Prostitución forzada, otra cara del yugo a migrantes

Redes de traficantes que operan en el sureste traen desde Centroamérica a mujeres y niñas, quienes son retenidas y explotadas sexualmente en bares o casas clandestinas

Evangelina Hernández
El Universal
Miércoles 02 de diciembre de 2009

Nancy no quiere saber nada de México. Se empeña de día y de noche en tratar de olvidar la pesadilla que vivió al cruzar los más de 4 mil kilómetros que separan a Guatemala de Estados Unidos. Los recuerdos y las huellas de dos meses y medio de violaciones, torturas y golpes la persiguen, la atormentan. Esos 75 días de hambre y sed le borraron el brillo de sus ojos y las ilusiones con las que salió de su país los primeros días de agosto del año pasado. Todavía el rostro de su captor se aparece en sus sueños para recordarle que si lo denuncia la va a matar a ella o a alguien de su familia.

Diez días después de que empezó su travesía, Nancy por fin logró subirse de polizón al tren en la parada de Arriaga, Chiapas. De un salto se alcanzó a agarrar de los tubos de uno de los vagones. Respiró profundo varias veces. El miedo y la adrenalina de haberlo logrado la perturbaron por segundos. El grito de otro migrante de origen centroamericano la hizo reaccionar: “¡Agárrate fuerte, no te vayas a caer!”. Se amarró a los fierros con un cinturón. Poco a poco se fue relajando hasta que se quedó dormida. Había pasado como hora y media cuando una sacudida del ferrocarril la despertó y le mostró la peor parte de la aventura.

Cuatro hombres con el rostro cubierto y un arma “imponente” entre las manos la bajaron del tren, la empujaron hasta subirla en la parte trasera de una camioneta Van y la llevaron a una vieja casa donde empezó la pesadilla.

Rafael su hermano relata lo que a Nancy le duele repetir. La secuestraron cuando el tren se detuvo en la comunidad de Las Anonas, un pequeño poblado del municipio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, lugar que en los últimos tres años se ha convertido en el azote de los caminantes centroamericanos.

En esa zona de la ruta de los migrantes, un grupo de hombres armados que se hacen llamar Los Zetitas, a quienes supuestamente el cártel de Los Zetas les cobra una cuota por operar en la región, asaltan, violan y matan a los indocumentados que viajan amarrados al lomo de los vagones del tren con la esperanza de dejar atrás la pobreza y llegar al norte. Autoridades, maquinistas y hasta algunos lugareños se aprovechan de la vulnerabilidad de los centroamericanos, “les sacan lo poco que traen de su país”, denuncia Alejandro Solalinde, coordinador diocesano de la Pastoral de Movilidad Humana en el sur.

La desdicha de Nancy empezó en la estación Las Anonas de la empresa ferrocarrilera Chiapas-Mayab. “La bajaron del tren junto con otras personas, pero a ella la apartaron inmediatamente del grupo y la subieron a una camioneta”, comenta Rafael, vía telefónica, desde Estados Unidos. De sólo recordar se le quiebra la voz. Le duele saber que su hermana fue obligada, a golpes y bajo amenazas de muerte, a realizar un video pornográfico. “Varios hombres la violaron durante la filmación”.

En una breve conversación dice que los secuestradores le prometieron a ella que la iban a dejar ir después de ese “trabajito”, pero no fue así, “después del primer video, siguió otro y otro”. Días después, no sabe cuántos, se la llevaron a Tijuana, Baja California.

En un burdel de la frontera norte de México, Nancy, con sus escasos 20 años, fue presentada como la “novedad de un table dance”. La obligaron a prostituirse hasta que completara “una cuota”, que los mismos captores le impusieron. Dos meses y medio después de que la bajaron del tren le sacaron a golpes el número de teléfono de sus familiares. Leer el resto de esta entrada »

El precio de escribir ‘lo que no se debe’ en México

Jacobo G. García, El Mundo

Hacer periodismo en México es parecido a hacerlo en cualquier otro lado. Hay que buscar las fuentes, patearse la calle, abrir mucho los ojos, poner atención y buscar lo que los demás no cuentan. Todo se puede decir y todo se puede escribir. Así que todo es más o menos como en cualquier otro sitio del mundo occidental hasta que se abandona la ciudad y el anonimato.

Lejos de los centros de poder, donde el ‘narco’ impone su ley a base de ‘plata y plomo’ es donde comienzan los problemas y los temas vetados. José Vladimir Antuna, reportero del diario El Tiempo de Durango (México), murió estrangulado poco después de su secuestro por un grupo armado.

Antuna, amenazado por denunciar los nexos de la policía con el crimen organizado, ya había sufrido un atentado hace unos meses. En lo que va del año, otros dos periodistas de El Tiempo, Carlos Ortega y Eliseo Barrón, fueron asesinados en Durango por sus textos sobre el narcotráfico. El cadáver de Antuna apareció con el siguiente mensaje: “Esto me pasó por dar información a los militares y escribir lo que no se debe. Cuiden bien sus textos antes de hacer una nota”.

Según Reporteros sin Fronteras, desde el año 2000 han sido asesinados 56 periodistas mexicanos. Así que los periódicos del norte del país han decidido ya suprimir la sección de investigación de sus periódicos y menos aún tocar a ningún narcotraficante y se limitan a reproducir los comunicados oficiales después de que varios atentados hicieran saltar por los aires la redacción de más de un diario.

En esta espesa atmósfera cumple cuatro años la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Una oficina creada a bombo y platillo por Vicente Fox para proteger a los informadores, pero que ha ofrecido hasta ahora desalentadores resultados. Organizaciones nacionales e internacionales, víctimas, abogados y familiares de periodistas asesinados o desaparecidos coinciden en que no hay qué celebrar, pues en todo ese tiempo la Fiscalía ha ejercido acción penal en 3 de los casi 100 casos atendidos; es decir, el 3% del total de casos abordados. Reporteros Sin Fronteras ha señalado que México es, después de Irak, el país más peligroso para el ejercicio periodístico.

