Zapateando 2

http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2010/11/30&id=580ccdadbf63f7b6c9d397eee6113182   

Martha Elba Figueroa, Distrito Federal— Como una forma para subsanar la falta de compromiso del Estado y de algunas empresas para brindar seguridad al gremio periodístico en su ejercicio diario, fue presentado el Manual de Autoprotección para Periodistas, en el cual se proponen desde algunas medidas preventivas hasta cómo se debe de actuar en caso de secuestro.   

De acuerdo con Andrés A. Solís Álvarez, autor de la obra presentada en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el texto es una recopilación de manuales y testimonios de policías, militares y periodistas que han estado en zonas de riesgo, por ejemplo Colombia, adaptados a la realidad mexicana.   

En entrevista con El Diario, posterior al encuentro con medios y ciudadanía, Solís Álvarez reconoció que “el Estado tendría la obligación de brindar seguridad a todos los ciudadanos, la Constitución lo establece, pero si nos quedamos esperando creo que va a pasar mucho tiempo”.   

El periodista recordó que tuvieron que morir más de 60 colegas, “dos de El Diario de Juárez incluidos”, para que el gobierno se sentara a redactar un protocolo de seguridad del cual, a la fecha, no se ha visto nada.   

Aunado a ello, dijo, se etiquetaron cerca de 250 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este tema, en el que nadie dice quién es responsable, cómo se va a ejercer y que se supone que es para seguridad de la prensa.   

“Lo que quiero proponer, no es el hilo negro, es la experiencia de colegas, de militares, de policías, es eso: cuidarnos y hay que comenzar por la autoprotección. 

Si yo salgo a la calle a cubrir una nota y no me cuido desde que me pueden atropellar hasta ser víctima de un atentado”, precisó Andrés Solís.   

Lo primero, explicó, es la propia seguridad, estableciendo un criterio al riesgo que se está enfrentando, y preguntarse cuál es el entorno, qué ves, qué no, cuáles son las posibles amenazas, rutas alternas a seguir.   La otra parte fundamental tener un conocimiento bien preciso de las habilidades propias, conocimientos y condición física. “Saber qué sí soy capaz de hacer y qué no”.   

Solís reconoció que la conciencia de los periodistas del riesgo que corren al ejercer su profesión varía de una localidad a otra, pues en donde hay conflictos constantes, el gremio ya ha asumido una responsabilidad, contrario a lo que pasa en entidades como el Distrito Federal y Nuevo León.   

“Si vamos a Juárez ahí hay una conciencia muy importante de la seguridad, de cómo salir a la calle, en cambio si vas a Polanco, una de las colonias más exclusivas de la ciudad de México, parece que no”, señaló.   

Por ello, dijo, el objetivo final del libro es “que me digan qué estuvo bien y qué no, que nos sentemos a discutir y que hagamos un verdadero manual de autoprotección para todo el gremio, una serie de protocolos que se puedan aplicar lo mismo para cualquier equipo pequeño que para un gran medio”.   ‘El Diario, Una empresa responsable’   

Elizabeth Palacios, Relatora por la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, reconoció al Diario de Ciudad Juárez, como una empresa responsable con la seguridad y desarrollo de sus reporteros, por lo que exhortó a otras empresas a replicar las acciones que se llevan a cabo en dicha casa editora.   

Durante la presentación del Manual de Autoprotección de Periodistas, de Andrés Solís, la funcionaria aseguró que “El Diario de Juárez es una de las empresas responsables que yo conozco, que remunera bien a sus reporteros, que se preocupa por su capacitación, que los está becando para que hagan maestrías y, además, en todos los cursos de capacitación de cobertura de alto riesgo, siempre me he encontrado a algún compañero de este medio”.   

El Diario de Juárez, insistió, “está preocupado porque sus periodistas estén capacitados y también exige exclusividad para tener un alto nivel ético, pero la exclusividad cuesta. 

El Diario de Juárez es una empresa responsable y justo por eso, por ser una empresa que no ha comprometido su forma de periodismo es una empresa que ha sido muy atacada”. 

