquiera al ámbito más global de la política y de lo político, sino que se encuentran presentes a todo lo largo y ancho del tejido social, reproduciéndose como “micropoderes” en prácticamente todas las esferas posibles de las relaciones humanas [4] .

Sin embargo, los micropoderes y las formas del poder a las que alude Foucault, no son las mismas que las formas del poder político, ni tampoco del poder estatal, sino más bien y sobre todo las distintas variantes del poder social, lo que no ha impedido que al debatir la cuestión de la “toma del poder” se entremezclen sin darse cuenta estas distintas formas del poder que son el poder social, el poder político y el poder del Estado o estatal.

Pues al plantear este objetivo de la conquista o toma del poder, o su rechazo, en ocasiones no queda claro si se está hablando de apoderarse de la máquina estatal, tal y como ella existe y tratar de utilizarla con otros fines, o si se habla de conquistar el espacio político que ocupa ese aparato estatal, haciendo a un lado a ese viejo Estado, para reapropiarse, quizá de otro modo y con otra lógica, desde otra mirada y con otros fines, a las funciones y tareas que antes cumplía ese viejo Estado o máquina estatal. O incluso, y avanzando todavía más, no queda claro tampoco si esa “toma del poder” es entendida más bien como una revolución total de la entera esfera de lo político, que modificaría el modo actual de mal ‘gestionar los asuntos públicos’ hoy imperante, es decir, una revolución de todo el ámbito del poder político, o también y en una tercera posibilidad, si esa ‘toma del poder’ sería más bien una suerte de deslocalización y desconcentración de dicho poder a todo lo largo del tejido social, lo que en cierta forma “disolvería” y fragmentaría a ese poder estatal, e incluso al poder político, en el seno de los espacios sociales de la familia, la fábrica, el barrio, la comunidad, el territorio, o cualquier otro ámbito de lo social-humano posible.

Pues al debatir sobre la toma o no toma del poder, a veces se entremezclan sin darse cuenta todas estas dimensiones. Por eso, creemos necesario un retorno a algunos conceptos de los clásicos, y en especial a las lecciones del propio Marx. Pero ello, no para impedirnos pensar lo nuevo, ni para paralizar nuestra capacidad heurística dentro de una rígida ortodoxia cualquiera, sino más bien para enfrentar con mejores herramientas las complejas lecciones de los nuevos movimientos sociales de América Latina, como por ejemplo, el digno e importante movimiento indígena neozapatista mexicano, y también y más allá, el actual movimiento de La Otra Campaña.

Así, Marx ha sido muy claro al definir el poder social como la forma más general del poder. Un poder social, o potencia social, que brota directamente de la simple interconexión y metabolismo elemental entre los seres humanos. Pues por el simple hecho de interactuar entre sí, y de asociarse y reunirse para acometer cualquier tipo de objetivo posible, los hombres generan, con su simple cooperación y actividad conjunta, una cierta fuerza o potencia social, un poder social específico, que será siempre mayor a la suma simple de las fuerzas o los poderes individuales de los distintos sujetos humanos que colaboran o cooperan entre sí [5] .

Un poder social que nace de la reunión, asociación o cooperación entre los seres humanos, y que por tanto puede expresarse de múltiples formas y en todos los ámbitos de la vida social, y por ende, lo mismo en la familia y en las relaciones de pareja o de padres e hijos, o en la fábrica, que en el salón de clases o dentro de las cárceles y los hospitales, pasando por todo tipo de espacios y de relaciones sociales, culturales, territoriales, generacionales, jurídicas o humanas de todo orden. Y naturalmente, también dentro de la esfera de la política.

Poder social ubicuo y omnipresente dentro de las sociedades, y dentro de toda la historia humana, que es el que ha sido teorizado por Michel Foucault, y que es siempre la verdadera fuente nutricia y generadora de todo poder político posible, y por esta vía, también de todo poder estatal imaginable. Pues es ese magma social de fuerza y de capacidad en general, que hace brotar ciudades y florecer los campos, igual que genera los cuadros de Van Gogh o de Picasso, o las obras de Bach y de Vivaldi, ese poder social de múltiples rostros es el que, en un cierto momento de la historia, se protocoliza, institucionaliza y reconfigura para gestar al mundo de la política y lo político humanos, y con ello, también al poder político, y luego y en otra dimensión al propio poder estatal.

Razón por la cual, para impugnar al poder político establecido, o también al poder del Estado que hoy gobierna, hace falta remitirse siempre a la sociedad y al conjunto completo de la vida social, movilizando distintas formas de ese poder social ubicuo y disperso, como puntos de apoyo específico para dicho combate en contra de las formas políticas y estatales de ese poder hoy dominante.

Lo que se hace evidente en la larga historia de las luchas de todos los movimientos sociales antisistémicos, los que organizando a distintos grupos, sectores o clases sociales, configuran claras formas de un poder social disidente que, desde distintos espacios sociales, es capaz de impugnar, sabotear, socavar y también a veces derribar y derrocar con éxito a los poderes políticos y a los Estados dominantes en turno. Pues un movimiento social antisistémico que actúa, se moviliza y protesta, es siempre una expresión del poder social que se contrapone al poder político y estatal, en ese momento dominante. Y por eso, los recursos y posibilidades de un movimiento social que lucha contra un sistema social dominante, abarcan lo mismo a la esfera de la cultura, y con ello a la lucha ideológica, simbólica e intelectual en todas sus formas, que a la confrontación propiamente social en todos sus frentes posibles, incluyendo también la lucha económica y material en general, junto, obviamente, al combate directamente político.

Lo que explica entonces que La Otra Campaña, lo mismo que todos los movimientos sociales de América Latina y hasta del mundo, se desplieguen en todos esos frentes de lucha mencionados, peleando en contra de la discriminación racial, social, generacional, étnica o cultural, lo mismo que contra la explotación económica, la desigualdad social, el despotismo político, la miseria cultural o las distintas formas de la opresión, el despojo, la humillación y la exclusión sociales en todas sus formas.

Y por eso también, es el abanico completo de todas estas luchas y frentes de lucha, lo que constituye esos puntos de apoyo sociales desde los cuales se cuestiona y pone en crisis al poder político y al Estado, a la vez que se disputa al sistema social burgués su dominio y su hegemonía no solamente políticos, sino también sociales, económicos, culturales y hasta civilizatorios en general.

Lo que entonces, nos explica como comienza a modificarse ahora la vieja y ya caduca ecuación de la estrategia en dos pasos, cambiando el esquema gradual de primero tomar el poder, y segundo y sólo después cambiar el mundo, por la nueva estrategia de empezar, aquí, ahora y en todo lugar, a cambiar el mundo de inmediato, confrontando las formas del poder social capitalista en todos los espacios que ellas ocupan, y en todo el entero tejido de las sociedades, para ir gestando desde ya y ubicuamente los gérmenes y los espacios del nuevo mundo y de la nueva sociedad. Y todo esto, al mismo tiempo en que nos apoyamos en todos esos espacios nuevos, creados en contra y arrebatados palmo a palmo al capitalismo, no para “tomar el poder” estatal o político vigentes, sino más bien para subvertir y desestructurar, para revolucionar completamente a esos poderes estatales y políticos, y también para construir y emplazar en su lugar otro modo radicalmente diverso de todas las relaciones políticas, y con ello, otra forma también totalmente diferente de gestión de los asuntos colectivos de la comunidad social.

Ya que al observar la práctica y la historia de esos nuevos movimientos sociales latinoamericanos, como el neozapatismo mexicano, los Sin Tierra brasileños, los Piqueteros argentinos, o las comunidades indígenas de Bolivia y Ecuador, es claro que todos ellos han creado ya y están recreando constantemente distintas formas del contrapoder social, formas locales, territoriales, simbólicas o espaciales, de tipo social, cultural, económico y también político, que a la vez que prefiguran el otro y nuevo mundo todavía posible, son las claras plataformas para el cotidiano combate en contra de los poderes políticos y los Estados hoy dominantes en sus respectivas sociedades.

Porque si la impugnación de los poderes estatales y/o políticos que son dominantes en cada situación determinada, se hace siempre remitiéndose de nuevo al ámbito de lo social, y desde los puntos de apoyo y desde las plataformas que representan ciertas formas de ese poder social, es claro entonces que esa impugnación obliga a transformar esos puntos de apoyo y esas formas del poder social en claros contrapoderes sociales, es decir, en figuras nuevas del poder social que, al contrapuntearse y oponerse al poder del Estado, e incluso al poder político hegemónicos, se constituyen y consolidan como reales poderes alternativos, contrarios, divergentes y esencialmente diferentes de esos poderes hegemónicos. Y en este sentido, como contrapoderes primero emergentes, luego alternos, y finalmente sustitutivos del antiguo poder estatal y político dominante [6] .

Lo que, sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el contrapoder deberá obedecer a la misma lógica del poder, sino justamente lo contrario: para ser realmente alternativo y ser realmente un contra-poder del poder estatal y político hegemónicos, ese contrapoder deberá regirse por otra lógica, otra dinámica y otra perspectiva, radicalmente distintas de las de los poderes dominantes [7] , y por ende, para la situación de las sociedades hoy existentes en todo el planeta, por una lógica, una dinámica y una perspectiva que deberán ser, desde ahora y permanentemente, claramente anticapitalistas, e igualmente emplazadas desde abajo y a la izquierda.

Ya que es justamente esta posible construcción y constitución de un contrapoder social alternativo, la que permite distinguir y discriminar a los distintos movimientos sociales que hoy se gestan y desarrollan en el seno de las diversas sociedades capitalistas de todo el planeta. Pues en el vasto abanico de estos movimientos sociales, existen muchos que son simplemente la expresión directa del descontento, el hartazgo, la insatisfacción o la insubordinación que generan las cotidianas relaciones y prácticas de explotación, despotismo, discriminación, despojo, desigualdad, humillación y exclusión que caracterizan al capitalismo actual. Pero también, y al lado de estos movimientos sociales más reactivos y defensivos, existen los movimientos sociales genuinamente antisistémicos y anticapitalistas, de carácter más permanente, ofensivo y realmente alternativos frente al orden social existente.

Así, ciertos movimientos como el de protesta en contra de un fraude electoral, o algunas variantes o expresiones de los movimientos feministas, o ecologistas, o estudiantiles, o etcétera, poseen muchas veces un carácter coyuntural, o efímero, o muy limitado, o muy local y específico, diluyéndose rápidamente cuando el líder mismo desanima y contiene a la protesta popular que quiere e intenta ser mucho más radical, o cuando se alcanzan las “cuotas” del número de mujeres en un partido u organización, o cuando se atienden las cuestiones del impacto ecológico de un cierto proyecto gubernamental, o cuando se mantienen los subsidios al precio del transporte universitario, etc.

En cambio, los movimientos realmente anticapitalistas y antisistémicos, sólo se consolidan en tanto que tales si trascienden este carácter coyuntural, efímero, parcial o acotado, para inscribirse en esa lógica de la generación de un verdadero contrapoder social, alternativo a los poderes estatales, políticos y sociales hoy dominantes. Un contrapoder que entonces, y lógicamente, no puede generarse más que desde el seno mismo de la sociedad, y de todo el vasto tejido social, es decir, “desde abajo y a la izquierda”, desde el amplio conjunto de las clases, sectores y grupos sociales subalternos, y dentro del horizonte de una transformación social radical y de una emancipación completa y global de esos mismos actores sociales subalternos.

SOBRE LA OMNIPOTENTE DEBILIDAD DEL ESTADO Y DEL PODER POLÍTICO.

Si el poder social es entonces pluriforme y ubicuo, siendo además el espacio natural y uno de los contenidos principales de los movimientos sociales antisistémicos, el poder político en cambio es siempre derivado, dependiente del poder social, estando mucho más acotado y especificado en sus formas y figuras posibles. Aunque, al mismo tiempo, monopolizando durante siglos y milenios las funciones del dominio, el control y el orden precisamente políticos de una sociedad.

Porque otra idea que recorre muchos de los textos de Marx es la idea de que la sociedad política no es otra cosa más que el “resumen oficial” de la sociedad civil, y por ende, sólo una forma derivada, sesgada, deformada y osificada de dicha sociedad civil multiforme y plural. Lo que lleva a Marx a insistir en la idea de que todo el mundo de la política no es, ni puede ser nunca, una “totalidad autoexplicativa”, en la medida en que lo político mismo no puede nunca tener como finalidad propia a lo político, sino que esta misma política existe siempre para gestionar y dar curso a problemas de orden económico, o social, o cultural, pero no político [8] . Pues el poder político no existe para el poder político, para sí mismo, o para fines meramente políticos, sino solamente para fines que son siempre externos a lo político mismo, para fines extrapolíticos, es decir, para afianzar un orden social, o para reproducir una hegemonía cultural, o para legitimar una cierta estructura u organización económica particular.

Y si lo político tiene siempre finalidades extrapolíticas o externas a si mismo, y la idea de que lo político exista sólo para su propia autoreproducción es un delirio y un descarrío total, es de allí que deriva la figura desquiciada y hasta literariamente emblemática de los personajes que buscan el poder político por el poder mismo, dando curso a una perversión totalmente carente de sentido.

Lo que nos recuerda entonces que lo político no es más que una forma derivada de expresión de lo social, y con ello, que el poder político es sólo una simple variante derivada del antes mencionado poder social. Pero, si este poder político no encuentra en sí mismo las condiciones de su propia explicación, ni tampoco las premisas de su propia autoreproducción, entonces todas las formas, estructuras, relaciones y aparatos que en él cobran vida, tienen sentido solamente en la medida en que se apoyen y remitan permanentemente a ciertas fuerzas sociales, o a determinadas clases o intereses económicos, o a ciertos grupos o procesos culturales específicos.

Por eso, la crisis profunda y total que hoy vive toda la clase política mexicana –la que, con sus variantes, se repite en toda América Latina y en el planeta entero—, se debe en parte al hecho de que ella ya no representa a nadie más que a sí misma, habiendo perdido todo nexo o conexión importante con los movimientos sociales, con las fuerzas sociales reales, e incluso hasta con los diferentes sectores, grupos o clases de la sociedad mexicana.

Entonces si al hablar de “tomar el poder”, la idea se refiere a este poder político, habría que recordar que el poder político no se reduce al Estado, aunque naturalmente lo incluye dentro de sus elementos constitutivos. Pero también, junto al Estado, el poder político está conformado por los distintos partidos políticos y por las organizaciones políticas de todo tipo, lo mismo aquellas que ocupan posiciones dominantes o hegemónicas, como también las de la así llamada “oposición”. Con lo cual, tomar el poder político implicaría conquistar tanto al Estado como a esos partidos y organizaciones también políticos.

Pero más allá de esta frecuente confusión entre poder estatal o Estado y poder político, la cuestión es que el poder político que hoy es dominante –y que por lo tanto es también quien domina el Estado actual—, en México o en cualquier otro país del mundo, domina justamente porque tiene el apoyo y el fundamento de las clases y grupos sociales igualmente dominantes, en el plano fundamentalmente económico, pero también dominantes en la esfera social y en el ámbito cultural. Clases, grupos y sectores dominantes que ejercen ese control y hegemonía porque son los dueños del dinero, y de las fábricas y empresas, teniendo además a su favor los mecanismos del control y la dominación social, junto a la legitimación y convalidación de la ideología y de la cultura igualmente dominantes.

Dominio social global, que se expresa en el plano político como control del aparato del Estado, el que sólo puede ser subvertido y desmontado a partir de un contrapeso importante de poder social, que no sólo confronte a esa dominación en todas esas mismas esferas del tejido social en que ella se afirma y despliega, sino que también represente una fuerza social tan considerable y tan masiva como para poder oponerse con éxito y vencer a dicho poder estatal hoy dominante [9] . Ya que si el objetivo es solamente “tomar el poder” del Estado, sin cambiar el mundo, eso es posible a través de las elecciones, o tal vez de la conquista de un partido político, o de la creación de un partido político nuevo, o de una organización política de reciente creación que movilice efímeramente a los electores y logre por esta vía esa conquista del poder estatal. Es decir, moviéndose dentro de los estrechos marcos de la misma esfera de lo político, y estableciendo sólo muy débiles y efímeros puentes con el resto del tejido social.

Pero si el objetivo profundo es en verdad cambiar radicalmente el mundo, eso sólo será posible saliendo de ese espacio limitado del poder político, para desconstruir y subvertir la dominación del Estado hoy hegemónico, desde todos los espacios de la sociedad y desde todas las formas del poder social, disputando esa dominación y hegemonía en todos los frentes de la realidad social, y generando un contrapoder social tan masivo, imponente e ubicuo, que permita justamente modificar de manera radical todo el modo y todas las formas de ese poder político, así como todas las relaciones que él establece, de un lado con quienes lo ejercen, y del otro con aquellos que lo padecen.

Es decir, un proceso que se resume en el profundo e inteligente oxymorón reivindicado por los neozapatistas, de que aquel que mande debe de “mandar obedeciendo”. Lo que significa que quien ejerza ese poder político y estatal de mando, lo debe hacer obedeciendo al pueblo, respetando sus exigencias y demandas principales, velando siempre por el cumplimiento de los intereses populares, y acatando todo el tiempo la voluntad específica de esas vastas clases y grupos sociales subalternos.

Pues como plantea el lema que se encuentra a la entrada misma de todos los Caracoles zapatistas, ese nuevo contrapoder realmente popular, se rige por el principio de que “aquí el pueblo manda y el gobierno obedece”. Lo que, naturalmente, revoluciona completamente la relación de ese poder estatal y político tanto con quienes lo ejercen, como con quienes todavía ahora lo padecen.

Porque al reunificar las funciones del mando y la obediencia, y al deslocalizar y reubicar la función del mando, ya no en los “gobernantes” sino ahora en la vasta pirámide de los “gobernados”, se revolucionan de tal modo las relaciones del poder estatal y político, que ya no resulta posible seguir hablando de la vieja política tradicional, que los seres humanos conocimos desde Aristóteles y hasta hoy, lo que impone entonces hablar de una “otra política”, totalmente diversa de esa actividad política que las sociedades desarrollaron durante dos mil quinientos años, y que hoy se muere y declina definitivamente frente a nuestros propios ojos.