Los lugares más peligrosos

La Sociedad Interamericana de Prensa realizó un Mapa de Riesgo para periodistas, situando como zonas “de muy alto” y “alto riesgo” a Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Guerrero. Hay cuando menos cinco casos de periodistas mexicanos que viven en el exilio, uno de los cuales es Alejandro Gutiérrez, del semanario Proceso. Leer el resto de esta entrada »

Las mujeres: botín de guerra


 

Marcela Turati, Proceso
En amplias zonas del norte del país, en particular aquellas donde el narcotráfico domina, las mujeres son víctimas de una violencia crecientemente brutal. Secuestros, desapariciones, violaciones, asesinatos, son cosas de todos los días, saldo inevitable de una guerra en las que las mujeres, como en los viejos tiempos revolucionarios, son una especie de botín para uno u otro bando. Ni el Ejecutivo federal ni los gobiernos de Chihuahua, Coahuila y Durango han mostrado tener entre sus prioridades el asunto.
MEXICO, DF, 28 de noviembre (APRO).- Tiene un arete en la nariz, luce aretes largos y lleva la falda del uniforme de la secundaria enbastillada hasta convertirla en una coqueta minifalda. Cumplió 16 años y era aficionada de los bailes hasta que le entró el miedo de “gustarle” a algún empistolado y de ser secuestrada y violada, como ha escuchado que le ocurrió a otras muchachas. 
“Ya nadie sale a la calle, en cualquier momento te pueden agarrar y te llevan a ‘trabajar’ o te hacen cualquier cosa. Eso pasa porque nos ven que somos mujeres, porque a cualquier muchacha que les gusta se la llevan, y a veces amanecen muertas o regresan traumadas”, explica la adolescente, entrevistada en su salón de clase.
Cuando se le pregunta quién les hace eso, como respuesta alza los hombros. No dice más.
Otra compañera del salón, con aretes grandes en forma de estrella y pulsera de Kitty, completa la información: “Ellos las agarran y se las llevan, las violan, ya ni las entregan. A veces sí, a veces no. A mí no me ha pasado nada porque mis primos me cuidan cuando salgo”.
Entonces la primera estudiante agrega: “Más que nada los papás nos dicen que ya no salgamos”. Las amigas que escuchan la conversación asienten.

Las jóvenes estudian tercero de secundaria en la escuela Lázaro Cárdenas, de Torreón, Coahuila, y viven en las colonias La Durangueña y Cerro de la Cruz, al poniente de la ciudad: precisamente la zona montañosa que se disputan la gente de Los Zetas y la de El Chapo, y a donde a veces el Ejército despliega operativos en busca de drogas.

“Hubo una muchachita de unos 17 años que se la levantaron un sábado y la devolvieron un martes.
Cuando apareció la dejaron desnuda en La Unión, loca. Ni ella ni su familia dijeron nada, no pusieron denuncia, a como están las cosas uno prefiere no enterarse”, narró otra vecina, una joven que trabaja en el Museo Casa del Cerro, ubicado en el epicentro de la lucha entre cárteles.

Por esas narraciones parece que viven lo que sus abuelas vivieron en tiempos de la Revolución, en esos mismos cerros: cada vez que llegaban los hombres empistolados, las mujeres corrían a esconderse en sus casas; los papás ponían trancas en la puerta y vivían con el miedo de que alguna de sus hijas se le antojara a esa gente.
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Misoginia criminal

GABRIELA Hernández Y ARTURO Rodríguez, Proceso

Los feminicidios en el noreste del país registran un alarmante aumento en cantidad y, sobre todo, en brutalidad. Independientemente de su nivel educativo, sean obreros, profesionistas o empresarios, los asesinos consideran a la mujer como objeto de su propiedad. Mientras, las leyes que deberían inhibir 

la violencia de género son letra muerta.

Monterrey, NL.- Acuchilladas, apedreadas, apuñaladas, asfixiadas, atropelladas o baleadas; degolladas, desmembradas, estranguladas; golpeadas, lanzadas al vacío o quemadas: los asesinatos de mujeres en estados del noreste del país van en aumento, lo mismo que la saña con que se cometen.

Aunque algunos de ellos se relacionan directamente con el crimen organizado, la mayoría es resultado de violencia intrafamiliar. Sin embargo, la brutalidad que exhiben los crímenes domésticos los asemeja a los ejecutados por la mafia. Incluso, cuerpos de mujeres asesinadas han sido localizados en parajes desolados, porque los agresores intentan hacer pasar los crímenes como ajustes del narco.

En entrevista con Proceso, Irma Alma Ochoa, integrante del organismo Artemisas por la Equidad, menciona el caso más reciente ocurrido en Saltillo, Coahuila: Dixie Deyanira Rodríguez Martínez, estudiante de primer año de medicina en la Universidad del Valle de México, desapareció el 6 de noviembre; su cadáver fue localizado 18 días después en un paraje despoblado, ahorcada, en avanzada descomposición.

Mientras se le consideró desaparecida, su familia difundió la imagen de la joven mediante carteles y correos electrónicos, se entrevistó con autoridades, organizó una marcha con parientes y amigos, y acudió a todos los medios de comunicación en la ciudad pidiendo ayuda para encontrarla.

Finalmente, el martes 24, la Fiscalía General del Estado informó que el padrastro de la joven, Óscar Zapata Villanueva –quien inclusive había participado en la búsqueda–, confesó haber asesinado a Irma y condujo a la policía al sitio donde había abandonado el cuerpo, en un paraje de la carretera Saltillo-Torreón. 

Artemisas por la Equidad comenzó a detectar este tipo de casos desde 2000; el denominador común es que los asesinatos han sido brutales. Para la activista, la inseguridad en la región, producto de la delincuencia organizada, “lleva a creer a personas conocidas por las víctimas que pueden cubrirse, piensan que no los van a inculpar”.

Casos similares se presentan en Tamaulipas. Apenas el sábado 14, Juana Ángeles Cortez, una obrera de la maquiladora Corning de Reynosa, fue encontrada envuelta en cobijas, semicalcinada en el interior de una camioneta en llamas abandonada en una brecha. Presentaba nueve heridas de arma punzocortante en el cuello y señales de haber sido violada. 

Aunque en un principio se especuló que este homicidio era obra de bandas delictivas, la Policía Ministerial del Estado identificó al novio de la víctima, Felipe Linares Ortiz, como el autor material del crimen. El presunto responsable está prófugo. 

Nayma Karina Balquiarena Pérez, presidenta del Centro Asistencial “Vive Mujer” en Ciudad Victoria, dice que tres factores se conjugan para exacerbar los riesgos de que las mujeres sean víctimas de violencia en esta entidad: el clima de impunidad y brutalidad generado por la presencia del crimen organizado, el alza en el consumo de drogas y alcohol, y el desempleo provocado por la crisis económica.

