Estamos presos porque defendemos nuestros derechos: indígenas de Ayutla
Zacarías Cervantes
Ayutla
Entrevistados poco antes de que el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez, les dictara el auto de formal prisión por el presunto delito de homicidio en agravio de Alejandro Feliciano García, tres de los indígenas de El Camalote, Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano y Natalio Ortega Cruz, se dijeron inocentes; Orlando denunció que el gobierno estatal quiere mantenerlos presos para evadir el pago de la indemnización a los 14 indígenas esterilizados de su comunidad. Encadenados uno a otro con esposas, los cinco indígenas fueron sacados ayer de su celda para que en la antesala del Centro de Readaptación Social de esta localidad pudieran ser entrevistados por representantes de algunos medios de comunicación y posteriormente por representantes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
En la entrevista, el primero en hablar fue Orlando, quien con un semblante que evidenciaba una mezcla de impotencia e indignación, no pudo contener el llanto antes de narrar cómo fue detenido el 17 de abril, en un retén de militares y policías ubicado en Te Cruz, un punto intermedio del camino que conduce de la cabecera municipal a El Camalote.
Dijo que el 16 de abril, un grupo de campesinos de su comunidad, entre ellos los cinco detenidos, acudieron a la cabecera municipal a entrevistarse con el presidente municipal, Homero Lorenzo Ríos, para manifestarle su inconformidad por el alza del precio del fertilizante y para demandar la entrega del insumo con oportunidad.
Dijo que sospechosamente el alcalde los hizo esperar todo el día para que finalmente no los recibiera. Según versiones de dirigentes de su partido, el PRD, ese día el edil andaba ocupado buscando información para pedir licencia pues quiere ser diputado local.
Indicó que al día siguiente, cuando regresaban la camioneta en que se trasladaban, fueron detenidos en el retén por los militares y los policías, quienes verificaban una lista de personas y les preguntaban sus nombres dejando pasar a algunos y deteniendo a otros. “Nos decían: tú no, te quedas y nosotros hicimos una fila; después nos dijeron muchas cosas, que somos delincuentes y que somos gente mala”.
Explicó que fue cuando él les dijo a los policías que no les faltaran al respeto, “porque todos somos seres humanos, si ustedes me están deteniendo, yo también quiero que te identifiques para ver si eres gente del gobierno, así como ustedes nos piden a nosotros la identificación”, explicó el dirigente indígena.
Sin embargo, dijo que el policía le gritó; “no quiero que me molestes, ya cállate, no hables tanto”, mientras que cerrojaba el arma larga que llevaba.
Dijo también que los policías les impidieron que hablaran Me Phaa, cuando entre ellos se recomendaban hablar con sus familiares para, en caso de ser detenidos, fueran a recoger las cosas que habían comprado en Ayutla; “nos dijeron que no querían que habláramos Me phaa, yo les dije que hay algunos compañeros que no entienden el español y que les estábamos pidiendo a los compañeros que nuestros familiares fueran por nuestras cosas que compramos”.
Dijo que fue ahí mismo cuando a pesar de que estaban rodeados por “un chingo” de militares y policías, les pusieron las cadenas –esposas– “y nos metieron a un carro en el que nos trajeron y otros atrás nos venían cuidando”.
Indicó que en el trayecto paraban y bajaban a los pasajeros de todas las camionetas que encontraban, a quienes revisaban y les preguntaban sus nombres. Indicó que en la caravana iban por lo menos 15 carros con militares y policías.
Dijo que se tardaron casi todo el día para llegar a Ayutla; al llegar a la comandancia todos tenían sed y pidieron agua, pero un policía les exigió que se callaran; “si no se callan ahorita, les voy a embozar su cabeza para que se callen”, les dijo.
Agregó que fue mucho tiempo después cuando les dieron una poca de agua y que posteriormente los metieron, uno por uno, en un cuarto. “Yo fui el último y me dijeron que mis compañeros habían dicho que yo había matado a Alejandro Feliciano García. Yo les dije que no, que ese día yo estuve trabajando en Barranca de Guadalupe; que yo soy de trabajo, que soy albañil y que no puedo hacer eso ni culpar a ninguno de mis compañeros”. Manifestó que el policía insistió en culparlos y que incluso aseguró que tenía más testigos.