Muerte de la política tradicional, y nacimiento de “otra política”, reivindicada por los neozapatistas [10] –y también, bajo otras formas diversas, por los más avanzados movimientos sociales de América Latina, como los Piqueteros Argentinos, los Sin Tierra de Brasil, y los indígenas ecuatorianos y bolivianos–, que desde esa reunificación e inversión de las funciones del mando y la obediencia, trastoca también y radicalmente la esencia misma de lo que es y de lo que puede ser, tanto el “Estado”, y por ende el poder estatal, como también el poder político, y con ello toda la esfera misma de la política y de lo político humano hasta hoy conocidos. Modificación total y profunda de la esencia del poder estatal y del poder político, que explica entonces la razón por la cual los neozapatistas han insistido en que, para ellos, no se trata simplemente de “tomar el poder”, sino más bien de revolucionarlo radicalmente, colocando en el lugar que hoy ocupa el actual Estado, y en el espacio que hoy ocupan los partidos y las organizaciones políticas, a unas formas y figuras tan diferentes de las actuales, que sólo pueden ser nombradas y comprendidas desde el oxymorón del “mandar obedeciendo”, y también, desde la lógica cualitativamente distinta del ejercicio y despliegue de una “otra política”, completamente diferente de la actual.

Lo que, no casualmente, entronca de manera directa con las experiencias de la Comuna de París, o de los Soviets Rusos, o de los Consejos Obreros Italianos, o de la Revolución Cultural China, entre otras. Experiencias históricas de clara generación de un contrapoder popular, que más allá de sus diferentes desenlaces y destinos, repiten recurrentemente ciertas lecciones, que muestran como no se trata simplemente de “tomar el poder” del Estado y usarlo para fines distintos, y ni siquiera de “tomar el poder político” para hacerlo funcionar ahora en beneficio del pueblo, sino más bien de revolucionar radicalmente tanto al aparato estatal, como a todas las relaciones y estructuras políticas, destruyendo al antiguo Estado, y eliminando las viejas formas de ejercicio de la política, para instaurar en su lugar un nuevo modo de administrar los problemas colectivos de la comunidad, y también una forma nueva de gestionar los asuntos públicos en general.

Por eso, como Marx ha puntualizado claramente, no se trata de “tomar posesión de la máquina del Estado tal como está, y servirse de ella para sus propios fines”, sino de destruirla: lo que implica, por ejemplo, que el ejército y la policía son sustituidos por el pueblo en armas, mientras que la antigua burocracia desaparece y es también sustituida por los ciudadanos comunes y corrientes. Al mismo tiempo, los salarios de los funcionarios dejan de ser enormes y se reducen al salario medio de un obrero –o, como en el caso de las Juntas de Buen Gobierno Neozapatistas, dichos salarios simplemente desaparecen—, a la vez que todos los ocupantes de los diversos cargos y puestos públicos se vuelven directamente responsables frente a sus electores, e inmediatamente revocables en cualquier momento, además de constantemente rotativos [11] .

Así, más que de “tomar el poder del Estado” se trata de destruir este Estado, y de poner en su lugar un aparato racional e inteligente de administración de los problemas colectivos de la comunidad, aparato que incluso, difícilmente, puede tener ese viejo nombre de “Estado”.

Y lo mismo sucede con toda la esfera de la política. Pues más que de “tomar el poder político”, de lo que aquí se trata es de revolucionar radicalmente el modo mismo de concebir y de ejercer la política, desmitificando, por ejemplo, la absurda idea de que dicha política es una actividad compleja y sofisticada, y reservada sólo para un pequeño grupo de personas altamente calificadas, que usualmente son miembros de las elites dominantes –como hicieron también la Comuna de París, o los Soviets Rusos, o las Juntas de Buen Gobierno Neozapatistas—, para asumir la simple realidad de que se trata de una actividad sencilla y elemental, que puede ser ejercida y realizada por cualquier ciudadano común y corriente.

Y también, trascender la idea de esa política como algo reservado a ciertos tiempos específicos, como por ejemplo el tiempo de las elecciones, y a lugares privilegiados, como el Parlamento, o los Palacios de Gobierno, para concebirla más bien como un asunto cotidiano de todos los días, y también presente en todos los espacios humanos, desde el hogar, la escuela, la fábrica o la calle, hasta los campos, las ciudades y las universidades, entre muchos otros.

E igualmente, superar la idea dominante de la política vista en términos instrumentales, en donde “el fin justifica los medios” y los principios son sacrificados a los intereses egoístas y a los beneficios materiales de todo tipo, para asumirla en cambio como una actividad donde los medios cuentan tanto como los fines, y en donde el criterio ético debe primar por encima de cualquier otro, respetando la fidelidad a los principios, a la memoria y a la historia de los propios ancestros, y en donde la única recompensa del trabajo y el esfuerzo ejercidos debe de ser “la satisfacción del deber cumplido”.

Es decir otra política, otro modo “de ver el poder” y de ejercerlo, que tampoco debería llamarse ya con este viejo nombre de “política”, y que tiene muy poco que ver con esa actividad llamada “política” que se inventó en la antigua Grecia y que hoy vive su fase de crisis terminal y definitiva, muriendo progresivamente cada día, frente a nuestra propia mirada.

Otra política que, entre tantas otras cosas, no se basa ya en la caduca y limitada democracia formal, delegativa y supuestamente representativa, con su complicada división de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, y con su fetichista culto al sacrosanto principio de las “mayorías” y las “minorías”, sino más bien y por el contrario, en una democracia real, directa y participativa, donde las asambleas en pleno toman siempre las decisiones fundamentales, y donde los “delegados” son siempre rotativos, directamente responsables y permanentemente revocables en cualquier momento, conformando su acción desde el principio de “mandar obedeciendo”, y simplificando la gestión administrativa de todos los asuntos comunes, en una lógica que, lejos de imponer formal y mecánicamente el punto de vista de la “mayoría” (así esta sea del 51% en contra del 49% de otra posición), intenta más bien ir generando consensos amplios y razonados, a la vez que incorpora, todo el tiempo, los puntos de vista de las llamadas “minorías”, en una permanente e interesante relación y asimilación dialógicas.

Entonces, generar el contrapoder popular, no equivale ni a “tomar el poder del Estado” ni a “tomar el poder político”, pero tampoco es igual a olvidarse del Estado e ignorar su existencia, junto a la amenaza que en muchos sentidos representa, ni a olvidar el papel del mundo de la política y los riesgos permanentes que implica, de cooptar, neutralizar, instrumentalizar y hasta hundir a los movimientos sociales, tanto antisistémicos como en general.

Más bien, y en la lógica ya explicada, generar el contrapoder popular es avanzar en la creación de un potente movimiento social antisistémico, que encarnando un poder social creciente y cada vez más omnipresente en todo el tejido social, vaya destruyendo al viejo Estado y eliminando a la vieja política y a la clase política a ella vinculada, para instalar en esos espacios estatales y políticos, a un gobierno que ‘manda obedeciendo’ y que aplica y practica una “otra política”.

DESDE ABAJO Y A LA IZQUIERDA.

Si de lo que se trata es de ir generando ese contrapoder subalterno y popular, es claro que el mismo no puede brotar de la cúspide de la pirámide social, de los de arriba, de los que hoy dominan, explotan, discriminan y humillan a otros, viviendo a costa del trabajo y el esfuerzo ajenos.

Lo que es atestiguado por la experiencia histórica de muchos de los movimientos sociales del siglo XX, que lograron “tomar el poder del Estado”, para luego ser pervertidos y subsumidos a la lógica capitalista dominante. Pues el poder político y el poder estatal poseen mecanismos poderosos de perversión y seducción, que deforman y falsean, constantemente, las iniciativas, los logros, las conquistas y los triunfos venidos de parte de los de abajo, de las clases y sectores subalternos de una sociedad [12] .

Entonces, si el contrapoder popular no quiere deformarse y pervertirse, al ocupar los espacios que antes ocupaban el Estado y la clase política, deberá ser radical en sus tareas y fiel todo el tiempo con su origen y con sus bases de apoyo iniciales. Es decir, deberá avanzar radicalmente en la verdadera destrucción del viejo Estado y en la revolución total de la vieja política, a la vez que se mantiene firmemente como movimiento social de los de abajo y a la izquierda. Lo que significa que, en vez de subordinar y encuadrar al movimiento social dentro de la lógica de la vieja política y del viejo Estado, de lo que se trata ahora es de hacer prevalecer, todo el tiempo y en toda circunstancia, la lógica del poder social del movimiento, la lógica social del contrapoder popular, desde la cual se reestructura y reordena ese nuevo espacio de lo político y de lo estatal, y desde la cual se “revoluciona el poder y sus relaciones”, y sus prácticas, y sus funciones, y su sentido, y su naturaleza, y su esencia misma, desde esa perspectiva ‘desde abajo y a la izquierda’, propia y consustancial de los sectores, las clases y los grupos subalternos de la sociedad.

Lógica de los de abajo o subalternos, que debe ser también una lógica de izquierda en el sentido ya antes referido, de no contentarse con la sola protesta o reclamo frente a la injusticia, la explotación o el despojo, y de no quedarse en la mera acción defensiva y reactiva frente a la humillación, la discriminación, el despotismo o la opresión, sino de avanzar, ofensiva y activamente, hacia esa constitución del contrapoder popular y hacia la generación de un mundo otro, diferente, alternativo y no capitalista, que podamos oponer al actual sistema social capitalista, en su fase de crisis terminal y en su etapa de caos total.

Doble vertiente de esta lógica necesariamente anticapitalista del contrapoder popular, que si de un lado se emplaza claramente desde ese punto de vista de los “de abajo”, de esos vastos sectores, y clases, y grupos subalternos, del otro lado se inscribe necesariamente en esa perspectiva “de izquierda”, que mira siempre el “lado malo” de las cosas y de la historia, para descubrir en ellas no sólo la raíz y la fuente de su obligada caducidad y carácter efímero, sino también y sobre todo, a la semilla que, desde ese lado negativo de los procesos y de las realidades que abordamos, va germinando y creciendo lenta y subterráneamente, para irrumpir un día u otro, como nuevo y distinto futuro, cualitativamente diverso de nuestro más actual presente.

Lo que, claramente, se ha plasmado en los trece años de vida pública del EZLN, y también en el primer año de intensa y muy fructífera actividad del digno movimiento nacional de La Otra Campaña. Y que también se hace presente en los movimientos sociales genuinamente antisistémicos y más avanzados de toda la América Latina actual.

¿Se trata entonces de “cambiar el mundo, sin tomar el poder”? Para nada. Más bien, se trata de “cambiar el mundo, revolucionando el poder”. Para lo cual, es necesario distinguir entre el poder del Estado, el poder político y el poder social. Pues es justamente desde ciertos espacios y figuras de este poder social, desde los movimientos sociales genuina y radicalmente antisistémicos y anticapitalistas, desde los cuales habrá, no que “tomar el poder del Estado”, sino que destruirlo, y no que “tomar el poder político”, sino que suprimirlo, para emplazar en el lugar de ambos, de un lado un radicalmente nuevo modo de gobernar, basado en la lógica del “mandar obedeciendo”, y del otro lado una también muy diferente y nueva manera de hacer política, que será sin duda una muy “otra política”.

Así, puesto que es seguro que existe un mañana que no le pertenece a los que hoy nos explotan, dominan, despojan y humillan, quizá, y desde ese generar contrapoderes desde abajo y a la izquierda, podamos apostar a que dicho mañana sea finalmente nuestro, es decir, no de nosotros, sino más bien de todos.

* * *

Ciudad de México, 26 de diciembre de 2006.

[1] Sobre esta crisis y debacle definitiva de la clase política mexicana, que nos sea permitido enviar al lector a la lectura de nuestro libro, Carlos Antonio Aguirre Rojas, Chiapas, Planeta Tierra, Ed. Contrahistorias, México, 2006. Sin embargo, es importante señalar que esta crisis política mexicana no hace más que expresar una crisis política que se da en escala planetaria, y que forma parte de la verdadera crisis terminal del capitalismo actual, punto sobre el cual vale la pena ver a Immanuel Wallerstein, La crisis estructural del capitalismo, Ed. Contrahistorias, México, 2005, y también Carlos Antonio Aguirre Rojas, Para comprender el siglo XXI, Ed. El Viejo Topo, Barcelona, 2005, así como la “Introducción” al libro, Carlos Antonio Aguirre Rojas, Immanuel Wallerstein. Crítica del sistema-mundo capitalista, Ed. Era, 2ª edición, México, 2004.

[2] Sobre las características generales de este importante proceso de La Otra Campaña, cfr. todo el número 6 de la revista Contrahistorias, publicado en abril de 2006, y en particular nuestro ensayo, Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Ir a contracorriente. El sentido de La Otra Campaña”, en Contrahistorias, núm. 6, México, 2006.

[3] Sobre esta crítica de Immanuel Wallerstein, cfr. varios de sus ensayos contenidos en el libro Después del Liberalismo, Ed. Siglo XXI, México, 1996.

[4] Al respecto, debe revisarse su brillante obra, Michel Foucault, Vigilar y castigar, Ed. Siglo XXI, México, 1993. Puede verse también el libro Estrategias de poder, que es el volumen II de las Obras Esenciales, Ed. Paidós, Barcelona, 1999, así como El poder psiquiátrico, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2005, Seguridad, Territorio, Población, Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006, y también Defender la sociedad, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

[5] Sobre este punto, cfr. la idea de Marx de cómo, con la actividad cooperativa en el trabajo, se genera una fuerza o poder social nuevo, una fuerza de masas que es mayor a la suma mecánica del conjunto de las fuerzas individuales de los obreros que cooperan entre sí (Cfr. Carlos Marx, El Capital, tomo I, vol. 2, págs. 395-396, Ed. Siglo XXI, México, 1975). En nuestra opinión, esta tesis es válida no solamente para el proceso de la cooperación dentro de la actividad del trabajo, sino para todo tipo de cooperación e interconexión humana en tanto que tal.

[6] Sobre este punto cfr. Antonio Gramsci y todo el conjunto de sus brillantes reflexiones acerca del proceso de la construcción de una nueva hegemonía histórica, por ejemplo en su libro Consejos de fábrica y Estado de la clase obrera, Ed. Roca, México, 1973, y también en Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado moderno, Ed. Juan Pablos Editor, México, 1998.

[7] Sobre los problemas y riesgos de oponer a la lógica del poder, una lógica simplemente invertida pero no distinta, cfr. el texto del Subcomandante Insurgente Marcos, “OJEPSE LE Y OTIRUD (La política, la odontología y la moral. Carta a Carlos Monsiváis”, de septiembre – noviembre de 1995, en EZLN. Documentos y Comunicados, tomo 3, Ed. Era, México, 1997. Y también Raul Zibechi, Genealogía de la revuelta, Ed. FZLN, México, 2004, pp. 12 – 26.

[8] Para esta brillante idea de Marx, de la naturaleza solo derivada y no autosuficiente de lo político, cfr. su libro Miseria de la filosofía, Ed. Siglo XXI, México, 1978, y sobre todo sus Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Grundrisse, Ed. Siglo XXI, México, 3 volúmenes, 1971-1976. De esta idea, Marx deriva además la tesis de que con el fin de las clases sociales y del antagonismo de clases, vendrá también el fin de esta actividad política, su muerte o extinción definitiva. Sobre este punto, cfr. nuestro ensayo, Carlos Antonio Aguirre Rojas, América Latina en la encrucijada, Ed. Contrahistorias, 2ª edición, México, 2006, en donde, siguiendo esta brillante tesis de Marx, caracterizamos los procesos actuales como el periodo de la ‘muerte de la política’.

[9] Lo que nos ha sido demostrado por las experiencias recientes de los pueblos de Bolivia, o Ecuador, o Argentina, en donde los movimiento sociales organizados han logrado derrocar a varios Presidentes, de manera pacífica, y por la simple vía de hacer valer de manera contundente su rechazo y su veto a las impopulares políticas de esos gobernantes, es decir al mostrar y hacer vigente su claro estatuto de figuras del contrapoder social.

[10] Sobre esta muerte de la política humana en general, puede verse, como mencionamos, nuestro libro Carlos Antonio Aguirre Rojas, América Latina en la encrucijada, capítulo 3, “La muerte de la política en el contexto de la América Latina contemporánea”, págs. 75-84. Sobre el punto fundamental de la “Otra política”, véase también nuestro ensayo, “La otra política de La Otra Campaña”, en la revista Contrahistorias, núm. 6, México, 2006.

[11] Sobre todas estas lecciones esenciales de la Comuna de París, y sobre otras más que aquí no resumimos, lecciones aún profundamente válidas y vigentes, cfr. el brillante análisis de Marx en su libro La guerra civil en Francia, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1978. La cita recién mencionada se encuentra en la pág. 67.

[12] Sobre este punto, cfr. los ensayos de Raúl Zibechi, “Movimiento social y poder estatal: relaciones peligrosas”, en la revista La Guillotina, núm. 54, México, primavera de 2005; y “El zapatismo y América Latina. La otra y nosotros”, en Contrahistorias, núm. 6, México, 2006. Y para un ejemplo concreto y muy actual de estos procesos de perversión y deformación, véase del mismo Raúl Zibechi, el breve ensayo “Evo empantanado”, en el diario La Jornada, del 22 de diciembre de 2006, pág. 20.

