Hambre cruzada

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/05/opinion/029a1eco
Ana de Ita
En Oaxaca una vez más se alzaron las voces en contra del maíz transgénico durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. Más de quinientos asistentes, procedentes de distintas regiones indígenas y de organizaciones sociales y civiles, acusaron al Estado mexicano de ser responsable de la contaminación transgénica del maíz nativo, en complicidad con las corporaciones transnacionales productoras de semillas, y exigieron al gobierno que no permita la siembra comercial de maíz transgénico en el norte del país.

Zapotecos, mixtecos, nahuas, mayas, rarámuris, wixárikas, junto con campesinos de Tlaxcala, Veracruz y Guanajuato coincidieron en las estrategias que utilizan para evitar que la contaminación transgénica en los maíces herencia de sus antepasados se propague: siembran únicamente sus variedades nativas y criollas, no permiten la entrada a las comunidades de maíces desconocidos, no aceptan semillas de los programas de gobierno ni de ayuda alimentaria, no siembran maíz comprado en las tiendas Diconsa, evitan las semillas híbridas que pueden estar contaminadas, revisan las milpas e impiden la polinización de plantas que parezcan raras o malformadas.

Vandana Shiva, quien peregrinó 30 horas desde India para participar en la defensa del maíz, afirmó que Monsanto ha declarado la guerra a los campesinos de todo el mundo, al convertir en crimen la práctica campesina milenaria de guardar semillas para sembrar el siguiente ciclo.

Los campesinos que no dependen de las semillas de las corporaciones son libres. Shiva explicó el patrón que siguió Monsanto y el gobierno de India para introducir el algodón transgénico en su centro de origen: Primero, el Estado desmanteló la producción pública de semillas, después Monsanto compró las compañías semilleras locales y les obligó a vender únicamente semillas de algodón transgénico, pero con la marca conocida por los campesinos, por último Monsanto promovió las semillas transgénicas, con falsas promesas de aumentar la productividad y las ganancias. En sólo un ciclo agrícola la diversidad de las semillas campesinas de algodón se había perdido y los productores que anteriormente obtenían sus semillas gratis, seleccionadas de su propia cosecha, se encontraron en bancarrota y sin posibilidad de cubrir la deuda contraída para obtener el paquete tecnológico de semillas transgénicas. Muchos optaron por suicidarse antes que dejar de ser campesinos.

En México, más de un tercio de la producción de maíz (8 millones de toneladas) no entra al mercado pues se destina al autosustento de las comunidades que lo producen, pero como parte de la Cruzada contra el Hambre, la Secretaría de Agricultura impulsa un programa de agricultura de autoconsumo que, con el pretexto de aumentar la productividad, debilita la esencia de la agricultura campesina al intentar convertirla en dependiente de insumos externos que deben comprarse a las agroindustrias. El programa pretende que las semillas nativas, muchas de ellas endémicas, mejoradas durante generaciones y adaptadas a los nichos ecológicos de cada comunidad, se cambien por semillas híbridas uniformes, propiedad de las corporaciones semilleras, o por semillas criollas mejoradas por los centros de investigación. Una vez más el programa desconoce el conocimiento campesino que impulsa técnicas de agricultura orgánica y tradicional para producir los alimentos de las comunidades, y por el contrario fomenta el uso de agrotóxicos, fertilizantes, herbicidas e insecticidas que más que evitar el hambre, dañarán el ambiente, la salud de la población y polucionarán los campos. Las trojes y coscomates, verdaderas obras de arte, construidas con materiales locales, pretenden ser remplazadas por silos metálicos comprados, que además no son útiles en comunidades donde la humedad del ambiente es alta.

La demanda de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los científicos conscientes y de la sociedad civil reunidos en Oaxaca fue la defensa del maíz nativo y de la cultura e identidad de los pueblos de maíz, el gobierno tiene la oportunidad de escucharlos y apostar por las estrategias definidas desde las comunidades antes que favorecer los negocios y el hambre de ganancias de un puñado de agroindustrias transnacionales.

Minicomentario

¿Así o más claro?

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/04/opinion/025a1eco
Silvia Ribeiro*
Seguro ya lo saben, lo han oído, leído o visto. O les crece del pecho, de las raíces más profundas, del corazón, de la razón: México, los pueblos del maíz, las mujeres, hombres, niños, jóvenes, campesinas, indígenas, estudiantes, amas de casa, trabajadores, artistas, científicos responsables, no queremos maíz transgénico. Cada día crece en cada rincón del país la indignación y la protesta, cada día conocemos más argumentos para cancelar toda siembra de maíz transgénico y para que no se autoricen las monstruosas solicitudes de Monsanto y otras trasnacionales para sembrar millones de hectáreas de esos granos manipulados en el país.

En ese río de resistencias confluyeron la semana pasada personalidades internacionales de conocida trayectoria: Vandana Shiva, de India; Pat Mooney, de Canadá; Camila Montecinos, de Chile. Los tres galardonados con el Premio Nobel Alternativo, que entrega el Parlamento sueco el día anterior del Premio Nobel, para destacar a quienes aportan al mundo conocimientos y acciones cruciales para la vida sustentable en el planeta.

Acudieron en el marco de una semana de Jornadas contra el Maíz Transgénico, organizadas por Jóvenes ante la Emergencia Nacional, YoSoy132 Ambiental, Red en Defensa del Maíz, Ceccam, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Vía Campesina, Unorca, Movimiento Urbano Popular, Uprez, Grupo ETC, Grain; a varias conferencias, actividades y una pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en Oaxaca, sobre contaminación transgénica del maíz.

Vandana Shiva relató que con la entrada de Monsanto a los campos en India, primero con semillas híbridas y ahora transgénicas, los agricultores de algodón, antes conocidos por un buen nivel de ingresos, ahora forman la región donde hay más suicidios, por no poder pagar sus deudas. Son 270 mil suicidios de agricultores en los últimos años. Mientras que en México, dijo Shiva, pudo disfrutar de los colores y alegría de las luchas, de los cantos y rituales por el maíz, la única música que escucha en los pueblos donde plantan algodón transgénico es la marcha fúnebre.

La contaminación transgénica es intencional, explicó Camila Montecinos, de Grain, y es parte de la estrategia de las empresas para apurar la aprobación de los transgénicos. Empiezan con el contrabando de semillas para siembra –dándolas a agricultores dispuestos o engañados– o distribuyéndolas para alimentación, como en México ha hecho Diconsa, sin avisar que son transgénicas, desatando así la contaminación. Luego las empresas arguyen que es un hecho consumado que no queda más que legalizar. Los transgénicos se apoyan en mitos, agregó, que han quedado al descubierto: hay numerosas evidencias de que producen menos y usan más tóxicos. En países donde se han sembrado por años, como Argentina (segundo productor mundial de transgénicos) causaron una reforma agraria invertida: cada vez menos agricultores, con propiedades cada vez más grandes. De ser un país con buen nivel de alimentación, ahora es un país con creciente desnutrición. Los transgénicos, continuó Montecinos, no son para agricultores chicos, ni medianos, ni siquiera grandes individuales: son para agricultura industrial empresarial, para que toda la producción alimentaria quede en manos de grandes empresas. Incluso en Estados Unidos, agricultores grandes están protestando por el monopolio, por juicios al ser contaminados y otros abusos de Monsanto, al tiempo que sus semillas transgénicas producen menos y cuestan más.

El objetivo, dijo Pat Mooney, es apropiarse de toda la producción comercial de semillas y eliminar a quien tenga las suyas propias. Monsanto, Syngenta y DuPont controlan ya el 54 por ciento del mercado mundial de semillas y las 10 más grandes el 76 por ciento.

Los tres coinciden en que la contaminación del maíz en México, su centro de origen, es un hecho inusitado en la historia de la agricultura y la alimentación, con graves repercusiones a nivel global, por lo que la amenaza de contaminación masiva por la liberación comercial es un tema mundial, que va mucho más allá de México. Contaminar el centro de origen es una estrategia intencional de las empresas: si lo logran aquí, con un cultivo de tal importancia económica, cultural, alimentaria, podrán seguir en cualquier otra parte, arguyendo que no puede ser peor. Estamos en ciernes de un crimen histórico.

Mooney, quien por décadas ha participado en las negociaciones de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), estaba presente cuando hace treinta años el delegado de México a la FAO peleó duramente para crear la Comisión de Recursos Fitogenéticos en ese organismo, aludiendo que para México era imprescindible e ineludible defender el centro de origen del maíz, por la alimentación en México y el resto del mundo. Contrasta tristemente con la actitud de los gobiernos de México actuales, que han permitido, sin razón, ignorando incluso a sus propias instituciones especializadas, la experimentación con maíz transgénico, y ahora consideran su liberación masiva.

Este es el núcleo de la carta que entregaron las organizaciones mencionadas a José Graziano da Silva, director de la FAO, en su visita a México, reclamando que la FAO debe asumir su responsabilidad para impedir la destrucción programada del centro de origen mundial del maíz. En una protesta en las oficinas de FAO, demandaron también al organismo no avalar la Cruzada contra el Hambre, por ser un proyecto que favorece a las transnacionales y aumentará el hambre, culminando estas Jornadas. Pero la lucha sigue y no terminará. Como el maíz campesino, seguirá creciendo en muchas formas y colores.

*Investigadora del Grupo ETC

Las trasnacionales persiguen a quien las contradice: Vandana Shiva

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Incumplen promesas de brindar mayores rendimientos

Angélica Enciso
Enviada
Periódico La Jornada
Domingo 28 de abril de 2013, p. 33

Oaxaca, Oax. 27 de abril.

Las promesas que ofreció la industria de los transgénicos –mayores rendimientos y acabar con las plagas– no se han cumplido, pero lo que sí han logrado es criminalizar a quienes buscan usar sus propias semillas, señaló Vandana Shiva, activista ambiental de India, quien acudió como invitada especial a la preaudiencia nacional sobre la contaminación transgénica del maíz nativo en el contexto del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Ante un público constituido mayoritariamente por representantes de comunidades indígenas de Oaxaca y de otras entidades del país, recordó que desde hace varias décadas comenzó la transformación de las semillas con la llamada revolución verde, que ni era verde y tampoco revolucionaria, proceso que comenzó en el Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo, en Texcoco, y que es financiado por instituciones como el Banco Mundial.

Agregó que las transnacionales quieren producir maíz transgénico en México, que es centro de diversidad, como lo hicieron en India, centro del algodón. Las empresas argumentan que todas las semillas transgénicas se han probado y son seguras, aseguró, pero cuando un científico autónomo hace pruebas independientes que dicen lo contrario es perseguido y criminalizado, aseveró

Sólo un loco podría creer que Monsanto, al meter una semilla tóxica al maíz puede haber inventado algo, como lo que han desarrollado los pueblos indígenas de México por miles de años. El maíz se hace a sí mismo y los hace a ustedes, indicó.

En India, antes de que entrara el BT, había más de 500 variedades del algodón. Monsanto utilizó a las divinidades indias en su propaganda para anunciar la llegada de una semilla milagrosa. Sólo les tomó una temporada erradicar las que estaban en manos de los campesinos; las empresas semilleras locales entraron en acuerdos comerciales con la transnacional y ésta les prohibió vender otro producto que no fuera el de ella, y las instituciones públicas dejaron de producir híbridos. Sólo quedaron disponibles las semillas de esa compañía, recordó.

