Octavio Vélez, corresponsal
Oaxaca, Oax., 29 de agosto. Personal de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), respaldados por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y policías estatales, confiscó el equipo de la estación de radio comunitaria La Rabiosa, ubicada en la ciudad de Huajuapan de León, región de La Mixteca. La radiodifusora, operada por el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), transmitía en el 103.5 de FM, en etapa de prueba, desde hace cinco meses. Omar Esparza, coordinador de ese organismo, dijo que los inspectores de la Cofetel arribaron intempestivamente a La Rabiosa, interrumpieron las transmisiones ante la mirada de los operadores y locutores pertenecientes a la Red de Radios y Tv Indígenas del Sureste Mexicano y de Cactus. Expuso que el decomiso constituye una arbitrariedad, porque no se recibió ninguna notificación previa para suspender transmisiones. Explicó que los inspectores, quienes se identificaron como Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios, justificaron la acción con el argumento de la aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, debido a que afirmaron que se cometió un delito federal, a pesar del estatus de prueba de la radiodifusora.
http://www.jornada.unam.mx/2008/08/30/index.php?section=politica&article=013n2pol



Publicado el 20 de Agosto de 2008
La situación de los zapatistas es buena parábola de la cuestión. No tienen problemas de “seguridad interior”. Hay una relación convivial entre vecinos y las comunidades saben cómo procesar justa y serenamente conflictos y violaciones a las normas sociales. Pero la gente vive bajo continua amenaza “externa”: el acoso militar y policiaco y la agresión de los paramilitares. Las autoridades gubernamentales son el problema de seguridad de los pueblos zapatistas.
Recibido de Kimelu Kellun, 23 de agosto.- Es mi deber como ser humano, que defiende los derechos humanos. Es mi deber como persona, que ha participado en Derechos Humanos desde los años 86 en adelante, como presidenta del comité de derechos humanos a nivel poblacional y como miembro de Amnistía Internacional ocupando la responsabilidad de vicepresidenta de Amnistía Internacional sección chilena.

Aprovechando el debate político sobre el secuestro y a la descarada complicidad de todos los niveles de gobierno con la delincuencia organizada, se emitió una condena injusta y, ésta sí, criminal contra los luchadores sociales de San Salvador Atenco, en el estado de México. Mientras queda demostrado que muchos delincuentes y secuestradores trabajan detrás de los escritorios de gobierno u ostentan una placa, se condena a quienes luchan por la tierra y por un México más justo.