Terrorismo, sí, pero de Estado, es la amenaza para los mexicanos

María Teresa Jardí

Ante acreditados en México como embajadores del resto de países del mundo la canciller del gobierno encabezado por Calderón asevera que el gobierno al que ella sirve – y que encabeza el dictador Calderón, añado yo, porque a ella se le olvidó lo de que Calderón, les gusté o no, es un dictador – será implacable contra el terrorismo, como lo mandan los yanquis, también añado yo, porque también se le olvidó señalar quién es el que le exige esa mentirosa lucha, que es como lo del narcotráfico: las guerras santas del imperio yanqui para robar al resto de países del planeta todo lo que sus indignos gobiernos les dejen robar o para intervenir aún más cínica y descaradamente en las cuestiones privadas de otros países, si los gobiernos dignos no se dejan, digamos,  por las buenas.    
Y no es que no debiera ser implacable la lucha contra el terrorismo. Por supuesto que sí, empezando por el terrorista Bush y siguiendo con otros grupos terroristas que,  una y otra vez, nos demuestran que son servidores de la derecha. Ahí está ETA con su último absurdo atentado para cancelar la puerta abierta de Rodríguez Zapatero, quien, por primera vez, le proponía a esa organización, que tuvo motivos en el pasado para hacer lo que hacía, pero que no los tiene en el presente, negociaciones aceptables para su reinserción política. Hay de terrorismo a terrorismo y en México el terrorismo a combatir es el terrorismo de Estado como lo es el que Bush encabeza. 
En México evidenciado en la protección a sujetos impresentables, delincuentes de ligas mayores, esos sí, cabeza del crimen organizado, como Gil Díaz, por ejemplo, autor de FOBAPROA y con una investigación pendiente sobre el manejo de las Aduanas también a su cargo.  Para combatir el delito, cuando se quiere combatir el delito, hay que empezar desde arriba como se hace cuando se barre una escalera. Lo otro son cuentos, promesas que serán incumplidas, cínicas mentiras. Lo que saben los Embajadores que hoy envían informes de México ubicando a nuestro país en el rango de la más bananera de entre las más bananeras  repúblicas. Terrorismo es la impune violación sexual de niños y las niñas indefensos. Terrorismo es  convertir al país en paraíso de los pederastas. Terrorismo es la trata de blancas.
Terrorismo es que los exhibidos públicamente como vinculados a ese crimen atroz, imperdonable, que es el abuso a los niños y a las niñas sigan gobernando impunemente. Terrorismo es que se les proteja con cargos públicos en Congreso y en el gabinete. Terrorismo es llenar a un país, con problemas severos problemas de delincuencia organizada y de violencia desatada por esa delincuencia, de casinos.
Terrorismo es proteger con una curul a quien hizo el regalo a los dueños de casinos, favorecidos también convirtiendo en monopolio las telecomunicaciones y más terrorista es la cuestión cuando se hace en pago a los favores al gobernante en turno por todos los partidos.
Terroristas son Fox y Santiago Creel y Gil Díaz y para combatir al terrorismo en México, que sí existe, pero que es de Estado, y para enviar el mensaje al mundo y sobre todo a los mexicanos de que se va a combatir el terrorismo, habría que empezar a juzgar, entre otros muchos, a los pocos pero representativos sujetos impresentables que públicamente se sabe que están involucrados en crímenes atroces como Marín y  Gamboa Patrón y  Yunes, por poner solamente unos pocos ejemplos más. No hay árboles suficientes en la República para colgar a todos los impulsores del crimen organizado que en México ha tomado carta de naturalización para quedarse en tanto la derecha usurpe, el poder que los ciudadanos no le otorgamos. Y con mentiras no va a convencer a nadie el tirano. En marcha en México está la represión, evidenciada en mil y un detalles, y concretizada en la inaceptable militarización de la República.
Red Latina sin fronteras:  
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redlatinasinfronter as@yahoo. es
 

LOS PATRONES CRIMINALES DEL PODER Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Lorenzo Ismael Vargas Sánchez
Colectivo Los Ángeles