Monsanto ha fallado en todas las promesas que ha hecho. No produce semillas de más rendimiento, no acaban con las plagas ni alimentan mejor. La paradoja es que cada fracaso se convierte en un éxito comercial porque han destruido la alternativa. Para ellos, mientras la legislación sobre propiedad intelectual es más estricta y tienen más control, reciben más regalías, añadió.

En tanto, Alejandro Espinosa, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. Agrícolas y Forestales, dijo que el maíz es el cultivo más importante del mundo, del cual se cosechan 760 millones de toneladas al año, y del trigo 590 millones. En México hay 59 razas de maíz reconocidas y cada una tiene miles de variedades.

Rechazan explotación de recursos en 74 consultas comunitarias

http://www.prensalibre.com/noticias/consultas-comunitarias-explotacion-recursos-naturales_0_889711204.html?print=1

Prensa Libre, 28 de marzo de 2013.

Comunidades indígenas han llevado a cabo tres “consultas de buena fe” y otras dos fueron realizadas por comunidades multiétnicas. En total 74 consultas se han efectuado desde el 2005 tuvieron como resultado el rechazo a la explotación de recursos naturales en sus territorios.

CIUDAD DE GUATEMALA.- El  informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) informa de estas 74 consultas y detalla que a pesar de ese rechazo, han sido entregadas 276 licencias de explotación y 111 de exploración, a las que se suman 734 solicitudes pendientes en el Ministerio de Energía y Minas, el cual otorgó siete licencias de exploración sin consultar a los pueblos indígenas.

Debido a que los territorios para los cuales fueron entregadas éstas últimas siete licencias son indígenas, la Oacnudh “llama al Estado a respetar todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en la elaboración de tales políticas, incluyendo el derecho a la consulta para otorgar licencias individuales”.

Agrega: “El Gobierno informó haber iniciado un proceso de elaboración de una propuesta de ley y reglamento para las consultas, aprovechando las buenas prácticas regionales”.

El informe detalla que el análisis del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en el 2012 “brinda criterios importantes que deben tomarse en consideración antes de otorgar licencias de explotación de recursos naturales”.

Deben considerar factores sociales

También explica el documento que esos criterios incluyen la necesidad de considerar factores sociales y políticos relacionados con los proyectos, “más allá del respeto del deber del Estado de consultar a los pueblos indígenas y de realizar estudios e impacto ambiental. Esta –licencia social- es esencial para fomentar la confianza en un diálogo constructivo y de buena fe entre todos los actores involucrados y para evitar posibles situaciones problemáticas”.

La Oacnudh insiste en su informe que se requiere una “respuesta decisiva”  en los conflictos relacionados con la explotación de recursos naturales en territorios indígenas ancestrales o cerca de ellos, “para evitar el riesgo de posibles situaciones de ingobernabilidad y violencia”.

También hace énfasis en la necesidad de aprobar una legislación que reconozca formas tradicionales de tenencia, posesión y uso colectivo de la tierra por parte de comunidades indígenas.

Agrega: “El Estado no ha garantizado el derecho de los pueblos indígenas a participar en procesos de toma de decisión en la explotación de recursos naturales, incorporado al derecho nacional con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”.

Afirma además “Persisten vacíos legales y deficiencias procedimentales en el otorgamiento de licencias. El proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental carece de la consulta requerida por los estándares internacionales y, aunque el Decreto Gubernativo 431-2007 contempla la realización de estudios de impacto ambiental social, estos no son requeridos por las autoridades”.
COORDINACION CPO
http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com/

Soya transgénica invade México

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/03/10/soya-transgenica-invade-mexico/

⇒ Parte I: Soya transgénica invade México
Parte II: Soya transgénica, riesgosa para la biodiversidad mexicana
Parte III: Conabio perdió el carácter vinculante de sus opiniones durante el panismo

En 7 años, las autoridades mexicanas han concedido a las trasnacionales Monsanto y PHI México 43 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en el país, en las fases experimental y piloto. Una reciente autorización concede la siembra de 253 mil hectáreas del grano genéticamente modificado a escala comercial

Primera parte

 

El gobierno mexicano autorizó a Monsanto Comercial, SA de CV, la siembra de soya transgénica a escala comercial en siete estados de la República Mexicana: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.

El permiso, dado en junio de 2012, que libera 253 mil 500 hectáreas es el más reciente de un total de 44 autorizaciones aprobadas en 7 años por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la siembra de soya transgénica en las fases experimental y piloto.
A decir de Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), la siembra de transgénicos hasta ahora no ha significado ningún riesgo. “Cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”.
No obstante, a la solicitud de siembra comercial de Monsanto respondieron con opiniones negativas la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el entonces Instituto Nacional de Ecología (INE, ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Las opiniones se derivan de la evaluación y el análisis de riesgo que hacen los expertos que congregan dichas comisiones y el Instituto, y del estudio de los reportes elaborados por las trasnacionales tras las siembras experimentales y piloto.
La posible filtración de agroquímicos (glifosato) a los mantos acuíferos, la colindancia de los polígonos liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas, la afectación a otras actividades económicas de la región, el desarrollo de resistencia a malezas y los posibles efectos a organismos no objetivo son algunos de los argumentos que presentaron las tres dependencias.
Pese a ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –quien estudió las opiniones de la Conabio, la Conanp y el INE para emitir su opinión– dijo “sí” a los transgénicos. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), vigente desde 2005, establece como vinculante la opinión de la Semarnat para permitir el cultivo de transgénicos en el país. Con el aval de esta dependencia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entregó la autorización a la peticionaria.
Infografía:

⇒ Parte I: Soya transgénica invade México
Parte II: Soya transgénica, riesgosa para la biodiversidad mexicana
Parte III: Conabio perdió el carácter vinculante de sus opiniones durante el panismo

Textos relacionados

Fuente: Contralínea 325 / marzo 2013

El mito moderno de lo “sostenible” y a seguir destruyendo el planeta

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/El_mito_moderno_de_lo_sostenible_y_a_seguir_destruyendo_el_planeta

Por Guadalupe Rodríguez

No sólo la publicidad y los medios de comunicación, también las políticas institucionales, llevan un tiempo convenciéndonos de que producir y comprar masivamente puede contribuir a salvar el mundo.

El que llaman consumosostenible”-que abarca no sólo productos necesarios, sino también productos superfluos y de gran lujo- crea la falsa impresión de un comportamiento ético o responsable. Pero el acto de comprar por comprar no puede ser nunca sostenible. El modo de vida en torno al consumo lleva implícita la idea de ‘no prescindir de nada’. Un auténtico compromiso con el planeta implicaría más bien rechazar de plano ciertas áreas del consumo.

Sostenible‘ significa “especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible”. Es la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE.

Pero lo “sostenible” está tan manoseado que en ocasiones resulta confuso. Empresas, gobiernos y medios de comunicación utilizan esta palabra de manera deliberadamente abusiva.

Un recurso natural se utiliza de forma sostenible si no se agota, si es posible su regeneración y su producción y reproducción futura. Una producción auténticamente sostenible de bienes o servicios requerirá una organización de la vida en torno a la auténtica protección de la naturaleza, de la conservación de la biodiversidad. No sólo local, sino también nacional y globalmente, atendiendo a proteger ecosistemas y poblaciones y atendiendo a sus necesidades. La mayor parte de esquemas de evaluar la sostenibilidad se centran sin embargo en aspectos casi exclusivamente económicos ignorando lo ecológico y lo social. Así sucede cuando se habla por ejemplo de minería sostenible, o producción sostenible de energía. La consideración del aspecto sostenible es demasiado estrecha y apunta más bien a justificar estas actividades, e incluso a imponerlas.

Bling, bling, el brillo que deslumbra

En la vida diaria, las ciudadanas y ciudadanos llegamos a doblegar demasiado a menudo nuestra voluntad ante bienes, servicios y objetos de consumo que requieren grandes cantidades de materias primas y energía: electricidad y calefacción, telecomunicaciones, grandes infraestructuras, tecnología, transporte de personas y mercancías. Comer carne y productos lácteos, utilizar cosméticos y productos de belleza, gadgets electrónicos -ipads, ipods, toda clase teléfonos móviles, ordenadores, consolas-, volar barato, renovar continuamente el vestuario, joyas, beber refrescos de las grandes multinacionales….Todas estas tendencias nos arrollan imponiéndosenos, pero no mejoran realmente nuestra calidad de vida. Pero sí concentran ganancias y poder en manos de las grandes empresas e industrias que se esfuerzan por todos los medios de convencernos de que sigamos comprando por comprar.

¿Multinacionales sostenibles?

Muchos compradores están saturados y en realidad poseen ya todo lo que necesitan. El slogan publicitario pasa a ser el de que “comprando, salvamos el mundo”. Cada vez más empresas se unen a la tendencia de “defender la naturaleza”. Saben que esto les produce sustanciosos beneficios.

Acusada de acaparar las fuentes de agua comunitarias en lugares como México o la India, hasta la CocaCola se dice sostenible. Igualmente chocante es que se digan sostenibles megaempresas multinacionales como Ikea, que vende cien millones de muebles cada año en todo el mundo para los que demanda 12 millones de metros cúbicos de madera; o que una línea aérea como Lufthansa quiera volar sosteniblemente, cuando utiliza 30 millones de litros combustible al año, y emite a la atmósfera una cantidad inmensa de gases dañinos para el clima.

Por su parte, otras multinacionales como Zara, Adidas, o Walmart producen y venden en forma masiva, destrozando tejidos empresariales locales, explotando trabajadores, tercerizando las producciones, esclavizando seres humanos y afectando severamente al medio. Que se denominen sostenibles no es ético, ni mucho menos ecológico.

Producir continuamente tal cantidad masiva de ‘bienes’ y obtener las materias primas y energía necesarias para producirlos, conduce sin dudas a hipotecar a la humanidad y el patrimonio ecológico. Las super-ofertas las paga pues siempre la naturaleza.

La maldición de las materias primas

Oro, plata, cobre, níquel, litio, aceite de palma o de soja, caña de azúcar, cacao, café, algodón, salmón o camarones son recursos mineros y productos agroindustriales de alta demanda. Presentar la extracción y la producción industrial a gran escala de cualquiera de estas materias primas como “sostenible” es la gran mentira verde de nuestro tiempo. Allá donde existen estos recursos existe el riesgo de que las multinacionales obtengan concesiones para su explotación.

La minería industrial a cielo abierto y a gran escala ni es ni podrá nunca ser sostenible, aunque las grandes compañías mineras como Barrick, Rio Tinto o Anglogold llenen sus páginas web con esta palabra. Tampoco es en ningún caso sostenible la agricultura industrial a gran escala o agronegocio, que requiere un acaparamiento sin precedentes de tierras de cultivo que previamente era trabajada por poblaciones rurales; y el uso masivo de agrotóxicos para el control de las plagas y el aumento de la productividad. Para muestra un botón, Monsanto, el gigante de las semillas transgénicas intenta por todos los medios también darse una imagen sostenible al tiempo que pasa como una apisonadora sobre la agricultura tradicional acabando literalmente con la vida rural de muchas regiones y así con la existencia de muchas comunidades y familias campesinas. Por eso, tampoco son entonces sostenibles los productos producidos a partir de estas materias primas. Ni la extracción de carbón, de gas o de petróleo. Ni su transporte, distribución venta o consumo. Todas las grandes empresas petroleras como hablan incisivamente de sostenibilidad en sus webs, incluida BP, causante de la mas reciente gran catástrofe petrolera en el Golfo de México, pero también Shell, Chevron o Repsol, todas ellas ligadas a violaciones de derechos humanos, contaminación del medio natural y accidentes y derrames petroleros de diversa consideración.

