Reflexión e invitación a decir NO al redondeo

¿QUE ONDA CON EL REDONDEO?
ESTO SOLO PASA EN MÉXICO
Ayer en un centro comercial, Soriana para ser exactos, mi padre redondeó su cuenta, algo un tanto insignificante y una práctica muy común en todos y cada uno de los centros comerciales del país.
El ticket de compra aparecía ‘redondeo 85 centavos’; mas lo que despertó mi instinto, ‘mi instinto legal’ fue que, en la pantalla de la cajera aparecía el siguiente concepto: ‘Donación Cáritas A. C.’. Al ver lo anterior escrito, le pregunté a la cajera que si ellos (es decir ‘Soriana’) lo manejaban como una donación, a lo cual me respondió que sí, pues bueno ahora litigando fiscal entiendo que todas y cada una de la donaciones son deducibles de impuestos para cada contribuyente siempre y cuando se expida el dicho comprobante fiscal. Basado en lo anterior, le pedí a la cajera que me diera mi comprobante de donación, claramente la respuesta fue una negativa ya que ellos solo lo manejan como redondeo.
 
Pedí hablar con el gerente ya que evidentemente bajo mi razonamiento había una evasión fiscal escondida tras un redondeo, llego el gerente y le dije que si podía expedirme un recibo de donación a cargo de Cáritas a. c. por todas mis compras realizadas en dicha tienda ya que, ese era el concepto y quería deducirlas (evidentemente le dije que traía conmigo mis tickets de compra, falso pero bueno, esa era la onda ) el gerente me negó mi comprobante (que ojo! es mi derecho), y trató de explicarme que bueno, ellos solamente son captadores del efectivo, es decir juntan la suma de capital del redondeo y lo entregan a Cáritas A. C.
 
Terminé pidiéndole que me regresara mis 80 centavitos porque no iba a participar en una defraudación fiscal y accedió.
 
Porqué fraude??? Pues es simple, ellos recaudan una cantidad específica de dinero a lo largo del mes, calculemos que de cada compra recaudan 50 centavos , es claro que en un mes recaudan una muy alta cantidad de pesos, esa cantidad es recolectada en este caso por Soriana S. A. de C. V. y entregada a Cáritas A. C. ojo, el dinero que es de un montón de ciudadanos y cooperación de los mismos no es entregado en nombre de todos y cada uno de los contribuyentes REALES, sino en nombre de ‘Soriana’ por lo que el recibo de donación es a nombre de ‘Soriana’… más claro?? Lo que tú donaste se lo adjudica otra persona, y ella lo deduce es decir hace uso de tu dinero para ahorrarse impuestos, es decir defrauda a el fisco y paga con tu dinero impuestos que el debería de pagar con el suyo.
 
Así que la próxima vez que te pidan el redondeo piénsalo, no te digo que no dones, para eso ahórrale y hazlo directamente ante las instituciones y no ante una empresa ‘intermediaria’ Si calculamos que en un día de quincena, por una caja pasan 30 clientes por hora, y si lo multiplicamos por 25 cajas, por 15 horas en que está abierta la Soriana, con un supuesto de 50 centavos de redondeo por cada compra, nos da un total de 5,625 pesos… por tienda . Existen 220 tiendas de Soriana en la república, se metieron $1,237,500 pesos al día. ¡¡Es un robo hormiga!! Si gana y ese es un milloncito diario, calcula mensualmente POR 30 DÍAS , o mejor aún por 365 días del año nos da un total de la nada despreciable lanita de $451´687,500.00 que es la forma en que se deduce y nada más chécate la gran cantidad de $$$ que no pagan… de impuestos que forma de robar, no tienen vergüenza! y nosotros sí pague y pague impuestos, mientras que ellos evaden al fisco, franca y descaradamente, y a dónde va tanto dinero?, acaso pecan de honestidad y entregan todo el dinero? ya te lo estás preguntando? y por si fuera poco TODAVÍA TE LO METEN EN LA CABEZA POR LA TELE, en lo que a mí respecta ya no pienso colaborar con ese fraude. Y para finalizar, esto lo hace también H. E. B, GIGANTE, CHEDRAUI, WALL MART, OXXO, ETC., Y TU… QUE PIENSAS DEL REDONDEO?? SEGUIRÁS DICIENDO TODAVÍA QUE SÍ?
Atte. Un ciudadano de buena fe

El Estado mexicano busca criminalizar a los movimientos sociales, alertan activistas

* Emprenden campaña para frenar esta “política de Estado”
* Las mujeres son “botín de guerra no declarada”: Católicas por el Derecho a Decidir

México DF, febrero 5 de 2008 (Rocío Sánchez/NotieSe).- La Red Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por casi 60 organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, arrancó la campaña nacional “La protesta es un derecho, la represión un delito”, en respuesta a la que consideran una política del gobierno de Felipe Calderón de criminalizar los movimientos sociales.
En casos como los conflictos sociales de San Salvador Atenco, estado de México, y la capital del estado de Oaxaca, el actual gobierno federal ha mostrado una clara intención de desgastar y desprestigiar a los movimientos de oposición, afirmó en conferencia de prensa Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Esta estrategia incluye postergar la solución hasta un extremo en que la opinión pública se encuentre polarizada, para así justificar el uso excesivo de la fuerza pública.
Las y los activistas alertaron sobre la posibilidad de que la reforma al sistema judicial que se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión criminalice y catalogue como “terroristas” a los luchadores sociales.
La campaña inició hoy martes con acciones de difusión en los 20 estados de la República donde la Red tiene presencia.
Una de las organizaciones integrantes de la Red es Católicas por el Derecho a Decidir, que en voz de María de la Luz Estrada alertó sobre el uso de la fuerza pública como instrumento de represión, especialmente sobre la figura de las mujeres, quienes “son tomadas como botín de guerra no declarada”.
Entre las labores de combate al crimen organizado que se le han asignado al Ejército Mexicano, la activista afirmó que “es válido agredir sexualmente a las mujeres”, como sucedió en la violación tumultuaria que una veintena de soldados cometió contra 13 trabajadoras sexuales en la comunidad de Castaños, Coahuila.
“De poco han servido los mecanismos contra la violencia hacia las mujeres, como las fiscalías especializadas, si es el propio Estado el que fomenta estas prácticas”, contrastó Estrada.
Finalmente, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red, resaltó que esta campaña también tiene por objetivo reivindicar las protestas sociales en las calles como un elemento de desafío a la autoridad para señalar algo que no funciona y no solo verlas como una “afectación de los derechos de terceros”, como las autoridades y muchos medios de comunicación las hacen ver.
“Las calles también son espacios de participación ciudadana, de convivencia y de debate para los asuntos públicos”, concluyó el activista.