En Reynosa, donde se han cometido 12 de los 33 feminicidios ocurridos en Tamaulipas en lo que va de este año, la percepción de inseguridad y vulnerabilidad para la mujer es tal que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal decidió impartir cursos de defensa personal a periodistas, estudiantes universitarias, obreras y amas de casa. 

“Se dan muchos casos de violencia intrafamiliar, especialmente agresión hacia la mujer. Por eso es que estamos brindando estos cursos para que ellas mismas se defiendan, que no esperen que alguien les brinde ayuda y que pongan su vida a salvo”, declaró a los medios locales Víctor Hugo Hernández Garza, uno de los instructores.

Nuevo León: la barbarie

Desde el inicio de este año, la brutalidad fue alarmante. El 5 de enero, en Santa Catarina, Silvia Irma Morales, de 29 años de edad, fue atada de pies y manos por su esposo, Néstor Jesús Ovando Quevedo, quien la mató a golpes. Luego recogió su cuerpo, lo llevó a un terreno baldío y le prendió fuego. Quedó completamente calcinada.

El 12 de enero, en Monterrey, una mujer no identificada, de aproximadamente 35 años de edad, fue asesinada a golpes y abandonada en un lote baldío de la colonia Ciudad Solidaridad de esta ciudad, encobijada, al estilo de la delincuencia organizada.

Luego, el 16 de enero, en Apodaca, otra mujer fue asfixiada hasta morir. Su cuerpo fue descuartizado y colocado en una bolsa, en la colonia Portal de Santa Rosa.

El año siguió alimentando la estadística de Artemisas por la Equidad, que en 2008 registró 22 asesinatos violentos de mujeres en Tamaulipas. En lo que va de 2009, los asesinatos llegan a 33, aunque el Instituto Estatal de las Mujeres en la entidad (IEMNL) sólo contabiliza 31.

Para la activista Alicia Leal Puerta, fundadora de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, los asesinatos con características de ejecución al estilo del narco pueden ser por imitación, pero enfatiza: “El hecho es que las mujeres estamos saliendo de la casa a trabajar; lo que no cambia es la cultura de misoginia, que concibe a la mujer como propiedad privada del hombre. Las mujeres pagan caro su incorporación al mercado laboral”.

Ella no ve diferencia con el crimen organizado: las mujeres son vistas como objeto, como propiedad; deben callar y obedecer, o las matan a ellas o a sus hijos. “Obrero, empresario, profesionista o narco, el punto es que se asumen como dueños de sus mujeres”, dice.

El 10 de agosto, en la colonia Del Paseo Residencial, un sector acomodado de Monterrey, Neyda Gloria Flores Támez, exdelegada estatal del Instituto de Educación para los Adultos, sostuvo una discusión con su esposo, Ricardo Cavazos Ramírez, quien sacó una pistola y le disparó. La mujer intentó huir con su hijo, concebido en otra relación, pero fue alcanzada por el marido indignado quien disparó en dos ocasiones más. El niño murió y ella resultó herida. Leer el resto de esta entrada »

Maíz transgénico, la nueva amenaza

Nelly Olivos

nelly24olivos@yahoo.com.mx

* Autorizan a Monsanto a cultivarlo de manera experimental * ¿A qué intereses responde el gobierno de México?: Red en Defensa del Maíz Nativo * Agrupa a 600 organizaciones * Preparan recurso de revisión de acuerdo a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados * Identifican  irregularidades en el otorgamiento de las solicitudes * La modificación a la ley y su reglamento se hizo de manera ilegal: Aleira Lara

A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco  se hizo su carne; de

masa de maíz  se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados.

Popol Vuh

Las autoridades mexicanas autorizaron a la transnacional Monsanto a cultivar de manera experimental maíz genéticamente modificado en territorio nacional, esto a pesar de las innumerables voces de protesta y de alerta que científicos, ecologistas, campesinos, artistas y ciudadanía en general han expresado.

    La organización Greenpeace llevó a cabo una peculiar manifestación en la capital del país, dándole de manera simbólica voz a los héroes nacionales. El 18 de octubre una manta colocada en la columna del Ángel de la Independencia, denunciaba: “Maíz transgénico: fin de la independencia”; mientras que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, expresó en una pancarta “Muera el mal gobierno que autoriza transgénicos”.

    Forum tuvo la oportunidad de platicar con Aleira Lara, coordinadora de la Campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace.

    ¿Hay algo más qué hacer una vez aprobados estos permisos para la siembra de maíz, genéticamente modificado, aparte del activismo social?

    —Claro que sí, ingresar un recurso de revisión de acuerdo a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). Hemos identificado varias irregularidades en el otorgamiento de estas solicitudes. Además de que la modificación a la LBOGM y su reglamento, en marzo del 2009, se hizo de manera ilegal.

    De acuerdo a la activista los permisos otorgados recientemente a Monsanto violan el artículo 2, fracción 11 de la mencionada ley, que establece un régimen especial de protección al maíz ya que nuestro país es centro de origen de este alimento.

    La LBOGM establece que para la determinación de los centros de origen y de diversidad genética se tomara en cuenta que, en el caso de cultivos, “las regiones geográficas en donde el organismo de que se trate fue domesticado, siempre y cuando estas regiones sean centros de diversidad genética.”

    En un extrañamiento dirigido a Felipe Calderón, el 29 de septiembre del presente año, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, argumenta: Leer el resto de esta entrada »

Guerrilla, entre los objetivos militares de Calderón

Nancy Flores

Entre 2010 y 2012, el gobierno de Felipe Calderón intensificará su proyecto castrense de “recuperación” de territorios controlados por el narcotráfico y por la guerrilla, revela el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). A pesar de que México carece de una política de defensa, el plan tiene como prioridad el uso de la fuerza contra la delincuencia organizada y los grupos rebeldes. Expertos consultados prevén más controles sociales derivados del “espionaje” gubernamental

En los tres años que le restan, la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se propone “anular” cinco amenazas a la seguridad nacional: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras. Para ello, sus herramientas principales serán el “espionaje” y el uso de la fuerza castrense, se desprende del Programa para la seguridad nacional (2009-2012).

De acuerdo con el documento, del cual Contralínea posee copia, en México tanto los narcotraficantes como los guerrilleros controlan espacios territoriales. Por ello, las prioridades del gobierno son “recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas” y “recuperar aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros subvirtiendo el orden constitucional”.