Contó que cuando no se declaró culpable como querían los policías, le pidieron que firmara un documento en el que culpaba a sus compañeros y que a él lo iban a dejar libre; sin embargo, dijo que se negó porque sabe que también son inocentes. “Yo les dije que no podía culpar a mis compañeros de lo que no es cierto”. Dijo que después se enteró que a los otros les dijeron lo mismo y que a Romualdo Santiago lo metieron al cuarto dos veces para presionarlo con el mismo argumento.
Afirmó que las acusaciones son una calumnia de la gente que no los quiere en la comunidad por pertenecer a la OPIM; “sabemos que a la organización no la quieren, la quieren desbaratar”.
Por su parte, Matalio Ortega denunció que los están culpando porque el gobierno no los quiere; “porque estamos organizando a la gente para defender nuestros derechos. No es cierto que nosotros fuimos a matar a esa persona”, dijo.
Manuel Cruz dijo a través de un intérprete que su detención fue arbitraria porque cuando lo detuvieron fue sin orden de aprehensión y que tampoco le dijeron por qué lo detenían, sino que fue hasta en la comandancia de Ayutla donde le preguntaron la razón de por qué había matado a una persona y él les aseguró que eso era falso.
Después de la entrevista con los medios de comunicación, los presos se reunieron con representantes de varias organismos de derechos humanos encabezados por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) , Abel Barrera Hernández, a quienes les expusieron las condiciones en que fueron detenidos.
Abel Barrera Hernández les informó que tienen el respaldo de todos los organismos presentes y que acudirían a todas las instancias para lograr su libertad.
Fue un juicio sumario: Tlachinollan; son presos políticos de un gobierno del PRD: Aurora Muñoz
Zacarías Cervantes
Ayutla
Representantes de organismos de derechos humanos no gubernamentales nacionales y extranjeros, visitaron ayer en la cárcel de esta ciudad a los cinco indígenas de El Camalote de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, OPIM, que son acusados de matar a Alejandro Luciano García, un paramilitar señalado por la agrupación.
Entrevistados poco antes de que el juez Mixto de Primera Instancia, Alfredo Sánchez Sánchez, formalizará el encierro de los indígenas, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que la detención de los cinco campesinos es parte de la “criminalización de la lucha social” del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, mientras que la secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Aurora Muñoz, los consideró “presos políticos y de conciencia que está haciendo un gobierno del PRD”.
Los detenidos son Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Raúl Hernández Abundio, Romualdo Santiago Enedino y Natalio Ortega Cruz.
Las organizaciones cuyos representantes visitaron a los indígenas detenidos son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Asistencia Legal, la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los derechos para todos, la Red Guerrerense de Derechos Humanos, el Consejo Ciudadano de Chilapa, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Comité Estudiantil de Ayotzinapa, Brigadas Internacionales de la Paz, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y la secretaria de Derechos Humanos del PRD estatal, Aurora Muñoz.
Entrevistado después de la reunión, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que las autoridades encargadas de investigar los delitos están abusando de sus funciones, “no hay una investigación profesional, porque primero se está haciendo un juicio sumario de manera pública por parte de autoridades, que no les compete juzgar, y con ello se está suplantando al Poder Judicial”.
Consideró preocupante que se quiera criminalizar de antemano a los indígenas, sin esperar a que se hagan las investigaciones pertinentes.
Explicó que antes de que el juez emitiera su resolución, mediante la prensa “otras” autoridades ya estaban “juzgando y criminalizando a los indígenas, sin esperar los momentos adecuados y que sea la autoridad la que determine si hay elementos para considerar si estas personas cometieron el delito”.
Barrera explicó que la detención de los cinco indígenas se da en una situación de inseguridad y violencia en esta región, pero además con la intención “de ver a las organizaciones indígenas de aquí como presuntos brazos civiles de los grupos armados; es una irresponsabilidad muy grande que la autoridad municipal y estatal estén manejando esto, sabemos que son ellos los que están marginando y criminalizando a las organizaciones sociales”.
El director de Tlachinollan agregó que esto es preocupante porque desde el gobierno se está manejando una línea de ”investigación conspirativa” , porque quiere mostrar que las organizaciones independientes apoyan a los grupos armados “cuando sabemos que la intención de la organización indígena es hacer justicia”.
Denunció también que el proceso que se sigue a los cinco detenidos “deja entrever que hay una intención de desacreditar a la organización, para que ya no siga exigiendo y evitar que se indemnice a los 14 indígenas esterilizados con engaños por personal de la Secretaría de Salud en 1998″.