La resistencia ciudadana y rural cada vez más numerosa no es pues gratuita, sino que obedece a la elevada preocupación de los pueblos por sus derechos fundamentales y por el medio natural circundante.

Más y más crecimiento…

Los mercados son globales, se impone más “crecimiento” como “solución” para la crisis económica. El sistema establece que todo el tiempo hay que producir y vender “algo”. Para impulsar tal crecimiento irracional, políticamente se deciden, aprueban y fomentan toda clase de infraestructuras, proyectos extractivos de materias primas mineras, petróleo, gas y comoditties agrícolas. Las transnacionales hacen cifras récords, y concentran cada vez más la riqueza.

Problemas globales exacerbados con la globalización como el hambre, la sequía, el cambio climático, la destrucción de ecosistemas importantes como las últimas selvas tropicales requieren respuestas políticas contundentes que acaben con la corrupción y los privilegios, y que apunten a solucionar -y no a dilatar- los problemas sociales y económicos.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas y sus convenciones marco -o su conferencia de desarrollo sostenible celebrada el año pasado en Río-, van dictando las políticas económicas y energéticas que han de ir tomando los países de ambos hemisferios Norte y Sur. Pero estos foros están dominados por la palabra de las transnacionales, invitadas de honor y socias de estos espacios de poder, y con toda seguridad, ninguno de los grandes problemas de la humanidad va a solucionarse con más de lo mismo.

Formas de organización auténticamente participativas y responsables son las que pueden marcar el camino correcto. Volver a fomentar un tejido social basado en diverso, lo cercano, lo local es la única puerta a un modo de vida auténticamente sostenible.

Recuerda:

Si te venden la idea de lo “sostenible” a gran escala industrial no es para proteger la naturaleza, sino para generar y mantener mercados.

Las estrategias que promueven un uso “sostenible” de los recursos a gran escala industrial, conducen -en medio de palabras bonitas- a pérdidas de economías locales, de ecosistemas, de biodiversidad y de modo de vida tradicional de pueblos rurales e indígenas.

Sí o sí, muchos recursos, materias primas y hasta fuentes de energía como el petróleo están al borde del agotamiento.

Nuestras sociedades modernas están desterrando el auténtico bienestar o ‘buen vivir’, la cercanía y el respeto a los demás y a la naturaleza. Muy atrás quedan aspectos fundamentales para el ser humano como el territorio, al trabajo, la salud, la educación e incluso el pensamiento, los sentimientos o las emociones.

No te dejes engañar por la palabra sostenible. Sólo es una palabra. Mira siempre más allá. Evita el consumo por imposición y por el puro gusto. Usa menos bienes de consumo, aquellos realmente necesarios y con una vida más larga.

No te deslumbres con el brillo del oro. Ecoportal.net

Salva la Selva
http://www.salvalaselva.org

Alerta Lavida sobre nueva mina a cielo abierto, ahora en Perote

La población de Perote estaría nuevamente en riesgo –dijo Guillermo Rodríguez Curiel–, ya que para la extracción de oro se utiliza cianuro para lavar la tierra y extraer el mineral I Foto Platanegra.mx

Al señalar que el gobierno federal continúa otorgando concesiones a empresas mineras, Guillermo Rodríguez Curiel, miembro de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) dio a conocer que en el municipio de Perote, una filial de la empresa Silver ha iniciado trabajos de exploración para una mina de cielo abierto de la que se extraerá oro del cerro La Preciosa.

En entrevista, Rodríguez Curiel dijo la empresa Chesapeake Gold Corp, filial del grupo Silver, ya empezó trabajos de exploración, la mina estaría a un lado de las Granjas Carroll de México, hasta la zona arqueológica de Cantona, donde se pretende sacar oro.

Ya están en etapa de prospección –señaló–y para ello no requieren de concesión porque la norma 120 se los permite y continúan con su etapa de exploración para poder perforar el suelo y sacar las muestras para saber cuál es la cantidad de oro para saber qué cantidad de oro hay por metro cuadrado, para ver si es rentable o no.

La población de Perote estaría nuevamente en riesgo –dijo–, ya que para la extracción de oro se utiliza cianuro para lavar la tierra y extraer el mineral, y eso es devastador para el medio ambiente, por eso Lavida está en etapa de información a la sociedad, para explicarles qué problemas traería, porque las mineras son empresas de muerte.

Asimismo, dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue dando concesiones para la instalación de minas en el país, en San Luis Potosí, Zacatecas e Hidalgo y para el estado de Veracruz hay alrededor de 60 concesiones ya otorgadas en las pasadas administraciones , las más conocidas las de Las Minas y la de Caballo Blanco y la que se pretende instalar en la sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz.

En conferencia de prensa dio a conocer que ambientalistas y asociaciones civiles realizarán el 26 de febrero en la capital del estado un congreso en el que hablarán sobre los conflictos socioambientales de Veracruz: Caballo Blanco, presas hidroeléctricas de Zongolica y Amatlán, insuficiencia renal en Tierra Blanca y contaminantes orgánicos persistentes en la cuenca baja del río Coatzacoalcos.

El miembro de Lavida dijo: “queremos que se resuelva, confiamos en que respondan y hagan valer el derecho ambiental y si no lo quieren hacer valer, nosotros los ciudadanos los obligaremos a que se cumpla con la justicia ambiental”.

Entre los ponentes estarán Omar Gómez, representante de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Arely Sandoval, coordinadora del programa Social Watch México y Equipo Pueblo AC.

Muchas voces contra las agresiones medioambientales

http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/muchas-voces-contra-las-agresiones-medioambientales/

(*)Octavio Rosas Landa

México es hoy un nudo de contradicciones económicas, políticas, sociales y ambientales. Todas ellas dan cuenta de un mismo patrón de guerra contra las comunidades locales, sus modos tradicionales de vida, sus saberes, sus tierras, sus semillas, sus aguas, sus bosques, su cultura, su historia, su salud. En este artículo nos centraremos en resaltar las alianzas que surgen para contrarrestar las agresiones medioambientales.

Desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cada uno de los gobiernos en turno ha actuadopara imposibilitar la vida comunitaria en el campo y en los barrios populares de las ciudades mexicanas.

A la población campesina e indígena, el TLCAN les obligó a competir en absoluta desventaja con la agroindustria subsidiada de Estados Unidos, centrada en los transgénicos, la ganadería industrial y las plantaciones de monocultivos (de árboles, cereales y frutos comerciales, de agrocombustibles). A millones de trabajadores y trabajadoras urbanos se les impuso una reducción criminal del salario y, poco a poco, se les fue restringiendo el acceso al espacio urbano por medio de la expansión salvaje de centros comerciales, vías de circunvalación, gasolineras, ciudades dormitorios, hasta clubes de golf o enormes zonas de urbanización periférica (villas miseria) conectadas directamente al mercado global, pero carentes de lazos con los barrios vecinos, convertidos en verdaderas barriadas, favelas o slums, como dice Mike Davis, en su Planeta de ciudades miseria.

A 17 años del inicio del TLCAN, lo que quedó claro fue que cada uno de los gobiernos de México dio pasos medidos para generar ‘ventajas competitivas’ a las empresas estadounidenses. Uno, la abolición de facto de cada una de las garantías laborales  y salariales a la clase trabajadora mexicana para abaratar su fuerza de trabajo y atraer inversiones extranjeras de alto y rápido rendimiento. Y dos, la desregulación ambiental, orientada a garantizar la impunidad de las empresas que generasen cualquier tipo de saqueo de recursos naturales o su destrucción mediante el vertido de residuos o emisiones tóxicas en los suelos, aguas y aire de las comunidades mexicanas.

Como resultado de este penoso proceso, el campo mexicano es hoy una zona de desastre: México importa 40% de los alimentos que consume, cada minuto emigra una persona mexicana a Estados Unidos, el espacio rural es codiciado no por su agricultura campesina y duradera sino por sus minerales, para la instalación de grandes presas, para saquear el agua de los ríos y los acuíferos o como recipiente de las basuras urbanas, las aguas negras o la agroindustria del narco.

Y las ciudades, intransitables ya por el exceso de automóviles privados, se están volviendo inhabitables por la violencia (destacar el feminicidio instalado en Ciudad Juárez), por la degradación de la convivencia —engendrada por el empleo de miles de niños, niñas y jóvenes en la economía criminal— y por el deterioro de la salud de sus habitantes (México ya es el primer país en el mundo en obesidad infantil y el segundo en diabetes y obesidad adulta).

El saldo general del colapso ambiental de México es entonces mayor que la suma de los agravios locales y regionales vividos por las comunidades de todo el país en estas tres décadas: el 70% de los ríos del país están tan contaminados que sus aguas son veneno puro para quienes viven en sus orillas; en 30 años se ha triplicado el número de acuíferos sobreexplotados, por el dispendio agroindustrial y el saqueo urbano de las aguas rurales; México pierde diversidad biológica y bosques a un ritmo vertiginoso; las tierras de cultivo de alimentos están amenazadas tanto por la expansión invasora de las ciudades miseria como por la siembra “experimental” de maíces, soya  y otras especies de transgénicos (por no mencionar opiáceos y marihuana en las sierras) y el territorio nacional se balcaniza en una guerra sin fin entre las facciones de los narcoempresarios que participan ya en 22 de los 23 ramos reconocidos de la economía criminal global.

En medio de estas y otras agresiones privatizadoras y destructoras del tejido social mexicano, muchas comunidades campesinas, indígenas y urbano populares han opuesto resistencia. Pero la mayoría de las luchas socio-ambientales de las comunidades locales mexicanas se desarrolló de manera invisible, dispersa, inconexa, aislada y en completa desventaja jurídica y política frente a gobiernos locales, estatales y el federal, que nunca han dejado de actuar como defensores de oficio de las empresas privadas mexicanas y extranjeras. Así hoy, aunque el gobierno federal mexicano por un lado simula ante el mundo su “compromiso” con la preservación ambiental, por el otro difama, desconoce, golpea y criminaliza todo intento de crítica y defensa colectiva de la autonomía de los pueblos e impide que éstos decidan informada y democráticamente sobre el uso de sus territorios y recursos comunitarios.

Por ello, en agosto de 2008 nació la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), cuyas principales reivindicaciones son:

  • Que se realice un diagnóstico real de las afectaciones ambientales y a la salud humana derivadas de 17 años de libre comercio y se reconozca que México vive un colapso social y ambiental sin precedentes.
  • Que se detenga la criminalización y la persecución política que sufren los y las activistas ambientales del país.
  • Que se cancelen todas las concesiones de tierras, bosques y aguas a proyectos mineros, carreteros, agroindustriales, de presas o basureros.
  • Que se reinstale la moratoria definitiva a la siembra “experimental” (y de cualquier otro tipo), de cultivos transgénicos, especialmente en el caso del maíz.