– Madre de víctima, a un año de sentencia de Campo Algodonero

Por Guadalupe Cruz Jaimes, enviada

Ciudad Juárez, Chih, 29 nov 10 (CIMAC).- Más que una indemnización económica, las madres y familiares de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, halladas en el predio Campo Algodonero, exigen justicia, “que los asesinos y las autoridades omisas reciban una sanción”.

A nombre de las madres y familias de Claudia Ivete González y Laura Berenice Ramos, quienes como su hija, Esmeralda Herrera Monreal, fueron asesinadas en esta localidad, Irma Monreal puntualizó que “lo que queremos es castigo para quienes mataron a nuestras hijas y para quienes no hicieron lo que debieron para encontrarlas cuando desaparecieron”.

En el Foro Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: a un  Año de la Sentencia de Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana  de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano, subrayó que la sentencia señala que deberá dar una indemnización económica a las tres familias.

También establece atención médica y psicológica para las familias, que a la fecha no han recibido, pero también indica la investigación y sanción para los servidores públicos que negaron el acceso a la justicia para las víctimas, desde el momento en que no iniciaron la indagación cuando fueron reportadas como desaparecidas.

Malú García Andrade, de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, solicitó a las integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios que “impulse y verifique la sanción a los servidores públicos”, que violentaron los derechos humanos de las víctimas y de sus familias.

De lo contrario, el mensaje que se sigue enviando es de impunidad para México y también para América Latina, aseveró María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), durante su participación en el Foro convocado en esta ciudad.

La sentencia de la CoIDH detalla la reparación del daño enfocada a la vocación transformadora, de pleno goce de derechos humanos, así como a la atención, prevención y sanción para garantías de no repetición.

Sin embargo, no ha habido voluntad política para cumplirla y persiste el feminicidio en el país y en Chihuahua, en esta entidad de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron 271 homicidios dolosos, en los que no pudo determinarse si fue feminicidio, debido a que las autoridades se negaron a dar información acerca de las características de los crímenes.

La realidad nacional es semejante, ya que las autoridades de los tres órdenes de gobierno permanecen en la simulación “se hace, pero no se hace”.

De acuerdo con la investigación y análisis del Observatorio, con base en información dada a conocer por 11 procuradurías estatales, de las 18 a las que se les solicitó información, de enero de 2009 a junio de 2010 se registraron 890 asesinatos dolosos contra mujeres, de los cuales 309 se cometieron en el Estado de México.

Además de Chihuahua, los estados que no brindaron información acerca de las características de los homicidios son Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca.

Luego de 17 años de haberse conocido esta problemática, el Estado mexicano no cuenta con información precisa, cuando desde 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableció la necesidad de tener un banco nacional de datos, que permita un diagnóstico de la problemática.

Según la indagación del OCNF, del total de casos de feminicidio, 40 por ciento tenía entre 10 y 30 años de edad. Más de la tercera parte desarrollaba actividades económicas fuera del hogar.

El 58 por ciento de los casos, las mujeres murieron por acciones que implicaron un alto grado de violencia. 5 de cada 10 de las mujeres asesinadas fueron halladas en la vía pública, mientras que al 20 por ciento las encontraron en sus casas.

De los 890 asesinatos dolosos, sólo 40 por ciento recibieron una sentencia, aunque se desconoce si éstas fueron absolutorias o condenatorias.

Lo anterior, permite concluir que la prevalencia del feminicidio  en el país se debe, entre otras causas, a una limitada o ausente impartición de justicia, así como a la discriminación de género “que se exacerba debido a la permisividad del Estado mexicano”.

Roxana Arroyo, directora de la Fundación Género y Justicia del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, en Costa Rica, refirió que mientras no haya sanción “el camino a la justicia queda truncado”.

Este hecho, impide “la no repetición en México, pero también tiene dimensión en Latinoamérica”. Por lo que es “imperativo” que el Estado mexicano, atienda la sentencia, cuya importancia radica en señalar la transversalidad de la perspectiva de género en la impartición de justicia.

La sentencia refiere una “nueva cultura jurídica, que debe tener transversalización de género, ya que si esto no se logra no se va a reparar a las  víctimas y no se garantiza que no se vuelva a repetir.