El presente trabajo es producto de una investigación documental realizada para demostrar el patrón de comportamiento delictivo por parte de quienes detentan el poder del Estado, esto es, la clase política al servicio de los intereses de los corporativos privados nacionales y principalmente multinacionales ligados todos ellos a los lineamientos que impone la globalización como sistema hegemónico capitalista a nivel mundial. Este comportamiento, se observa especialmente, cuando se desdibuja el modelo “estado democrático de derecho” que se sustenta en la forma de representación popular a través del voto universal, que sólo permite formas de elección a través de partidos políticos registrados y conocidos, por lo que se genera una clase política parasitaria del presupuesto oficial, los cuales son incapaces de dar soluciones a las presiones sociales originadas por los movimientos populares (urbanos y rurales) quienes exigen justa solución a sus demandas.
En otras palabras, nuestro interés es mostrar el comportamiento delictivo de las autoridades, que se asumen como representantes legales del Estado, frente a la problemática política que plantean los movimientos sociales. Desde la perspectiva crítica del pensamiento criminológico, que argumenta que el sistema de inclusión del aparato jurídico, excluye selectivamente de sus derechos a los “otros” (De Giorgi 2000), es decir, tiende a criminalizar a los pobres, a los desposeídos y a los que se resisten al poder, que pueden ser los marginados, los desplazados o en su caso, movimientos sociales organizados. La segunda premisa que plantea nuestro autor de referencia, es la que estudia la universal inclusión y exclusión de los movimientos sociales enfocando su análisis a la estructura social y la superestructura jurídico- política e ideológica, que permiten entender cómo se construyen formas de pensamiento que se presentan como generales para todos, pero que no son más que construcciones subjetivas de la realidad, que se asumen como criterios universales de validez a través de las normas y leyes, que regulan el comportamiento en lo particular, mientras se excluye de sus derechos a amplios grupos sociales, estableciendo políticas criminales contra quienes escapan a sea generalidad de la norma, (De Giorgi, 2000). ¿Pero quién controla y sanciona los actos y acciones que realizan quienes detentan el poder del Estado? El análisis permite entender que efectivamente no existe un control constitucional ni un metapoder social que detenga y elimine los actos y conductas criminales que realizan los funcionarios públicos y mucho menos quienes a nombre del “Estado de derecho”, realizan acciones delictivas de lesa humanidad contra la sociedad, los pueblos y comunidades indefensas.
Para la teoría sociológica crítica que estudia los movimientos sociales es claro cómo desde el exterior de las instituciones jurídico políticas y la ideología dominante, se producen cambios que hacen que se modifiquen las estructuras sociales, sin que necesariamente el movimiento se de por dentro de éstas o bien busque su institucionalización. Alberoni (1994) hace énfasis en el desarrollo de los movimientos sociales que tienden a transformar las estructuras y la propia institucionalidad, en este sentido podría decirse, transgreden el orden establecido y lo modifican en el proceso. El análisis de Alberoni revela que existe un control sistémico sobre los movimientos sociales a partir de las instancias jurídico-militares y políticas que permiten preservar el status quo del sistema, su operatividad y su manejabilidad, para reproducir material e ideológicamente las condiciones propias de exigencia del propio sistema.
El aporte en el conocimiento sociológico de los movimientos sociales no está en el hecho mismo de su gestación, sino en explicar la dinámica al convertirse los individuos aislados en actores sociales, conscientes de la realidad a la que pretenden transformar, estableciendo su ámbito de influencia, sobre todo, aquellos que se enfrentan al conjunto sistémico, cuyos elementos fundamentales son el poder, el ejercicio del poder y el control social, por lo que los actores sociales que intervienen se han identificado dentro de los movimientos sociales antisistémicos.
Para sostener lo anterior desde el punto de vista teórico, además de los autores antes mencionados, parto de los trabajos de Charles Tilly (1995a, 1995b) cuyo enfoque combina los análisis micro y macro, explicando cómo la diferencia estructural, sumada a la dimensión política modifica la naturaleza de la acción colectiva, lo más útil de dicho análisis, es desprender de aquí el sentido inverso, es decir, precisar cómo las transformaciones en la naturaleza de la acción colectiva pueden explicar la diferencia estructural y los cambios en la dimensión política. Para llegar a este otro nivel, es necesario entender los movimientos sociales no como grupos o agregados de personas, sino como procesos históricos concretos, de tal modo que el estudio de las acciones colectivas nos permita conocer la manera en que la acumulación dialéctica de acontecimientos políticos, y no necesariamente uno sólo, es capaz de alterar la estructura, las instituciones y por lo tanto modificar el sistema impuesto.
Parece que el tipo de análisis propuesto tanto por la criminología como por la sociología crítica se empatan, pero no es así, ya que el primero hace énfasis en la critica al sistema de inclusión del aparato jurídico, que excluye de sus derechos selectivamente a los “otros”, es decir, tiende a criminalizar a los pobres, a los desposeídos y a los que se resisten al poder, que pueden ser los marginados, los desplazados y los movimientos sociales organizados. En tanto que el análisis sociológico hace énfasis en el desarrollo de los movimientos sociales que tienden a transformar las estructuras y la propia institucionalidad, en este sentido podría decirse, transgreden el orden establecido y lo modifican en el proceso. La coincidencia en el análisis es que, efectivamente existe control sistémico sobre los movimientos sociales a partir de las instancias jurídico-militares y políticas.
El enfoque de la dogmática jurídica penal y criminológica de corte positivista no permite hacer una critica profunda al sistema de dominación, por el contrario, este tipo de análisis asume que la ley es instrumento de dicha estructura vertical de dominación social, por ello señalamos que tanto los derechos como los atributos jurídicos son de naturaleza política y son redefinidos en un proceso continuo (conflictivo y contradictorio), que se precisan históricamente por la fuerza de la confrontación entre intereses materiales, políticos y culturales de distintas fuerzas sociales (Mann, 1987; García Canclini, 1995; Tamayo 1999).
Lo importante es descubrir si esto es así o por el contrario, como apunta tanto el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, y el de los zapatistas en México, además de que dichos movimientos no se han podido controlar de manera sistémica, tampoco buscan la institucionalidad, sino por el contrario, su horizonte es la autonomía, y por lo tanto, “otro tipo” de institucionalidad, diferente a esa forma tradicional de hacer y de concebir la política, esto es, otra forma de hacer política desde abajo como atinadamente señala Pablo González Casanova (2005,1,2,3). Me importa pues, dentro de esa perspectiva, exponer los movimientos sociales como procesos históricos en el contexto coyuntural de una transición, que se forma y se revalora en los propios objetivos y contenidos de la lucha social. (Touraine, 1999; Thompson, 1966).
Lo que oficialmente se llama “política criminal”, se refiere, desde la perspectiva jurídica tradicional a una serie de problemas particulares que no deben ser tratados por otros ámbitos de las políticas públicas, del derecho o especialmente del derecho penal, Sabemos que este razonamiento jurídico, esta especie de especialización, es lo que le confiere un estatus de “verdad científica” a los actos jurídicos que la autoridad realiza, lo que permiten calificar ciertos comportamientos sociales como delictivos, pero no estoy de acuerdo con ese pretendido carácter ontológico de los delitos, no comparto esa definición de “política criminal” y mucho menos considero que existan recetas para “combatir la criminalidad”, porque igualmente ellas las podrían formular especialistas de otras disciplinas.
Mi posición es que la política criminal esta sustentada con alfileres en la doctrina de Seguridad Nacional, responde en todos los campos, tanto a nivel interno como externo, al contexto de dependencia y completo sometimiento a los intereses de Estados Unidos. El programa que en términos institucionales se llama de “cooperación” recíproca entre los gobiernos de los Estados Unidos y México, a nivel interno se traduce en políticas de segregación étnica de los diferentes pueblos indígenas y en el mejor de los casos “incorporación” de estos al “desarrollo”. Sin embargo la dependencia estructural de América Latina a las políticas de Washington, siguen produciendo marginación y extrema pobreza en la región, condiciones de desigualdad social que se asumen como etiquetas para criminalizar a los pobres. Especial atención reclama los casos del narcotráfico y el lavado de dinero, actividades criminales que han querido vincular con los movimientos sociales de resistencia para tronarlos, satanizarlos y minar sus bases de apoyo, como es el caso de los guerrilleros en Colombia, en la Sierra de Guerrero en México, en el caso de las tomas de tierra por el MST y la lucha de resistencia del EZLN.
Por esta razón es necesario apuntar una última premisa teórica importante en torno a la caracterización del Estado enajenado que responde a las políticas criminales del imperialismo norteamericano, elaborada para el estudio del control social en México por Augusto Sánchez, Klaus Dieter Gorenc y Alicia González Vidaurri (1998). En efecto, los autores señalan que el actual Estado no es un “Estado de derecho” y mucho menos un “Estado racional”, donde los actores sociales son reconocidos y valorados como entes independientes en su persona y su libertad. Esta discusión en torno al Estado es un debate abierto (Quijano, Aníbal 7. 2001), sobre todo por el proceso de globalización que busca el rompimiento de los Estados nacionales y propone como alternativa un Estado mínimo. Augusto Sánchez (1998) argumenta que nuestro sistema apuna a un “Estado de derecho autocrático”, donde lo que importa es la decisión cambiante, del sujeto que preside el gobierno del Estado, el cual desarrolla una política apegada a las directrices que mejor convienen a los Estados Unidos. Este modelo de estructura jurídica repercute en la política criminal y el control social, convirtiendo al ciudadano común, en un objeto fácilmente reprimible mediante las instituciones jurídicas y la segregación.
Con esta finalidad se observaron como caso de estudio el movimiento jaramillista 1955-1962, el movimiento estudiantil de 1968, el movimiento zapatista iniciado hace trece años (1994) y el movimiento de la APPO, en Oaxaca (2006), el análisis hace énfasis en la imposibilidad de la negociación política por lo que se recurre a la criminalización de los movimientos, la detención, la tortura, la vejación, la anulación de los derechos individuales y el asesinato como formas únicas para la eliminación del conflicto. La participación de la ciudadanía y la acción de los movimientos sociales convergentes que se dieron en el espacio, tanto rural, como urbano, durante el periodo en que se inscriben van desde mediados del siglo pasado a principios del presente, esto es de 1950 a 2006.
A partir de dichos movimientos se hace un análisis en relación con la distribución del control en la sociedad. Asumiendo que la característica fundamental es que la política criminal está dirigida, en realidad, a los potenciales violadores de la formalidad y el orden instituido. En este sentido, son criminalizados todos los movimientos sociales que se oponen o resisten al sistema. La resistencia no significa inmovilidad, ni defensa del status quo, sino un lento y casi imperceptible, aunque continuo e insistente, movimiento de transformación, de diferenciación de los planos y de la realidad” (García Bermejo C., 2004). Hablar de resistencia significa afrontar el problema de los opuestos. Es decir, dar respuesta a la cuestión del conflicto, al problema cómo pensar la oposición a partir de la diferencia.
Más allá de ésta definición tentativa sobre la categoría “resistencia”, la propuesta básica al estudiar los movimientos sociales es conectar la resistencia con la actitud de cambio que exige en estos momentos nuestra sociedad. Resistirse es no aceptar las imposiciones del capitalismo y evitar ser devorado, pero ello exige una propuesta, otro proyecto, otra opción, una alternativa, otro mundo pensado, pero posible, que se traduce en los principios de “mandar obedeciendo y crear un mundo donde quepan muchos mundos”.
Se empleó el análisis sistémico como metodología que posibilita entender las relaciones entre actores, poder, ejercicio de poder y control social como elementos centrales para observar el entramado de relaciones que el Estado actual genera para preservar el status quo a través del control social sobre los movimientos de resistencia al poder. De esta manera podemos decir que la legalidad y el derecho son elementos que permiten justificar y legitimar la represión, es decir el ejercicio de la violencia del Estado. Esta violencia institucional tiene un intenso e injusto impacto social; el impacto social existe, por lo que es necesario hacer una crítica severa al injusto derecho y a la criminal política del Estado. Esta inversión de la realidad preconstruida desde el poder, la observo desde el espejo que refleja la propia injusticia social que se vive en el continente. Lo que afirmo es que se criminaliza y se desarrolla una política criminal con pretensiones de cientificidad legal, cuando en realidad, el contenido de estas dos es ideológico, por lo tanto, sirve para el control de una clase sobre otra, la dominante contra la dominada.
1) La violencia proviene de las autoridades, sin respeto a los derechos originarios del pueblo y de las garantías individuales.
Durante la etapa del macartismo, donde se tiende a criminalizar toda lucha legítima de los pueblos bajo el etiquetamiento y estigma de ideología comunista, sucedieron hechos muy importantes, por ejemplo, en Morelos se retoma la lucha zapatista de recuperación de tierras encabezada por el líder agrario Rubén Jaramillo, que junto con un gran número de personas originarios de la región intentan ocupar tierras ociosas en los llanos de “Michapa y el Guarín”: El prestigio de Rubén como líder agrario venía desde tiempos de la revolución de 1910, por su participación en el Ejército Liberador del Sur que comandaba el general Emiliano Zapata y en el liderazgo del movimiento cañero, que permitió el desarrollo de esa industria, en tiempos del Presidente Lázaro Cárdenas, quien construyó, para beneficio de los campesinos del estado de Morelos, el Ingenio de Zacatepec, hoy en manos de empresarios privados que exigen que el Estado los vuelva a comprar.
Jaramillo se distinguió por mantener vivos los ideales de la lucha zapatista, por organizar a los campesinos jornaleros y por reclamar al Estado los derechos legítimamente conquistados por estos. Así la toma simbólica de los llanos de “Michapa y El Guarín”, constituía uno más de los enfrentamientos del movimiento agrario contra el Estado. El gobernador de Morelos (priísta y latifundista) que tenía intereses sobre dichas hectáreas inició un proceso de persecución y criminalización contra el dirigente. Ante tales amenazas y siendo su lucha evidentemente pacífica y por los causes instituidos, en previsión Jaramillo obtuvo un amparo federal y logró una entrevista con el presidente Adolfo López Mateos, quien le garantizó el respeto a sus derechos y garantías constitucionales, por lo que Jaramillo lo consideró su amigo, a la vez que el propio presidente reconoció la validez de su lucha. A pesar de todo lo anterior, es decir de ser una lucha pacifica, sin uso de medios violentos, de estar amparado y de haberse entrevistado con el presidente. Miembros del ejército mexicano, lo detienen a él y a su familia allanando su casa sin ninguna orden de aprehensión y los asesinan en Xochicalco. Sin que hasta ahora se halla dado un castigo a los culpables intelectuales y materiales de tan cobarde crimen de Estado.
La política criminal sustentada en los principios del macartismo tuvo secuelas en otros movimientos importantes, como el de los Médicos, el de los Ferrocarrileros y el de los Maestros, sin embargo daremos un gran salto para señalar que el movimiento estudiantil de 1968 también fue objeto de la misma criminalización, y a pesar de que se ha considerado un “parte aguas” en la historia de México, poco se ha reflexionado en el hecho de que existían negociaciones entre los dirigentes y el Estado para llegar a una solución al conflicto, que el mismo Estado se encargo cancelar con acciones que incendiaron y oscurecieron el panorama político.
El movimiento estudiantil de 1968 fue originado por la represión policíaca emprendida contra estudiantes y maestros, no abundaré en detalles sobre los orígenes, después de la represión vinieron las amenazas, el vituperio y más tarde el terror militar cuando fueron tomados los planteles tanto del politécnico como de la universidad, la campaña de calumnias contra los dirigentes y la estigmatización del movimiento, fueron parte de la estrategia política para criminalizar a los estudiantes rebeldes. Para el gobierno existía una dos salidas la negociación o la represión, el Presidente Gustavo Díaz Ordaz opto por cerrar el diálogo y emplear toda la fuerza punitiva del Estado contra los estudiantes y sectores populares que los apoyaban.
La manifestación del silencio del 13 de septiembre de ese año, encabezada por el Rector de la Universidad, Barros Sierra, luego de la intervención militar directa en los planteles, no solo fue un acto de valentía, fue una demostración del carácter honesto de la lucha y básicamente se trataba de recuperar la confianza, ante el pánico desatado por las bayonetas que tenían como respaldo la campaña de terror oficial emprendida por el régimen.
En actos anteriores se había elegido la Plaza de Tlatelolco para realizar tanto mítines relámpago como concentraciones masivas, el respaldo y simpatías hacia los estudiantes por parte de los habitantes de dicha unidad era más que evidente, así el 27 de septiembre la plaza recibía un mitin al cual asistieron más de 5 mil personas. Los propios habitantes tenían planeado el día 30 de ese mes formar su propio comité de lucha, sin embargo no se logro conformar, ya que ese día treinta se celebró una gran manifestación del Monumento a la Madre a la Cámara de Diputados, realizada fundamentalmente por mujeres que gritaban consignas tales como ¡Granaderos…Fuera de Tlatelolco! Ese mismo día el Consejo Nacional de Huelga expresó su decisión de celebrar dos mítines más el primero y el dos de octubre para demandar la salida de las tropas de los planteles ocupados.
El gobierno no puede responder a las exigencias de diálogo que plantean los estudiantes y sus medidas represivas para contener el movimiento fracasan, entonces decide dar un definitivo golpe, el genocidio del dos de octubre. Lo que importa resaltar es que Gustavo Díaz Ordaz en el mes de septiembre mantuvo conversaciones con el Rector Barros Sierra, este hecho es confirmado por García Cantú, que en el curso de la plática, propuso al Presidente el nombramiento de dos representantes que debían entrar en contacto con los líderes estudiantiles. El mismo Barros Sierra menciono como posibles interlocutores del diálogo por parte del gobierno a Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso, el primero director del IEPES y hombre de confianza de Alfonso Martínez Domínguez y el segundo era funcionario de PEMEX y gente de Jesús Reyes Heroles. De acuerdo con el rector el presidente acepto de inmediato la propuesta y sugirió que la primera reunión para el diálogo se realizara el primero de octubre, la cual se pospuso para la mañana del dos de octubre. Al conocerse la propuesta de diálogo el CNH nombro tres delegados, no resolutivos, ya que su tarea era discutir con los representantes oficiales las condiciones en las que se llevaría a cabo el diálogo público, así que como representantes estudiantiles quedaron, Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla y Anselmo Muñoz.
El inicio del dialogo fue tenso, los representantes estudiantiles explicaron cuales eran sus limitaciones. De la Vega dijo entonces que no tenía objeto hablar, Caso intervino y pidió calma. De la Vega insistió que el “dialogo público” era un pretexto para exhibir al gobierno. A pesar de la cerrazón y poco entendimiento de De la Vega, ambas partes acordaron que lo procedente era “un diálogo de hechos” y no de palabras. Así tanto los representantes del CNH como los del gobierno dieron muestras de buena voluntad y acordaron celebrar una segunda reunión que no se realizó el tres de octubre en la Casa del Lago.
Lo demás esta completamente documentado, la intervención del Batallón Olimpia para la identificación y detención de los líderes estudiantiles, la utilización de los cuadros de elite del ejército, cuerpo de paracaidistas, tropas de asalto mejor entrenadas del país, y batallones motorizados que utilizaron tanques y tanquetas, además de 300 transportes militares del ejército, la detención y asesinato de los líderes estudiantiles, la desaparición, la tortura, el allanamiento de los departamentos del edificio Chihuahua y cercanos a la Plaza de Tlatelolco, la persecución de los que lograron escapar al genocidio, las amenazas a las víctimas y familiares de los detenidos, además de la tortura y linchamiento de los detenidos. Después del baño de sangre en la que “las armas nacionales se cubrieron de gloria” siguió “la cacería de brujas”, dos años y medio después del genocidio, 165 personas purgaban sentencias de entre los 3 y 17 años de prisión, que pasaron a formar parte del contingente de presos políticos más numeroso de esa etapa de la historia de México, sobre ellos recayó no solamente todo el peso de la ley, sino también, como lo asume el gobierno, la responsabilidad de la matanza. Para Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Marcelino García Barragán, Hernández Toledo y demás políticos y militares, así como jueces y ministerios públicos, los únicos culpables eran los estudiantes. El gobierno federal sólo se limitó a “preservar el orden y la paz social”.
El patrón es el mismo, mientras se establece un escenario de diálogo, se prepara la represión como política criminal de contención de los movimientos sociales. Por ello es preciso recordar que desde el 30 de septiembre, las autoridades capitalinas ordenaron el desalojo del dormitorio 4 de la cárcel de Santa Marta Acatitla, igual procedieron las autoridades militares con las “cuadras” marcadas con las letras A; C y D del campo militar No. 1. Al penal serían conducidos cerca de 700 detenidos, mientras que al campo militar se llevaron a cerca de mil detenidos, el número total fue de más de dos mil, mientras que la cifra de muertos más fidedigna fue la que dio el diario inglés “The Guardian”, que calculó el número de muertos en 325 (mientras que el gobierno sólo reconoció oficialmente la muerte de 40 manifestantes). Muchos de los cadáveres fueron incinerados, incluso se supo que aviones militares arrojaron una gran cantidad de muertos al mar. El número de heridos superó con creces el millar, muchos de ellos murieron por falta de atención médica. El genocidio se había preparado previamente con base a la estrategia militar de cerco y aniquilamiento, mientras se aparentaba en otro escenario, una aparente disposición del gobierno para negociar con los representantes del movimiento estudiantil.
2) De la construcción neoimperial a la utopía del Estado de derecho.
La construcción imperial en nuestro tiempo está impulsada por sectores extremistas y radicales de derecha (tanto del partido republicano como del demócrata) y modelos sistémicos de control. Los intentos simplistas de explicar la guerra mediante referencias a la influencia del complejo militar-industrial no tienen en cuenta otros factores clave que permiten desarrollar un análisis con mayor profundidad en torno a la crisis que vive el gobierno de Estados Unidos y las empresas multinacionales que los sustentan. Si bien es cierto que el poderío militar está diseñado para asegurar el futuro acceso a la los recursos estratégicos, y por tanto, la generación de mayor cantidad de riqueza, la guerra y la red de satélites militares están diseñados para crear un sistema mundial que facilite el monopolio de las ganancias a través de gobiernos dependientes, enajenados o sometidos dispuestos a ofrecer los derechos de explotación a las grandes empresas estadounidenses (Petras, J. 2005).
Hacia principios de los años 90 se inicia la primera fase, el neoimperialismo había asumido como suya la misión del dominio de los sectores estratégicos y dinámicos de las economías y consolidado el control de una clase política en América Latina, por lo que en esta nueva etapa lanzó su programa de transición hacia la recolonización de la región a través de sendos tratados de libre comercio con México y Canadá, en el Norte (TLC) y el denominando Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el Sur.
A finales de la década se da la segunda fase con el proceso de recolonización imperialista, las elites tradicionales de la derecha y nuevos gobernantes, convencidos de su misión histórica dentro de la utopía del neoliberalismo, tratan de integrar a los renegados de la izquierda institucionalizada los que por esta vía ascendieron a escaños y curules que les permiten hacer jugosos negocios con otros poderes que constituyen una elite muy selecta, la cual denominamos clase política.
La tercera fase corresponde al presente periodo, implica la transformación de las conquistas económicas estratégicas en un nuevo régimen político legal (el TLC y la Comisión ALCA) que confiere a los constructores imperiales estadounidenses el poder formal y el control total de la región, pero también están otros tratados y planes, como el de Tratado de Centroamérica con los Estados Unidos y el Plan Puebla-Panamá cuya iniciativa busca insertar al sur sureste mexicano y a Centroamérica en la globalización y construir un bloque que esté “preparado” para competir ante un eventual inserción en los grandes mercados. La ideología y los argumentos radicales de la derecha corresponden a un pensamiento pragmático, típico de los hacedores de riqueza por cualquier medio, incluyendo la guerra, el asesinato, la tortura y finalmente la muerte o aniquilación tanto de “los enemigos internos como los externos”. Estos grandes inversionistas han logrado desarrollar métodos sofisticados para abrir espacios vitales para sus empresas e intereses bajo presiones a países, Estados o naciones débiles, como puede ser la “amenaza de retiro de sus inversiones” o bien que existen mejores “ofertas y proposiciones” en otras partes del mundo, lo que de entrada excluye la posibilidad de negociar con ellos si no es en el plano que para tal efecto han diseñado, es decir, en condiciones de desigualdad total para la nación o Estado enajenado.
A pesar de este sistema mundo capitalista que se presenta como único y universal, el imperialismo no ha logrado avances contra los movimientos sociales de resistencia mediante políticas coercitivas, injerencia militar y represión, pero sí mediante los partidos electorales de centroizquierda cuyos liderazgos los ha aislado de sus bases de apoyo, gracias a una política económica de apertura de mercados en la que se presenta el desarrollo y el crecimiento como panaceas de una realidad preconstruida ideológicamente por programas dictados desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Este fenómeno de cooptación ha minado los movimientos sociales, pero no los ha derrotado, ya que la estrategia de estos ha sido desvincularse tanto de partidos de izquierda institucionalizada, como de candidatos o presidentes que se asumen como de cambio o que autonombran de izquierda, tal es el caso del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que se ha desligado de las políticas neoliberales del Presidente Luiz Ignacio Lula da Silva en Brasil, y del EZLN quien mantiene un gran distancia del Partido de la Revolución Democrática.
Los movimientos sociales en América Latina perciben esto como una traición de las elites políticas de centro-izquierda, por lo que vuelven a los únicos métodos probados de lucha y acción directa: protestas de masas, huelgas generales, bloqueos carreteros y ocupaciones de tierras. La idea central es que si bien los movimientos sociales han sido los principales vehículos por los que las clases obrera, campesina y empleados han desplazado a políticos venales, llevando a cabo reformas sociales y bloqueando las políticas más aparatosas de Estados Unidos contra la región, no han logrado adueñarse del poder del Estado.
Sin embargo es relevante apuntar que muchos de estos movimientos están buscando otras alternativas que impliquen el ejercicio del poder desde abajo y por lo tanto, otra democracia más participativa, al margen de las reglas de juego institucionalizadas y la legitimación del Estado sobre todo después de las experiencias negativas que se han observado en el continente. Frente a esta falsa realidad preconstruida desde el poder hegemónico, los movimientos sociales están convocando a nuevas Asambleas Constituyentes, como es el caso de Bolivia, Venezuela y México.
¿Por qué el Estado de derecho es una utopía? En América Latina cada presidente derrocado por los movimientos sociales es remplazando por otro salido de la misma elite política, que aplica las mismas políticas neoliberales. Esta rotación o circulación de las elites es lo que los publicistas de imagen política llaman “cambio constitucional”, por las “vías institucionales y los causes legales”. Esta aplicación tendenciosa del derecho es la que ha frustrado, hasta ahora, los esfuerzos de los movimientos sociales por lograr cambios estructurales amplios e irreversibles, de ahí que una de las alternativas que se ofrecen como propuesta, ante la crisis de legitimidad del Estado y de representatividad de los profesionales de la política, es impulsar desde abajo el proyecto de un constituyente nuevo, que modifique las bases políticas y jurídicas del actual Estado.
Pero este proyecto social se enfrenta a los intereses de la derecha conservadora y de quienes han sido beneficiados directos del proyecto neoliberal (como es el caso de los banqueros rescatados por el FOBAPROA-IPAB), así tenemos que previendo cambios estructurales de fondo, los sectores de la derecha más conservadora y radical han asumido la legalidad como propia, lo cual implica un mayor empleo de la violencia institucional del Estado contra los movimientos sociales, especialmente en México.
Sostengo que son los movimientos sociales de resistencia al neoimperialismo, los que están posibilitando la construcción de otra forma de hacer política, otro mundo posible, sobre la base de un proyecto de autonomías locales y culturales opuestas al proyecto neoliberal y los intereses imperialistas de las potencias capitalistas. Es importante resaltar que los movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo, y por lo tanto al neoimperialismo, en América Latina, están en el centro de la estrategia de los Estados Unidos, por lo que la guerra en nuestra región ya se está librando, desde hace varios años (ver la doctrina “Carter” anteriormente citada), pues nuestro territorio es presa de los intereses manifiestos del actual y futuro gobierno de Estados Unidos, así Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, México, Uruguay y Venezuela,, por mencionar los más relevantes, son espacios “vitales” de la política expansionista norteamericana que requieren gobiernos afines a sus intereses, la tendencia es ejercer un mayor control sobre los movimientos sociales, a través de una la política criminal que sirva de justificación legal y legitime las acciones de intervención/represión, contra las acciones de resistencia antiimperialista y anticapitalista que organicen dichos movimientos.
Por estos argumentos considero relevantes las aportaciones sociológicas y jurídicas del Movimiento Zapatista encabezado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, cuya política de resistencia pasó, de la lucha armada al privilegio del diálogo, como forma reconocida por la sociedad civil para la solución del conflicto y el reconocimiento de los Derechos y Cultura Indígenas, no pretendo profundizar sobre este movimiento que está suficientemente documentado, pero en aras de ser demostrativo en los argumentos debo señalar que luego que se sentó el EZLN en la mesa de diálogo con los representantes del gobierno federal (entre los que destacaba el enviado especial de Carlos Salinas para la paz en Chiapas, Manuel Camacho Solís) y tras penosos desencuentros para llegar finalmente a los acuerdos de San Andrés, los zapatistas fueron traicionados nuevamente por el gobierno federal.
La etapa culminaría con la Marcha del Color de la Tierra de marzo de 2001, cuando más de veinte comandantes zapatistas, llegan al Zócalo. Un mes después, el Congreso de la Unión (luego de una negociación del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática) aprueba una ley contraria a los planteamientos centrales de los acuerdos a los que se había llegado en San Andrés. Este hecho fue fundamental para los pasos posteriores del EZLN, tanto en lo interno como en lo externo. A partir de ahí, el EZLN realiza una valoración de lo que fue su propuesta, el camino que siguió y las posibles consecuencias de dicha traición.
Así, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) comienza a profundizar la construcción de la autonomía en las comunidades. De esta forma se desarrolla un proceso autonómico y autogestivo muy profundo (el cual se extiende desde fines del año 2001 hasta mediados del año 2005), que da lugar a “la Otra Campaña”.
La autonomía de las comunidades indígenas no reconocida por el Estado-nación mexicano es desde ese momento aplicada de facto por las bases zapatistas. Sin olvidar el cerco militar impuesto por el gobierno federal, estatal y municipal, la presencia de paramilitares y brigadas blancas, las políticas de cooptación del Estado y los programas de apoyo a las comunidades indígenas para restar bases de apoyo al EZLN, así como tampoco debemos soslayar el secuestro, la desaparición forzada, el encarcelamiento de dirigentes zapatistas y la matanza de Acteal, (sin olvidar otros hechos relevantes como el asesinato de más de 400 periodistas -además de Manuel Buendía- en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el asesinato de Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio candidato oficial del PRI a la Presidencia, la matanza de campesinos de Aguas Blancas y el Charco).
En agosto de 2003 comienzan a funcionar las Juntas de Buen Gobierno (JBG). A través de ellas, son los mismos indígenas los que ejercen su autogobierno, bajo el principio ético, político y jurídico de mandar obedeciendo. El Subcomandante Marcos explica el proceso en éstos términos: “El plan es que el trabajo de la JBG sea rotatorio entre los miembros de todos los consejos autónomos de cada zona. Se trata de que la tarea de gobierno no sea exclusiva de un grupo, que no haya gobernantes ‘profesionales’, que el aprendizaje sea para los más posibles, y que se deseche la idea de que el gobierno sólo puede ser desempeñado por ‘gente especial”
El no reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés son para el movimiento zapatista el hecho que les permite constatar que en el marco del capitalismo periférico mexicano no hay espacios para el reconocimiento de los derechos indígenas, como tampoco para que sus demandas dejen de ser abstracciones y se concreticen en justicia, democracia plena y libertad fáctica. De la conformación y agudización de una estructura económica y social capitalista mexicana cada día más dependiente y desigual, se desprende la necesidad imperante de superar el orden social capitalista, de allí la decisión del EZLN por formar un programa nacional de lucha, que sea claramente de izquierda, anticapitalista, antineoliberal, y por lo tanto antisistémico.
En pos de una construcción política de mediano y largo plazo de alcance nacional la Sexta Declaración reconoce expresiones muy diversas de resistencias en todo México y apuesta a la posibilidad de unirlas en la perspectiva de reconstruir a la izquierda política y social en torno a “la Otra Campaña”. Su afán es la construcción a nivel nacional de un frente político y social fundado en una multiplicidad de experiencias de luchas y resistencias.
Todo marcha en lo operativo bien, se había llegado a rincones donde las campañas de los partidos registrados y oficiales no tenían presencia y se habían estrechado lazos con los olvidados de esta tierra, hasta que llegamos al mitin en la Plaza de Tlatelolco, el tres de mayo de 2006, junto con el recorrido que hacía la Otra Campaña. Ahí nos enteramos como a las cuatro y media de la tarde, que líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) habían sido reprimidos por las fuerzas municipales y estatales por defender a los floristas, a los que se les negaba el derecho que durante más de 20 años tenían para poner sus puestos en las aceras del mercado.
Ignacio del Valle así como otros líderes del FPDT, previamente, en apoyo a los floricultores, habían establecido negociaciones y acuerdos con representantes de las autoridades estatales y municipales, para que se pudiera realizar la actividad comercial de aquellos el día tres de mayo, sin embargo, cuando llegaron al mercado, los granaderos municipales, apoyados por los estatales, que desde la madrugada se encontraban apostado en el sitio, argumentaron tener ordenes de no dejar instalar los puestos de los floristas en la calle. Así que fueron las autoridades, quienes primero desconocieron los acuerdos y negociaciones realizadas un día anterior a los hechos, provocaron la reacción del pueblo y realizaron actos represivos con lujo de violencia contra el FPDT. Al ver la represión desatada por las fuerzas del orden público que rebasaban en número a los floricultores y a los propios dirigentes del FPDT, la población enardecida por la injusticia se lanzo a la calle en defensa de su espacio, rechazando valientemente la agresión. Los medios de comunicación demagógicamente utilizaron dichas imágenes para promover un ambiente de linchamiento contra los líderes del FPDT y la población de Atenco-Texcoco.
Hassemer (1990, 236) afirma que: “el Derecho penal no tiene que adaptarse a la política criminal, ni puede convertirse en su subsistema funcional, sino que tiene que oponerse a ella, frenándola e incluso, en caso necesario, obstaculizándola” . Sin embargo, es a la inversa, la clase política que ejercen el control del Estado, así como en general, la clase dominante, utilizan el derecho penal a su conveniencia, desbaratando los principios más elementales del pacto social. Así lo podemos constatar, en la violación de los derechos humanos de los prisioneros de guerra iraquíes en Guantánamo por parte de los Estados Unidos. También lo podemos observar en la intervención del Estado en asuntos internos del sindicato minero de SICARTSA, en Lázaro Cárdenas Michoacán, que desembocó en enfrentamientos de los trabajadores mineros con granaderos, policías estatales, y la policía federal preventiva (PFP); y más aún en la violación de las garantías individuales y derechos humanos de los pobladores de San Salvador Atenco, municipio de Texcoco, tras la intervención policíaca federal, estatal y municipal para desalojar a 8 floricultores de la región. En todos estos casos hay una extralimitación del poder avalado por la “ley” sin que exista un pleno control penal punitivo contra ese abuso del poder del Estado, que se aplique como sanción a gobernantes y autoridades involucrados así como a los aparatos represivos.
En efecto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, terminó por destruir el mito del supuesto Estado de Derecho, El gobierno mexicano, al igual que los más perniciosos gobiernos militares América Latina, aplica la ley no contra los delincuentes, sino contra los movimientos sociales y sus líderes con la finalidad de sembrar el terror entre la población para descabezar los grupos contrarios al sistema de dominación, que el sistema y gobierno imperantes asumen como sus principales enemigos.
Los cateos sin orden judicial expresa, emitida por juez competente, la toma de prisioneros golpeados una y otra vez por las fuerzas del orden, la detención de mujeres, ancianos y menores de edad, la violación de mujeres como si fuesen botín de guerra, la tortura física y psicológica de detenidos y familiares, el desconocimiento de los abogados defensores por parte de la autoridad, la incomunicación de los detenidos por más de 72 horas, el hacinamiento en las celdas, los castigos y las amenazas constantes dentro de ellas, la nula atención médica y psicológica a los lesionados y violadas con personal idóneo al caso, pues así lo ameritaba, las presiones y hostigamientos del ministerio público para que firmaran su confesión los detenidos atenquences, sin asistencia y presencia de un abogado defensor de su confianza, la desaparición de detenidos -pues sus familiares no los encontraban ni en hospitales, ni en el ministerio público, ni en las cárceles-; el ocultamiento de expedientes, la fabricación de delitos, el contubernio entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial para burocratizar la pronta impartición de justicia; la violación a las garantías constitucionales más elementales y la violación a los derechos humanos, son todos agravantes para poder enjuiciar a los gobernantes, autoridades civiles y militares, así como policías federales, estatales y municipales que participaron en el ilícito.
Sin embargo, nos encontramos ante una sociedad civil mexicana que cierra los ojos y tolera la impunidad de quienes se asumen como nuestros gobernantes, la sociedad civil es sumamente débil y fácilmente manipulable por la opinión pública y los medios de comunicación masivos. Es una hipótesis que se tratara de una venganza de Estado, por no haberse construido el aeropuerto en los terrenos de San Salvador Atenco. La ensangrentada administración foxista, dio marcha atrás al proyecto del aeropuerto internacional cuando se convenció (a través de su alfil Mariano Azuela), que el Poder Judicial iba a echar abajo la falacia de la utilidad pública que justificaba el decreto expropiatorio de las tierras defendidas valientemente por el FPDT, que no cedió ante las amenazas de la autoridad federal. La pifia fue del propio gobierno por su inexperiencia para fundamentar el decreto expropiatorio, su ambición desmedida lo llevó al fracaso, ya que todas las inversiones estaban amarradas, al igual que recientemente lo hicieron con la “Ley Televisa-Azteca”.
Por el contrario sostengo que luego de la experiencia exitosa del FPDT contra el proyecto del aeropuerto, se estrecharon aún más los lazos con el EZLN y con los Adherentes a la Sexta Declaración, por lo que el gobierno consideró el movimiento del FPDT como amenaza real que había que eliminar debido fundamentalmente a la solidaridad que el Frente manifestó a favor de movimientos como el de los damnificados por el ciclón Stan en Oaxaca y Chiapas, así como con los campesinos que se resisten a la construcción de la Presa Parota en Guerrero, donde se afecta al río Papagayo, que es fuente fundamental de recurso de agua para muchas comunidades de la zona, y con los comuneros de Tetela del Monte y la zona residencial de lujo donde se ubica la Barranca de los Sauces, en Cuernavaca Morelos. Los actos violentos de la autoridad contra los campesinos de Atenco demuestran que el derecho penal y la política criminal que lo sustenta se orientan fundamentalmente al control social de los movimientos de resistencia.
Si bien es cierto como argumentan los juristas que “el Estado a través del poder judicial y el ministerio público tiene el monopolio de la coacción”. Esta actividad del Estado tiene sus principios constitucionales, normas y límites. Sin embargo, existen grandes vacíos que hacen que se ejercite el poder con bastante y holgada impunidad, porque la sociedad desconoce como ejercer un control civil sobre la actividad, ejercicio y rendición de cuentas de los funcionarios públicos, y sus actuaciones como ejecutores de la actividad punitiva y coactiva del Estado. Tal parece que quienes se encuentran como funcionarios públicos, constituye una gran mafia que tiene redes criminales en cada uno de los intersticios más obscuros del poder del Estado.
En el caso de Atenco, además de la gran cantidad de lesionados con objetos contundentes, hubo un niño muerto por arma de fuego calibre .38 espacial de uso exclusivo de la política del Estado de México. Hasta 15 días después no se sabía quién de la corporación realizo el disparo, cuando que organismos de Derechos Humanos documentaron ante la instancia jurídica correspondiente, que el responsable era un policía de los que intervinieron en los hechos. Hay un total encubrimiento vandálico entre las fuerzas del orden y los mandos con entrenamiento militar. Otro herido de gravedad, Alexis Benhumea, fue alcanzado por un proyectil -de lanza granadas de gas-, en la cabeza, ocasionándole convulsiones, pérdida de sangre en abundancia que ponía en riesgo su vida, el Dr. Guillermo Selvas, de la Caravana de la Otra Campaña, que llegó a Atenco por la noche del día tres de mayo, trató de auxiliar al joven herido, pero era imposible, así que decidió que su traslado era necesario para atenderlo en un hospital, al salir para conseguir una ambulancia el Dr Selvas fue detenido y brutalmente golpeado por las fuerzas del supuesto “orden”, también fue detenida su hija Mariana Selvas, que le ayudaba como asistente en los primeros auxilios. Esto originó que el herido, estudiante universitario de la Facultad de Economía y de Ciencias, estuviera sin atención médica oportuna durante más de 18 horas. Y que el auxilio humanitario que prestaba el Dr. Selvas fuera impedido por los policías. Ahora resulta que para el Ministerio Público y el juez que conoce de la causa, el Dr Selvas es un delincuente, calificado de “alta peligrosidad”, por lo que no alcanzó fianza y se le ha negado su libertad, siendo que en ningún momento intervino en los hechos delictivos que se le atribuyen, en igual situación se encuentra su hija , Mariana Selvas, quien además de ser salvajemente golpeada fue ultrajada por los cuerpos policíacos, su único delito es haber estado en el lugar de los hechos que se dieron en la mañana del día cuatro de mayo, querer ayudar a curar heridos y salvar vidas, para los impartidores de justicia que solapan los actos criminales de Estado, también es un delito preocuparse por el prójimo.
Conclusiones
Como puede observarse hay un doble discurso del poder, el de “seguridad nacional” que vincula la rebelión popular con el crimen organizado y, por otra parte, el trato de “criminales de alta peligrosidad” a los líderes para negarles su status jurídico de perseguido político, este argumento sirve de “justificante” para negar reiteradamente los derechos constitucionales y humanos.
Los operativos policíacos, en San Salvador Atenco como en Oaxaca saltaron del plano de la prevención del delito, al plano del control social de los movimientos sociales de resistencia al poder, y del plano del operativo policiaco al plano político, aunque reiteradamente se llamó a través de los medios masivos a “despolitizar los hechos” y a verlo como un asunto “local” y dentro de un contexto “muy limitado”, para negar no sólo la violación de los derechos humanos, sino principalmente la función política del CISEN.
La lucha legal llevada al extremo como parte de una estrategia de los movimientos sociales es lo que se califica como ultralegalismo, esta estrategia de lucha impide ejercer mayor fuerza por medios políticos. En estos caso se demuestra que las instituciones jurídicas juegan un papel importante de contención de los movimientos sociales, ya que con el fin de no perder el estatus de “legalidad”, se entorpece el camino para el logro de las demandas populares, a la vez que se fortalece la visión de que sólo a través de las instancias jurídicas se “pueden” y “deben” dar los “cambios”.
Buena parte de las características comunes de los movimientos derivan de la territorialización, es decir, de su arraigo a espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas. Los actores sociales identificados hasta ahora son la elite política, los empresarios y los movimientos sociales–populares que se ven confrontados cada uno y entre sí, sobre la base de sus propias exigencias. Las formas de organización que describen los dos primeros son de tipo vertical y piramidal, desde las visiones de la elite gobernante y de la lucha interna entre estas y la clase empresarial. En cambio los movimientos sociales-populares están desarrollando formas de organización desde abajo con base a sus propias experiencias adquiridas a lo largo de de tres décadas de lucha contra el neoliberalismo.
Mi argumento es que la desterritorialización de los movimientos y no las dictaduras y las contrarreformas liberales es lo que hizo entrar en crisis a los viejos movimientos de izquierda, fragilizando a líderes que vieron evaporarse sus bases ideológicas, en las que habían ganado sentido. Su crisis de sentido, abrió un período, aún inconcluso, de reacomodos que se plasmaron, pero otros actores sociales, buscan la reconfiguración de un nuevo espacio físico de lucha social. El resultado, en todos los países de América Latina, aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural intensiva, así como también en la revalorización de la resistencia de las diferentes identidades y comunidades indígenas, es decir son los excluidos del sistema.

