Eduardo Ibarra Aguirre
Ser india, pobre y anciana en este país del imperio de la impunidad, particularmente la que surge de la metralleta al hombro y el uniforme verde olivo, es colocarse en la indefensión casi total.
No otro es el mensaje de fondo que envía el alto mando militar con su conducta protectora de los soldados que violaron tumultuariamente a Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años de edad, en la comunidad de Tetlacinga, Veracruz, y que le provocaron la muerte el 26 de febrero pasado.
En una primera reacción, la Secretaría de la Defensa Nacional exculpó el 2 de marzo a los soldados adscritos a la 26ª. Zona Militar porque no se han “encontrado pruebas o indicios fehacientes que señalen como probables responsables al personal militar”.
Y en el cinismo hecho costumbre, recuerdan que “en las actividades que realiza el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se respeta en todo momento los derechos humanos de las personas (sic)”. Como si los indios, en particular las mujeres, y la sociedad en general no fueran los directamente afectados por la sistémica violación de las garantías individuales que cometen por todo el país desde el soldado raso hasta el titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, como lo han documentado puntualmente los organismos civiles de defensa de los derechos humanos, mexicanos y extranjeros, y contados medios de comunicación a partir de noviembre de 1993.
Tres días más tarde se produjo un giro de 180 grados. Con otro boletín de prensa, distribuido en Orizaba por personal de la 26ª. Zona Militar, se dio a conocer la presencia en la sierra de Zongolica de hombres con uniformes de militares ajenos al Ejército, los cuales habrían violado y asesinado a la náhuatl. El texto fue retirado bajo el argumento de que contenía errores ortográficos. Pero el boletín “corregido”, marcado también con el número 19, contenía un texto completamente distinto al primero.
La parcialidad de la cúpula castrense y la negligencia en que incurrieron la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia de Veracruz –al decir de Javier Pérez Pascuala, alcalde de Soledad Atzompa, y de la familia Ascencio–, están convirtiendo un caso grave de injusticia en un escándalo que ya trascendió fronteras.
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura fueron las primeras en solicitar lo elemental: remitir la averiguación ministerial a la justicia civil, pues en tribunales militares los presuntos violadores –bestias, habría que escribir sin incurrir en hipérbole– podrían enfrentar un juicio parcial.
No hablan de oídas. Como bien recuerda Marisela Contreras Julián, autora del punto de acuerdo con el que la Cámara de Diputados “exige el esclarecimiento y castigo de esos actos reprobables e impunes”, a la violación tumultuaria de doña Ernestina le antecede una cadena de abusos contra indias en condición de pobreza extrema, campesinas y hasta trabajadoras sexuales.
Del 4 de junio de 1994 data la primera violación tumultuaria contra tres mujeres tzeltales, en Altamirano, Chiapas. Delfina Flores y Aurelia Méndez, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, denunciaron el 3 de diciembre de 1997 que cinco soldados las violaron. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca recibió, en 1997, la denuncia sobre la violación de 12 mujeres por soldados en los Loxicha. Victoriana Vázquez y Francisca Santos denunciaron que fueron atacadas sexualmente por integrantes del Ejército en Tlacoachixtlahuaca, Guerrero. El 16 de febrero de 2002, en la Barranca de Bejuco, Guerrero, fue agredida sexualmente Valentina Rosendo Huerta por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería. Inés Fernández Ortega denunció que el 22 de marzo de 2002 fue violada por 11 soldados en Ayutla de los Libres, Guerrero. El 11 de julio de 2006, más de 20 elementos del Ejército Mexicano violaron en Castaño, Coahuila, a 13 mujeres sin que hasta el momento se haya sancionado a ningún responsable.
La lista podría centuplicarse si todas las violadas por elementos de “nuestro glorioso Ejército Mexicano” –como sólo a Fidel Herrera Beltrán se le ocurrió denominarlo en pleno funeral de Ascencio Rosario–, se decidieran a proceder ministerialmente bajo la asesoría o promoción de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Acuse de recibo
Informa Catalina García: “El día de ayer, viernes 9 de marzo a las 17:50 horas, fue secuestrada y hasta este momento está desaparecida la maestra Crucita Yolanda Ramírez, miembro de la Sección XXII de Oaxaca. Cuando ella se dirigía con otras compañeras al Foro de Derechos Humanos que debía realizarse en la Ciudad Universitaria de Oaxaca, fue interceptada por la patrulla de tránsito número RV321, Nissan color blanco. Una de sus acompañantes era la maestra María del Carmen Altamirano, la maestra Ramírez vestía un abrigo gris en el momento del secuestro y su salud es débil, en este momento se encuentra enferma. Ella fue una de las huelguistas de hambre en el Hemiciclo a Juárez de la ciudad de México”.
forum@forumenlinea.com
http://www.forumenlinea.com
Violadores sistémicos
12 marzo, 2007 a 16:05 pm (Articulo)