Propone Genaro González Licea redefinir el estatus constitucional de las fuerzas armadas

Su participación en tareas de seguridad pública obliga a revisar contradicciones
Genaro González Licea señala la necesidad de analizar a fondo legislaciones secundarias

Jesús Aranda

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=politica&article=010n1pol

El involucramiento cada vez mayor del Ejército y la Armada en tareas de seguridad pública hace impostergable que se “redefina” el estatus constitucional de las fuerzas armadas y que, de una vez por todas, se precise su misión general a nivel de la Carta Magna, para que deje de haber contradicciones entre ésta y leyes secundarias que rigen a los militares.
Esto implica que se precisen los principios y misiones del Ejército y la Armada, y su papel como garantes coactivos del Estado, además de las limitaciones a sus derechos y controles constitucionales.
Sostiene lo anterior Genaro González Licea, ex catedrático del Colegio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quien, por otra parte, afirma que el proceso de reforma del Estado demanda también la adecuación de la legislación militar para asegurar, “por todos los medios”, la imparcialidad en la impartición de justicia en el fuero de guerra y la creación de una sala militar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para dar una idea de la importancia que tiene el papel del Ejército en la lucha antidrogas, el pasado lunes el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, informó que en el primer mes de este año participaron 36 mil 665 soldados en diversos operativos.
En el documento denominado Reflexiones sobre el fuero de guerra y la seguridad nacional, González Licea, quien además impartió clases en el Colegio de Defensa, subraya que en el marco de la reforma del Estado que está en proceso, el país tiene “la imperiosa necesidad” de contar no solamente con unas fuerzas armadas institucionales, sino también de Estado.
Ello significa, explica en el texto, tener una lealtad tanto a las instituciones como al poder civil. Enfatiza que este elemento es fundamental para abordar el tema de las fuerzas armadas y la seguridad nacional.
Por otra parte, pone énfasis entre la contradicción que existe entre la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 129 constitucional, que señala: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.
Llama la atención que hasta la fecha, y a pesar de que ya se cuenta con una Ley de Seguridad Nacional (aún falta el reglamento de la misma), el Estado mexicano no ha definido las premisas para distinguir “lo que es seguridad nacional como seguridad de Estado; lo que es defensa nacional o acciones operativas del Ejército y la Armada, y lo que es seguridad pública o seguridad ciudadana”.
La legislación secundaria asigna a las fuerzas armadas, como integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, participar con otras secretarías de Estado, implementar acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación…”
El especialista, además de plantear la contradicción entre el artículo 129 constitucional y la Ley de Seguridad Nacional, añade otro punto al debate: “A los servidores públicos que intervengan en los operativos orientados a preservar la seguridad nacional, así como los que lo hagan en programas de cooperación internacional (en caso de que se enviaran tropas mexicanas como cascos azules de la ONU), ¿qué régimen disciplinario se les aplicaría? ¿La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o el fuero de guerra?” Por ello, insiste, se tiene que redefinir la situación jurídica del soldado, el papel de la mujer en las fuerzas armadas, el sistema retributivo y el Código Militar, que data del 28 de diciembre de 1932. Pero, sobre todo, redefinir el estatus constitucional de las fuerzas armadas mexicanas.

Buscan abrir datos del Cisen sobre intervenciones telefónicas

La información fue clasificada por un lapso de 12 años

Elizabeth Velasco C.

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=politica&article=012n3pol

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) clasificó por un lapso de 12 años las autorizaciones que solicitó a juzgados del Poder Judicial de la Federación para efectuar intervenciones a teléfonos y comunicaciones privados.
Las autorizaciones para efectuar dichas intervenciones incluían el lapso que va del primero de febrero de 2005 al 6 de noviembre de 2007.
Según el Cisen, la difusión de esa información podría causar algún daño a la “eficiencia para enfrentar riesgos de seguridad nacional, daño a la seguridad nacional, así como daño personal”.
Entre los datos clasificados se encuentran el tipo de comunicaciones a intervenir, las intervenciones por mes y año, número de autorizaciones aceptadas y rechazadas por el Poder Judicial, así como el periodo para llevarlas a cabo.
El ciudadano que requirió la información en cuestión presentó un recurso de queja ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el cual, junto con ese caso, resolverá este miércoles otra clasificación que por tres años estableció la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la auditoría 07/07, a través del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República, practicada a la gestión del titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto.
Según la SFP, no pueden difundir los resultados de la auditoría, debido a que las observaciones derivadas de la misma se encuentran todavía “en proceso de solventación”.
La SFP se limitó a aportar algunos datos, como que la auditoría referida es de carácter administrativo, por haberse auditado recursos humanos, materiales y financieros. De la investigación se desprendieron 12 observaciones, de las cuales sólo dos han sido solventadas.
También se presenta una queja contra la Presidencia de la República por el ciudadano que solicitó las encuestas realizadas por esa entidad del Ejecutivo entre el primero de enero de 2006 y junio de 2007 sobre cualquier tema: coyuntura, imagen, toma de decisiones sociales, políticas, económicas, así como las referentes al seguimiento de políticas públicas y campañas de gobierno.
Aunque la Presidencia no emitió una respuesta en la que se precise si entregó o no esa información, en la lista de expedientes clasificados por la dependencia se incluyen ese tipo de encuestas. Este recurso será resuelto por el presidente comisionado del IFAI, Alonso Lujambio.