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NOTAS SOBRE RUBÉN JARAMILLO:
Para la reconstrucción de la vida de Rubén Jaramillo véase Rubén Jaramillo Ménez, Autobiografía, Nuestro Tiempo, 4ª Ed., México, 1981; Froylán C. Manjares, Matanza en Xochicalco, Nuestro Tiempo, 4ª Ed., México, 1981; Paula Batalla, Donde quiera que me paro, soy yo (autobiografía de una jaramillista), CIDHAL, Serie Nuestra Vida, México, 1988; Renato Ravelo, Los Jaramillistas, Nuestro Tiempo, Col. Testimonio, México, 1978; Alberto Guillermo López Limón, El Movimiento Jaramillista (1915-1962), Tesis de Licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1994

Consultas en INTERNET
http://www.inep.org/content/view/1599/74/
LÓPEZ LIMÓN, Alberto Guillermo.
http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11796

VARGAS SÁNCHEZ, Lorenzo (2006). “El demagógico poder de los medios de Comunicación”.
http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11519.

VARGAS SÁNCHEZ, Lorenzo (2006) La fascinación estética del discurso del orden.
http://www.poderautonomo.com.ar/buenas%20companias/buenas%20companias.htm.

http://www.rebelion.org/sociales/031006zibechi.htm

http://www.alainet.org/active/show_news.phtml?news_id=1382
Para De Giorgi, el derecho penal que se sustenta en políticas criminales definidas por intereses de clase, no es un sistema de control de la desviación, sino una estructura selectiva dentro de la cual se hace posible la desviación.
En efecto, pero el sistema jurídico, no ven al afuera de él mismo, pues más allá de su sistema, creado por sus propias reglas e intereses, no existe otra realidad. Por eso el sistema jurídico penal no ve a la sociedad, aunque diga que se refiere a ella y aunque se le atribuyan finalidades, resultados, eficacia y cambio. El derecho penal sólo ve así mismo y en su ámbito de inclusión, nace, crece y se reproduce entre sus propios principios y dogmas y es utilizado de manera discrecional por quienes detentan el poder, para preservar, mantener o establecer sus propios intereses que evidentemente son de clase.
En efecto, pero el sistema jurídico, no ven al afuera de él mismo, pues más allá de su sistema, creado por sus propias reglas e intereses, no existe otra realidad. Por eso el sistema jurídico penal no ve a la sociedad, aunque diga que se refiere a ella y aunque se le atribuyan finalidades, resultados, eficacia y cambio. El derecho penal sólo ve así mismo y en su ámbito de inclusión, nace, crece y se reproduce entre sus propios principios y dogmas.
“Los guerrilleros que operan en Guerrero, grupos de delincuentes: Cabeza de Vaca titular de la PGR”. Nota de Habana de los Santos, Misael (2005. 17)
“Estados Unidos impone a México su agenda de seguridad: especialistas”. ROMAN, José A. La Jornada, miércoles 5 de octubre de 2005. p. 34.
El Estado es entendido como estructura de autoridad y como forma de dominación colectiva y sus signos específicos del Moderno Estado Nación son la ciudadanía, la presunción formal de igualdad-jurídica de los individuos dentro del espacio de su dominación, no obstante su desigualdad en los demás ámbitos de poder y la representatividad política, sobre la cual legitima su poder sobre el conjunto de los ciudadanos.
Ello ha sido evidenciado por la Criminología Crítica, pues, el Sistema de Justicia Penal, así como la función intimidatoria de su discurso no sólo está dirigida a los sectores más vulnerables, sino a la generalidad.
En efecto la lucha de Jaramillo era pacífica, aunque el estaba armado, pero ese hecho no era objeto de acción penal por parte del Estado, lo que realmente atemorizaba al gobierno era que estaba al frente de un grupo de campesinos armados con sus instrumentos de trabajo propios, que estaban dispuestos a recuperar esas tierras, afectando los intereses latifundistas y de inversionistas.
En 1958 el Presidente Adolfo López Mateos le brindó amplias garantías para que dejara las armas y cuatro años más tarde, el 23 de mayo de 1962 la policía judicial del estado y el Ejército lo hicieron prisionero junto con su familia (su esposa y sus tres hijos) y fueron asesinados en Xochicalco, acabando con la vida, pero no con los ideales de este líder agrarista. http://www.inep.org/content/view/1599/74/
La “Operación Xochicalco”, fue la culminación de un acto criminal del Estado coordinada por el Jefe de la Policía Judicial, General Carlos Saulé y por el Coronel Rivera, de la misma corporación; participaron directamente el Capitán Gustavo Ortega Rojas, Jefe del Servicio de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el Capitán José Martínez, comandante de la partida militar de Zacatepec, Roberto Ramos Castaneira, Jefe del Servicio Secreto de Morelos. Rubén Jaramillo, Epifania Zúñiga (embarazada), Enrique, Filemón y Ricardo, fueron secuestrados y trasladados cerca de las ruinas prehispánicas de Xochicalco, donde horas después fueron asesinados. En “una desviación que se encuentra a unos cien metros de las ruinas, sobre la carretera que conduce a ellas y en una barranca encontraron los cadáveres”. Según los agentes de la Dirección Federal de Seguridad “el Tte. Corl. Héctor Hernández Tello Sub- Jefe de la Policía Judicial Federal le dio a entender (al capitán Gustavo Ortega Rojas) que la intervención de Agentes a sus órdenes solamente se habían cumplido por disposición expresa del Sr. Presidente de la República”. “Gustavo Ortega Rojas, Director General de Seguridad de Morelos, manifestó a periodistas y particulares de Distrito Federal y Acapulco que fueron miembros de la Policía Judicial Militar los que realizaron los hechos acatado órdenes superiores.” Además intervinieron cinco pelotones de soldados (por lo menos cincuenta y cinco hombres armados con fusiles y ametralladoras), en dos vehículos blindados y varios jeeps, procedentes del Cuartel de Agua Hedionda, dirigidos por el sargento Manuel Justo Díaz, apoyados por lo menos de diez agentes de la Policía Judicial Federal (además de los destacados en Cuernavaca) El cuerpo de Rubén Jaramillo presentó nueve tiros (dos de ellos en la cabeza); tenía al morir 62 años; Epifania 47; sus hijos adoptivos militantes de las Juventudes Comunistas de México Enrique 20, Filemón 24 y Ricardo 28; su único hijo sanguíneo: meses de gestación. Nunca se realizó una investigación. La masacre hasta la fecha sigue impune. Alberto Guillermo López Limón http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11796
Ver Fernando Martí. “La Noche más triste de la historia”. Revista Interviú año 1 No. 27, 27 de septiembre al 3 de octubre de 1978. Pp.56 a 61
La tesis central del artículo de Klare, desde un punto de vista histórico señala que la guerra en Irak instrumentada por los Estados Unidos es una expresión natural de la Doctrina Carter, que constituye el único edicto presidencial vigente después de la guerra fría. Lo que pretende demostrar Michael es que la Doctrina Carter, con 25 años de antigüedad, ha adquirido mayor relevancia como proyectote expansión del poderío militar de EU y está dirigido a las mayores regiones productoras de crudo en el mundo. (Klare, Michael T 2004).
Ver el “decálogo energético” propuesto por el Presidente Vicente Fox en La Jornada del 12 de septiembre de 2005, el cual señala que PEMEX deberá absorber por el alza internacional del petróleo cerca de mil 457 mdd; del cual se importan alrededor de 250 mil barriles diarios, siendo México productor, esto resulta ser una paradoja histórica muy sería para el país.
Ver VARGAS SÁNCHEZ, Lorenzo (2006) “El demagógico poder de los medios de Comunicación” en http://www.apiavirtual.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11519
En Colombia Fernández Carrasquilla (1994, 42‑43) considera apropiada la relación política criminal‑ derecho penal planteada por el autor español: “Hoy pues debe plantearse, al contrario de Liszt que la relación entre derecho penal y política criminal: es ésta última, con sus grandes y fundamentales principios personalistas y democráticos, que han obtenido positivización abierta y programática en las Constituciones y en los tratados públicos de derechos humanos, la que ha de funcionar como “barrera infranqueable” al poder punitivo del Estado que se cristaliza en las normas del derecho penal”.
MARTÍNEZ VELOZ, Jaime. El mito del estado de derecho. La Jornada. 12 de mayo de 2006. p. 27
Aquí no sólo nos referimos a la Ley Federal de Transparencia, que señala que la información de los registros públicos no puede ser confidencial, sino además a la observancia de las autoridades de lo que estrictamente les confiere la Constitución, para el ejercicio público de sus funciones. En el caso de la Ley federal de Transparencia, el ejecutivo federal, es decir, Vicente Fox, al verse afectado directamente por sus hijos entenados, es decir los hijos de la Sra Sahagún, presentó una iniciativa de reforma al artículo seis constitucional, que de aprobarse en las cámaras, limitaría la obtención de pruebas para la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, es decir limitaría los trabajos que viene realizando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ya que este organismo está obligado a privilegiar la máxima publicidad y accesibilidad a los documentos oficiales.
VARGAS SÁNCHEZ, Lorenzo (2206) La fascinación estética del discurso del orden. http://www.poderautonomo.com.ar/buenas%20companias/buenas%20companias.htm.
A quince días de que fue intervenido quirúrgicamente, Hollín Alexis Benhumea Hernández, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM seguía en estado crítico, muere luego de una lenta agonía el 7 de junio de 2006.
Hasta hoy el saldo del actual conflicto en Oaxaca, a más de seis meses de haber iniciado, es de 21 personas asesinadas, alrededor de 370 lesionadas, más de 500 detenidas, 306 presas todavía, unas 300 perseguidas y más de cien desaparecidas. De los 306 presos, 214 fueron capturados el 25 de noviembre (entre ellos cuatro extranjeros) Unos 170 detenidos ese día fueron llevados a centros penitenciarios de Nayarit, Tamaulipas y Jalisco. En el penal de San José del Rincón -a 15 kilómetros de Tepic, Nayarit- fueron recluidas 141 personas (106 hombres y 35 mujeres), entre las cuales hay algunas menores de edad. Tras pagar una fianza de 108 mil pesos cada una, fueron liberadas tres de ellas y luego se sumó una más, por lo que 139 siguen allí. Más de cien recluidos eran transeúntes que no participaron en la manifestación de aquel día ni mucho menos en los desmanes y fueron detenidos arbitrariamente y torturados antes, durante y después de su traslado, los 139 están acusadas de rebelión, sedición, delincuencia organizada, asociación delictuosa y daños por incendio. El proceso a 93 de ellos tiene la causa penal 652/2006 en el juzgado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mientras que 54 más (algunos de los cuales coinciden en otro expediente) tienen la causa 88/2006 en el juzgado mixto de primera instancia de Mihuatlán, Oaxaca. Entre los 306 presos se encuentra Flavio Sosa Villavicencio, el dirigente más visible de la APPO, aprehendido en la ciudad de México el 4 de diciembre junto con su hermano Horacio y otras dos personas, cuando se preparaban para iniciar una mesa de diálogo convenida con la Secretaría de Gobernación. Flavio y Horacio están acusados de secuestro, robo calificado con violencia y lesiones calificadas contra funcionarios municipales en hechos ocurridos el 15 de agosto, así como de sedición, daños dolosos causados por incendio y ataques a las vías generales de comunicación. Las órdenes de aprehensión en su contra forman parte de cinco expedientes penales (58, 60, 71, 102 y 132 de 2006) integrados por jueces federales y de Oaxaca. Flavio Sosa fue llevado a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma), en Almoloya de Juárez, estado de México, mientras que su hermano Horacio fue trasladado al reclusorio de Nayarit a petición del “gobierno” de Oaxaca. En contra de las otras dos personas no existían órdenes de captura, pero fueron detenidas por oponerse al arresto de los hermanos Sosa y se encuentran aún en las instalaciones delegacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) del Distrito Federal. La aprehensión de Flavio y Horacio Sosa, en los hechos, traiciona el diálogo que, en representación de la APPO, habían acordado con el “gobierno” de Felipe Calderón (Fecal), y pasa por encima de tres amparos que les concedía la justicia federal, además de ocurrir una semana después de que su hermano Erick fuera detenido en la ciudad de Oaxaca y recluido bajo cargos similares en el penal federal de Matamoros, Tamaulipas, también a petición del “gobierno” de Ulises Ruiz Ortiz.