Después de seis asambleas nacionales en apenas dos años y medio, la ANAA sigue sumando voces y aliados en México y en otras partes del mundo (como La Vía Campesina, la RIGAS en Italia, las redes de solidaridad en Europa y América Latina, Estados Unidos y Canadá). Las muchas voces que resuenan en los espacios comunitarios de diálogo e intercambio de ideas y estrategias expresan el diverso campo de posibilidades que todavía custodian los pueblos de México para detener la barbarie que nos acecha a todas las personas en estos tiempos difíciles.

Octavio Rosas Landa es miembro del Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en México.

Smithfield en México: destrucción ambiental y de la salud
Octavio Rosas Landa, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
El valle de Perote, ubicado en el oriente de México, en la frontera que divide a los estados de Puebla y Veracruz es, desde 1994 (año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte) la sede de uno de los más dañinos proyectos de producción agroindustrial que existen en todo el país. En ese valle, donde habitan aproximadamente 30 mil personas, la empresa trasnacional estadounidense Smithfield Foods (principal productora de carne de cerdo del mundo y llamada Granjas Carroll de México en nuestro país) comenzó, primero, adquiriendo tierras (aprovechando la contrarreforma constitucional que eliminó la protección a la propiedad de las tierras campesinas en 1992) y, después, instalando módulos de cría y engorda de cerdos en gran escala (aproximadamente un millón por año) que desde hace 15 años son responsables de la depredación de los acuíferos del valle, de la contaminación del suelo, el aire y el agua y de la destrucción de la salud de la población, hasta el punto de convertirse en un factor de riesgo que pudo haber originado el estallido de la pandemia de influenza porcina (luego llamada Influenza A1H1) en abril de 2009. Sin embargo, la población reaccionó. Desde 2006, los y las pobladores de diversas comunidades (Chichicuautla, La Gloria, Alchichica, entre otras) iniciaron una lucha, primero, para impedir la expansión de las granjas, y después, para detener la represión jurídica y política iniciada por la empresa y los gobiernos de Puebla y Veracruz contra sus habitantes. Hasta ahora, la lucha de las comunidades ha logrado detener la construcción de más módulos de cría industrial de cerdos en la región, pero el daño ocasionado por la empresa sigue impune, mientras los y las pobladores buscan la solidaridad de otras luchas en México y otras partes del mundo para detener a esta criminal empresa.

Inician siembra de transgénicos en Veracruz, acusa investigador

http://jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=130113_000221_891
Jair García / domingo, enero 13, 2013
México tiene las semillas para producir los alimentos que se requieren, pero el gobierno federal y los estatales ceden a la presión e intereses económicos de las compañías de transgénicos s Foto Agencias

En Veracruz ya hay soya y maíz transgénicos, pues en el primer cultivo ya se cuenta con la autorización federal y estatal, mientras que en el segundo, simplemente existe un “mutis” y ojos cerrado por parte de las autoridades, mencionó el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en derecho indígena, Francisco López Bárcenas.

Advirtió que empresas como Monsanto y los propios gobiernos federal y estatales promocionan el uso de transgénicos como una medida para salir de la pobreza y acabar el problema de la crisis alimentaria. “El problema en México de la crisis alimentaria, no es la falta de alimentos, sino el acaparamiento por parte de unas empresas, así como el estricto control sobre las semillas, todo orientado para que comiencen a utilizar los transgénicos que producen empresas como Monsanto, Syngenta Agro, PHI y Dow Agrosciense”, añadió.

Señaló que de acuerdo con documentos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), existen permisos para la siembra de soya transgénica en entidades como Yucatán, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y de México. En el caso de Veracruz, son los municipios como Papantla, Pánuco, Ozuluama, El Higo, Tempoal, Pueblo Viejo y Tampico Alto donde se cuenta permiso para el uso de la soya transgénica.

Lamentó que a los productores se les hace creer que el uso de transgénicos es la solución a sus problemas económicos, pues les garantizan grandes cosechas, siempre y cuando compren todo el kit que ofrecen las empresas que los elaboran. Dijo que desde 2009 hay peticiones de empresas como Monsanto para plantar maíz transgénico en Veracruz y aunque oficialmente no hay una aprobación, aseguró que ya hay registros en varios puntos.

“La siembra de transgénicos la han vendido como métodos para superar la pobreza y que haya alimentos. No tenemos una crisis de escasez de alimentos y ése no es el problema, sino quién los controla”, expresó. López Barcenas aseguró que México tiene semillas para producir los alimentos que se requieren, pero el gobierno federal y los estatales ceden a la presión e intereses económicos de las compañías de transgénicos.

Transgénicos llegan al DF

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/01/08/transgenicos-llegan-al-df/
8. enero, 2013 Elva Mendoza

Las principales concentraciones urbanas del país esperan la llegada de maíz transgénico proveniente de los estados norteños de Sinaloa y Tamaulipas. Los habitantes del Distrito Federal, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, entre otras ciudades, consumirán, indiscriminadamente, tortillas, tamales, pozole o edulcorantes hechos con el maíz MON 603, el mismo grano con el que fueron alimentadas 200 ratas que desarrollaron tumores y muerte prematura luego de 4 meses de dieta. Pese a que el Gobierno del Distrito Federal cuenta con un Programa de Protección de las Razas de Maíz, la estrategia únicamente evita la siembra del organismo modificado. Sobre el consumo, aclara la administración capitalina, no tiene injerencia

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que más de 8 millones de personas habitan la Ciudad de México. Con tan sólo 1 mil 500 metros cuadrados, que representa menos del 0.1 por ciento del territorio nacional, la metrópoli forma parte de la lista de las concentraciones urbanas más grandes del mundo, entre las que se encuentran Tokio, Japón; Nueva York, Estados Unidos; Bombay, India; Sao Paulo, Brasil; Shanghái, China; Dhaka, Bangladesh, y Buenos Aires, Argentina.

Sin posibilidades de frenar el consumo masivo del maíz MON 603  en la segunda ciudad más grande del mundo, el Gobierno del Distrito Federal se apresta a declarar su postura en contra de los organismos genéticamente modificados y aclara que no posee injerencia sobre ello.
México “debería de ir avanzando en la protección de sus cultivos, principalmente al ser centro de origen. Es su obligación. En el resto del país se tendría que estar avanzando para evitar cultivos de maíz transgénico”, dice Jorge Fuentes, exvocero de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a nombre de la entonces titular, Martha Delgado, quien no respondió personalmente a los cuestionamientos hechos por Contralínea.
Fuentes asegura que la posición de la Secretaría del Medio Ambiente, y de su titular, es en contra de los transgénicos. Explica que en la Ciudad se evita el contagio de especies a través del monitoreo en lo que corresponde a las siembras.
“El Gobierno del Distrito Federal es el único que tiene una declaratoria de protección de su territorio. Sin embargo, no tenemos injerencia en cuanto al consumo. Nuestra obligación es la protección y el campo de la Ciudad”.
De aprobarse las solicitudes ingresadas en septiembre de 2012 por las trasnacionales Monsanto y Pioneer Hi-Bred, en los próximos meses las concentraciones urbanas del país estarían consumiendo el maíz MON 603 proveniente de Sinaloa y Tamaulipas.
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio indica que las ciudades del país se sitúan sobre el 0.4 por ciento del territorio nacional, en alrededor de 800 mil hectáreas, y concentran al 65 por ciento de la población total mexicana.
A través del consumo diario de tortillas, tamales, pozole, edulcorantes, estabilizadores o excipientes, la población quedará totalmente expuesta a los efectos del organismo genéticamente modificado.
Infografía:

El Programa

El 29 de octubre de 2009, el gobierno del Distrito Federal publicó en su órgano informativo el Acuerdo por el que se Expide el Programa de Protección de las Razas de Maíz del Altiplano Mexicano para el Distrito Federal. En el documento, el gobierno de la Ciudad declara a su territorio libre de transgénicos y sienta los lineamientos para evitar que sobre el suelo de conservación se siembre maíz genéticamente modificado.
“Es interés del Gobierno del Distrito Federal generar los instrumentos y desarrollar las acciones encaminadas a proteger y preservar las razas de maíz del altiplano y sus variedades locales, garantizando su conservación y la sustentabilidad del territorio en que se produce, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los productores”, señaló el Ejecutivo local en el Acuerdo.
Se ha identificado que el altiplano del centro de México es uno de los centros de origen y domesticación del grano. Comprende al Distrito Federal, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, así como algunas regiones de Puebla, Morelos y Guanajuato.
Hasta ahora, en el suelo de conservación del Distrito Federal se han localizado seis razas de maíz nativo y más de 40 variedades, además, se ha identificado la presencia del teocintle.
En las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco existen 28 mil 599 hectáreas de uso agrícola y se cultivan anualmente alrededor de 3 mil hectáreas de maíz, principalmente para autoconsumo de la población rural de la Ciudad de México, por lo que se considera que el cultivo del grano en el Distrito Federal está fuertemente ligado a tradiciones culturales y en menor medida a su productividad.
Los primeros pobladores en la cuenca de México la habitaron hace 22 mil años, y se estima que los pueblos originarios se asentaron en los suelos de conservación desde hace unos 8 mil años.

Decadencia del suelo de conservación

No obstante que el otrora gobierno de Marcelo Ebrard avalara la importancia del suelo de conservación del Distrito Federal, también reconoce que el impulso a la urbanización hizo que se perdieran 17 mil hectáreas agrícolas y forestales.
Del total del territorio en el Distrito Federal, el 42 por ciento corresponde a áreas verdes. De acuerdo con información proporcionada por Luis Zambrano, investigador en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 2005 a 2009, el 15 por ciento del suelo de conservación había sido urbanizado.
En la década de 1940 los pueblos originarios estaban constituidos en núcleos agrarios, 81 eran ejidos y 12 comunidades. Hacia la década de 1970 quedaban únicamente 46 con propiedad social de la tierra.