Además, es un “aporte positivo a la protección de los derechos humanos de las mujeres”, ya que se convierte en la medida “estándar” de cómo se deben cumplir los derechos establecidos en la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer  (Belém do Pará).

La sentencia de la CoIDH plantea que sin acceso a la justicia sin discriminación y sin igualdad sustantiva en la sociedad, el feminicidio se seguirá repitiendo.

– Presenta CATWLAC resultados de proyecto contra el delito

Por Gladis Torres Ruiz

México, D.F 29 nov. 10 (CIMAC).- A pesar de que México sigue siendo un país de origen, tránsito y destino de trata de personas con fines de explotación sexual, en lo que va de la administración de Felipe Calderón sólo se tiene una sentencia dictada por éste delito en 2007, mientras que en el Distrito Federal, se tienen 4 sentencias y más de 230 detenidos con acto de formal prisión dictado, afirmó Teresa Ulloa Ziaurriz.

En conferencia de prensa la directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), precisó que la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), es la única que cuenta con éste número, sin embargo en la capital del país falta mucho por hacer.

Informó que en la capital del país aproximadamente 250 mil personas son víctimas de explotación sexual en la ciudad de México, y que el 20 por ciento son menores de edad.

De ésta cifra, el 80 por ciento es la “cifra negra”; es decir lo que vemos en las calles es apenas el 20 por ciento, toda vez que ahora tenemos “servicios”, que no se ven, como servicios en hotel, internet, escuelas de modelos, paquetes para turistas etcétera.

La activista, nominada al Premio de Derechos Humanos (DH) de las Naciones Unidas 2005 y al Premio de DH del gobierno de Suiza, indicó que a nivel nacional en la capital del país se encuentran el 20 por ciento de las víctimas de trata sexual.

Durante la presentación de los resultados del proyecto, “Estado de derecho, violencia contra las mujeres y trata de personas para la explotación sexual comercial en el Distrito Federal”, exigió a las autoridades capitalinas que actúen para erradicar éste delito en la zona de la Merced, en específico en los callejones de Manzanares y Santo Tomás.

“Nos parece degradante, e indignante que sigan existiendo las pasarelas en las que desfilan revueltas niñas y mujeres”; una vez más exigimos se termine con las “pasarelas” y se consigne a las personas involucradas en darles protección.

Sostuvo que el 86 por ciento de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, son mujeres, el 90 por ciento son niñas, y de cada 10 víctimas menores de edad, 7 son niñas.

Informó que otra zona que tienen ubicada es la delegación Venustiano Carranza, que se ha convertido en un “centro de acopio y distribución de víctimas”. “Son mujeres iniciadas ahí, y luego las hemos rescatado en Atlanta, Carolina de Norte y Sur, en Las Vegas, los Ángeles y Arizona”.

La subprocuradora de la PGJDF, Dilcia Samantha García, informó que los “focos rojos” en donde hay trata de personas son las zonas de la Merced, Buenavista, San Fernando, Tlalpan, el Centro de la Ciudad, Sullivan, donde se han hecho operativos.

Detalló que el delito de la trata no se limita a los fines de explotación sexual, “tenemos sobre trata laboral, sobre la trata de personas el caso de un falso centro de rehabilitación contra adicciones conocido como “Los elegidos de Dios”.

En el caso de trata de menores de edad, esta existe en los alrededores de la Central de Abastos, por lo que no habría una delegación específica donde podemos decir que hay más trata de personas.

Teresa Ulloa Ziaurriz, informó que en México la trata de personas va en aumento, y que la zona norte, pacífico y sur es donde existe una mayor incidencia del delito. Consideró que el aumento de la trata de personas en el país va ligado a la lucha emprendida contra el narcotráfico.

En esta guerra contra el crimen organizado, cada día esta más cerca el narcotráfico o cualquier asunto relacionado al crimen organizado con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ya que es un negocio, que sigue la misma ruta del narcotráfico.

A nivel federal, dijo, existe la necesidad de establecer una política de Estado para integrar estrategias eficaces en la prevención, la asistencia a las víctimas y la persecución a los tratantes de personas, añadió.