”A pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado mexicano le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el programa lo está admitiendo”: Sierra

Jorge Luis Sierra, especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, explica que “a pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el documento lo está admitiendo. Está planteando como objetivo la recuperación de espacios perdidos a manos de la delincuencia organizada”.

La “recuperación” tendría distintas etapas e involucraría “el gran activo del país” en materia de seguridad nacional: los funcionarios y las instituciones que tienen a su cargo su preservación, indica el programa. Es decir, la Presidencia de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Gobernación.

El documento, de 60 páginas, indica que las líneas estratégicas comienzan con un trabajo coordinado de inteligencia y contrainteligencia, “activa y pasiva”. En el primer caso, para “profundizar el conocimiento en torno a amenazas y riesgos específicos”; en el segundo, para “anticiparlos” y “limitarlos”.

El programa que entró en vigor el 20 de agosto de 2009, cuando fue parcialmente publicado en el Diario Oficial de la Federación, advierte que “a la generación y provisión de inteligencia (…) le debe seguir la oportuna toma de decisiones estratégicas que detonen, con la debida congruencia y contundencia, aquellas acciones gubernamentales necesarias para enfrentar el peligro detectado”.

Es entonces, en esa segunda etapa, cuando vendría el uso de la violencia institucional para “anular” las amenazas a la seguridad nacional, pues, a decir del gobierno federal en su propio documento, éstas “obligan” a “emplear recursos extraordinarios de la fuerza del Estado para su atención”.

Territorios controlados

El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) “será recordado por enfatizar el tema de la recuperación de los espacios que está controlando la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico”, dice Jorge Luis Sierra. Leer el resto de esta entrada »

Gasto de 110 mil MDP en seguridad nacional

Autor: Nancy Flores

El gobierno de Felipe Calderón gasta más de 110 mil millones de pesos en seguridad nacional, revela un estudio de la Cámara de Diputados. El sector castrense ejecuta el 94.1 por ciento de esa discrecional erogación. Especialistas consideran que las prioridades en esta materia no son claras

La administración federal, encabezada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, habrá gastado en dos años 110 mil 243 millones 76 mil pesos en seguridad nacional, descubre el análisis El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010, publicado en octubre pasado por el Centro de Documentación, Información y Análisis, de la Cámara de Diputados.

Los egresos en esta materia corresponden a la Presidencia de la República y a las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Gobernación (Segob), que privilegia el enfoque de corte represivo (contra las amenazas) y margina el preventivo (contra los riesgos).

De acuerdo con el estudio, entre 2009 y 2010 el sector castrense ejercerá 103 mil 787 millones 870 mil pesos, que representan el 94.13 por ciento del monto global destinado a la seguridad nacional: la Sedena sufragará el 68.29 por ciento; la Semar, 25.35 por ciento; y el Estado Mayor Presidencial, 0.49 por ciento.

—La seguridad nacional se logra cuando hay una armonización y un equilibrio entre todos los elementos del poder nacional y me parece que aquí se ha desarrollado con más fuerza, con más énfasis, el elemento militar del poder nacional, y que se han desarrollado en un estado muy secundario, muy colateral los otros elementos: político, social y económico –explica Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional.

Agrega que esos factores se deben desarrollar al mismo tiempo y “pensando” en “una justicia nacional”. No obstante, en este bienio el gasto más alto corresponderá al capítulo “Defensa de la integridad, la independencia y la seguridad nacional del territorio nacional”. A éste, la Sedena le destinará en total 46 mil 16 millones 130 mil pesos.

Gasto por institución

Javier Oliva, experto en seguridad nacional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que las urgencias de una administración se pueden advertir en su presupuesto. Por ello, pregunta cuáles son las prioridades del gobierno de Felipe Calderón, “en donde la vieja aspiración de la derecha conservadora es el control de la ciudadanía: qué hace, qué piensa, a dónde va”.

Las erogaciones en seguridad nacional dadas a conocer por la Cámara de Diputados son 4.5 veces la inversión pública a favor de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo presupuesto anual asciende en promedio a poco más de 24 mil millones de pesos.

Tan sólo el análisis El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010, revela que en ese periodo bianual la Sedena ejercerá, de manera discrecional, 75 mil 289 millones 30 mil pesos para esa tarea.

Al finalizar 2009, el gasto de la Sedena en materia de seguridad nacional sumará 38 mil 560 millones 920 mil pesos. La cifra representa el 89.6 por ciento de su presupuesto total modificado para este ejercicio, por 43 mil 32 millones 300 mil pesos, indica el Portal de Obligaciones de Transparencia de la institución.

Para 2010, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sufragará 36 mil 728 millones 110 mil pesos en ese rubro, según información extraída del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) citada por el estudio. Leer el resto de esta entrada »

La trata, otra forma de violencia contra las mujeres

Testimonios acerca de un flagelo que no se persigue de oficio

Segunda y última parte

Por Sanjuana Martínez, México DF, 26 nov  09 (CIMAC).-: “Me llevaron a distintas casas, siempre con la promesa de que iba a ganar mucho dinero, y siempre me hacían lo mismo, pero me daba cuenta que cada vez cobraban menos a los señores con los que me encerraban en los cuartos. Ellos cada vez eran más malos conmigo. Me hacían muchas cosas feas. A veces me sacaban a carretera, luego supe que me transportaban entre Carolina del Sur y Carolina del Norte, en distintos pueblos y en distintas casas”, cuenta Rosi.

“Después de seis meses, acabé en un trailer park con la Señora Lupe y otras tres muchachas, ellas ya tenían como 17 o 18 años, y a veces la Señora Lupe me dejaba hablarle a mis papás por su teléfono celular; inclusive le prometió a mi papá traerlo a trabajar a Estados Unidos. Pero mi mamá decía que me oía triste, que qué me pasaba. Pues qué me iba a pasar, yo no había recibido un solo dólar, y me daba mucha pena que mis papás se enteraran de lo que me habían hecho. En el trailer park tenía yo que atender a 40 hombres, y les cobraban 60 dólares a cada uno”.

La madre de Rosi finalmente denunció la desaparición de su hija con la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), a la que le dio el teléfono que aparecía cada vez que Rosi llamaba a casa.