Planteamientos del Plan de Protección

A pesar de no estar incluidas en los catálogos de los bancos de germoplasma (genes que se transmiten por reproducción a la descendencia), el gobierno del Distrito Federal considera que las razas de maíz de la Ciudad pueden ser consideradas como parte del acervo genético de los maíces característicos de la meseta central del altiplano de México.
“El suelo de conservación del Distrito Federal es una zona que naturalmente puede utilizarse como un reservorio del germoplasma nativo de la región de los valles altos de México y un área de protección del maíz mexicano para las generaciones futuras.”
Al identificar al maíz como bien común y patrimonio histórico, el Programa plantea proteger, preservar y garantizar la conservación de las razas del altiplano y sus variedades locales, a través del rescate, fomento y consolidación de los policultivos del agroecosistema milpa, con base en el maíz nativo; establecer sistemas y mecanismos de monitoreo permanente para prevenir, evitar y remediar la introducción de transgenes en las razas de maíz nativo; elaborar un padrón georreferenciado y un sistema de monitoreo permanente de productores y parcelas en las que se lleve a cabo la conservación y producción del grano originario; contar con fuentes seguras de semillas de maíz nativo; conocer los circuitos de las semillas de maíz que se siembran en suelo de conservación del Distrito Federal, así como la interrelación entre productores; supervisar el intercambio de semillas e identificar los circuitos de comercialización de semillas de maíz de dudosa procedencia o con contaminación transgénica; la creación de un museo de la diversidad del maíz de la Ciudad de México y el respeto a la legislación internacional en la materia.
En caso de contaminación con maíz transgénico, señala el gobierno del Distrito Federal, se procederá a la remediación a través de un análisis detallado del cultivo, semillas y partes vegetativas, y de un programa de limpieza genética desarrollada por investigadores del Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
En febrero de 2012, la Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, inauguró el laboratorio de diagnóstico molecular para detectar granos alterados genéticamente. El centro de investigación tuvo un costo de más de 4 millones de pesos y se encuentra dentro de la Comisión de Recursos Naturales.
Textos relacionados:
Fuente: Contralínea 316 / enero de 2013

Semillas de libertad – la pelicula

Semillas de libertad – la pelicula

http://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/4585-semillas-de-libertad-la-pelicula

Semillas de Libertad cuenta la historia de las semillas, desde sus raíces en el corazón de los sistemas tradicionales y diversos de cultivo en todo el mundo, hasta su transformación en una poderosa comodidad, utilizadas para monopolizar el sistema global de alimentación.

La película destaca hasta qué punto el sistema de agricultura industrial, y las semillas genéticamente modificadas en particular, ha impactado en la enorme agro-biodiversidad evolucionada por agricultores y comunidades de todo el mundo, desde el comienzo de la agricultura.

Semillas de Libertad pretende cuestionar el mantra de que a gran escala, la agricultura industrial es el único medio por el cual podemos alimentar al mundo, promovida por el grupo de pro-transgénicos. En el seguimiento de la historia de la semilla, se ve claramente como la agenda de las empresas ha llevado a la toma de control de las semillas, con el fin de obtener vastos beneficios y control sobre el sistema alimentario mundial.

Programa Hijos de la Tierra: Semanario Socioambiental de Mexico y el mundo

http://hijosmadretierra.blogspot.mx/2012/05/programa-61-hijos-de-la-tierra-mayo.html

 

A: Presentación

Canción  Latinoamérica  de Calle 13 

B. Solidaridad con Cheran Canción Cheran de AHO Colectivo 

- Audio Declaración del mitin

- Audio Entrevista Hector Guerra

C. Foro Internacional por la defensa de Los Chimalapas Canción Agua Diosa  Susana Harp Agua diosa 

- Audios comuneros

D.  Encuentro rumbo a Rio + 20  Canción con todos  de Mercedes Sosa

-Audios Objetivos del Foro

-Audio de Carlos Beas

E. Resumen socioambiental Ríos y Megaproyectos Canción YO lo vi de Cayo Vicente

— Comunicado REDLAR sobre Picachos 

— Cecop: a nueve años de lucha

—Atenco a 6 años del Crimen de Estado

—Victoria por la Defensa del Río USUMACINTA

F. Resumen socioambiental mineria  Oscar Chávez Se vende mi país

–Declaración del Movimiento Mesoamericano contra la Megaminería Tóxica

–Mineria en Guatemala por la salida de Gold Corp 

G. Alternativas Eco Impermeabilizante de baba de nopal Canción Madre tierra de  Camila Riquelme 

 Entrevista con Doña Maria Felix Guzmán de Veracruz

H. Agenda Canción Pescado Envenenado de  Choc Quib Town 

– Actividades por Atenco

–Encuentro Anticapitalista en Cheran

—Wirikuta fest

—Taller de comunicadores

—baile del TPP

—-Encuentro de Jovenes por la Emergencia Nacional en Durango

—Jornada Nacional e Internacional de Solidaridad con los Zapatistas.

 

Descárgalo en

http://archive.org/details/Programa61HijosDeLaTierra1Mayo2012

Y no te pierdas el 

 TALLER DE COMUNICACIÓN POPULARPARA LOS DERECHOS HUMANOS  los días 17 al 19 de mayo mas información


Protesta vs Caballo Blanco durante encuentro internacional Construyendo la Cumbre de los Pueblos RIO+20

Protesta vs Caballo Blanco durante encuentro internacional
Exigirán cierre definitivo de la mina de Goldgroup
Negligencia de Profepa: LaVida
Acompañará delegación internacional del encuentro:
Construyendo la Cumbre de los Pueblos RIO+20
Trabajarán por soluciones a la crisis climática mundial
Xalapa, Ver.– Exigirán al poder Ejecutivo federal, mediante la Semarnat, “que emita un resolutivo negativo al proyecto minero Caballo Blanco y que se deseche de forma total y definitiva”.
La protesta “No a la minería tóxica Caballo Blanco” será el viernes 27 de abril a las 12:00 horas, ante las oficinas de la delegación de la Profepa en Xalapa. Es la primera actividad en el programa del “Encuentro Internacional México construyendo la Cumbre de los Pueblos RIO+20 que tendrá lugar del 27 al domingo 29 de abril en la Plaza Xallitic de esta capital.
En la protesta, en la calle 5 de febrero No. 11, cerca del Mercado de San José, los participantes del encuentro nacional e internacional exigirán a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) la clausura definitiva de los trabajos en la mina Caballo Blanco, en el municipio de Alto Lucero, la cual sigue operando pese a la “clausura” mediática del presidente municipal Lucio Castillo; así como a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), le exigirán la anulación de los permisos de exploración que dio a la empresa Minera Cardel, por medio de su firma legal Candymin SA de CV, ambas de la transnacional canadiense Goldgroup Mining, permisos bajo los cuales opera hasta la fecha.
Denunciarán la “actuación negligente con la Denuncia Popular que interpusimos el 8 de febrero de este año en oficinas centrales de la Profepa y luego ampliada el 14 de marzo de este año en la Delegación Veracruz.”
En esa denuncia, expresan las organizaciones firmantes, informaron a la autoridad de “diversas violaciones a la ley ambiental y a las condicionantes y prohibiciones que la propia Semarnat Delegación Veracruz le impuso a la empresa Candymin SA para la etapa de exploración, razones legales suficientes para que esta dependencia anule dicha autorización de Impacto Ambiental y la Profepa proceda a la suspensión inmediata de los trabajos.”
Con la denuncia y su ampliación, han entregado “pruebas para acreditar las violaciones que ha cometido la empresa: se trata de videos, fotos, imágenes satelitales, documentos públicos y las propias declaraciones que emitieron los funcionarios de la empresa en la Reunión Pública Informativa en la que entraron en contradicciones y declaraciones falsas.”
Pero la Profepa y la Semarnat no actúan en consecuencia, mientras tanto, “la empresa sigue avanzando en franca ilegalidad, en su fase exploratoria; y el trámite para la fase de explotación sigue su curso ante la Semarnat.”
Por ello, siguen convocando a manifestaciones públicas, ya que desean evitar que ocurra como en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, donde la Minera San Xavier –asesora de Minera Cardel– “por la complicidad de las autoridades, sigue operando pese a los amparos que la sociedad civil ha ganado.”
Además de participar en la protesta, invitan al “Encuentro Internacional: México construyendo la Cumbre de los Pueblos RIO+20″ que se llevará a cabo en Xalapa del 27 al 29 de abril, en la Plaza Xallitic.
Por la presencia de organizaciones que vienen a este encuentro, “nos acompañará una delegación de aliados internacionales de Alemania, Argentina, Brasil, Eslovaquia, España, Italia y Nicaragua que se suman a la exigencia por la cancelación del proyecto minero Caballo Blanco de la Goldgroup y para que la minera canadiense respete la voluntad de los habitantes y la soberanía estatal.”
El encuentro se realiza a 20 años de la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra), en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, en donde fue aprobada por 178 países la Agenda 21. Con este documento, “quedaba de manifiesto el compromiso de las naciones de aplicar medidas para contrarrestar el impacto negativo de la actividad humana sobre la naturaleza.” Los compromisos no han sido cumplidos por los Estados firmantes y la crisis climática se ha agravado.
En ese contexto, y ante el “creciente descrédito de la ONU y la prevalencia de intereses económicos y políticos ajenos a la mayoría de la población mundial, distintas redes y movimientos sociales de todo el mundo convocamos a la “Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental y en Defensa de los Bienes Comunes”, en Río de Janeiro, del 15 al 23 de junio. Reivindicamos esta acción como un momento de oportunidad para hacer frente a los graves problemas que enfrenta la humanidad y demostrar el poder político del pueblo organizado.”
En encuentros previos, se han reunido en el Foro sobre Derecho a la Ciudad, Sustentabilidad y Justicia Climática (Aguascalientes, en ocasión del Día Mundial del Hábitat, octubre de 2011); y en el I Encuentro de organizaciones mexicanas rumbo a Río+20 (Ciudad de México, diciembre de 2011). Con el fin de avanzar en la reflexión, el debate y la articulación de propuestas, convocan al “Encuentro internacional México construyendo la Cumbre de los Pueblos Río+20″, del 27 al 29 de abril en Xalapa, Veracruz.
Los objetivos son: “Compartir nuestros saberes en relación a las causas estructurales y las nuevas formas de reproducción del capital que afectan el medio ambiente y el territorio en nuestro país y en el mundo. Intercambiar y profundizar nuestras experiencias alternativas para solucionar diversas problemáticas socioambientales. Definir nuestra propuesta de articulación nacional antes, durante y después de Río+20.”
Durante tres días, los participantes trabajarán en mesas, exposiciones, entrevistas y otras actividades, con ejes como “Denuncia de las causas estructurales de la crisis de civilización y de las nuevas formas de reproducción del capital”, y otros como: “Soluciones, alternativas y nuevos paradigmas de los pueblos”.
Entre las organizaciones convocantes están: La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Pobladores AC y Hábitat para la Humanidad México AC.

Programa

Convoca a mitin contra Caballo Blanco el Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica

Volverán a movilizarse vs Caballo Blanco

Opera contra la voluntad de gobierno y sociedad veracruzanas

Semarnat debe dar un resolutivo de no aprobado

Convoca a mitin el Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica

 Con un mitin ante la delegación en Xalapa de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), exigirán “el cierre definitivo e inmediato de le mina Caballo Blanco” integrantes del Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica.

En esa oficina de la Profepa, en semanas pasadas presentaron una denuncia popular ampliada y han exigido el cierre de la mina. La denuncia popular originalmente fue puesta en las oficinas de Profepa en la Ciudad de México.

Acerca de Caballo Blanco, mina instalada por la transnacional canadiense GoldGroup Mining, mediante su filial Minera Cardel, a tres kilómetros de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica explica: 

“Es cierto que ante la exigencia social, el gobernador (Javier Duarte) y el Congreso del estado se manifestaron en contra del proyecto minero Caballo Blanco. El presidente municipal de Alto Lucero (Lucio Castillo Bravo) “clausuró” –lo entrecomilla el Pacto– las instalaciones de la mina.”

También expresan que los ciudadanos y la sociedad civil organizada de Veracruz “han difundido los peligros del proyecto minero y miles de veracruzanos han suscrito el pacto”. También se han pronunciado contra la mina “renombrados científicos a nivel nacional, (quienes) demostraron que Caballo Blanco es un proyecto nocivo y riesgoso que destruirá recursos naturales y la capacidad productiva de la zona.”