¿Hacia un proceso de Bordaberrización en México?

Ponencia presentada por Carlos Fazio*

Compañeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO),
de la Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM)
y de la Fracción Parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados.

Dado que en otras ocasiones y en ámbitos diferentes me he referido a la situación de los derechos humanos en Oaxaca y a que durante el evento que nos convoca se rendirán diferentes testimonios de víctimas directas de la represión, quiero enfocar mi intervención en el análisis de la coyuntura y las tendencias hacia la conformación de un nuevo régimen autoritario en nuestro país.

México vive un larvado proceso de fascistización. Si no se lo frena ahora, su consecuencia lógica puede ser la consolidación de un Estado terrorista. Conviene tomar en cuenta que el terrorismo de Estado es algo más que la violenta implantación de un régimen dictatorial: es una política cuidadosamente planificada y ejecutada que responde a un proyecto de dominación de clase tendiente a configurar un nuevo modelo de Estado que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de sus estructuras institucionales.
El estado de Jalisco, en 2004, con Francisco Ramírez Acuña, y los estados de México y Oaxaca, en 2006, bajo las gubernaturas de Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz, respectivamente, son sendos laboratorios para la imposición de un nuevo modelo de dominación a nivel nacional. En dichos casos, el Estado abandonó abierta o encubiertamente el imperio del derecho y adoptó formas de excepción, dando vigencia a la máxima latina “lo que place al príncipe tiene fuerza de ley”. En esos casos, los gobernadores de Jalisco, estado de México y Oaxaca contaron con el aval del ex titular del Poder Ejecutivo, Vicente Fox, y con la actuación violenta de fuerzas coercitivas, locales y federales.
El uso de la fuerza guarda relación con la pérdida de hegemonía del bloque de poder, a través de sus representantes políticos y portadores ideológicos, lo que obligó a la adopción de formas excepcionales para la solución de las crisis. La fractura en el bloque de poder −la ausencia de consenso político por parte de los intereses del capital monopólico y las constantes disputas entre las fracciones de clase dentro del bloque dominante−, y la ineficacia de los instrumentos coercitivos que garantizaban un consentimiento condicionado de las clases subordinadas −verbigracia, la incapacidad de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) para encauzar la lucha de clases dentro de los canales legitimados por el sistema−, llevaron a la sustitución de los mecanismos de dominación. Cuanto más graves y catastróficas sean estas crisis, más excepcionalidad adquirirá la forma del Estado; más apelará el bloque de poder a los estamentos militares y paramilitares (escuadrones de la muerte, sicarios a sueldo, policías ministeriales, municipales y auxiliares vestidos de civil, como ocurre hoy en Oaxaca) para resolver de manera coercitiva lo que no le es posible ya lograr por el consentimiento.
Guiados por una fría racionalidad tecnocrática institucionalizada, en la coyuntura del 2006, el fraude electoral −un nuevo fraude de Estado montado en parte sobre el voto del miedo−, así como la represión violenta de tipo contrainsurgente en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Michoacán), San Salvador Atenco (estado de México) y Oaxaca, y un virtual estado de sitio en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro (en vísperas y durante el sexto informe de gobierno foxista y el cambio de mando Fox-Calderón), han sido las formas de control directo del Estado y el acomodamiento del mismo a las necesidades de los intereses estratégicos afectados.
De manera gradual desde la insurrección campesino-indígena del EZLN en Chiapas (1994), México ha vivido un lento proceso de militarización de todo el aparato del Estado y adoptado cada vez más formas propias de un Estado de excepción. El Estado-mediación ha ido cediendo espacio al Estado-fuerza, lo que, de suyo, implica la elaboración de un nuevo derecho de base esencialmente discrecional en cuanto a las facultades de los poderes públicos, sin sujeción a criterios de razonabilidad y autolimitación.
La “legitimación” del uso de la represión violenta desproporcionada y la práctica de la tortura contra grupos altermundistas en Jalisco (2004), por el secretario de Gobernación del régimen actual, Ramírez Acuña, y la reproducción aumentada del nuevo modelo autoritario en Michoacán, Atenco y Oaxaca (2006), configuran un Estado contrainsurgente en ciernes. Una nueva “filosofía” y un nuevo tipo de dominación que, con el aval de Felipe Calderón desde antes de asumir el cargo como presidente impuesto, y con el concurso del Ejército, la Marina de Guerra, la Policía Federal Preventiva (PFP), la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la actuación de grupos paramilitares, exhibe de manera descarnada, en Oaxaca, la nueva faz de un Estado clandestino que utiliza el crimen y el terror como método.
Asimismo, como laboratorio del horror, Oaxaca exhibe la impunidad fáctica y jurídica de “las fuerzas del orden”, amparadas por un sistema judicial cómplice y temeroso, que ha sido usado como instrumento de represión, persecución política y amedrentamiento. Una impunidad total para matar, secuestrar-desaparecer, aprisionar, torturar, vejar, humillar, violar sexualmente y trasladar a miles de kilómetros, fincándoles cargos múltiples, a disidentes políticos considerados “vándalos”, “subversivos” o “terroristas” según la lógica que impera en las estructuras del poder dominante, local y federal.
Ante la incapacidad de las viejas formas de dominación para defender el orden capitalista dependiente y contrarrestar la contestación social en ascenso, la clase en el poder incorpora una actividad paralela del Estado mediante una doble cara de actuación de sus aparatos coercitivos: una pública y sometida a las leyes, y otra clandestina, que aplica el “terror benigno” al margen de toda legalidad formal.
La conformación de un “gabinete de choque” por el espurio Calderón, con la llegada del ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Agustín Carstens, a la Secretaría de Hacienda y el “padrino” Francisco Ramírez Acuña a Gobernación −prontuariado por organizaciones humanitarias por los delitos de tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación de prisioneros y ahora dotado de amplias facultades para coordinar acciones de seguridad nacional−, anticipaban ya, en diciembre pasado, un gobierno de “mano dura” afín a los intereses cupulares del Consejo Coordinador Empresarial y sus aliados transnacionales.
Asimismo, la designación de dos hombres extraídos de los sótanos de la seguridad del Estado, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), respectivamente, formó parte del mensaje autoritario inicial del nuevo gobierno. La reubicación en puestos clave del área de seguridad, de dos hombres que participaron en tareas de mando en los hechos de violencia estatal antiterrorista en Michoacán, Atenco y Oaxaca, no sólo dio una idea del continuismo del régimen de derecha panista sino que evidenció la voluntad del titular del Ejecutivo federal de persistir en las políticas de escarmiento y terror disuasorio, violatorias de los derechos humanos, del gobierno anterior.
La tendencia hacia la conformación de un régimen de fuerza de nuevo tipo, sustentado en el poder de las armas, el terrorismo de Estado y la censura previa, y no en la Constitución, las leyes y la civilidad republicana, se ha venido confirmando con la militarización de la seguridad interior vía la presunta “guerra” contra el crimen organizado (operativos castrenses Michoacán, Tijuana y Sinaloa) y el proyecto de reingeniería de los órganos de seguridad del Estado, que comprende la creación de un Cuerpo Federal de Policía y gendarmerías supervisadas por el Ejército en localidades con menos de 20 mil habitantes así como la figura de un nuevo “zar” antidrogas.

Calderón: ¿mano militar?

Felipe Calderón dijo en campaña que tenía la “mano firme” para restablecer “el orden y la seguridad” en México. Y desde que asumió la Presidencia ha esgrimido un vocabulario bélico e incluso se exhibió en indumentaria militar. Sin embargo, en política, la forma y los símbolos importan. Por eso, el “estilo personal de gobernar” del actual titular del Ejecutivo ha arrancado algunas expresiones de alerta.
Desde un primer momento, Calderón, quien ganó los comicios por medio punto porcentual y cuya legitimidad ha estado acotada por la sombra de un megafraude de Estado, ha querido significar su asociación con las Fuerzas Armadas. Ningún otro asunto ha recibido tanta atención en los medios masivos de comunicación, en particular en la radio y la televisión, como los anuncios de la Presidencia para mostrar su cercanía con las instituciones armadas.
En el primer minuto del 1 de diciembre pasado, en una ceremonia sin precedentes en la vida republicana de México, Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en la residencia oficial de Los Pinos rodeado de militares. En un acto simbólico de traspaso del poder, su antecesor, Vicente Fox, se despojó de la banda presidencial y la entregó a un cadete del Colegio Militar. Acto seguido, ya investido como mandatario, Calderón tomó protesta a los miembros de su gabinete de Seguridad Nacional.
Horas después se produciría su agitada toma de mando ante un Congreso militarizado. Pero lo más significativo de ese 1 de diciembre fue la presencia de Calderón en el Campo Marte, donde presenció un desfile castrense y luego, exceptuándolos de la austeridad burocrática, anunció un aumento salarial para los miembros de las instituciones armadas.
Con posterioridad, en el marco de una gran cobertura mediática y contraviniendo el texto del artículo 129 constitucional, que prohibe a las Fuerzas Armadas ejercer en tiempos de paz funciones que no tengan “exacta conexión con la disciplina militar”, lanzó su “guerra” contra el narco y la delincuencia organizada mediante la intervención combinada de soldados del Ejército, infantes de Marina y las policías de todos los niveles en Michoacán, Baja California y Sinaloa, estados detectados como los principales “focos rojos” de la criminalidad.
Previamente había ordenado transferir 7,500 efectivos de la Tercera Brigada de Policía Militar y 2,500 de la Marina de Guerra a la Policía Federal Preventiva, confirmando el carácter paramilitar de ese cuerpo, en un hecho que entraña, a la vez, una contradicción, ya que la tarea de prevención del delito no se lleva con la preparación y la actividad castrenses.
En el Presupuesto para el año fiscal aprobado en diciembre por el Congreso, se registró un aumento significativo en el rubro seguridad, en detrimento de otras áreas como educación y cultura. Así, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública pasó de 9.5 mil millones de pesos en 2006 a 13.6 mil millones para 2007; el de la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó de 26.9 mil millones de pesos a 32.2 mil millones, y el de la Marina pasó de 9.4 mil millones de pesos a 10.9 mil millones de pesos para los mismos años. Por su parte, la Secretaría de Gobernación gastará casi 40 por ciento de su presupuesto en inteligencia estratégica y seguridad nacional.
Por otra parte, el 3 de enero pasado, en la que fue su primera actividad pública en 2007, el Presidente se presentó en el cuartel principal de la 43ª. Zona Militar, en Apatzingán, Michoacán, ataviado con una gorra de cinco estrellas y casaca militar de combate, rindió “tributo” a las Fuerzas Armadas y compartió el “rancho” (el pan y la sal según la jerga castrense), con los soldados. Desusado en México, el gesto fue interpretado como un intento por ostentarse como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero también fue visto como una manera de demostrar que cuenta con el apoyo del Ejército después de una elección muy cuestionada. Miguel Angel Granados Chapa habló incluso de la “sujeción” del presidente de la República a las Fuerzas Armadas. Y la portada de la revista Proceso de esta semana es de suyo elocuente: “El rehén”, es el título de portada que atraviesa una foto que exhibe a Calderón con quepí militar y uniforme de faena verde olivo, rodeado de mandos castrenses.
Los espectaculares y multipublicitados operativos conjuntos del Ejército, la Marina de Guerra y las distintas policías contra el narco y la delincuencia organizada han arrojado hasta ahora magros resultados. Lo que sí avanza de facto es la reestructuración de todas las policías bajo un mando único a nivel federal.
El proyecto ha sido elaborado por expertos en contraterrorismo que han pasado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), con asesoría de mandos militares, de la Guardia Civil española, la policía francesa y otras corporaciones extranjeras como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Sin que hayan sido aprobadas por el Congreso las reformas legales correspondientes para su creación, el nuevo Cuerpo Federal de Policía (CFP) fusionará y asumirá las atribuciones, facultades, capacidades y la operación de la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigaciones y la Inspección Migratoria, y muy posiblemente también a la Policía Fiscal, que hoy depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De manera provisoria, hasta que el Congreso apruebe las modificaciones, el mando de la CFP −que hará las veces de una policía nacional encargada de la seguridad, pero también del control de los movimientos políticos y sociales−, ha sido encomendado al general de Brigada Ardelio Vargas Fosado, quien el 15 de diciembre pasado fue designado comisionado de la PFP y director de la AFI, simultáneamente.
El general Vargas, quien inició su carrera en el área del espionaje político en la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y fungió como director de investigaciones en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), antes de ser nombrado jefe del Estado Mayor de la PFP, cargo desde el cual dirigió en el terreno los operativos contrainsurgentes en San Salvador Atenco y Oaxaca, en 2006, comandará una fuerza de 40 mil hombres.
Asimismo, el comisionado tendrá bajo su mando a cinco comisarios, cada uno a cargo de un área específica: policía ciudadana, policía auxiliar del Ministerio Público, aduanas, migración e inteligencia. Esta última, cuyo comisario designado es Ignacio Nemesio Lugo, se encargará de investigar terrorismo y grupos armados.
Trascendió que en la creación de la figura de un “zar” antidrogas, el gobierno de Calderón ha trabajado de manera estrecha con autoridades de Estados Unidos adscritas al área de seguridad nacional y altos mandos militares. Se anticipa, también, que el nuevo “zar” antinarcóticos tendrá vínculos directos con todas las áreas de los departamentos de Estado y del Tesoro, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la agencia antidrogas de Estados Unidos. Se prevé incluso la instalación de más oficinas de la DEA en territorio mexicano.
En el marco del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), igual que Vicente Fox, en el gobierno de Calderón la política interior de México forma parte de la agenda de seguridad nacional de Washington. Por su asimetría, la militarización y transnacionalización de los “esfuerzos bilaterales” del combate contra el crimen organizado y el terrorismo, significa, para México, una cesión de soberanía.
Por otra parte, cabe apuntar que la “guerra” del Estado contra el crimen organizado plantea un falso dilema. Se podrá controlar, administrar o acotar al hampa. Pero no derrotarla. Porque en México existe una corrupción institucionalizada. La criminalidad organizada ha tenido un desarrollo endógeno. No se trata de un fenómeno paralelo, ajeno a las estructuras del Estado. Ha crecido al interior mismo de la estructura de poder. Atraviesa a las grandes empresas, la banca privada, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, el aparato judicial, la clase política.
Con medidas de tipo policial y militar, Calderón podrá intentar devolver cierta autoridad al Estado y un mínimo de orden a la sociedad. Que paren las decapitaciones y la violencia extrema. Pero nada más, salvo intentar legitimarse.
Para derrotar a la criminalidad se necesita reformar a fondo las injustas estructuras. Pero esa no es la “misión” del proyecto conservador de Felipe Calderón.
De allí que, como decíamos al principio, lo que se avizora para México sea un nuevo modelo autoritario de seguridad. Un Estado de corte cada vez más policial-militar, basado en prácticas de tipo contrainsurgente. Un nuevo Estado de excepción, que con la excusa de combatir a los cárteles y las mafias, esté dirigido a controlar y/o aplastar a los movimientos sociales y a la disidencia política interna.
México viaja a contracorriente de los vientos de fronda que azotan la geografía latinoamericana. Con Calderón, presidente débil, podríamos estar asistiendo a un proceso de bordaberrización del Estado. La expresión alude a la experiencia uruguaya protagonizada por el presidente Juan María Bardaberry, quien llegó al gobierno en 1972 mediante un fraude electoral y un año después, con apoyo de los militares, disolvió el Parlamento, ilegalizó los sindicatos, cerró la Universidad y dio inicio a un proceso cívico-militar basado en la represión, la desaparición y la tortura, de la mano de una Doctrina de Seguridad Nacional patrocinada por Estados Unidos en todo el Cono Sur de América Latina.
Es decir, México, con Calderón, podría estar en el inicio de un lento proceso de militarización bajo fachada civil, sustentado en leyes de excepción.
Al respecto, cabe recordar, finalmente, que, como decían los clásicos y sucedió en Uruguay y otros países de la región, “las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas”.