La niña fue rescatada mientras trabajaba: “Me pidieron que colaborara con las autoridades y me llevaron a un hogar sustituto. Entonces me enteré de que era una banda de trata y tráfico de personas y que detuvieron a más de diez personas, la mayoría familiares de mi amiga Gloria y vecinos de mi familia en el Municipio de Teotihuacán. Me dio mucho miedo que le hicieran algo a mi hermanito o a mi mamá. Me deprimí mucho y me traté de quitar la vida”.

Rosi vive actualmente en Estados Unidos, junto a sus padres y su hermanito. Todos fueron beneficiados por las leyes migratorias y recibieron la residencia legal: “Nosotros consideramos que la trata es una expresión de poder, fuerza y violencia en los cuerpos, en las vidas, la integridad y la seguridad de las mujeres y las niñas”, dice Ulloa Ziáurriz.

CÁRTELES DE DROGA Y DE TRATA

Los cárteles de la droga que operan en México han diversificado sus actividades; ya no sólo trafican con estupefacientes, sino también con personas, especialmente con mujeres y niñas, con fines de explotación sexual. Leer el resto de esta entrada »

Chile: movimiento indígena en puerta

Los indígenas chilenos, principalmente mapuches, han comenzado una serie de “recuperaciones” de tierras en poder de empresarios. Los enfrentamientos con la policía han llevado a casi 100 líderes a la cárcel y a otros tanto al hospital con heridas de bala. Pero el movimiento no ceja y en las próximas semanas podrían concretarse cientos de tomas de tierra en todo el país

Daniela Estrada / IPS-Voces de la tierra, Contralínea

Santiago, Chile. El conflicto entre el gobierno de Michelle Bachelet y los pueblos indígenas de Chile está lejos de distenderse. Al recrudecimiento de los enfrentamientos entre mapuches y policías en el sur, se sumó la presentación de un recurso de protección contra la presidenta y un ministro.

A fines de julio, un grupo de comunidades del pueblo mapuche, la principal etnia indígena de este país con casi 1 millón de integrantes, inició un proceso de recuperación de territorios ancestrales en la región de La Araucanía, 680 kilómetros al sur de la capital chilena, mediante la ocupación de predios privados que reclaman como propios.

Las acciones de los comuneros reunidos en la Alianza Territorial Mapuche dieron pie a varios choques con fuerzas especiales de carabineros (policía uniformada). Mientras el gobierno indica que desde 1994 se han traspasado más de 650 mil hectáreas a los pueblos indígenas, los comuneros acusan lentitud en la resolución de sus solicitudes.

El 4 de octubre, la Alianza denunció que siete jóvenes y dos niños mapuches, ajenos a la protesta, fueron heridos por perdigones disparados por la policía. Algunos de ellos perdieron la visión por recibir impactos en sus ojos.

Asimismo, las comunidades mapuches de Rofue y de Temucuicui –una de las más activas en la reivindicación de territorios– aseguraron haber sido víctimas de violentos allanamientos de carabineros, que se trasladaban inclusive en helicópteros. Leer el resto de esta entrada »

Trabajadoras de la confección, entre la injusticia y la crisis

Lunes, 23 de Noviembre de 2009

Prensa Indígena

Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)

Argenpress, 23 de noviembre.- A consecuencia de la crisis económica, las trabajadoras de la industria manufacturera de la confección, quienes representan 70 por ciento de la mano de obra del ramo, padecen paros técnicos, retención de sus salarios, extensas jornadas de trabajo, y participan en mayor medida en el sector informal, sea como fuente de empleo o únicamente para completar su salario.

Este sector laboral es uno de los más olvidados por el gobierno mexicano, el cual “no pone mucha atención a la confección, que es importante para México, por el descuido de derechos laborales por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales”, señaló Linda Yanz, integrante de la Red Solidaridad de la Maquila en Canadá.

Con la crisis económica, las condiciones laborales de las y los trabajadores se volvieron más “críticas”: “con los paros técnicos y el cierre de fábricas, ellas tienen más carga de trabajo para suplir la falta de personal. Y además hacen trabajo a domicilio, donde no hay ningún tipo de regulación”, indicó Yanz a Cimacnoticias.

De acuerdo con el texto “La crisis y sus efectos en la industria textil y del vestido de México”, publicado por la Red Solidaridad de la Maquila en octubre pasado, el país experimentó este 2009 una de las caídas más acentuadas en las exportaciones textiles y de confecciones a los Estados Unidos: el descenso fue de 20 por ciento con respecto a 2008.

En abril de 2009 se perdieron 68 mil empleos y se cerraron 666 fábricas del sector textil, del vestido y del cuero, indica también el documento. A partir de la crisis económica, además del aumento en la producción para el mercado nacional y la disminución de la demanda internacional, empeoraron las condiciones de empleo y se incrementó la dependencia del sector informal por parte de las y los desempleados, sea como fuente de trabajo o para completar el ingreso de quienes ven disminuidos sus salarios por los paros técnicos.

Por su parte, la abogada laboral Graciela Besunsan señaló que el modelo económico del que México ha dependido para competir en el mercado internacional por décadas –bajos salarios, sindicatos débiles o inexistentes y protecciones ambientales y laborales poco estrictas– ha logrado pocos beneficios y está agotado. Leer el resto de esta entrada »

Gobierno mexicano se rinde ante Monsanto

Erika Ramírez, Contralínea, 8 de noviembre de 2009

principalLos gobiernos panistas no sólo autorizan a la agroindustria trasnacional la siembra de maíz transgénico, sino que le otorgan casi 200 millones de pesos en estímulos fiscales. Monsanto, Híbridos Pioneer, Dupont y Dow Agrosciences obtienen 21 permisos y más de media centena de proyectos de inversión tecnológica, revelan documentos oficiales. No importó a las autoridades federales que México sea país de origen de una semilla que es patrimonio de la humanidad ni que se coloque en riesgo inminente a 31 de las 59 razas de maíz mexicano

Fabricante del Agente Naranja –herbicida utilizado en la guerra de Vietnam para la destrucción de cosechas y vegetación–, Monsanto obtiene la mayoría de los permisos solicitados por las industrias agropecuarias ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para la siembra experimental de maíz transgénico en los campos mexicanos.

Además, la empresa originaria de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, ha sido beneficiada –junto con Híbridos Pioneer, Dupont y Dow Agrosciences– con casi 200 millones de pesos en “estímulos fiscales” durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, revelan documentos oficiales.