Recordó que la OPIM y Orlando Manzanares Lorenzo presentaron la denuncia por la esterilización con engaños ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el caso está a punto de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no ha habido justicia para los indígenas de El Camalote.
También aseveró que se está acusando a los cinco indígenas para justificar la militarización en la zona, “es una manera muy burda utilizar la fuerza de los militares con el pretexto de que los indígenas son una amenaza al Estado”.
Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos del PRD estatal, Aurora Muñoz Martínez, dijo que en el caso de los cinco indígenas “hay una grave irresponsabilidad de las autoridades municipales” , en el entendido de que “es el primer espacio de poder, y no ha actuado como una autoridad preocupada por las demandas y por lo que está pasando en su municipio”.
Indicó que, al contrario, las declaraciones que han hecho las autoridades del Ayuntamiento que encabeza el perredista Homero Lorenzo Ríos, “confrontan y violentan la situación más de lo que ya está”.
La dirigenta señaló que el alcalde “debería estar más preocupado por conocer cómo está la situación de los cinco detenidos y cómo resolver el problema que está pasando aquí en Ayutla”.
Le parece que no es congruente que a la gente que está peleando y luchando porque se le resuelvan los problemas de obras y servicios, el derecho a la educación y que se autoricen proyectos para que sus comunidades se desarrollen, les manden patrullas de militares y policías para detenerlos y reprimirlos.
A Aurora Muñoz le parece que las autoridades deben dedicarse “a resolverles sus problemas, puesto que no es justo y sí es indignante ver a los compañeros ahí, esposados, mientras que las autoridades no hacen nada por resolver el conflicto de fondo. Y en ese sentido nosotros debemos exigirles a esas autoridades que actúen conforme a derecho”.
La secretaria de Derechos Humanos dijo también que la dirigencia del PRD debería asumir una postura más firme para exigir la libertad de los cinco detenidos, “puesto que se trata de compañeros perredistas que están detenidos y son compañeros que están exigiendo que haya programas y proyectos para sus comunidades y que en lugar de eso los están deteniendo”.
Y en ese contexto Muñoz Martínez calificó a Orlando, Manuel, Raúl, Romualdo y Natalio como “presos de conciencia y políticos, que está haciendo el gobierno del PRD aquí en Ayutla”
Los soldados estarán en Ayutla hasta que se aclare la masacre, advierte el general Magaña
Los soldados permanecerán en Ayutla vigilando las calles para apoyar a la Policía Ministerial hasta que se esclarezca la muerte de los cuatro policías y un trabajador de Telecomm-Telé grafos, advirtió el comandante de la Novena Región Militar, Sergio Magaña Mier; luego dijo que el municipio no se está militarizando.
Abordado al terminar la conferencia sobre garantías individuales, que impartió el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, a más de 300 soldados, en un salón del Centro Internacional Acapulco, Sergio Magaña negó que la reciente detención de los indígenas haya sido una persecución, sino que tenían pendientes órdenes de aprehensión.
Se le preguntó respecto a los señalamientos de defensores de los derechos humanos, que dicen que las acciones militares en Ayutla violan las garantías individuales de los indígenas, el comandante dijo que “no vemos ninguna acusación, ninguna denuncia o algún aviso a las violaciones” de los derechos humanos. —¿Entonces este curso no se impartió por las denuncias de que en Ayutla violan los derechos humanos?
—No, no, es una cultura que se está fomentando en México, pues la principal indicación es que se respeten los derechos humanos, y esa es la cultura que estamos fomentando entre los soldados de la Novena Región Militar.
Dijo que estarán ahí hasta que “se dé esclarecimiento al caso; las personas que están detenidas tienen órdenes de aprehensión, han sido detenidos por delincuentes o por robo de autos, asesinatos”. —¿A qué atribuye las denuncias de que se han violado los derechos humanos?
—No sé, pregúnteselo a quien se lo dice, porque nada más lo dicen y no lo fundamentan, lo comprueban, no hacen la denuncia correspondiente.
En el acto estuvieron el vicealmirante de la Octava Zona Naval, Jorge Arturo Maldonado Orozco, así como el coordinador regional de la Codehum en Acapulco, Ramón Magdaleno Navarrete. (Aurora Harrison).