Ordenan a la PGR entregar informe sobre cierre de una base en Guerrero

El IFAI echa abajo versión de la dependencia de que no existía estudio al respecto
En El Caracol se realizaban misiones contra el narco, como la erradicación de cultivos
Para montarla, las autoridades realizaron una inversión de 30 millones de pesos

Gustavo Castillo García

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=politica&article=012n1pol

La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar en los próximos días una “versión pública” del informe con el que el gobierno federal justificó el cierre de la llamada base de operaciones El Caracol, en Guerrero, a pesar de que se consideró estratégica para realizar misiones básicas contra el crimen organizado, como son la erradicación de cultivos ilícitos, reconocimientos de zona, detección y persecución de aeronaves sospechosas.
Lo anterior, al resolver el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el recurso de revisión 3728 y echar abajo los argumentos de la PGR, la cual afirmó que no existía un estudio para su cierre, cuando inicialmente dijo que sí.
El Caracol se localizaba en el corazón de la Sierra Sur, zona considerada como la de más alto cultivo de enervantes en Guerrero, y comenzó a operar desde 2002, luego que se reacondicionó el lugar para que sirviera de centro de capacitación y adiestramiento para agentes federales; centro de investigación genética de mariguana y amapola, para contrarrestar la aplicación de nuevas tecnologías en los cultivos, y primordialmente de base de intercepción aérea y de erradicación de cultivos.
La inversión realizada fue de 30 millones de pesos, y en sus primeros cuatro meses de operación, de acuerdo con información de la PGR, ya se podían desplegar fuerzas de reacción en busca de cosechas y aeronaves con cargamentos ilícitos desde Guerrero y Oaxaca, hasta Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Durango.
En esa base laboraban 60 técnicos e igual número de pilotos, tres agentes del Ministerio Público, 15 elementos de reacción y seis integrantes de la Dirección General de Erradicación de Cultivos Ilícitos; además había una ambulancia aérea con equipo de terapia intensiva.
A finales de 2006, la base fue cerrada, supuestamente por no resultar costeable. Lo anterior consta en la respuesta que dio la PGR a la solicitud de información 0001700128106, en la cual aludió a los resultados de un estudio realizado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Dirección General de Servicios Aéreos y el Instituto de Capacitación y profesionalización de la PGR.
Sin embargo, al pedirse copia del citado informe mediante de la solicitud 0001700168307, la PGR indicó que ese documento es “inexistente”, pero al resolver el pleno del IFAI el recurso de inconformidad determinó que la PGR debe entregar una copia “pública” del texto en el que se fundamentó el cierre de esa base aérea, y el plazo para notificar que está disponible vence este miércoles.

RSF exige atender casos de agresión a periodistas

De la redacción

http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=1&nta=56934&nsec=Nacional

* Destaca un autoexilio, un atentado y una incursión al domicilio de una comunicadora

México, D.F., 5 de febrero (apro).- Reporteros sin Fronteras (RSF) emplazó a las autoridades mexicanas a investigar los casos de tres comunicadores que han sido víctimas de amenazas –uno de los cuales tuvo que abandonar el país–, y que, en su opinión, reflejan la vulnerabilidad en que se encuentran actualmente los comunicadores nacionales.

El organismo promotor de los derechos humanos manifestó su especial preocupación por el caso de Carlos Huerta Muñoz, del diario Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se vio obligado a salir del país luego de recibir amenazas de muerte el pasado 30 de enero. 

Al día siguiente de las advertencias, la dirección del periódico decidió limitar al máximo la publicación de investigaciones sobre el tráfico de drogas y atenerse sólo a la información oficial sobre el tema.

RSF destacó también el atentado a balazos contra Octavio Soto Torres, director del diario Voces de Veracruz, ocurrido el 23 de enero en Pánuco.

Deploró por igual el cateo llevado a cabo el 27 de enero en el domicilio de Cecilia Vargas Simón, del diario La Verdad del Sureste en Villahermosa, Tabasco.

Reporteros sin Fronteras se preguntó si con la marcha de Carlos Huerta Muñoz, los periodistas mexicanos ¿van a tener que imitar a sus colegas colombianos, obligados a abandonar el país o su región? 

Huerta Muñoz recibió amenazas telefónicas desde Sonora de un presunto miembro de “La Federación”, una agrupación de cárteles de la droga. Advertencias similares recibieron algunos medios locales, como el Diario de Juárez y el Canal 44.

Pero a pesar de la protección policial que le concedieron, Carlos Huerta decidió marcharse de México con su familia, según el Centro de Periodismo y Etica Pública (Cepet), organización mexicana de defensa de la libertad de prensa.

El director de Norte de Ciudad Juárez, Alfredo Quijano, reveló a Reporteros sin Fronteras que el periodista había rechazado la protección que le ofrecieron. 

Alfredo Quijano ha justificado también la decisión del periódico de autocensurarse: “Si seguimos publicando investigaciones sobre el crimen organizado, ponemos en riesgo al personal”.