El 29 de octubre pasado, las empresas Monsanto, Dow Agrosciences y PHI México fueron notificadas que sus patentes podrán ser sembradas de “modo experimental” en tierras de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa, según muestra el Estatus de solicitudes de maíz 2009, emitido por la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (OGM), dependiente de la Sagarpa.

En estos estados, indica la organización ambientalista Greenpeace México, se encuentran 31 de las 59 razas de maíz que existen en México, lo que expone al riesgo de contaminación transgénica al 52 por ciento de las semillas originarias del país.

Las resoluciones se dieron apenas siete meses después de que Dow Agrosciences y PHI México manifestaran formalmente su interés por sembrar el organismo genéticamente modificado DAS-01507-1. Se aprobó la siembra de la patente en el Valle del Yaqui, Sonora, donde también se encuentran unas nueve variedades del maíz nativo de México.

En un comparativo de la lista de solicitudes de la Sagarpa, con el mapa de los territorios de los pueblos indígenas y las razas y variedades del maíz que existen en ellos (contenido en la edición Maíz transgénico en México, riesgos y costumbres de la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México), se puede observar que en el Valle del Yaqui, Sonora, donde se encuentra asentada la población indígena con el mismo nombre, existe el Maíz Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Dulce, Dulcillo Noreste, Elotes Occidentales, Harinoso, Onaveño, San Juan y Tuxpeño.

Eduardo Pérez Pico, representante de Monsanto México, dice en entrevista con Contralínea que cada uno de los permisos avalados por la dependencia que encabeza Francisco Mayorga Castañeda y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de Juan Rafael Elvira Quezada, costarán a la agroindustria cerca de 1 millón de pesos por proyecto.

El ingeniero agrónomo, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, anuncia que “si las investigaciones avanzan pronto”, la etapa comercial podría iniciar en tres años, con una inversión inicial de 400 millones de dólares, de los que Monsanto pretende asumir unos 250 millones de dólares.

Negocio redondo

Además del mercado de negocios que significa México para la agroindustria, el gobierno federal ha financiado a tres de las grandes en el ramo. Desde el primer año de la administración foxista, las trasnacionales han obtenido estímulos fiscales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que preside el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, hasta por 193 millones 859 mil 598 pesos.

Información publicada en el Diario Oficial de la Federación indica que los “estímulos”, otorgados bajo el pretexto de inversión en innovación tecnológica, iniciaron en 2001 con tres proyectos de la empresa Híbridos Pioneer de México, que significaron al erario 10 millones 927 mil 500 pesos.

Los montos y las participaciones fueron en aumento anualmente y, de los más de 10 millones registrados el primer año, se pasaron a los 12 millones 131 mil 642 pesos en 2002 para PHI México –empresa de Dupont, además de representante y subsidiaria de Pioneer Hi-bred Int–; 11 millones 545 mil 891 pesos en 2003 y otros 13 millones 994 mil 763 pesos en 2004. Leer el resto de esta entrada »

La minería artesanal explota a miles de niños. Una infancia frustrada en America Latina

Ecoportal, Por Sylvia Ubal

Actualmente, uno de cada seis niños en el mundo está implicado en alguna forma de trabajo infantil, realizando trabajos que perjudican su desarrollo psicológico, físico y emocional. Esos niños trabajan en diversas industrias, y en muchas partes del mundo. En Latinoamérica, alrededor de 1 millón y medio de niños y adolescentes trabajan en la minería artesanal. La OIT ha lanzado una campaña para eliminar el trabajo infantil en las minas y canteras y que al cabo de 10 años se pueda retirar a un millón de niños de las minas y llevarlos a la escuela, para que se forjen un futuro, y para poder crear estructuras que garanticen que no volverán a ser sometidos a esta peligrosa forma de trabajo y de explotación.

411_1_1Un grave fenómeno de explotación infantil ocurre en Latinoamérica, donde existen alrededor de 1 millón y medio de niños y adolescentes que trabajan en la minería artesanal, los que nunca pueden ir a la escuela, los se ven obligados a desarrollar un trabajo pesado, insalubre, sin ninguna seguridad, los que están sumidos en una niñez de analfabetismo y miseria.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) otros 650 mil estarían en riesgo de ingresar a esta peligrosa actividad. La condición de pobreza de las familias, la limitación en el acceso a servicios de calidad en educación o salud, la falta de alternativas para el uso del tiempo libre, los factores culturales y las escasas oportunidades de mejora de ingresos serían las principales razones de la existencia y el aumento del número de estos pequeños trabajadores. Esta realidad refuerza la situación de exclusión y marginalidad en la que viven millones de personas en el Continente.

La OIT estima que cerca de 150 mil niños y niñas peruanos están vinculados a la extracción del oro, mientras que en Colombia las cifras del Gobierno indican que alrededor de 730 mil estarían laborando en la explotación de oro, carbón, esmeraldas y arcilla en diferentes regiones del país. En Bolivia, más de 176 mil niños y niñas participan en la extracción de estaño, zinc y plata y en Ecuador el número de trabajadores infantiles mineros se estima en 1500.

Hay canteras de piedras en la mayor parte de los países del mundo, y el trabajo infantil existe y ellos pueden ser vistos rompiendo piedras a lo largo de los caminos, o cortando y arrastrando rocas desde los fosos donde se producen estos materiales. Nadie sabe realmente cuantos niños y adultos han hecho de este trabajo una manera de vida. La minería de pequeña escala y artesanal emplea aproximadamente 2,5 millones de personas en todo el mundo, un millón de los cuales son niños que no llegan a los 15 años. Este número está aumentado dado que la tendencia actual es de trabajar más en la minería de pequeña escala que en las grandes minas dentro del sector formal.

En Perú, por ejemplo, muchos pequeños comienzan ayudando a sus madres en tareas “sencillas” de selección de desmonte minero o “bateando” en el río durante largas horas a la intemperie. Luego empiezan a apoyar la extracción del mineral en los túneles, el transporte a la superficie y su procesamiento, proceso en el que se exponen a explosiones, derrumbes, asfixia y contaminación con sustancias tóxicas como el mercurio, cianuro y otros ácidos.

Lo mismo ocurre en los demás países Leer el resto de esta entrada »

Cambio climático exacerba riesgos para salud de mujeres

Epidemias y migración, entre los factores de riesgo

Por Anayeli García Martínez

México, DF 28 oct 09 (CIMAC).- El cambio climático y la pobreza exacerban los riesgos para la salud de las mujeres, quienes son particularmente vulnerables a los efectos del fenómeno en su salud física y psicológica. En 99 por ciento, las muertes debidas asociadas al cambio climático se deben a la alteración de los patrones de epidemias y enfermedades a escala global.