En razón del generalizado rechazo del gobierno estatal, de científicos y de la sociedad veracruzana, “la decisión final está en manos del gobierno federal, a través de la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), quien deberá emitir un resolutivo negativo al proyecto”. Entre otras instancias, se lo ha pedido así el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS) núcleo Veracruz.

En tanto, “la mina Caballo Blanco sigue funcionando, en desacato a la disposición municipal de Alto Lucero”. Y como parte de su labor para convencer  a las comunidades, “realiza promoción en las escuelas de la zona y coerciona a los pobladores mediante dádivas y amenazas”.

Por ello, concluye el Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica, “la minera continúa violando las condiciones que las autoridades le impusieron de no construir caminos, no verter residuos al ambiente, no dañar la flora y la fauna de la región”.

Por estas razones, invitan a una nueva movilización contra la mina canadiense el 27 de abril, a las 12:00 horas, frente a las oficinas de Profepa en la calle 5 de Febrero No. 11, Centro. Expresan que “nos corresponde a la ciudadanía seguir en pie de lucha hasta lograr el cierre definitivo e inmediato de Caballo Blanco”.

Dos sitios que comparten información sobre la minería tóxica en Veracruz son el blog: http://www.lavidaolamina.wordpress.com y la página http://www.lavida.org.mx

Caballo Blanco, ¿nueva vergüenza nacional?

http://www.jornada.unam.mx/2012/04/05/opinion/017a1pol

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*
El pasado 19 de diciembre la minera canadiense Goldgroup Mining Inc., a través de su subsidiaria Candymin SA, publicó en El Heraldo de Xalapa un desplegado titulado “Extracto de la manifestación de impacto ambiental [MIA], modalidad regional, del Proyecto Caballo Blanco”, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Tres días antes la MIA había ingresado para su evaluación a Semarnat, que fijó como límite para resolver la petición de autorización del proyecto el 26 de marzo. Entre enero y febrero sectores de la sociedad veracruzana, apoyados por científicos nacionales e internacionales, analizaron la MIA y aportaron argumentos contundentes para negar la autorización a Goldgroup. El mismo gobernador de Veracruz, Javier Duarte, declaró el 26 de febrero que no avalaría el proyecto. La respuesta no se hizo esperar: los directivos de Goldgroup comunicaron a sus accionistas que a pesar de las afirmaciones de Duarte seguirían impulsando el proyecto, pues los permisos de operación dependen del gobierno federal mexicano, con el que mantienen “una estrecha relación”. Tal vez ello explique el hecho de que el 13 de marzo Semarnat haya declarado suspendido el trámite (que no rechazado), en espera de “información adicional”, lo que constituye una pésima señal.
La realidad es que Goldgroup pretende imponer al país este nuevo desastre y expolio mediante la judicialización de cualquier negativa social y con estrategias de división y desinformación, tal como lo han hecho sus hermanas canadienses. La entrega de la MIA al inicio de las fiestas decembrinas y los contenidos del desplegado arriba mencionado son muestras de ello. En éste, por ejemplo, Goldgroup informa que su proyecto, ubicado en los municipios de Actopan y Alto Lucero, Veracruz, consiste en el “aprovechamiento de un yacimiento de oro diseminado”, mediante la técnica de tajo a cielo abierto y beneficio de mineral a partir de “un riego con solución lixiviante”. La palabra cianuro, sustancia base de la “solución lixiviante”, fue intencionalmente evadida. Goldgroup intenta construir una falsa percepción del problema, diciendo que el sitio de interés del proyecto “se encuentra en una zona ya impactada”, con cambios “drásticos” por las actividades humanas desde tiempos prehispánicos (agricultura y ganadería), y que el sistema ambiental regional está fragmentado. En el colmo, habla de los “impactos ambientales positivos” del proyecto, entre los cuales incluye el “cumplimiento estricto de la regulación aplicable” (sic).
Con ambigüedades y omisiones, la empresa dice señalar los impactos negativos, entre los cuales menciona que “los vestigios arqueológicos recibirán el tratamiento que determine el INAH” (sic). Expresiones como “daños permanentes e irreversibles” fueron evitadas, al igual que menciones a aspectos sensibles como la cantidad de agua a utilizar o la ubicación de la nucleoeléctrica Laguna Verde, a escasos tres kilómetros del proyecto. Cierran el desplegado los supuestos impactos económicos y sociales, donde Goldgroup plantea la creación de 400 empleos directos y la vida de la mina en años de producción. Tras este periodo, seguirían dos años para el abandono y cierre, en los cuales Goldgroup reduciría los empleos directos a 28, de acuerdo con datos de la MIA. En la revisión detallada de este documento de 548 páginas encontramos mucha información para documentar la irracionalidad de Goldgroup y su Caballo Blanco.
La canadiense, por ejemplo, pretende obtener 100 mil onzas de oro al año. Al final, con una inversión estimada de casi 400 millones de dólares, la producción total sería de 650 mil onzas, que fundidas hacen un cubo de 95 centímetros por lado, con valor actual de más de mil 150 millones de dólares. Tal cantidad de oro se encuentra en la cima y corazón del cerro de La Paila, en una proporción de un gramo por cada cinco toneladas de subsuelo. Para obtenerla, Goldgroup plantea la pérdida irreversible de 472 hectáreas de territorio fértil, entre las que se incluyen 170 hectáreas de bosque primario con encinares tropicales y cícadas endémicas, algunas con edades milenarias; también serían afectadas 7 mil 808 hectáreas de selvas bajas caducifolias y matorrales xerófilos, y alteradas zonas prioritarias para la conservación de aves rapaces, además de la destrucción de vestigios arqueológicos de la cultura totonaca. En la explotación Goldgroup utilizaría más de 5 mil toneladas de explosivo ANFO al año; mil 95 millones de litros de agua de pozo profundo mezclados con mil 500 toneladas de cianuro cada año; 24 millones de litros de diesel y 360 mil litros de gasolina al año, entre otros insumos.
En seis años, el resultado sería un cráter de 1.5 kilómetros de diámetro por 320 metros de profundidad; una montaña de 96 hectáreas con 83 millones de toneladas de roca generadora de drenajes ácidos; otra montaña de 75 hectáreas con 36 millones de toneladas de material saturado de cianuro; inhabilitación de cientos de hectáreas para cualquier actividad productiva; pérdida irreversible de patrimonio ambiental y arqueológico, etcétera. Esto es lo que la Cámara Minera de México y las mineras canadienses llaman “amplio potencial minero del territorio mexicano y excelente ambiente de negocios”. No han sido suficientes la destrucción, violencia y saqueo que hemos vivido en el país con la imposición de megaminería a cielo abierto para metales preciosos. Goldgroup tiene concesionadas más de 60 mil hectáreas por 50 años para expandir Caballo Blanco. El tajo del cerro de La Paila sería el primer eslabón de un desastre ambiental y social que podría incluir tres tajos más en la misma zona. La declaración del gobernador Duarte es insuficiente; para evitar el ecocidio se necesita urgentemente una ley estatal, pionera en el país, que prohíba la minería de tajo a cielo abierto en tierra veracruzana. Estamos ante un asunto vital para Veracruz y sus ciudadanos, quienes una vez más pueden regalar a la historia de México un episodio de resistencia al saqueo, evitando por todos los medios que Caballo Blanco se convierta en una nueva vergüenza nacional.
* Investigador de El Colegio de San Luis AC

Minería Mexicana: “Perforadora de Autonomía”

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/Mineria_Mexicana_Perforadora_de_Autonomia

 

27/03/12 Por Martín Cuadra

 

La actividad minera se regula en México por varias leyes, pero la principal es la Ley Minera. La Ley Minera mexicana contradice los fines establecidos en la Constitución Mexicana, como el de aprovechar los recursos naturales para el beneficio social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos (Art. 27). La ley de minería mexicana es la expresión del capitalismo salvaje.

Situación actual de extracción minera en México. ¿A que se debe esa “explosividad de extracción minera”?

 

 

“En México y muchas otras naciones de América Latina, la actividad minera está creciendo de manera alarmante. La crisis económica global ha disparado, por un lado, la demanda de oro y plata como refugio para los capitales en crisis por la especulación. Otro punto es la demanda de minerales metálicos y no metálicos está aumentando debido al crecimiento de economías como la de China e India y esto ha generado que el tema se vuelva rentable, los yacimientos menos productivos, favorecidos por las modificaciones legales y la des-regulación laboral y ambiental.

 

 

En países como México, la actual situación de invasión de inversiones mineras debe entenderse como resultado de un proceso de apertura y desregulación originado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), esto condujo a preparar la economía y territorio nacional, mediante modificaciones legales profundas. En México, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución y la Ley Agraria.

La actividad minera se regula en México por varias leyes, pero la principal es la Ley Minera. La Ley Minera mexicana contradice los fines establecidos en la Constitución Mexicana, como el de aprovechar los recursos naturales para el beneficio social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos (Art. 27).

La Ley Minera mexicana declara a la minería como de utilidad pública, preferente a cualquier otra actividad y libre de contribuciones estatales o municipales: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”.

Este hecho de declarar de utilidad pública las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales, permite que el Estado expropiar a los dueños de las tierras donde existen los minerales si es considera que esa medida es necesaria para que la actividad minera se lleve a cabo. La ley de minería mexicana es la expresión del capitalismo salvaje.

“Un dato impresionante es que el 30 por ciento del territorio mexicano ya ha sido concesionado para minería y según el Estado, el 70 por ciento del país es un “potencial para la minería”. Si eso se analiza a la luz de que la mitad del territorio mexicano está en manos de pueblos indígenas y campesinos, significa un potencial de expropiar el 50 por ciento de la tierra de propiedad social.”

Lo que sucedió fue un abuso en la noción de utilidad pública. En el caso de la minería, ninguno de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de México respecto a la “Tesis de utilidad pública” se cumple: porque el bien expropiado (las tierras y las aguas de las comunidades) no se destina a la provisión de un servicio público; la actividad no está orientada a satisfacer de manera inmediata y directa a una clase social determinada, y no está dirigida a satisfacer la necesidad del país, para enfrentar situaciones que le afecten como entidad política o internacional (utilidad nacional).”

Esto ha llevado al despojo de campesinos e indígenas como proyecto. No existe ni interés público ni utilidad pública, sólo interés privado y utilidad particular. Lo que sucede es que se le dio ese nombre para, en caso de oposición de los propietarios de los predios, evitarse tener que respetar sus derechos y optar por despojarlos legalmente de ellos. Aquí la indemnización que se pudiera pagar a los expropiados y su monto pasan a segundo término ya que finalmente no se respetará su derecho de beneficiarse de los recursos existentes en sus tierras.”

¿Gobierno mexicano respetuoso del Estado de Derecho?

 

 

“Lo que ha venido sucediendo es una violación a los derechos de la población y al mismo derecho internacional con base en esta disposición. Los concesionarios pueden pedir que un terreno ocupado por un pueblo sea desocupado para que ellos puedan realizar sus actividades; que unos terrenos dedicados a la siembra de alimentos dejen de dedicarse a ello por la minería; que terrenos dedicados a la actividad forestal o silvicultura corran la misma suerte que los anteriores. Tratándose de pueblos indígenas la misma disposición puede ser el fundamento legal para que sus lugares sagrados o de rituales, contribuyen al mantenimiento de su identidad, sean arrasados o destruidos. La Ley Minera mexicana es entonces contraria a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a derechos de los pueblos indígenas.