Otros dos diarios regionales han adoptado ya esa línea de conducta: El Imparcial de Hermosillo, Sonora, luego de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota el 2 de abril de 2005, y El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuya redacción fue ametrallada el 6 de febrero de 2006.

Apenas el 23 de enero pasado el director del diario Voces de Veracruz, Octavio Soto Torres, resultó levemente herido en un ataque armado cuando se dirigía en auto, acompañado de su hijo de 16 años, al lugar de un accidente de carretera. Tres sicarios los siguieron en un vehículo y abrieron fuego contra ellos, causando al periodista rasguños en la cabeza. 

Soto Torres dijo a Reporteros sin Fronteras que el atentado podría estar relacionado con sus críticas a líderes de cañeros y sus tensas relaciones con algunos funcionarios municipales. En diez años el periodista ha sufrido siete ataques similares.

Finalmente, Cecilia Vargas Simón, de La Verdad del Sureste, recibió el 27 de enero amenazas de muerte en su teléfono móvil. “Ha recibido el mensaje que hemos dejado en su casa. Deje de escribir. No intente buscarnos”, le advirtió su interlocutor.

Pocas horas antes de la llamada registraron el domicilio de la reportera en Villahermosa, sin robarle nada. Cecilia Vargas ya se ha visto intimidada en otras ocasiones, a causa de sus artículos periodísticos.

Éste es el momento para frenar el cambio climático: Greenpeace

Emite alerta en el documental La última hora

Angélica Enciso L.

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=sociedad&article=044n2soc

Éste es el momento para detener la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, ya que las consecuencias para la humanidad se agravarán; el reto es transformar la economía global y nacional para reducir el uso de combustibles fósiles, advirtieron ayer expertos tras la proyección del documental La última hora.
La cinta aborda los principales problemas ambientales del momento, como cambio climático, contaminación de océanos, deforestación, pérdida de biodiversidad y consumismo; advierte que el actual modelo económico es uno de los factores que ha conducido a este problema.
Frente a esta situación, la directora de Greenpeace en México, Patricia Arendar, señaló que se requieren respuestas enérgicas a escalas mundial, nacional e individual, ya que los seres humanos son los causantes de está situación. “A diferencia de nuestras clases dirigentes, que no tienen urgencia en actuar y responder efectivamente a las amenazas que representa el cambio climático, la película evidencia la urgencia, desde su propio título, y muestra que nos queda poco tiempo para actuar, para modificar hábitos y adoptar un modelo de desarrollo sostenible”.
Agregó que el mensaje es contundente: “éste es el momento para detener y estabilizar las emisiones de GEI y los efectos destructivos de la industrialización; ya no tenemos duda de que lo que suceda en los próximos 10 o 20 años tendrá profundo efecto en el clima de la segunda mitad de este siglo y del próximo”. El cambio climático puede generar impactos “similares y peores” a las guerras mundiales, señaló.
Por su parte, Ricardo Zapata, jefe de la unidad de Evaluación Socioeconómica de Desastres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sostuvo que “estamos en un momento crítico; queda poco tiempo para actuar y evitar que esto se vuelva un problema irreversible. El mensaje a los grandes empresarios es que las ganancias de las que viven se pondrán en riesgo por el cambio climático; si se les dice que van a sufrir en sus utilidades se verán obligados a movilizarse para actuar.
“Como dice el documental –señaló–, estamos en la última hora de hacer algo, y podemos actuar frente a este cambio”. Llevado a México, “el documental nos plantea lo que esto significa: en los últimos años hemos visto huracanes de gran violencia e inundaciones, como en Tabasco”.
Consideró que en este tema es importante la equidad: las emisiones, quiénes las generan y quiénes sufren las consecuencias. Los gases de efecto invernadero vienen del mundo industrializado, y los mayores impactos negativos los resienten los países en desarrollo; por eso en las negociaciones internacionales se debe definir en qué medida las naciones pobres recibirán la cooperación internacional, “el costo sobre las sociedades será alto, pero no hay capacidad económica nacional para enfrentar el problema”.
El documental también plantea soluciones, como el uso de energías renovables y limpias, en lo cual México tiene gran potencial, sobre todo en Oaxaca, aunque este tema está fuera de la llamada reforma energética, sostuvo Jorge Escandón, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace. El documental, producido por el actor Leonardo di Caprio, se estrenará el 29 de octubre, con sólo 15 copias.

La pretendida reforma laboral, lesiva: UJM

Carolina Gómez Mena

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=politica&article=022n1pol

Aprobar una reforma laboral en los términos que propone el gobierno, en estos momentos en los que la economía nacional comenzará a resentir los efectos provocados por la recesión estadunidense, lo único que hará será “ahondar la desocupación y aumentar la contratación precaria, consideró la Unión de Juristas de México (UJM). Es “falso que en materia de empleo, uno de los más graves problemas que enfrenta México, una reforma laboral neoliberal vaya a solucionar el problema”. Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la unión precisó al respecto que “en este momento desaparecer o limitar la legislación social del trabajo, con el pretexto de una reforma laboral, anularía los derechos de estabilidad en el empleo, salario remunerador, jornada razonable, contratación colectiva, huelga y libertad de sindicalización”.
En la coyuntura actual, la UJM considera totalmente inoportuna y perjudicial una reforma laboral en México, debido a que ésta se promueve desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a espaldas de los trabajadores y siguiendo intereses puramente patronales”, comentó el jurista, y precisó que “en este momento desaparecer o limitar la legislación social del trabajo, con el pretexto de una reforma laboral, anularía los derechos de los trabajadores, y los colocaría en una situación casi de esclavos en condiciones similares a las de hace dos siglos”.
La UJM acota que el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, y su equipo de colaboradores, “quieren sacar adelante una propuesta de reforma laboral, supuestamente para favorecer el empleo, modernizar algunos preceptos y eliminar trabas, la cual de concretarse eliminaría importantes derechos laborales para dar paso a una legislación flexible en perjuicio de los trabajadores mexicanos”.
Miranda Esquivel consideró que los trabajadores mexicanos enfrentan un “sistemático ataque del gobierno, la patronal y las corporaciones trasnacionales, que en su afán por incrementar sus ganancias no escatiman medios o recursos para cancelar los derechos obreros y privatizar la economía, imponiendo en los hechos aumentos salariales miserables, sin control de precios y legislativamente imponiendo reformas que anulan importantes derechos sociales”.