Los efectos del cambio climático entre mediados de la década de 1970 y el año 2000 han causado la pérdida de 150 mil vidas cada año, según un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2003.

Según proyecciones basadas en los mismos datos, actualmente, 235 millones de personas ven afectada su salud por epidemias de malaria, enfermedades diarreicas y malnutrición, padecimientos asociados al cambio climático y destaca que más del 85 por ciento de las muertes corresponden son niñas y niños.

Además, las catástrofes naturales exponen a las personas a tormentas e inundaciones; destruyen  hogares y medios de vida; y causan lesiones físicas y trastornos psicológicos, lo que provoca un número desproporcionado de fallecimientos de mujeres, niñas y niños, afirma la organización Oxfam International.

El calor extremo y las sequías también afectan  los medios de vida, pues al disminuir los ingresos familiares, se deterioran la salud y la alimentación, ámbitos de los que comúnmente se encargan las mujeres. Estos desastres también pueden causar desplazamientos forzados que, a su vez, conllevan un encadenamiento de complicaciones sanitarias.

Las ciudades son focos de enfermedades particularmente vulnerables a los desastres climáticos: crecen debido a que la gente abandona el medio rural en busca de nuevas oportunidades de desarrollo; la mayoría de estas ciudades tienen altos niveles de contaminación, están sobrepobladas y carecen de la infraestructura sanitaria básica.

SALUD, MIGRACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO Leer el resto de esta entrada »

Integrantes del SME, sin opciones para proteger su empleo

Mujeres, ocho de cada diez sindicalistas en la indefensión

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 28 oct 09 (CIMAC).- A diferencia de las y los 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) –diez por ciento de ellos mujeres– que esta semana presentarán una demanda por despido injustificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y un amparo colectivo por la inconstitucionalidad del decreto presidencial, más de mil personas que laboran para el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) –80 por ciento de ellas  mujeres– carecen de opciones legales para proteger su fuente de trabajo.

En entrevista con Cimacnoticias, Manuel Fuentes Muñiz, abogado del SME, detalló que las y los trabajadores de la organización sindical tienen “interés jurídico” –pues su empleo está en la incertidumbre a consecuencia de la liquidación de LyFC– pero  “los jueces negarán este interés porque el personal del sindicato no estaba contratado por la empresa”.

El especialista en justicia laboral añadió que el gobierno federal es corresponsable del daño a las y los trabajadores del SME, ya que debido al cierre de la compañía paraestatal la organización sindical dejó de percibir las cuotas con las que pagaba la nómina.

No obstante, a las y los electricistas “les cierran la posibilidad” de defenderse por la vía jurídica, por lo que el SME tendrá que hallar el modo de procurar el respeto a los derechos de sus trabajadoras y trabajadores, agregó.

Por otra parte, el personal del SME, conformado en 80 por ciento por mujeres, lleva cuatro semanas sin percibir su salario, el cual es en promedio 30 por ciento menor al de las y los empleados de LyFC.

UNA MUJER EN RESISTENCIA

Ana es una de las trabajadoras del SME que lleva casi un mes sin recibir los cuatro mil pesos que ganaba mensualmente por realizar labores de mantenimiento en el sindicato. Ella, al igual que la mayoría de sus compañeras y compañeros de trabajo, mencionó, “estamos en la resistencia, es la alternativa que tenemos para que nos devuelvan nuestro empleo”. Leer el resto de esta entrada »

Niñas y niños guatemaltecos trabajan bajo riesgo extremo

Por un bajo salario arriesgan la vida en la industria cohetera

Por la Redacción

Guatemala, 28 oct 09 (CIMAC/Cerigua).- En Guatemala, casi un millón de niñas y niños trabajan aun cuando hay una ley que  prohíbe que sean contratados antes de los 14 años. La mayoría se desempeña en labores de alto riesgo, como la fabricación de fuegos pirotécnicos.

De acuerdo con la información proporcionada por Wendy Martínez, de la asociación Mujeres con Valor Construyendo un Futuro Mejor, esta situación cobran mayor auge en estas fechas, con festejos tradicionales como “la quema del diablo”, la nochebuena y el año nuevo, en los que son comunes los cohetes elaborados por menores de edad por menos de cinco quetzales diarios.

De acuerdo con Martínez, los empresarios contratan a ocultas a niñas y niños de cinco años de edad en adelante para evitar sanciones por parte del Ministerio de Trabajo.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el negocio de la pólvora es rentable y millonario: sólo en e2005 Guatemala reportó el ingreso de unos 20 millones de quetzales a esta industria.

Recientemente, Jorge Bustamante, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de migrantes, instó a Guatemala a redoblar esfuerzos para abatir el trabajo infantil.

El 80 por ciento de las coheterías del país se concentra en San Raymundo y San Juan Sacatepéquez, donde se emplea ilegalmente a cientos de menores de 14 años que, por tener manos pequeñas, tienen mayor agilidad para manipular las mechas.

Cambio climático incrementa carga de trabajo de mujeres

Ellas son responsables de sus hogares ante epidemias y desastres

Por Anayeli García Martínez

México, 27 oct 09 (CIMAC).- La comunidad científica tiene plena certeza de que el cambio climático es perjudicial y tiene potenciales efectos negativos para las mujeres, pues las consecuencias del fenómeno afectan directamente la vida cotidiana de ellas alrededor del mundo; por ejemplo, la escasez de agua las obliga a recorrer largas distancias y a dedicar menos tiempo a actividades lucrativas.

Así lo afirman el “Manual de capacitación en género y cambio climático” y el informe “El cambio climático, la gente y la pobreza” de la organización Oxfam International. De acuerdo con ambos documentos, el cambio climático se asocia con el incremento en la escasez de alimentos y el aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias.

En este contexto, no debe olvidarse que, mayoritariamente, son las mujeres las responsables de la alimentación y el cuidado de los enfermos de sus familias, por lo que existe un impacto directo en sus vidas. A estos factores se suman, además, los estragos en bosques, zonas de cultivo y cuencas hidrológicas, así como en zonas urbanas y costeras.