Carlos Fazio, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Periodista y escritor. Colaborador de La Jornada.
En enero de 2007, el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Garzón Valdez, contraviniendo el artículo séptimo constitucional, censuró un programas en medios electrónicos de Andrés Manuel López Obrador, para transmitirse con cargo a los tiempos oficiales del Partido de la Revolución Democrática, donde había fragmentos de su toma de posesión como “presidente legítimo” de México.
Gustavo Castillo García, “Plantea el gobierno gendarmerías para pueblos con menos de 20 mil habitantes”. La Jornada, 17 de diciembre de 2006
José Luis Piñeyro, “Gasto, ¿público?”. El Universal, 6 de enero de 2007.
Fabiola Martínez, “Usará Gobernación 40% de su gasto en inteligencia y seguridad nacional”. La Jornada, 27 de diciembre de 2006.
Miguel Angel Granados Chapa, “La sujeción”. Revista Proceso número 1575, 7 de enero de 2007.
Ver portada de la revista Proceso número 1575, 7 de enero de 2007.
Gustavo Castillo García, “Arranca en los hechos unión de AFI y PFP bajo mando de Ardelio Vargas”. La Jornada, 16 de diciembre de 2006.
Gustavo Castillo García, “Plantea el gobierno gendarmerías para pueblos con menos de 20 mil habitantes”, ya citado.
Gustavo Castillo García, “Estrecha colaboración México-EU para crear la figura de zar antidrogas”. La Jornada, 5 de enero de 2007.

* Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca.
Martes 9 de enero de 2007, de 9:30 a 16:30 Hrs.,
Salón Legisladores, Edificio “A”, 2° piso,
Cámara de Diputados de San Lázaro. 

La sombra de Francisco Franco recorre Oaxaca

Carlos Beas Torres

ALAI AMLATINA, 09/01/2007, Oaxaca.- A punto de terminar el año pasado, las declaraciones de dos diputados panistas; volvieron a darle una dimensión internacional al conflicto que se vive en Oaxaca. El 30 de Diciembre del 2006, los legisladores federales del PAN, Alejandro Landero Gutiérrez y Cristian Castaño Contreras aseguraron que el partido español Izquierda Unida (IU); estaba interviniendo en la política nacional, ya que había manifestado públicamente su apoyo a la lucha de la APPO.
Además, sin pruebas de ningún tipo, estos legisladores señalaron que IU había entregado recursos económicos para sostener las movilizaciones que han venido ocurriendo en Oaxaca y pletóricos de amor patrio advirtieron de “una clara transgresión al artículo 33 de nuestra Constitución Política” y de una violación a la soberanía nacional.
Claro que de inmediato, los voceros de la Asamblea Popular negaron tal versión y aclararon públicamente que son cientos de organizaciones y grupos políticos en más de 30 países que han manifestado su respaldo a la lucha del pueblo oaxaqueño y que esta lucha es mantenida por mismo el pueblo.
En España las manifestaciones de solidaridad ante la Embajada y consulados mexicanos han movilizado a varios miles de personas de diferentes grupos y sindicatos que simpatizan con la causa del pueblo oaxaqueño. Decenas de grupos españoles que van desde los sindicalistas de la CNT y la CGT; hasta los colectivos que apoyan la causa zapatista, se han venido movilizando en toda la geografía española.
Sin embargo las declaraciones de estos “patriotas” diputados panistas sí omiten la abierta intervención que ha tenido el neofranquista Partido Popular y los intereses que representa, en la vida política y económica de nuestro país y en la de Oaxaca en particular. Por supuesto “olvidan” también que el 21 de Febrero pasado en un acto público celebrado en nuestro país, José María Aznar pidió el voto para el candidato panista a la Presidencia de la República, hecho por el cual por cierto el Partido Acción Nacional fue tardíamente sancionado.
Este acto injerencista sólo es una muestra de la estrecha alianza que existe entre el PAN y el PP, ambos partidos además de ser integrantes importantes de una red internacional de partidos demócrata cristianos, comparten los mismos intereses económicos. Bajo la administración de Vicente Fox, de manera ilegal se abrieron espacios del estratégico sector de energía a grandes empresas españolas como Unión Fenosa, Endesa, Repsol e Iberdrola.
También son públicas las estrechas relaciones existentes entre el Partido Popular y las grandes corporaciones energéticas y bancarias españolas, al grado de que altos directivos de estas empresas han ocupado cargos de primer nivel bajo gobiernos del derechista PP.
Un caso emblemático sin lugar a dudas, es el del gigante eléctrico Iberdrola. Ya que hombres clave de esa empresa como Benigno Blanco, Guillermo Heras, Pascual Fernández y Jaume Matas fueron integrantes de primer nivel del gabinete que encabezó el expresidente Aznar.
Por ello no es mera coincidencia que el gigante Iberdrola también fuera beneficiario de los favores del Gobierno de Fox, ya que ejecuto durante el año 2006 el Proyecto La Venta II, con una inversión de más de 110 millones de dólares. En el Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca, se ha echado andar un megaproyecto eólico, para el se ha requerido de la directa intervención del gobierno estatal, de caciques priístas y de funcionarios federales de diferentes dependencias.
Ejidatarios y comuneros zapotecas de los pueblos de La Venta, La Mata, La Ventosa e Ingenio Santo Domingo; han denunciado constantemente los métodos gangsteriles que han utilizado personeros de los gobiernos de José Murat y de Ulises Ruiz para obligar a los campesinos e indígenas a mal vender sus tierras. Por su parte Greenpeace ha denunciado que la Secretaría del Medio Ambiente dio por buenos, aberrantes y malhechos estudios de impacto ambiental.
Este megaproyecto apenas ha arrancado y es claro que para las grandes empresas españolas involucradas en el mismo, el triunfo electoral de Felipe Calderón era fundamental para su continuidad. En su momento nunca dude que Amigos de Fox recibieran fondos de estas empresas españolas y presumo que también deben de haber hecho importantes aportaciones a la campaña electoral panista del 2006. Esta suposición la fundo, en el tono de exigencia que utilizaron los inversionistas españoles en una reciente reunión con el Presidente Calderón.
Parecería que las grandes empresas españolas quieren cobrar de inmediato facturas, ya que el tono que usaron algunos de los inversionistas españoles en El Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial México-España, el pasado 5 de Diciembre fue de exigencia. Y sin dejar lugar a dudas la respuesta del Presidente Calderón sólo constató que los intereses de las corporaciones españolas serán bien atendidos por su gobierno, ya que señaló que hay ventanas de oportunidad en la construcción de aeropuertos carreteras, puentes, presas, infraestructura energética y el turismo.
La sombra del dictador Francisco Franco se pasea por el Istmo oaxaqueño y ¡oh sorpresa! no camina sola, la acompaña seria y callada, la sombra de Porfirio Díaz.

LOS PROLEGÓMENOS DEL 2010

Ponencia de Omar Sierra Paredes, egresado de la Escuela Superior de Economía del IPN, Generación 68-72.

(Situación política de México a finales de 2006 y marco de referencia para el Politécnico Nacional en su proyecto de revalorización ).
Introducción:
Según la dialéctica materialista, una situación revolucionaria se presenta debido a tres factores fundamentales: 1) “Crisis en los de arriba”, por la imposibilidad de la clase política dominante de mantener sin cambios las formas de su dominación, abriendo con ello paso al descontento y la indignación de las clases oprimidas. 2) Agudización por encima de lo corriente de la pobreza y de la miseria de la mayoría de la población; y, 3) Considerable elevación de la actividad de las masas que en los períodos “pacíficos” se dejan despojar calladamente, pero que en los períodos turbulentos se ven empujados por las mismas circunstancias de crisis general y por la intolerancia de “los de arriba”, a una actuación histórica.
El México de hoy pareciera que se encuentra en ese prolegómeno que presagiara desembocar, situación que nadie desea, como en las vorágines de 1810 y 1910; pretendiendo confirmar que las centurias son las ruedas que conducen hacia los grandes cambios en la historia de nuestro país.
En 1810, el despojo, la miseria, esclavitud y trato infrahumano hacia los indígenas, se conjugaron con la crisis de los criollos con los peninsulares déspotas por el control del gobierno colonial y sobrevino la guerra de independencia.
En 1910, nuevamente el descontento del pueblo sobre-explotado, acasillado, despojado y cruelmente reprimido por los hacendados, las compañías extranjeras y el gobierno “científico” de Porfirio Díaz; se conjugó con la exigencia de una clase capitalista pujante que chocaba con el hacendismo y la “aristocracia pulquera” que le impedían crecer y se convertían en cadenas a romper.
En ambos movimientos, las armas tomaron la voz de los que no quisieron ser escuchados y los gobiernos tiranos cayeron.
Sin embargo, al día de hoy, el bienestar social, el verdadero bienestar para la colectividad, para “los de abajo”, ha llegado a cuentagotas y es asignatura pendiente. Los indígenas tienen 500 años de estoica lucha para vivir como seres humanos en la tierra que les corresponde por derecho propio. Para la mayoría los campesinos, obreros, trabajadores del arte, deportistas, maestros y estudiantes, profesionistas, pequeños empresarios y comerciantes, intelectuales, empleados de toda índole y minorías diversas; van para 200 años de lucha por una ilusión, aparentemente inalcanzable.
El México de hoy está quebrado y a la clase política gobernante parece no importarle. Sólo cuenta la conservación de sus privilegios, cueste lo que cueste.

1). “Crisis en los de arriba”:
El México actual está gobernado por una clase política profundamente reaccionaria ( ya ni siquiera conservadora ), servil a los designios del imperio del norte, encaminada a imponer los intereses privatizadores en favor de los voraces e insaciables consorcios transnacionales y domésticos hegemónicos en la globalización, absolutamente antipatriótica y vacunada contra las más elementales necesidades colectivas de la población. Los ejes rectores, los móviles de nuestra clase política en el poder, son: el dinero y el mercado…¡ ah ! y la fe… Sí, la fe, porque el alto clero se ha inmiscuido abiertamente en el accionar político y ha vuelto por la revancha. Los “ilustres apellidos” “mancillados” por Juárez y Lázaro Cárdenas, hoy también están en el poder y detrás del poder político, cobrándose viejas afrentas. A esta clase clerical no le importa que sepan de la existencia y el poder del “Yunque”, del crimen organizado con los curas pederastas, de su liga con el narcotráfico o su enorme influencia en la educación privada. Ellos están presentes…¿y qué? 
Esa es la clase política dominante que ha metido al país en una crisis general y, al mismo tiempo, a una “crisis en los de arriba”, porque no les interesa realizar cambios en sus formas de gobierno para continuar con su dominación, no obstante que el país haya cambiado y requiera urgentemente otro tipo de régimen donde la sociedad tenga participación directa y sea ella la protagonista principal .
Se pudiera decir, sin temor a equivocarnos, que “El Movimiento del 68″ fue el parte-aguas que inició “la crisis de los de arriba” que se manifiesta en la actualidad. Las elecciones presidenciales de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas y la irrupción del EZLN el 1º. de enero de 1994, son los otros dos elementos vertebrales que deterioraron severamente la forma autoritaria de los gobiernos priístas; sin dejar de considerar a todas y cada una de las luchas que día con día libran “los de abajo” contra la impunidad y el reciente fraude electoral de las elecciones presidenciales del 2 de julio reciente. 
La caída del PRI y el arribo de Vicente Fox a la Presidencia de la República en el año 2000, abrigó para el grueso de la población las posibilidades de un “cambio” como se nos había prometido. Salvo los estudiosos de la materia y los actores políticos y ciudadanos conscientes, sabían que eso era imposible. Hoy, la nación vive las consecuencias de un sexenio perdido, de un broma macabra de la clase política con temerarias consecuencias.
La clase política en el poder vive actualmente una crisis profunda. La ciudadanía ya no les cree a los gobernantes ni a los partidos políticos y ellos se debaten en crudas luchas internas por seguir asidos al presupuesto federal ( botín de más de dos billones de pesos anuales que les permite su permanencia y para algunos su sobrevivencia , según el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el último ejercicio fiscal) y a la cadena de impunidades cobijadas por un servil Poder Judicial atado al Poder Ejecutivo y a los intereses financieros. La república está quebrada, el federalismo y las instituciones son rehenes de los intereses más abyectos y hasta el narcogobierno impone sus condiciones en varias regiones y estados de la nación.
El vacío de poder en el gobierno foxista y su falta de oficio político, propició el asalto de la oligarquía financiera-empresarial por imponer abiertamente sus reglas y sus rumbos sintiéndose cobijados por un gobierno “de empresarios, por empresarios y para empresarios” . Las instituciones republicanas están atadas y en ellas dominan las fuerzas reaccionarias como en el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Hoy, el poder de la televisión privada ha sustituido a esas nobles instituciones y ya se erige como la máxima guía de opinión para las masas. Hoy, las televisoras denuncian, juzgan y condenan libremente de acuerdo a sus intereses. Ese poder es el moderno flautista de Hammelin. Y cómo no serlo, si el negocio de las campañas presidenciales del 2006 pronosticaban para Televisa incrementar en 17 por ciento más sus ingresos normales, incremento que superaría los 5 mil millones de pesos por concepto de contratación de espacios publicitarios ¡Viva la democracia del “homo videns”! (Datos obtenidos en México,SA, de Carlos Fernández Vega, La Jornada, 13/10/05,Pág. 3º )
Giovanni Sartori advierte en su obra “El homo videns” que, “un mundo concentrado sólo en el hecho de ver es un mundo estúpido. El homo sapiens, un ser caracterizado por la reflexión, por su capacidad para generar abstracciones, se está convirtiendo en un homo videns, una criatura que mira pero que no piensa, que ve pero que no entiende”. Igualmente, Ghita Ionescu, señala que “El hecho de que la información y la educación política estén en manos de la televisión…representa serios problemas para la democracia. En lugar de disfrutar de una democracia directa, el “demos” ( pueblo) está dirigido por los medios de comunicación” . Así, concluye Sartori, que en tiempos políticos “el homo videns que ha perdido la capacidad de disentir se vuelve, entonces, en un elector teledirigido” .
El “elector teledirigido” es una realidad en los tiempos políticos de Estados Unidos. En México, el gran poder de penetración de la televisión privada en el ámbito político se comprobó en las recientes elecciones presidenciales del 2 de julio, donde Televisa y TV Azteca “teledirigieron al elector” abiertamente hacia el candidato de la extrema derecha. Ese mismo peso político de las televisoras mexicanas, meses atrás se había hecho presente en el Congreso de la Unión al aprobarse la “Ley Televisa”, mediante la cual se le entregó en bandeja de plata a ese consorcio el monopolio del espectro radio eléctrico.
La “crisis de los de arriba” se refleja claramente en el papel que ahora juega el otrora poderoso y monolítico PRI. Al convertirse en la tercera fuerza electoral, el PRI con largo colmillo y avaricia inagotable, sabe bien que se ha convertido en el Partido “bisagra” y que sin su apoyo el PAN no podrá alcanzar ningún objetivo de su proyecto de gobierno. Esa posición de franco declive del PRI es a la vez su fortaleza y le permite chantajear y vender caro “su amor” para seguir conservando posiciones y privilegios para sobrevivir. Es un acuerdo de simbiosis perversa en que se necesitan mutuamente PRI y PAN, aunque se sangren. Por eso se explican los acuerdos en las cámaras de diputados y senadores para apoyar a los gobernadores caciques de Puebla y Oaxaca, aun a costa del descontento popular. El PRD no está exento, de lo cual escribiremos más adelante.
La partitura de dominio caciquil del PRI que le permitió gobernar por más de 70 años, ya no es posible seguirla tocando porque ya es otro México que no responde a ese vals. Ahora, sin el cacique mayor que significaba el Presidente en turno, su estructura caciquil sigue siendo su mayor fortaleza pero, a la vez, significa su principal contradicción interna: como todos son cómplices de todo, no pueden abandonarla porque se acusarían entre ellos mismos y se destrozarían, siendo este precio demasiado caro. Un ejemplo de ello lo presenciamos con la pugna Roberto Madrazo- Elba Esther Gordillo, siendo esta última la gran vencedora en las elecciones presidenciables del 2 de julio pasado, convirtiéndose en un gran poder detrás del trono y dejando severamente fracturado al PRI hacia su interior.
El fraude electoral respecto a las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, demostró a los mexicanos que su voto no es respetado, que la vía electoral como se encuentra en la actualidad no es confiable para hacer realidad el ejercicio de la soberanía popular plasmado en el artículo 39 de nuestra Constitución Política y que la tesis de “la transición pactada” para que Zedillo le cediera la presidencia a Vicente Fox, cobra más peso que nunca.
El viejo PRI era un ancla para que México pasara al “primer mundo” prometido por Salinas de Gortari, es decir, al mundo del neoliberalismo y la globalización pero como lo que siempre ha sido nuestro país: subordinado y dependiente; pero todavía con inmensas riquezas apetecibles para el imperialismo voraz y mundializado, como la gran biodiversidad de Chiapas, nuestro petróleo y energía eléctrica, el Istmo de Tehuantepec como sustituto del Canal de Panamá, nuestra agua o, sencillamente, nuestra barata fuerza de trabajo y si es indígena, mejor. El viejo PRI ya estorbaba y se necesitaba un gatopardo y nadie mejor que un personaje atado y “educado” en las empresas transnacionales.
Con Vicente Fox no ascendió el panismo tradicional al poder presidencial, sino la clase social doméstica atada a los intereses imperialistas que dominan en la globalización y coaligada con el salinismo y el zedillismo. A Fox lo llevaron al poder los grandes capitales nacionales e internacionales y por eso su “gabinetazo” de hombres de dinero serviles y dependientes del dinero internacional. Por eso también el pleito de Fox con el panismo ortodoxo que al final no le quedó otra más que subirse al barco y empezar el maridaje para la nueva época.
Vicente Fox ejerció el poder como lo que es: un mayordomo del imperio; obedeciendo los mandatos de Washington, pero a la vez incapaz y sin oficio político para cumplir con la encomienda. Por eso deja la mayoría de las facturas pendientes que le exigió el gran capital neoliberal y por eso el fraude electoral a través de un instrumento del estado con careta ciudadana, el IFE, para preservar la continuidad del proyecto neoliberal y asegurar que el siguiente gobierno pague esas facturas pendientes; sin importar que se agudicen las condiciones políticas ni que el próximo Presidente gobierne en estado de excepción y con la fuerza pública como su mejor argumento para convencer. Mal presagio será que Felipe Calderón tome posesión de su cargo presidencial el 1º de diciembre de 2006 con la fuerza militar aplacando los clamores de su ascenso altamente cuestionado y sin esclarecer.
Con esta nueva etapa por transitarse, la “crisis de los de arriba” tenderá a agudizarse debido a la imposibilidad y falta de voluntad política de mantener sin cambios las formas de su dominación ante un México que ya cambió, pero no porque lo haya promovido el presidente “del cambio” Vicente Fox, sino porque la mayoría de la población ya está harta de tanto abuso e impunidad de la clase política proveniente de TODOS los partidos políticos y exige un real y verdadero cambio. Sin embargo, esta clase reaccionaria en el poder y su continuidad con Felipe Calderón, ha demostrado con los hechos que no cederá y continuará con la línea dura no importando que se incendie la pradera.