Defiende EU técnica de tortura aplicada a detenidos

Afirma el gobierno estadounidense que esta modalidad de interrogación conocida como `ahogamiento simulado` o `el submarino` no es tortura, sino que es perfectamente legal y que ha salvado vidas de estadounidenses

AP
El Universal
Washington
Miércoles 06 de febrero de 2008

http://www.el-universal.com.mx/notas/480057.html

12:10 El gobierno estadounidense declaró el miércoles que la técnica de interrogación conocida como `ahogamiento simulado` o `el submarino` no es tortura, sino que es perfectamente legal y que ha salvado vidas de estadounidenses.
El presidente George W. Bush podría autorizar la técnica contra sospechosos de terrorismo en el futuro si considera que es necesario, dijo un portavoz.
El martes, el gobierno de Bush reconoció públicamente por primera vez que usaba esa técnica. El director de la CIA Michael Hayden, interpelado por el Congreso, reveló que tres presuntos terroristas fueron sometidos a ese método: Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubayda y Abd al-Rahim al-Nashiri, en los años 2002 y 2003.
Human Rights Watch, un grupo de defensa de los derechos humanos que ha calificado la técnica del submarino como una forma de tortura, señaló que el testimonio de Hayden “es un reconocimiento explícito de actividad criminal“.
El portavoz Tony Fratto dijo que “el consenso en torno a esta técnica en particular es que los funcionarios tendrán la oportunidad de debatirla no solamente en público pero frente al Congreso, y que deberían hacerlo siendo muy claros sobre cómo esas técnicas fueron empleadas y cuáles fueron los beneficios logrados“.
El submarino consiste en atar a un sospechoso a una silla o a una mesa, cubrirle el rostro con un trapo y arrojarle agua. A medida que el trapo se empapa, se va ajustando al rostro del detenido y le causa una sensación de ahogo. Fue uno de los métodos más populares utilizados por la Inquisición en España para interrogar presuntos herejes, y era conocido como la “pena del ansia“, por la angustia que causa al que la sufre. Ese tipo de apremio físico ha sido condenado por numerosos países y está prohibido por la Convención de Ginebra, que protege los derechos de los detenidos.
Hayden prohibió la técnica en el 2006 para los interrogadores de la CIA, el Pentágono ha prohibido a sus empleados usarla, y el director del FBI Robert Mueller dijo que sus investigadores no usan tácticas de coerción cuando interrogan a sospechosos de terrorismo.
Demócratas en el Senado exigieron que se realice una investigación penal tras la revelación de Hayden.
Bush personalmente autorizó el testimonio de Hayden, dijo Fratto.
El vocero señaló que interrogadores de la CIA podrían volver a usar la técnica del submarino, pero siempre y cuando cuenten con la aprobación del presidente. Esa aprobación “dependerá de las circunstancias“.
Uno de los factores a tomar en cuenta sería “la creencia de que un ataque es inminente“, señaló Fratto. En tal caso, se notificaría a algunos miembros del Congreso.
Fratto dijo que el uso de la técnica en el pasado fue también aprobado por el secretario de Justicia, aludiendo presuntamente al ex secretario de Justicia Alberto Gonzales. Eso indicaría que es legal, y no se trata de una tortura.

Anuncia “Familia Pasta de Conchos” campaña para exigir el rescate de cuerpos

De la redacción

http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=56943&nsec=Estados

México, D.F., 5 de febrero (apro-cimac).- Ante la “cadena de impunidades” de autoridades y empresa, familiares de los 65 mineros que murieron el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos dieron a conocer el inicio de la campaña “Por una Cuerda de Vida Para los Mineros de Carbón y sus Familias”.

A través de un comunicado, la “Familia Pasta de Conchos” insistió en su demanda de que sean rescatados los cuerpos de 63 mineros que permanecen enterrados, dado que, de acuerdo con el peritaje realizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y el equipo de peritos que los asesoran, sí hay condiciones técnicas para ello, siempre y cuando se garanticen las condiciones de seguridad e higiene, tal como se realizó durante el primer año de rescate.

La organización anunció también que postulará a la empresa Industrial Minera México como “Empresa Socialmente Irresponsable”, por su probada negligencia en Pasta de Conchos y en muchas otras de las minas que tienen en concesión. 

Pidió que se les finquen responsabilidades tanto al Estado mexicano y las autoridades responsables de todos los agravios; a Germán Larrea Mota Velasco y al Consejo de Administración de Industrial Minera México (IMMSA), responsables directos del siniestro; a Jesús Javier de la Fuente Cepeda, dueño de la empresa contratista General de Hulla, patrón directo de 39 de los trabajadores fallecidos en la mina; así como a los representantes sindicales involucrados. 

De esta manera, señaló la “Familia Pasta de Conchos”, los trabajadores y sus familias podrán estar ciertos de que las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene, se deben cumplir a cabalidad en todas las minas. “Las violaciones a las leyes y normas de seguridad e higiene deben ser castigadas. Es el único camino que permitirá acotar y controlar los riesgos inherentes a la extracción de minerales para no violentar ni la salud, ni la integridad física de los trabajadores, ni la seguridad y estabilidad de sus familias”, agregó.