EFECTOS NOCIVOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante  los últimos años se ha observado un marcado incremento de la concentración atmosférica de gases de efecto: hay más bióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros gases perjudiciales para la salud y el medio ambiente en el aire como resultado de actividades humanas tales como la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo.

Asimismo, el alza de las temperaturas oceánicas ha producido una creciente incidencia del blanqueamiento del coral por estrés térmico y la pérdida de arrecifes de coral. Esto perjudica a la industria turística, sector en el que las mujeres conforman 46% de la fuerza laboral en todo el mundo.

Además, las sequías y la escasez de agua afectan particularmente a mujeres y niñas, quienes en los países en vías de desarrollo son a menudo las principales recolectoras, usuarias y administradoras del líquido, de tal manera que la disminución en la disponibilidad de agua pone en peligro los medios de subsistencia de ellas y sus familias a la par que aumenta su carga de trabajo.

EPIDEMIAS Y OTROS RIESGOS

El cambio climático ha provocado más ciclones, huracanes, inundaciones y olas de calor cuyas consecuencias son numerosas epidemias. De acuerdo con Oxfam International la variabilidad del clima fue decisiva para la expansión de la epidemia de malaria en las zonas altas de África Oriental y fue responsable de alrededor del 70 por ciento de las epidemias de cólera en Bangladesh; una realidad preocupante si se toma en cuenta que las mujeres tienen menos acceso a servicios médicos que los hombres.

De la misma forma, las personas y familias más pobres que se han visto afectadas por el VIH/Sida tienen menos recursos para adaptarse a los impactos del cambio climático, pues adoptar nuevas estrategias para la producción de cosechas o movilizar ganado resulta más difícil para los hogares donde existen personas infectadas y para aquellos encabezados por mujeres, en virtud de las intensas cargas de trabajo que recaen sobre los hombros de ellas.

Otro riesgo latente es la pérdida de especies; para el 2050, el cambio climático podría causar la extinción de alrededor de 18 a 25 por ciento de especies vegetales y animales. A menudo, las mujeres dependen de la diversidad de cultivos para contrarrestar la variabilidad del clima, pero los cambios permanentes de temperatura reducirán la biodiversidad del agro y las opciones de medicina tradicional.

 

También se avizora una menor producción mundial de cosechas.  En África que esta producción disminuya entre un 20 y un 50 por ciento debido a las condiciones extremas del clima. Cabe recordar, por tanto, que las mujeres de zonas rurales son responsables de la mitad de la producción de alimentos del mundo y producen entre el 60 y el 80 por ciento de los alimentos en la mayor parte de los países en vías de desarrollo.

 

Oxfam Internacional agrupa a 14 organizaciones que trabajan para erradicar la injusticia y la pobreza mundiales en coordinación con diversas asociaciones civiles.

Violencia sistemática en Honduras cobra la vida de dos mujeres

Violaciones a derechos humanos, de “autoría paramilitar”

Por Kerstin Bognar

México DF, 27 oct 09 (CIMAC).- Desde el 28 de junio, día del golpe de Estado en Honduras, se han registrado en total 4 mil 234 violaciones a los derechos humanos de las hondureñas y los hondureños; entre ellas, 21 muertes con visos políticos, de las cuales dos fueron de mujeres.

Así lo indica el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en su segundo informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el golpe de Estado en Honduras titulado “Cifras y rostros de la represión”, publicado el 22 de octubre.

El informe describe las circunstancias de la muerte de 19 de las 21 víctimas; dos de ellas: Wendy Elizabeth Ávila, de 24 años, y Olga Usiris Ucles, de 35 años, fallecieron tras haber inhalado gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas militares durante las manifestaciones contra el golpe de Estado. A ninguna se le realizó la autopsia de ley para determinar la causa de la muerte.

“Cifras y Rostros de la Represión” informa que, además, hubo tres atentados contra personas y 108 amenazas de muerte. Asimismo, las fuerzas del gobierno de facto han violado el derecho a la integridad personal en de 818 personas, 21 de ellas con lesiones graves. El Cofadeh registró 3 mil 33 detenciones ilegales y 114 presos políticos. La libertad de expresión se violó en 56 casos.

El Cofadeh califica las acciones del gobierno de facto como “una maquinaria dispuesta a intimidar y aniquilar la resistencia contra el golpe” y señala que la violencia, generalizada los primeros días después del golpe, se transformó en una violencia selectiva dirigida a periodistas y dirigentes de la resistencia, “sin olvidar la intimidación judicial como herramienta empleada para desmovilizar a las y los opositores”.

Esta violencia sistemática ha afectado especialmente a la niñez y la juventud. Según el informe, la represión contra ellas y ellos parece tener connotaciones estratégicas. Muchos de las y los jóvenes detenidos y maltratados por razones políticas pertenecen a las organizaciones que se han unido contra el golpe. Leer el resto de esta entrada »

Medidas antiterroristas violan derechos humanos de mujeres

Estados las discriminan aun si son víctimas de grupos armados

Por Leticia Puente Beresford

Nueva York, 27 oct 09 (CIMAC).- Las medidas de seguridad y contraterroristas afectan doblemente a las mujeres: no sólo violan sus derechos humanos, sino que además las consideran posibles atacantes suicidas, informó Martin Scheinin, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

  Las medidas contraterroristas afectan de manera desproporcionada a mujeres y personas transgénero, a refugiadas y refugiados, inmigrantes y solicitantes de asilo, afirmó el relator de la ONU.

Martin Scheinin destacó que las mujeres son blanco frecuente del endurecimiento de los controles de inmigración y de la negativa de asilo bajo el argumento de que han dado apoyo material al terrorismo.

Incluso en situaciones en las que los terroristas han forzado a las mujeres a proveerles abrigo, alimentos o favores sexuales a punta de pistola. Después, cuando logran huir y buscar refugio en otro país, de repente se encuentran con la acusación de haber proporcionado apoyo material a terroristas”, explicó Scheinin.

Otro problema, agregó, es la caracterización sesgada del terrorista, de la cual las mujeres son doblemente víctimas.

“Primero, porque las organizaciones terroristas, para evitar el estereotipo de las autoridades, pueden forzar a las mujeres a ser parte de una nueva camada de atacantes suicidas”, señaló el experto.

En segundo lugar, agregó, “porque cuando los Estados se dan cuenta de esto, empiezan a sospechar de las mujeres o de grupos femeninos específicos, como las embarazadas, y a verlas como posibles atacantes suicidas”.

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