Recordemos que la crisis mundial impulsa la fiebre minera en México y América Latina. Ha habido una demanda creciente de metales es la expresión mundial del aumento de la producción y venta de vehículos automotores, aviones, barcos, materiales de construcción, robots industriales, computadoras y otros dispositivos de alta tecnología, componentes, todo ellos, de la actual globalización de las fábricas y las ciudades. Debido al contexto de crisis internacional, la coyuntura de altos precios internacionales de los metales, las concesiones de proyectos de prospección y explotación minera en México se han incrementado de manera notable durante los últimos 10 años.

¿Cuántos proyectos de exploración y explotación minera están aprobados en el territorio mexicano?

 

 

“Uno de los principales países que ha encontrado la “huaca de oro” en México, han sido empresas extractoras mineras canadienses. Para el 2010, en México se contabilizó un total de 724 proyectos disgregados en territorio, donde 534 (74%) es inversión del Canadá.

Un dato impresionante es que el 30 por ciento del territorio mexicano ya ha sido concesionado para minería y según el Estado, el 70 por ciento del país es un “potencial para la minería”. Si eso se analiza a la luz de que la mitad del territorio mexicano está en manos de pueblos indígenas y campesinos, significa un potencial de expropiar el 50 por ciento de la tierra de propiedad social.”

A mayor concesión, mayor proliferación de conflicto.

“En México, los conflictos socio-ambientales y laborales por la imposición de proyectos mineros trasnacionales también se han multiplicado.

 

 

Los conflictos de las comunidades locales mexicanas con los proyectos mineros no sólo denuncian el despojo de tierras, sino que también denuncian la contaminación de las aguas, el aire, el deterioro de la salud de las comunidades vecinas a las minas, la explotación de los trabajadores y las violaciones a las leyes (evaluación del impacto ambiental, violación de los procedimientos jurídicos, represión y violación de derechos humanos e invasión de áreas de conservación ecológica).

Un ejemplo claro es la explotación de la mina de oro “Caballo Blanco” en el municipio de Actopan. Esta mina ubicada en Veracruz, esta ubicada a 3 kilómetros de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde. Al ubicar la mina tan cerca de la planta nuclear, ésta se convierte en una zona de “alto riesgo“ para todo la población. Por ejemplo, al haber actividad minera, hay grandes movimiento de tierra y eso puede provocar fisuras en los reactores de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde, originaría un grave daño ambiental, implica acabar con los recursos minerales y naturales, provocaría desalojar a la población de sus propiedades -sea por la vía de compra o expropiación- competencia y habrá conflictos por el agua y sobre todo, que expone en riesgo a todo Veracruz por una fuga de energía atómica. Lo que aquí esta en juego es la existencia de todo un territorio.

Por eso los conflictos mineros deben ser examinados en el contexto de la catástrofe ambiental que sufre hoy todo el país. Los conflictos mineros están también vinculados con otros conflictos ambientales relacionados con el despojo de aguas, el emplazamiento de confinamientos de residuos tóxicos y el uso de los minerales para la producción industrial altamente contaminante.

En México, existen más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales, el despojo de tierras y aguas y sus impactos sobre los ecosistemas y la salud humana de las comunidades afectadas.” www.ecoportal.net

Martín Cuadra – Catedrático de la facultad de Economía de la UNAM y ambientalista. Miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, AC (Casifop) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Articulista y traductor de ETC Group.

SIMAS
http://www.simas.org.ni

Caballo Blanco en You Tube

Babel
Caballo Blanco en You Tube
Javier Hernández Alpízar
En tiempos en que esa especie de Aleph on line llamado You Tube permite echar una ojeada a lugares lejanos y cercanos, no hay pretexto para quedarse solamente en las palabras y no mirar un poco las imágenes.
Del proyecto minero Caballo Blanco, hay videos cortos en todos los tenores discursivos, desde la propaganda institucional minera que hace el medio corporativo empresarial Mundo Minero a los clips de productoras industriales de noticias, e incluso video noticias y mini reportajes de medios industriales con enfoques más plurales e incluso críticos en el manejo del tema como Plumas Libres, Imagen del Golfo, La Jornada Veracruz.
Hay producciones individuales, privadas o independientes como la llamada “Limbo Breakfast”, de Raúl Méndez Vázquez, subtitulada: “Viaje al interior de la mina a cielo abierto Caballo Blanco”. En español se llamaría algo así como “Desayuno en el Limbo”, y su descripción en You Tube dice:
“Un recorrido hacia el interior de los primeros 300 metros de la mina Caballo Blanco, en Actopan y Alto Lucero, en la región central del estado de Veracruz. Aunque el gobierno estatal ya emitió su postura en contra del proyecto minero, la compañía insiste en continuar con las perforaciones. Hay polémica por el uso de cianuro en la lixiviación del oro, contaminando mantos acuíferos. Dicha mina se ubica a 3 kilómetros en línea recta de la planta nuclear Laguna Verde, y la atraviesan ductos de Pemex y cableado de alta tensión, representando un peligro para la zona.”
Está fondeada por música de percusiones electrónicas y muestra el interior de unos de los socavones de exploración: un túnel que le sirve a la minera para saber dónde hay oro, plata o cobre, para después hacer el tajo a cielo abierto. Dura unos 4:48 minutos. La narrativa del video es la llegada, la entrada y la salida al túnel. Se aprecia ya el color rojizo de la tierra donde se ha destruido la capa vegetal, contrastando con el verde del inicio del video, y con el que queda todavía al fondo, donde las máquinas no han desmontado aún. Algo de la maquinaria y utensilios, la parafernalia del trabajo minero, se alcanza a ver. Y una toma que muestra la cercanía de Laguna Verde, mostrada en la descripción del video también.
Se nota que fue una visita permitida y guiada por la empresa, de manera que los aspectos no son lo que arrojaría, por ejemplo, una inspección sorpresa de la Profepa, si las hubiera. Es decir, es un escenario para ser mostrado, pero basta para apreciar ya los daños típicos de la minería: http://www.youtube.com/watch?v=X9vp5dO7aPw
Otro video es el reporte de Misael Hernández, anunciado por la presentadora de Televisa Veracruz como “buena noticia”, hecho desde Arroyo Agrio. Es propaganda de la mina, entrevistan a un trabajador venezolano y a gente del lugar que dice no conseguir empleo (no dicen si la mina empleará precisamente a los entrevistados) y la narrativa en audio es la estereotipada versión del “desarrollo” y los “empleos”. El lenguaje de la minera es acríticamente asumido por la empresa privada de producción de noticias. Un lugareño que parece no estar muy bien informado (habla de oro en “piedras” y no sabe que son micropartículas) dice que están explorando “como dos mil hectáreas”. El clip es breve, de 3:15 minutos, y no aporta tanto informativamente como lo que alcanza a leerse en las imágenes, cuidadosamente editadas (en el sentido informativo, no de calidad de producción) pero se muestran los caminos abiertos, un tráiler que transporta maquinaria pesada, y se nota incluso algo que parece ya una primera cama de lixiviación con agua, puede ser experimental o agua para los barrenos perforadores. Muestra parte de las instalaciones, y festina que casas de huéspedes y cocinas económicas ya esperan visitantes. Menciona “miles de empleos para la región”, pero no sustenta su dicho, simplemente fuera de la realidad, de acuerdo con análisis mucho más serios y autorizados, como el del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS) núcleo Veracruz, que  reportamos en la nota: “Falsa la idea de generación de empleos de Caballo Blanco: expertos”. Cf: http://www.lapolitica.mx/?p=93053
Un video de La Jornada Veracruz que usa el acercamiento a un ejemplar de Notiver para mostrar una fecha, martes 17 de enero de 2012, se titula “Militares supervisan trabajos de exploración de la mina Caballo Blanco”. Muestra maquinaria pesada removiendo tierra y a tres soldados uniformados que viajan en una camioneta blanca particular y no en un vehículo militar. El video no tiene descripción, pero fue comentado en nota de La Jornada Veracruz: “Soldados vigilan uso de explosivos en la mina de oro; faltan permisos de Sedena”. (Cf: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=120315_152325_201).La duración que indica es de 12:46 minutos. El sonido que conserva es el ambiental, el ruido de las máquinas. Se aprecia que los soldados llevan armas largas. Hay un acercamiento a un recipiente etiquetado como “Residuos de Manejo Especial”, en un bote grande color naranja que no da mayor impresión de seguridad que ser de color diferente a los demás, azules. No hay tomas más abiertas, pero se aprecia ya la destrucción de la capa vegetal por los caminos. Se ve a los militares alejarse acompañando a un minero y uno de ellos tomando fotos, así como a obreros llevando material en costales no muy grandes y cajas. Un trabajador prepara una aparato, quizás uno de los sismógrafos que suelen destacar los empresarios en sus presentaciones. Aunque no hay una explosión, de las que la mina llama “voladuras”. Los tres militares vuelven a sus camionetas y luego la imagen mostrada es de una pala mecánica entrando en el túnel. El video finaliza con un paneo a los daños en la capa vegetal, las raíces de árboles ahí donde ya ha llegado el desmonte. http://www.youtube.com/watch?v=DDUPJ3KFmt4
La mayoría de los videos son notas informativas de declaraciones, tanto de ambientalistas como de funcionarios, por ejemplo, las declaraciones de Nohemí Guzmán publicadas por el corporativo Imagen del Golfo, la titular de la secretaría de Protección Civil estatal dice que el proyecto es considerado de riesgo, ya que “podría derivar en deslaves o deslizamientos, afectando a las 37 comunidades aledañas a la mina”, como resume la voz en off de la reportera Karla Mendoza. Dura 2:54 minutos y es de una rueda de prensa. La nota se llama “Mina Caballo Blanco es un proyecto de riesgo: Protección Civil, Veracruz”: http://www.youtube.com/watch?v=IdSmf3OBhh0
Además, hay videos de las movilizaciones, como el reportaje titulado “Caballo Blanco manifestación”, sobre la marcha en Xalapa del pasado 23 de marzo, donde un manifestante lee las exigencias de cancelación del proyecto y una legislación más rigurosa: http://www.youtube.com/watch?v=XL88Nt0Ns-I&feature=player_embedded
Y también, los realizados por medios alternativos, como el que muestra aspectos de la marcha en Veracruz del 11 de marzo. Está posteado por Espacio de Libertad. Es uno de los que tienen mayor producción, edición y musicalización. Dura 11:37 minutos. Da amplio espacio al ceremonial y ritual de danzantes al inicio de la movilización en el Parque Zamora, muestra las pancartas con las demandas de los manifestantes. Cierra con algunos minutos de las voces e imágenes de la marcha, el performance explicativo de una joven que explica lo que es el cianuro, que se usaría en la mina. Da una probadita de las palabras de quienes hablaron en el centro de Veracruz, su demanda de no permitir la minería tóxica en el estado, la defensa de la seguridad de los veracruzanos: http://www.youtube.com/watch?v=329X7b6tT7c&feature=share
Desafortunadamente, la información que se puede apreciar en estos trabajos y contrastar entre sí no está al alcance de los pobladores de Alto Lucero y Actopan, que casi ninguno tiene internet. De todas las notas comentadas, la única a la que tuvieron acceso seguro fue la más propagandística de la empresa: la hecha por Televisa Veracruz.