De acuerdo con el comunicado, la campaña arrancará con varias acciones en torno al segundo aniversario de la tragedia

Entre dichas acciones destaca una gira internacional, en la que establecerá contactos con sindicatos y organizaciones de derechos humanos, mineros, empresarios y medios de comunicación; así como el fortalecimiento de los vínculos y definición de estrategias comunes de acción con las redes internacionales ya establecidas. 

También tendrán encuentros informativos con parlamentarios europeos, representantes de las Iglesias y diversos grupos empresariales; diálogo con instancias internacionales de derechos humanos; acciones de protesta solidaria articulada pacífica nacional e internacional y jornadas ecuménicas de oración. 

El 19 de febrero, se realizará una misa para recordar a los caídos; y por la tarde, en el Distrito Federal, una marcha del monumento a la Revolución al Zócalo.

Marchas y bloqueos en Chiapas y San Luis Potosí contra acciones de gobierno

Grupos campesinos y civiles demandan renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN
En las protestas pacíficas también se exigió detener la militarización del país

Ángeles Mariscal y Elio Henríquez (Corresponsales)

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=politica&article=018n1pol

Organizaciones sociales y campesinas realizaron bloqueos carreteros y marchas en Chiapas y San Luis Potosí, en repudio a la aplicación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el incremento a las tarifas de energía eléctrica y otras acciones del gobierno federal, como la militarización del país.
Este martes, campesinos y activistas sociales convocados por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se manifestaron en los municipios chiapanecos de Villa Comatitlán, Tuzantán, Tuxtla Chico, Pijijiapan y Mapastepec, donde la demanda central fue que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detenga los cortes masivos a la energía eléctrica y establezca tarifas preferenciales en la entidad.
También hubo bloqueos carreteros en la zona indígena de Chiapas, en la vía que va de San Cristóbal de las Casas a Ocosingo, en Marqués de Comillas, Altamirano, Comitán, Tila, Sabanilla, Yajalón y Tumbalá.
En la sierra, en el municipio de Motozintla, se pidió que concluya la explotación maderera en la región. También hubo manifestaciones en Frontera Comalapa y Jaltenango.
En un comunicado divulgado por el FNLS, los manifestantes expresaron que a más de un año de gobierno de Felipe Calderón, las condiciones económicas de los trabajadores mexicanos no mejoraron; al contrario, han empeorado. “Durante ese tiempo hizo varias reformas estructurales para cumplir los compromisos que adquirió con los grandes empresarios que apoyaron el fraude electoral de 2006”, acusaron.
Parte de esta estrategia –dijeron– es la militarización de México, con el pretexto del combate al narcotráfico apoyado por Estados Unidos, país que prometió un empréstito de 500 millones de dólares para armamento y asesoría militar, a semejanza de lo que fue el Plan Colombia. Estas acciones también irían dirigidas contra grupos insurgentes y organizaciones sociales en resistencia.
También criticaron la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, “la farsa de sustituir a los consejeros del Instituto Federal Electoral, la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario”, y finalmente demandaron la renegociación del TLCAN en su apartado agropecuario.
Mientras, alrededor de mil 500 afiliados a la Unión Nacional de Campesinos Revolucionarios, el Movimiento Pueblo Libre, así como el Frente Estatal de Movimientos y Organizaciones Sociales, entre otros grupos, se manifestaron en el Centro Histórico de San Luis Potosí para exigir respeto a la Constitución Mexicana, al campo y al trabajo, además de que reclamaron al gobierno federal el apoyo prometido a personas de escasos recursos para servicios básicos.
Con información de Marcela Loyola/La Jornada San Luis

Granaderos repelen a vecinos, algunos de ellos ancianos, que protestan vs puente

Colonos de la Jardín Balbuena impedían el reinicio de obras en avenida del Taller y luego se enfrentaron a granaderos que intentaron disuadir su protesta

MAGNOLIA VELÁZQUEZ
El Gráfico
Miércoles 06 de febrero de 2008

Vecinos de la colonia Jardín Balbuena y granaderos del sector oriente protagonizaron al menos dos trifulcas en inmediaciones del Eje 3 Oriente y avenida del Taller durante el reinicio de los trabajos para la construcción de un puente vehicular en la zona.
Desde temprana hora, residentes de la unidad habitacional John F. Kennedy se manifestaron con el fin de impedir los trabajos de corte de asfalto para cambiar de lugar las líneas de conducción del agua potable.
Ante la oposición de los vecinos a las obras, llegó al lugar una veintena de granaderos, que custodió paso a paso a los cuatro empleados del gobierno que trabajaban sobre el carril de la avenida del Taller.
Después de las 10 de la mañana el grupo de manifestantes protagonizó una trifulca con los granaderos, pues éstos intentaron disuadir su protesta y abrir paso para que la máquina cortadora pudiera seguir su trabajo.
Los vecinos, en su mayoría ancianos, trataron de contener el avance de la cuadrilla de trabajadores, por lo que se enfrentaron de manera verbal a los elementos de seguridad que custodiaban la zona.
Al calor de la discusión, algunos granaderos intentaron replegar a los inconformes con sus escudos, ocasionando más enojo entre los manifestantes, quienes respondieron con empujones, jaloneos y mentadas de madre.
Después de esta situación, los manifestantes se dispersaron. No obstante, un grupo de 20 personas continuó en la zona y siguió con la protesta. Horas más tarde surgió otro conato de bronca.
Los vecinos se oponen a la conclusión de la segunda etapa del puente de avenida del Taller, la cual se realiza desde el 4 de enero pasado.
De acuerdo con habitantes de la colonia Jardín Balbuena, la obra más que mejorar la circulación de la zona, la hará más conflictiva, en especial para los peatones.
Autoridades de la Secretaría de Obras indicaron que desde que iniciaron los trabajos, un grupo de al menos 12 vecinos protesta de manera permanente en la zona por los trabajos.