Ulloa Ziaurriz, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Conferencia Nacional de Procuradores que “saquen las manos del proceso de discusión de la nueva ley general de trata de personas”.

Para nosotras, los poderes son autónomos y “no vamos aceptar injerencia del Ejecutivo en el proceso legislativo. Queremos la ley, porque ahí están las víctimas esperando que alguien haga por ellas”.

El proyecto “Estado de Derecho, Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas para la Explotación Sexual Comercial en el Distrito Federal” fue realizado por la CATWLAC, en colaboración con Inmujeres-DF, con el objetivo de visibilizar la trata de personas y la explotación sexual comercial.

Así como sensibilizar y capacitar a funcionarias y funcionarios relacionados con la seguridad pública, la procuración de justicia y la atención a víctimas, en el conocimiento de tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos de las mujeres y la debida diligencia.

– Pobreza y marginación, reflejo de la desigualdad

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, Chis, 29 nov 10 (CIMAC).- Campesinas, indígenas y sindicalistas, marcharon por las principales calles de esta ciudad, para rechazar lo que llamaron las “políticas neoliberales y patriarcales”, que aplican los gobiernos federal y estatal, al gobernar  a favor de la libre empresa y el privilegio de los poderosos.

En un manifiesto leído ante la sede del poder legislativo y ejecutivo como parte de las acciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, precisaron que las autoridades fomentan, tanto en el campo como en la ciudad, la inseguridad, la pobreza y la violencia social.

Sostuvieron que la pobreza y marginación extremas, son un reflejo de la desigualdad y la violencia del sistema, que las coloca a ellas y sus familias en estados de permanente angustia, enfermedad,  dolor, y hambre, sobre todo porque se han reducido los ingresos significativamente y los precios de los productos básicos se han incrementado sin control alguno.

“En la privatización, el despojo y la comercialización de nuestras tierras, vemos la causa  principal de nuestros problemas en el campo. Al no ser propietarias las mujeres no hemos podido impedir las ventas de las tierras, que nos dejan desamparadas a nosotras y a nuestros hijos.

El bajo precio de nuestros productos, la competencia desleal con el maíz transgénico importado de Estados Unidos, y la falta de trabajo, han provocado el abandono de la tierra  y la migración de nuestros esposos e hijos, así como la consecuente reducción de la producción”, sostuvieron las chiapanecas.

Se pronunciaron contra la siembra de palma africana, piñón y otros productos para generar combustibles, debido a que han provocado la reducción del cultivo de alimentos.

Criticaron a las ciudades rurales, ya que argumentaron, lejos de ser una solución para la producción campesina, es en realidad la institucionalización de un proceso de despojo de tierras y proletarización, sin perspectivas reales de solucionar las necesidades de las y los campesinos.

“El agotamiento de la economía campesina nos ha obligado a buscar trabajo y otras formas de ingreso con el agravante de que los salarios que nos pagan por ser mujeres son muy bajos y nos exigen estar mucho tiempo fuera de la casa”.

“La doble y triple jornada que ahora cumplimos haciendo funciones de hombres y mujeres también ha repercutido en las dinámicas de nuestras familias y en la atención a nuestros hijos” sostuvieron.

Sobre el tema de la militarización y la paramilitarización, con el pretexto de dar seguridad a la población, dijeron que esto ha provocado un incremento de la violencia y de la inseguridad ocasionando que “vivamos atemorizadas y en constante preocupación por nuestro futuro y el de nuestros hijos que al no encontrar trabajo ven como posibilidad la integración a las fuerzas militares, paramilitares o narcomilitares”.

“Sabemos bien que el Oportunidades y otras políticas públicas asistencialistas que aceptamos por nuestra pobreza, lejos de ser solución han aumentado la dependencia y han colaborado en la reducción de la producción, pues en lugar de trabajar el campo, las familias esperan las limosnas del gobierno y han provocado la desorganización de las comunidades campesinas, el conformismo y la despolitización de la población”, expusieron.

Exigieron que se revisen los Reglamentos Ejidales y Estatutos Comunales en Chiapas para que se eliminen todas las disposiciones que impiden que las mujeres tengan tierra, y que propicia la discriminación en las asambleas en donde se toman las decisiones.