Las minas nos quieren dividir y enfrentar

Babel
Las minas nos quieren dividir y enfrentar
Javier Hernández Alpízar
Se ha dicho mucho sobre el proyecto minero Caballo Blanco. Desde la repetición de la cantaleta “desarrollo y empleos”, con la que han dejado cada vez más pobres a los veracruzanos los proyectos desarrollistas y extractivistas (el petróleo, que ha dejado más contaminación que el supuesto “desarrollo”), pero poco se ha dicho sobre la división de la comunidad.
Es más grave aún en un estado atravesado por violencias con secuelas muy dolorosas, como la violencia que se ceba en las y los migrantes, las mujeres y niñas, las y los comunicadores y periodistas, las y los jóvenes, las y los campesinos e indígenas… e incluso contra defensoras y defensores del medio ambiente, hasta ahora solamente con demandas por “difamación, calumnia, falsedad de declaraciones” y otros delitos –productos de la fábrica de culpas que, desafortunadamente, es muchas veces la procuración de justicia estatal y federal–.
Los procesos de extracción minera, en todos los países, han generado violencia, divisiones, enfrentamientos fratricidas. De ello puede darse cuenta quien quiera que con honestidad busque información sobre las empresas mineras y sus métodos de destrucción social en África, en América Latina y en México –no lo olvidemos jamás, México es parte de América Latina–.
Escuchemos a las voces que nos han advertido, desde su experiencia en México.
La primera: Mario Martínez Ramos, miembro fundador del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO), y también fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), entrevistado en la reunión de la Sexta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) en Magdalena Ocotlán, Oaxaca, el 12 de septiembre de 2011.
“Normalmente, como aquí (San José del Progreso, en Magdalena Ocotlán, Oaxaca) y en cualquier parte donde hay un conflicto minero, hay gente que se opone y gente que está en favor de un proyecto minero. La minera llega y ocupa a algunas gentes, las pone de veladores por ahí, cuando llega a hacer sus trabajos de exploración, y los empieza a apapachar, gente de campo, les da unas botas, un chaleco, y la gente se siente realizada. Los empieza a apoyar, normalmente son comunidades pobres, y esa gente empieza a decir: “La minera es buena, nos está dando trabajo.”
Más adelante, expresó: “Desde el punto de vista social, llegan y dividen a la población. La enfrentan, normalmente hay muertos, como los hubo en San Pedro, como ya los hubo aquí (San José del Progreso). Allá también (en San Luis Potosí) un presidente municipal fue asesinado, un testigo fue asesinado. Han habido golpeados, tenemos una persona que tuvo que pedir asilo en Canadá y está por allá. Muchos hemos sido agredidos y amenazados de muerte por grupos de choque.
“La empresa llega y hace un estudio de la conducta de la población. Y de ahí saca, cuáles son las personas con menos escrúpulos, y a éstas las ocupa: “Ven te doy trabajo”. Y las entrena. Allá llevaron al Cerro de San Pedro a un ex combatiente de Irak a entrenar al grupo de choque. Ahí estuvo dos meses entrenándolos.
“Primero escogen a la gente, hombres y mujeres, los ocupa como obreros, ahí los pone a no hacer nada. Les paga bien, y luego ya los mete a entrenar, los entrena y andan armados. Toman las empresas el control político: Ellos pagan elecciones, escogen candidato a presidente municipal. Incluso utilizan sus vehículos para asuntos electorales. Tuvimos la oportunidad de ver todo ese tipo de cosas. Ponen sus presidentes municipales, entran a las asambleas de Cabildo y ellos deciden las asambleas de Cabildo. Así.” Lo mismo en San José del Progreso, Oaxaca, han pagado elecciones e impuesto a sus candidatos.
“El desmembramiento del tejido social es evidente, dentro de las comunidades. El problema es tan grave que poca gente le da la importancia. Yo estoy luchando con compañeros, y sí, saben que el problema es grave. Pero es más grave de lo que mucha gente cree.”
La segunda voz, de otro integrante de la REMA, José Luis Valdés, de Guanajuato, ingeniero en minas. El problema, sentenció, es: “más serio de lo que nos imaginamos, pero no tenemos que descuidarnos. Nos quieren enemistar, nos quieren enfrentar, lo mismo que pasó cuando Hernán Cortés llegó, por aquí precisamente (por Veracruz)”. Hizo referencia a cómo Hernán Cortés hizo alianzas con algunos pueblos indígenas para derrocar a Tenochtitlán y al final fueron sojuzgados todos los pueblos indígenas.
El tercer testimonio, desgarrador: Es el de Bernardo Vázquez, quien después de dar su palabra, clara, sencilla, directa, en una plaza de Xalapa, la Xallitic, en el Festival artístico cultural “La Vida o la Mina” que diera nacimiento público al Pacto por un Veracruz Libre de Minería Tóxica, regresó a su pueblo y allá fue asesinado, emboscado por pistoleros. Sus compañeros y familiares sobrevivientes, así como las redes de defensores de derechos humanos y ambientales, exigen justicia y que se investigue a la minera transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, bajo el nombre “local” de Minera Cuzcatlán.
“La Minera Cuzcatlán llegó a San José del Progreso, en Ocotlán, Oaxaca, en 2005, como hacen siempre estas empresas, violando todos los derechos. (…) Cuando los pueblos protestan, la respuesta debería ser informar y buscar la licencia social, pero utilizan la compra de conciencias a través de recursos del gobierno federal, con nuestros impuestos.
“Si las cosas se les dificultan más, como en San José del Progreso, a través de la violencia. A mediados de 2009, la minera armó a un grupo paramilitar que, en contubernio con la policía estatal, se encarga de amedrentar. “Tenemos constancias, de la detención, por pobladores, de paramilitares y policías, incluso iban en camionetas de la minera”, dijo Bernardo Vázquez Sánchez.”
Esta violencia asciende en escala: Primero: “Las difamaciones contra dirigentes e incluso agresiones físicas. El 19 de marzo de 2011 “un servidor (Bernardo) y la compañera Rosalinda Dionicio, fuimos perseguidos por camionetas de la empresa, obligándonos a volcarnos sobre la carretera a San José, casi perdemos la vida, estuvimos hospitalizados 20 días y aún tenemos secuelas de la agresión”.
Segundo: “Las demandas y detenciones. El 6 de mayo, en un desalojo, fueron 23 compañeros encarcelados, siguen bajo proceso, firmando y llamados a declarar al Ministerio Público. Han habido amenazas contra quienes protesten o encabecen una manifestación, demandas por cerrar vías de comunicación. El 29 de agosto de 2011 “fuimos detenidos diez compañeros, después de que dos horas antes hubo un altercado en un sitio comunitario que la población constituyó, porque los servicios estaban en manos del presidente municipal (impuesto por la minera), por lo que la comunidad instituyó su transporte, gestionando su reconocimiento ante autoridades estatales. De manera facciosa, además de encarcelar a los compañeros al salir a trabajar, nos detuvieron como si hubiéramos formado parte de la trifulca. Quedan, un juicio abierto, diez compañeros detenidos y un proceso de libertad bajo fianza”.
Las autoridades en Oaxaca, tanto las anteriores priistas como las actuales pan-perredistas, han dejado hacer y dejar pasar. A los defensores del territorio “les preocupa “que crezcan la rispidez y la violencia y lleven a una guerra sin fin en San José del Progreso. (…) Las autoridades han preferido la ruptura social y la guerra mediática.” (Cf: http://zapateando.wordpress.com/2012/03/16/seguir-organizandonos-bernardo-vazquez-durante-el-festival-contra-la-mineria-toxica/)
Tercero: La consecuencia es que asesinan a los defensores del territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos. Así mataron a Bernardo Vázquez, y antes a Bernardo Méndez, los dos más recientes de cuatro asesinados en San José del Progreso, Oaxaca.
En Veracruz debemos impedir que este tipo de violencia ocurra. En la reunión informativa en Alto Lucero, el 22 de febrero, la primera participante, una joven empleada de la Minera Cardel (GolgGrup Mining) abrió las rondas de participaciones haciendo alusión a uno de los volantes de LaVida. Trató de refutarlo con imágenes engañosamente seleccionadas de lugares donde se ha destruido a la vegetación, acusó a los defensores del medio ambiente de no haberles apoyado nunca e hizo apología de la minera para la cual trabaja, en los términos en que ésta se presenta, como “segura, empleadora, responsable ambientalmente”.
Presentar a los defensores del medio ambiente y con él de la vida, la salud, la seguridad y el futuro de los pobladores de Alto Lucero, Actopan y de todo Veracruz y el país, como gente que “pretende quitarles empleos” es una estrategia cínica y peligrosa. Primero: porque la conservación de la naturaleza, el patrimonio natural y arqueológico, histórico y social de la región, permitirá a los veracruzanos tener actividades económicas que les den vida para un plazo más largo que la media docena de años que duraría la mina. En cambio, el proceso minero no garantiza ni muchos empleos ni la calidad de los mismos, como expresó en un análisis amplio y muy bien documentado el el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS) núcleo Veracruz, que entregó su documento a la Semarnat.
Hubo más de uno de los opositores a la minería tóxica que dedicó un poco –del de por sí poquísimo tiempo que el formato permite para exponer sus argumentos técnicos– para aclarar a la población que no pretende pisotear su derecho al empleo. Pero la empresa insiste e insistirá en esa tesis falsa y difamatoria de sus opositores. De manera que es responsabilidad, sobre todo de los tres niveles de gobierno y los medios industriales de comunicación, y de la sociedad toda, hacer todo lo posible para que la mentira de la mina Caballo Blanco no intoxique, divida y enfrente (y muchos menos violente) a los veracruzanos y a los mexicanos.
Los defensores de la vida y el medio ambiente no quieren dejar sin empleos a los pocos, poquísimos habitantes que alcanzarán un empleo mal pagado, quieren que tengan un empleo digno, y que no les destruyan el futuro con un proyecto extractivista que los hechos prueban que destruye más, mucho más, de lo que deja en magras ganancias.
Lo ha dicho el consejo consultivo antes citado: “El marginal impacto positivo de la generación de empleos no compensa los impactos ambientales residuales y acumulativos.” Por ello los expertos recomendaron rechazar el proyecto Caballo Blanco, pues “la afectación ambiental planteada es significativa e irreversible, mientras que las propuestas de la MIA de prevención, mitigación y compensación son improbables, dejándole a la sociedad y al estado significativos pasivos ambientales, como afectaciones importantes potenciales a la salud pública. Recomendamos por lo tanto a la Semarnat que emita su resolutivo como no autorizado a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa Candymin, S.A. de C.V. con clave número 30VE2011M0043.”
No se trata de que se enfrenten veracruzanos contra veracruzanos, sino de que juntos hagamos frente al engaño, y juntos construyamos un futuro libre de tóxicos, con un medio ambiente que haga posibles no solamente empleos, sino la vida misma, para un plazo más largo que el cortoplacismo minero canadiense.

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