Tabasco necesita reconstrucción ambiental: Cepal

Angélica Enciso L.

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=estados&article=036n2est

Para evitar futuros desastres naturales en Tabasco no sólo se requieren obras de infraestructura hidráulica, sino también es necesario aplicar medidas ambientales para recuperar la vegetación del trópico húmedo, un mejor manejo de las cuencas hídricas y la recuperación de los manglares, señaló Ricardo Zapata, jefe de unidad de Evaluación Socioeconómica de Desastres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quien anunció que a finales de este mes este organismo entregará sus recomendaciones al gobierno de esa entidad.
Explicó que recientemente visitó el estado del sureste, donde la Cepal realiza una evaluación de las condiciones en que se encuentra después de las inundaciones de octubre, y emitirá recomendaciones que le fueron requeridas por el gobierno estatal.
Dijo que en Tabasco se debe establecer una nueva estrategia de desarrollo con una visión integral de los problemas ambientales y sociales, no únicamente en cuanto a infraestructura, sino “para recuperar el medio ambiente que hemos estado degradando”.
Entrevistado al término de la presentación del documental La última hora, el especialista dijo que se deben aprovechar las oportunidades económicas que estas situaciones ofrecen.
En cuanto a la posibilidad de que haya desplazamiento de población en las zonas de riesgo de Tabasco, dijo: “Hay zonas marginales, poblaciones en situación irregular por su ubicación. Tienen que ser desplazadas. No se trata de movilizar cientos de personas, es imposible. El tema es enfrentar esa irregularidad en los asentamientos, que se va agravando”.
Agregó que la situación de Tabasco es compleja, “pero el gobierno lo reconoce y trabajaremos para que encuentre las soluciones técnicas, ambientales y financieramente adecuadas”.
Sostuvo que la conclusión después de los huracanes Stan y Wilma y de las inundaciones de Tabasco “es que hay un componente ambiental que no hemos explorado y tomado en cuenta. Hemos construido infraestructura valiosa que hemos puesto en riesgo frente a procesos climáticos sobre los que no tenemos control, y los agravamos con la degradación ambiental y la emisión de gases de efecto invernadero”.
Consideró que en esa entidad se produjo una transformación de la sociedad a partir de los fenómenos climatológicos, que han sido un parteaguas.
Explicó que aún se elaboran las recomendaciones que se harán al gobierno estatal, pero adelantó que se requiere “una serie de medidas ambientales que tiene que ver con el mejor manejo de cuencas hidrográficas, recuperar la vegetación del trópico húmedo en las zonas bajas inundables, la recuperación de manglares y la reconstitución del medio ambiente marino y costero”.
Consideró que llegar a un punto de equilibrio llevará tiempo. “Se deben generar procesos de recuperación de ingresos entre la población afectada, sobre todo los más pobres. Me sorprendió el dinamismo de la sociedad, la voluntad de curarse y recuperarse, de ponerse de pie y salir adelante”.

La PFP retira de Cananea más de 300 agentes; quedan 100

Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=politica&article=022n2pol

Hermosillo, Son., 5 de febrero. La Policía Federal Preventiva (PFP) retiró más de 300 de sus agentes de Cananea y solamente dejó a unos 100 para proteger los accesos a la mina del Grupo México, cuyo sindicato está en huelga desde el 31 de julio pasado. Sergio Tolano Lizárraga, secretario general de la sección 65 del sindicato minero, consideró positiva la salida de los agentes federales, pero señaló que la autoridad laboral debe ahora dar fecha para que se inicie el diálogo con Grupo México. Fuentes del Aeropuerto Internacional de Hermosillo confirmaron que la madrugada de este martes llegaron dos aviones Boeing 727 con capacidad para 190 pasajeros cada uno, para que los agentes salieran como llegaron el 11 de enero anterior.

La ciudad de Chihuahua se quedará sin basurero

Disputa jurídica podría volverse problema de salud

Miroslava Breach Velducea (Corresponsal)

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=estados&article=036n1est

Chihuahua, Chih., 5 de febrero. En 30 días el gobierno municipal de Chihuahua no tendrá adónde llevar las más de mil 200 toneladas de basura que produce diariamente la ciudad, debido a la que la celda número uno del basurero de la localidad ya está sobresaturada y la 2 es materia de una disputa jurídica entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria, advirtió hoy Fermín Ordóñez, regidor del Partido Revolucionario Institucional.
El relleno sanitario ya entró en fase de contingencia ambiental, amenaza la salud de la población y pone en alto riesgo los mantos acuíferos que abastecen parte de la capital y el vecino poblado de Aldama.
Todo comenzó en octubre pasado, cuando el entonces alcalde, el panista Juan Blanco Zaldívar, canceló la concesión que la empresa Sistemas e Ingeniería en Residuos Sólidos, Sociedad Anónima (SIRSSA) obtuvo en 2006 para manejar la celda 2 durante 15 años, con derecho a comercializar productos reciclables como cartón, plástico y aluminio, entre otros.
En la última sesión de cabildo del trienio 2004-2007 todavía estaban frescas las acusaciones del entonces regidor panista Eduardo Mendoza contra el alcalde, por presunto tráfico de influencias y otras irregularidades para favorecer al empresario Armando Acosta Nava y a sus socios con la concesión del manejo de la basura durante 15 años, un negocio de más de 300 millones de dólares.
Pero lo que el presidente municipal argumentó no fue eso, sino un supuesto incumplimiento del plazo para poner en operación la celda 2 y realizar un peritaje técnico sobre la maquinaria que se utilizaría para la separación y compactación de la basura.
El conflicto le estalló al actual alcalde, el también panista Carlos Borruel, quien deberá enfrentar el litigio en que se disputa el manejo y la disposición final de más de 400 mil toneladas anuales de basura que ya deberían estarse procesando en la celda 2 del relleno sanitario, pues el contrato facultaba a SIRSSA a manejar los desechos sólidos con un nuevo esquema integral, que le permitiría reciclar materiales y compactar los residuos finales.
Ahí, en medio de montañas de basura, animales muertos y desechos orgánicos, más de 250 personas dedicadas al reciclaje decidieron poner un ultimátum al gobierno municipal para que ponga en operación la segunda celda del confinamiento para que puedan trabajar en mejores condiciones.
Eduardo Contreras, representante de la Central Revolucionaria de Obreros y Campesinos, organización priísta a la que están afiliados los pepenadores, sostuvo que un conflicto de intereses entre grupos de poder económico y político puso fin al manejo técnico del relleno sanitario y afecta directamente a sus agremiados, quienes dependen de la recolección de materiales reciclables para el sustento de sus familias.