“Exigimos enérgicamente una nueva reforma agraria que derogue la privatización de la tierra y la titularidad solo para el jefe de familia, y se legisle para que la tierra sea considerada como propiedad familiar a fin de proteger los derechos de las mujeres y sus hijos” concluyeron.

Prensa Indígena, Enviado por ewituri el Dom, 11/28/2010 – 20:01.

(Por Nadia Altamirano Díaz, CIMAC)

Argenpress, 24 de noviembre.- La agresión a la reportera Rebeca Luna, ocurrida el viernes pasado en esta ciudad, se suma a los 39 casos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la entidad, que se coloca en el segundo lugar a nivel nacional, en agresiones contra integrantes de los medios de comunicación, sólo después del Distrito Federal.

La reportera de un diario local, corresponsal de Enfoque Radio Mil México y el portal local Bbmnoticias, narró que el viernes a las 9:00 de la mañana fue atacada por un hombre que estaba dentro de un automóvil tipo tsuru, color blanco, sin placas y con los vidrios polarizados:

“Iba llegando a casa de mi mamá y antes de llegar a una esquina vi el tsuru blanco. Del asiento del copiloto salió un sujeto que trató de obligarme a subir a la parte de atrás del vehículo”, forcejeamos, me pegó en el rostro quizá con la puerta del carro y me aventó al suelo: alcancé a escuchar que dijo “este es un mensaje del gobernador”.

Por temor, no le dijo nada a nadie, se puso una venda en el brazo y el sábado por la mañana empezó a recibir llamadas a su celular, la voz de un hombre le preguntaba “¿Te gustó el saludito que te mandó el gobernador?”. Entonces se decidió a presentar la denuncia. El agente del Ministerio Público, el indicó que requería una valoración médica y acudió a la delegación de la Cruz Roja, donde fue hospitalizada.

Presenta una luxación de segundo grado en el brazo izquierdo y alteraciones metabólicas por una crisis nerviosa, hipertensión arterial e hiperglicemia. En el rostro tiene un golpe en el ojo izquierdo. El cuello lo tiene inmovilizado.

Entrevistada en el hospital, donde espera que un traumatológico y el médico internista la den de alta, la comunicadora consideró que “estamos en un vacío de poder y que alguien se quiere aprovechar”.

Vía telefónica el gobernador Ulises Ruiz le aseguró a Rebeca que “van a detener a los dos sujetos”; la titular de la PGJE, María de la Luz Candelaria Chiñas, le dijo que se van a realizar todas las investigaciones y en una entrevista colectiva, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, condenó estos hechos que “no pueden seguir sucediendo”.

En abril del 2009, la reportera Rebeca Luna, quien realiza investigaciones, la mayoría policíacas y de política, también fue atacada por dos hombres que iban en una motocicleta. Le rompieron los vidrios del auto y sustrajeron la computadora portátil, el hecho sigue impune.

Insegura, impotente, con coraje y también temor, la reportera se muestra desalentada por la falta de justicia y subraya las condiciones laborales de quienes están en los medios de comunicación: “No cuento con seguridad social, nadie te respalda”.

La Comisión para la defensa de los derechos humanos de Oaxaca, inició un expediente de queja y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) una averiguación, sin embargo ella duda que realmente se detenga a los responsables.

Del 2005 a la fecha, CIMAC ha documentado 36 agresiones a mujeres periodistas, el 20 por ciento de los casos han ocurrido en Oaxaca, incluidos los asesinatos de las locutoras triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista, así como el caso de Ixtli Martínez, quien fue baleada cuando cumplía con su trabajo.

Tras la intervención de legisladores, Rebeca Luna aceptó ser atendida en un hospital privado. Los gastos serán absorbidos por la Secretaría de Salud local.

http://www.argenpress.info/2010/11/mexico-atacan-reportera-en-oaxaca-como.html•

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http://www.prensaindigena.org.mx/?q=content/m%C3%A9xico-atacan-reportera-en-oaxaca-como-%E2%80%9Cmensaje-del-gobernador

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Para leer la alerta completa: http://tinyurl.com/23pm3wc