2). Agudización de la pobreza y de la miseria:
El problema fundamental del México actual, es la gran desigualdad que existe entre los sectores de su población. Existe el México de las mayorías pobres y miserables y el México de la riqueza para unos cuantos. El México del hambre y el México de la gula. El México de la injusticia y el México de la impunidad. La esencia de la economía no radica en cómo producir más riqueza sino en cómo distribuirla mejor.
Para ejemplificar lo anterior, en esta ponencia tocaré algunos aspectos medulares en torno a los cuales giraron los problemas nacionales en este sexenio perdido: el deficiente crecimiento económico, el desempleo, la concentración de la riqueza y su resultado de pobreza extendida y gran migración; y, el aumento de la violencia e inseguridad.
En relación al deficiente crecimiento económico, el Banco de México registra un promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2001 a 2005 de solamente 1.8 por ciento y la CEPAL pronosticó para 2006 un crecimiento de 3.5 por ciento, lo que arrojaría un promedio sexenal del PIB nacional de apenas el 2.1 por ciento de crecimiento. 
Ese paupérrimo crecimiento del PIB nacional y del mercado interno, se entiende cuando el promedio del gasto de capital en los seis años dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación fue de tan sólo el 11 por ciento, de acuerdo a los análisis de la Coordinación de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Igualmente se explica el nulo crecimiento económico del país, cuando se analiza que los ingresos petroleros tuvieron un extraordinario crecimiento al pasar de 387 mil millones de pesos en 2001 a 644 mil millones de pesos en 2005, según la SHCP y éstos no incrementaron el rubro del capital ( como ya se señaló) y se destinaron fundamentalmente al gasto corriente y, posiblemente, a la corrupción, ya que Transparencia Internacional ha reprobado los seis años consecutivos al sexenio de Vicente Fox en materia de corrupción. Hay que señalar el agravante de que tan sólo en el año 2005 Petróleos Mexicanos ( PEMEX ),fue el principal contribuyente con más del 40 por ciento del total de los impuestos captados, mientras que la evasión fiscal significó en es mismo año cerca de 165 mil millones de pesos, el 1.6 por ciento del PIB nacional, según estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica ( CIDE ).
Al no fomentarse el gasto de capital ni el empleo, se explica por qué durante el sexenio actual emigraron más de tres millones de mexicanos al norte y las remesas enviadas por más de 11 millones de paisanos que viven en Estados Unidos significaron durante estos seis años la segunda fuente externa de ingresos para la nación con 70 mil millones de dólares, de acuerdo al Banco de México y al Consejo Nacional de Población ( CONAPO ).
En relación a la creación de EMPLEOS PERMANENTES durante este sexenio perdido, el IMSS sólo registró un magro incremento del 0.5 por ciento, equivalente a 52 mil trabajadores. Así, es comprensible que el INEGI haya reportado que la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), significó en el año 2005 el 14.3 por ciento de la PEA ( Población Económicamente Activa ), equivalente a 6.2 millones de personas, conformados por desempleados y subempleados que trabajaron menos de 35 horas a la semana, los que laboran más de 48 horas a la semana ganando menos de dos salarios mínimos o que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo. Pero eso sí, se tienen alrededor de 70 mil millones de dólares como reserva federal que no se usan en apoyo al empleo y la inversión de capital o como lo propusiera el Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, al pago de la deuda externa. Tenemos una casa pobre y una cuenta de banco de ricos.
La consecuencia de casi un cuarto de siglo de políticas neoliberales ha sido la pobreza generalizada y la mayor concentración de la riqueza. Se ha polarizado la sociedad como lo muestra la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004 del INEGI, donde se registra que casi el 40 por ciento de la riqueza nacional está en manos de un 10 por ciento de las familias mexicanas y, en contraste, el 60 por ciento de los ingresos nacionales se tiene que repartir entre el 90 por ciento de la mayoría de los hogares mexicanos. 
En nada nos enorgullece que en México exista Carlos Slim quien, según la revista Forbes, es el tercer hombre más rico del planeta con una fortuna de más de 30 mil millones de dólares y cuyos ingresos diarios se mueven a un ritmo de 17 millones de dólares, conviviendo con más de 60 millones de mexicanos pobres. Justo por la política favorecedora de la concentración de la riqueza y de complicidades que significa el neoliberalismo, ello le permitió al Sr. Slim aportar a la campaña de Vicente Fox como “simpatizante de Acción Nacional” 5 millones 250 mil pesos ( en efectivo ) e incrementar cinco años después su fortuna personal en 20 mil millones de dólares, es decir, obtuvo 3 810 veces más de lo que “invirtió” inicialmente. ( Datos de “México,SA”, de Carlos Fernández Vega, La Jornada, 22/09/06, Pág.34).
Esa misma política depredadora ha permitido que los bancos extranjerizados lograran acumular ganancias netas por 137 mil millones de pesos durante los cinco años de “oportunidades” ; lo que se contrapone y explica por qué el campo mexicano va en declive y tendrán que pasar 65 años más para que los niños indígenas alcancen la suficiencia nutricional, como lo reveló el Censo Nacional de Talla 2004 o que más de un millón de niños menores de cinco años de edad ( 12.7 por ciento de la población de ese rango), padecen desnutrición crónica y por ello el país está fuera de las naciones consideradas bien alimentadas, como reveló la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, recientemente en septiembre de 2006. Por lo mismo, se puede entender que México ocupe los últimos lugares a nivel educativo y de gasto en ciencia y tecnología ( sólo el 0.38 por ciento del PIB) entre los países de la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y ahora tengamos el honroso lugar número 53 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU en el año en curso, superándonos Argentina, Chile y Cuba. ( Datos contenidos en el III Informe del Dip. Fed. Marcos Morales Torres,XIL-Legislatura,junio 06).
La concentración y centralización de la riqueza en México es grotesca y una verdadera bomba de tiempo, porque se ha levantado a costa del sacrificio de millones de hogares, de pueblos enteros y de la depredación de nuestros recursos naturales con la inicua complicidad de todas las autoridades. En vez de enorgullecerse, la clase dominante debería de preocuparse que la concentración de la riqueza registrada en la Bolsa Mexicana de Valores sólo pertenezca a 10 empresas y empresarios cuyos activos equivalen al 35 por ciento del PIB, cuyas ganancias conjuntas son a razón de 440 millones de pesos diarios, equiparables a más de 9 millones 200 mil salarios mínimos. Grupo Modelo, Wal-Mart, Grupo Televisa, Grupo México, FEMSA, Carso Global Telecom, Teléfonos de México, América Telecom, CEMEX, y América Móvil, con sus respectivos dueños son, entre otros personajes, ejemplos de la absurda concentración de la riqueza que no se presenta ni siquiera en los países altamente industrializados como Estados Unidos. ( La Jornada,15/05/ 06, Pág.30). 
Hace décadas que México ha dejado de ser autosuficiente alimentariamente y se importa maíz, dieta básica de nuestra población. De 1880 a 1910, en la época del porfiriato, México tuvo que importar maíz debido a las privatizaciones de la tierra. En la época de Porfirio Díaz, la banca era totalmente extranjera con capitales franceses, españoles e ingleses. A fines de 2005, el 91 por ciento de la banca “mexicana” era extranjera. En 1988, en la Secretaría de Programación y Presupuesto, realizamos los estudios de “Mínimos de Bienestar” , determinándose que los estados más pobres de la república que no contaban con esos mínimos de bienestar eran Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En el 2006, los estados más pobres del país siguen siendo Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
A este panorama habría que agregar que ante la incapacidad de las políticas neoliberales de crear bienestar generalizado, la inseguridad y la violencia manifiestan su escalada. Ahora, la violencia del narcotráfico ha inundado a casi todo el mapa nacional con sus ajustes de cuentas y las narcotiendas están casi a la vuelta de la esquina. El robo a transeúntes, casas habitación y de automóviles, es noticia cotidiana junto con los secuestros ( entre ellos el exprés) y la extorsión telefónica. Todo ello, ha socavado la conciencia social y ha incrementado la desintegración familiar, provocando ciudadanos más individualistas, recelosos y descontentos ante las autoridades e instituciones.
A casi 100 años del triunfo de la revolución mexicana, pareciera que para los pobres de este país y especialmente para los indígenas, las cosas no hubieran cambiado mucho… ¿Qué hay que hacer?

3). Considerable elevación de la actividad de las masas:
Esta premisa, al igual que las anteriores, aun no se cumple cabalmente y podría ser la más rezagada de las tres; pero hay que destacar que los movimientos sociales recientes y actuales se caracterizan más por su calidad que por su cantidad y ello pudiera producir un efecto multiplicador; además, de que la propia conducta de la clase política en su conjunto y del continuismo en la aplicación de las políticas gubernamentales abiertamente neoliberales, provocarán reacciones de “los de abajo” cada vez más generalizadas. 
En la campaña “del cambio”, sin recato alguno Vicente Fox se comprometió a solucionar y castigar a los culpables de varios conflictos espinosos del pasado como el 68, el 71, la guerra sucia de los 70, Aguas Blancas, Acteal y Chiapas “en 15 minutos”. Burla ignominiosa hacia la investidura presidencial e insultante hacia el pueblo de México, fue la conducta de Fox ante estos agravios que laceran miles de corazones; simplemente, los ignoró.
Hoy, esos agravios siguen en la conciencia y en la historia de nuestro pueblo porque se va acrecentando la comprensión de que las heridas deben restañarse completamente para no repetirlas jamás.
Sin embargo, ante una clase política ignorante y despreciativa de su historia, de sus hechos y de su gente, como la actual en el poder, no se podría esperar mas que repitiese los errores del pasado y los de su propio fario. Así, varios movimientos de masas surgidos en el presente sexenio fueron despertando conciencia ciudadana y algunos de ellos, por sus características, tienen marca de trascendencia. Los movimientos de Atenco, de los mineros, de Oaxaca y “La otra campaña”, corresponden a este tipo de características.
Fijarse bien que no incluí a las manifestaciones contra el desafuero de López Obrador, contra el fraude electoral del 2 de julio de 2006 o las efectuadas contra el gobernador de Puebla por el caso Lydia Cacho. Estas son movilizaciones más no movimientos. Estas movilizaciones aunque tienen un fin específico, no cuentan con una base social organizada y con estrategia a plazos para lograr el objetivo cualitativo. Estas movilizaciones, sin duda alguna, revisten una enorme importancia coyuntural y son semilla nutriente de los movimientos futuros; pero también, pueden ser desactivadas con relativa facilidad por los convocantes si consideran que ya cumplieron con su cometido.
Los movimientos de Atenco y de Oaxaca, tienen una fuerza local que seguramente se va a acrecentar ( simplemente por la lógica neoliberal de querer desaparecerlos por la vía de la represión, en vez de satisfacer sus demandas que son de elemental bienestar ciudadano y que NO ponen en peligro al régimen) y seguirán fortificando alianzas nacionales e internacionales, como hasta hoy se han hecho patentes. La resistencia diaria de estos movimientos está siendo fuente de enorme riqueza para la organización popular, debido a que tiene que reaccionar ante los ataques continuos de la ciega y sorda clase política que actualmente nos gobierna.
El movimiento de los mineros es de carácter gremial y sus descontentos contra los poderosos consorcios y las autoridades gubernamentales que los cobijan, pueden encontrar eco en los sindicatos que están atentos a las políticas de privatización de nuestros energéticos o de las instituciones de salud, por ejemplo, sectores en los cuales los gobiernos neoliberales panistas y priístas tienen una enorme factura pendiente con el gran capital doméstico y transnacional.
“La otra campaña” convocada por el EZLN como la forma política y pacífica de crear “otro México de abajo y a la izquierda” y sin la ingerencia de los partidos políticos, ha sido ignorada por la clase política en general y evidentemente por todos los partidos políticos, despreciada o tratada burlonamente por la TV y la radio y hasta desprestigiada por intelectuales o pseudos intelectuales de “izquierda”. Sin embargo, “la otra” es el único movimiento actual que tiene una visión de mediano y largo plazos, de carácter nacional, de respeto a las formas y “modos” de cada organización que se sume y no se autonombra el EZLN como el dirigente máximo, sino como uno más de entre todos los que vayan a conformar esta organización. Es el único movimiento que directamente tiene contacto con “los de abajo” y que va dejando semillas de incubación que en su momento conformarán una gran fuerza articulada. Ahí va caminando lentamente y su potencial está construyéndose.
Es menester tratar el papel del Partido de la Revolución Democrática ( PRD ), el cual es contradictorio en los hechos. Claro es que los avances democráticos y la recomposición de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión y los gobiernos estatales, se debe en gran medida a la conquista de posiciones del PRD en esos ámbitos a partir de 1988. Sin embargo, el PRD se hizo viejo rápidamente y es un cúmulo de contradicciones y de incongruencias.
Desde hace un buen rato que el PRD es un cúmulo de incongruencias. Hacia su interior, está compuesto por una burocracia elitista, cupular, clientelar y cooptadora de todo intento democrático. Sus dirigentes, las corrientes y los neoperredistas- priístas- panistas , imponen posiciones desde el nivel municipal hasta el nacional; se practica un pragmatismo sin principios, sin convicción, sin memoria ni visión históricas y lo que se criticó como la forma más deleznable de hacer política en otros partidos con base a la compra de votos o de todo lo que sea comprable, desde hace tiempo se hizo moneda corriente en el PRD. Es el partido que lucha por la democracia en México y hacia su interior no existe democracia ni hay partido, porque desaparecieron los Comités de Base organizados y fueron suplidos por la clientela de las corrientes o de los neopriístas.
Hacia el exterior tampoco hay congruencia, ya que desdeña a los movimientos y sólo se dedica a las movilizaciones. Hay ejemplos variados de dirigentes, representantes populares y gobernantes que se enloquecen con el poder y el dinero, que son un caos administrativo y que afloran en ellos la represión y la intolerancia. Lamentablemente, los casos positivos y ejemplares, son los menos. En general, ante los grandes problemas nacionales el PRD calla y no hay solidaridad latinoamericana. No hay un proyecto nacional claro, firme y sólido que fije rumbo y objetivos históricos, reduciéndose siempre a un listado de puntos a lograr o para administrar bien al régimen neoliberal cuando éste es el enemigo principal de las naciones latinoamericanas y del tercer mundo. Todo es indeciso: se dice que sí pero al rato no y se tiende las redes para negociar, se gira para el centro y luego no, se convoca a una Convención Nacional Democrática donde no se discute nada y sólo se les pide a los convocantes que se aplauda ( ¿por qué no se aprovecharon los más de 40 días del plantón en Reforma para discutir y planear estrategias, organización y objetivos? ¿Será porque ese no era el objetivo?). Hacia afuera se maldicen a las instituciones pero los dirigentes y personajes electos a cargos populares no renuncian a ellas.
Al PRD le espera la refundación o su destino de seguir siendo “la izquierda” con dirigentes neoliberales y oportunistas. La causa aparente que persigue es plausible, sus métodos son poco creíbles y el accionar de sus dirigentes está sujeto a las negociaciones pragmáticas que los ha caracterizado desde hace un buen tiempo.

¿ QUÉ HACER?
Aquí, la verdadera autocrítica y el destierro del autoengaño, son fundamentales para realmente avanzar. 
Ante un neoliberalismo globalizador que posiblemente signifique la última etapa del sistema capitalista y que se manifiesta sumamente salvaje a nivel mundial, han surgido los movimientos altermundistas y el Foro Mundial Social, como movimientos globalizados para contrarrestar lo absurdo de este sistema que incluso está orillando a la destrucción del planeta mismo. Alianzas mundiales y a nivel regional es el paso inmediato para cambiar la correlación de fuerzas en favor de la ayuda mutua y la verdadera cooperación mundial
En México, ante un panorama de absoluta abyección de la clase gobernante de nuestro país hacia los mandatos de los grandes capitales transnacionales y locales, así como una generalizada desconfianza de la población a las instituciones gubernamentales y los partidos políticos, ha llegado la hora del movimiento ciudadano y social verdaderamente solidario e independiente de los partidos políticos. Cada quien en su trinchera sabe y tiene la experiencia de su lucha y sus objetivos. No se requiere de ayuda externa pero sí de solidaridad y de ayudas mutuas para lograr movimientos independientes con alianzas estratégicas que fijen sus metas y objetivos muy concretos y alcanzables en el corto y mediano plazos.
La fortificación de las alianzas estratégicas será el factor vertebral que otorgue el peso político propio y logre el cambio en la correlación de fuerzas en pro de las mayorías por los causes legales y pacíficos. Esta conducta no será ajena a los partidos políticos que se obligarán a cambiar sus estrategias, para bien o par mal de ellos mismos. En el corto y mediano plazos, son urgentes dos reformas que a todos nos atañen: la reforma de Estado, que modifique el accionar de las instituciones que regulan la vida cotidiana de la ciudadanía ( y el IPN es una institución medular ); y, la convocatoria y elaboración de una nueva Constitución Política, acorde a los nuevos tiempos y exigencias de los mexicanos.
Es momento de restañar heridas y de recomponer conductas y estrategias entre los personajes y organizaciones que siempre han estado del lado del progreso social y de la auténtica democracia. Es momento de definiciones y de acciones, de honrar la palabra y los principios , de corregir errores y de ir por México. El 2010 cercano debe ser un horizonte de lucha pacífica y legal, de movimientos de liberación nacional y de hermandad latinoamericana, de auténtica solidaridad entre la ciudadanía patriótica y progresista. Ese es el reto.
Este es el panorama político en el que actualmente se mueve el Instituto Politécnico Nacional, un horizonte de privatización de la educación y de incluirlo en el juego de la oferta y la demanda y no el de responder al objetivo de su creación: ser el puntal del desarrollo tecnológico y científico de la nación para el fortalecimiento de su soberanía e independencia, tal como lo establece el artículo 1º. de su Ley Orgánica Recuperar al Politécnico Nacional para el bien de nuestra patria, debe ser nuestro objetivo.

OMAR SIERRA PAREDES
16 de noviembre de 2006.
( Nota: las fuentes de los datos están citadas en el texto mismo ).
PRIMER CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO
16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2006.

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