Fallecieron 172 mil mexicanos de cáncer prevenible, en 4 años

La tercera parte de los decesos fue por tumores de pulmón, matriz y mama, informó la Ssa
Severo retraso en el país en materia de detección temprana del mal, reconoce
Actualmente 300 mil reciben tratamiento para la enfermedad; presentan programa de información para afectados

Ángeles Cruz Martínez

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=sociedad&article=043n1soc

En un periodo de cuatro años, el cáncer ocasionó en México 172 mil muertes que pudieron haberse evitado, porque existen los mecanismos para obtener un diagnóstico temprano y los medicamentos para revertir la enfermedad. Además, una tercera parte de esos decesos se debió a tumores en pulmón, matriz y mama, los cuales son prevenibles, aseguró Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
De acuerdo con el estudio Muertes prevenibles, realizado por la Secretaría de Salud (Ssa), los tres tipos de neoplasia mencionados ocasionaron 56 mil decesos prematuros entre 2000 y 2004. Hernández reconoció el severo retraso que existe en el país en materia de prevención y detección temprana de tumores malignos. Dijo que a causa de las restricciones presupuestales, en este sexenio apenas se logrará una cobertura de 21 por ciento en las pruebas de detección de cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años.
Actualmente, el estudio de mastografía se realiza únicamente a 7 por ciento de la población femenina de ese grupo de edad, debido a la falta de personal médico capacitado en la realización del estudio y su interpretación, entre otras razones, explicó Hernández.
Para lograr la meta de la administración calderonista de triplicar la detección del tumor mamario, que ya ocupa el primer lugar de mortalidad en la población femenina, se requiere modernizar y equipar los centros de diagnóstico, establecer guías de tratamiento, patrones de referencia y contrarreferencia de pacientes y, principalmente, capacitar a radiólogos y patólogos, indicó.
El subsecretario participó ayer en la presentación del programa Infocáncer, del Instituto Nacional de Cancerología, una nueva estrategia para cubrir una de las necesidades más sentidas de la población, que es la información, según explicó Alejandro Mohar, director del instituto.
Con este nuevo servicio, el Incan contribuye a ampliar el conocimiento que las personas deben tener sobre los tumores malignos, en particular los pacientes y sus familiares. Para ello existe un centro de información en el instituto, una línea telefónica (01 800 2262 371) y la página de Internet: http://www.infocancer.org.mx.
Resaltó que actualmente más de 300 mil mexicanos reciben tratamiento para algún tipo de neoplasia maligna. Al año ocurren 110 mil nuevos casos y alrededor de 60 mil defunciones.
Falsos negativos del papanicolau
Respecto al cáncer cérvico uterino, informó que a pesar de tener una cobertura de 80 por ciento en la realización de la prueba de detección temprana (papanicolau), al año se siguen muriendo alrededor de 4 mil mujeres por esta causa. En parte esto se debe a los “falsos negativos” que da el examen clínico.
Dijo que el papanicolau tiene un alto grado de error “por cómo se toma la muestra y la parte de lectura” de los resultados.
Actualmente, ya se cuenta con la prueba de captura de híbridos de ADN del virus del papiloma humano (VPH), el cual es responsable de la mayoría de los casos de cáncer cérvico uterino. Señaló que como parte de una estrategia para modernizar la detección del tumor de cérvix, este año empezará un programa piloto en Morelos, donde se realizará el nuevo examen en forma adicional al papanicolau, a fin de verificar su costo-efectividad.

Se envenena jornalero con plaguicida

Jesús Narváez Robles, corresponsal

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/06/index.php?section=estados&article=035n2est

Tepic, Nay., 5 de febrero. La primera muerte del año por intoxicación con plaguicidas ocurrió este martes, luego que el jornalero agrícola José Pedro de la Cruz bebió agua en un recipiente de Lanate (marca de un insecticida altamente tóxico que contiene metomil), en el municipio de Santiago Ixcuintla, indicó la dirección de seguridad pública municipal de esa localidad.
El cadáver fue encontrado en un camino que conduce a los campos tabacaleros del poblado de Amapa, donde trabajaba la víctima, señaló la dependencia. El médico legista y los peritos policiacos indicaron que a un lado del cuerpo se encontró un frasco de plaguicida que De la Cruz habría utilizado para beber agua.
Detallaron que De la Cruz era oriundo del municipio de El Nayar, en la sierra de la entidad.
Estadísticas de la Secretaría de Salud del estado indican que en 2007 ocurrieron dos muertes por intoxicación en los campos agrícolas de Nayarit, y en 2006 hubo seis decesos por la misma causa.

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