Reprimen a indígenas en Chiapas y Yucatán

Javier Hernández Alpízar

¿Creía usted que hacerles la guerra a los indígenas era un deporte de la elite conservadora- liberal del siglo XIX? Pues en pleno siglo XXI, México no sólo se revela como campeón en la violación de derechos humanos (Sicartsa, Oaxaca y Atenco: tres botones de muestra) y de los fraudes electorales, sino de hacerles la guerra a los indígenas. ¿Es la manera de la oligarquía criolla de “celebrar” el 12 de octubre?
Esta vez atacan a los mayas. Y de nuevo, como bajo los gobiernos conservadores- liberales del siglo XIX, lo mismo de Benito Juárez que de Porfirio Díaz, la tierra como botín y la represión de los indígenas como medio.
Ante la negativa del gobierno de cumplir la promesa traicionada de la revolución mexicana (¿recuerdan “Tierra y Libertad”?) con la reforma salinista al artículo 27 constitucional, declarando el fin de “reparto agrario” y formalizando el inicio de la privatización de las tierras y del despojo a los campesinos indígenas y no indígenas, expropiación que los indígenas intentaron frenar mediante los Acuerdos de San Andrés, tirados a la basura por Bartlett (PRI)- Fernández de Cevallos (PAN) y Chucho Ortega (PRD) al aprobar una ley indígena espúrea (ahora que los perredistas ya aprendieron qué significa la palabra “espúreo”), intención expropiatoria refrendada por los tres partidos del neoliberalismo en México al aprobar la llamada Ley de Bioseguridad, mejor conocida como ley Monsanto, que legaliza la invasión del país por los transgénicos de Monsanto, Dupont, Cargill y otras empresas extranjeras, a cuyo servicio se pusieron los legisladores del PRI, PAN y PRD, ante estas políticas anticampesinas y antiindígenas, los campesinos han tomado la tierra y la autonomía en los hechos.
Como respuesta de los latifundistas, la expropiación de las tierras es el fantasma que recorre el país, y es un fantasma violento que ha llevado a la muerte, a la tortura y a los cientos de presos políticos en México, porque la gente se resiste a ser despojada como en San Salvador Atenco y el Valle de Texcoco (2001- 2006), donde la complicidad de los tres partidos PRI, PAN y PRD fue también clara en la venganza reciente contra los atenquenses. O en el caso de La Parota, en Acapulco, Guerrero, bajo el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca y el acoso policiaco militar como brazo armado de la Comisión Federal de Electricidad.
Las denuncias recientes regresan la mirada a Chiapas y a Yucatán, dos de los estados donde los indígenas mayas luchan por la tierra y pagan el costo de la represión.
En el predio Choles de Tumbalá, bases de apoyo indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional recuperaron sus tierras en septiembre de 1999, cinco años después de su alzamiento armado. El 3 de agosto de 2006, informa la Sexta Jovel, organización de la Otra Campaña en Chiapas, once familias bases de apoyo del EZLN que vivían desde hace siete años en ese poblado fueron desalojadas violentamente por las policías de seguridad pública y municipal. “En el desalojo, sus casas les fueron destruidas, así como árboles frutales y animales de corral, y las familias salieron desplazadas.”
Una y otra vez las agresiones de los gobiernos estatal perredista (Salazar Mendiguchía ganó por una alianza PRD -PAN -PT y otros) y federal panista intentan provocar una respuesta armada del EZLN, hasta ahora sin lograrlo.
En octubre de 2006, las bases de apoyo zapatistas recuperaron el predio y viven en él bajo permanentes amenazas y hostigamientos, como la presencia de la policía sectorial, el sobrevuelo de helicópteros y la presión de los ganaderos locales. Por cierto, el expriista, candidato por el PRD, apoyado por los ganaderos priistas como Jorge Constantino Kanter (entrevistado por la agencia Proceso, 11 de septiembre), y por las giras proselitistas de López Obrador (a nombre de la Alianza por el Bien del PRD, Convergencia y el PT) Juan Sabines Guerrero, es un seguro gobierno de mano dura contra los indígenas y contra los opositores, como lo fue el de Salazar Mendiguchía.
La Sexta Jovel exige el alto a las amenazas en Choles de Tumbalá en estos términos: “Responsabilizamos al gobierno estatal y el federal del hostigamiento a nuestros compañeros bases de apoyo del EZLN de Choles de Tumbalá, y (también los responsabilizamos) de cualquier agresión que puedan sufrir.”
Además, en Oxcum, Yucatán, acaban de reprimir a campesinos mayas que luchan por sus tierras: “El viernes 6 de octubre –escribe Mauricio Macossay Vallado– en la mañana fueron hostigados, amenazados y golpeados unos cuarenta campesinos, mujeres, niños y ancianos que mantenían un campamento de defensa de sus tierras, (fueron golpeados) por unos setenta policías estatales fuertemente armados, que iban junto con funcionarios de la Junta de Agua Potable, del gobierno del estado y del grupo que encabeza el corrupto comisariado ejidal de Oxcum: Anselmo Canul.”
Según este reporte, detuvieron a: Idelfonso Dzul García, Gonzalo García, Abelardo Cobá y un joven campesino que pasaba por el lugar: Wilberth López. Los llevaron presos a Mérida.
Les inventaron delitos, los acusaron mediante testigos pagados, les inventaron armas inexistentes, pero, ante la movilización popular, el 11 de octubre liberaron a tres de ellos, Ildefonso Dzul, Abelardo Cobá y Wilberth López, y procesaron a Gonzalo García, a quien le fijaron una fianza de setecientos ochenta y tres mil pesos.
Después, la jueza federal Sara Olimpia Reyes García decidió procesar y dictarle auto de formal prisión al principal líder de los campesinos Idelfonso Dzul, a quien le acusan de portar armas “de uso exclusivo del ejército”, aunque el reporte de sus compañeros acredita los que había junto al campamento eran unas viejas escopetas de cacería.
Al igual que en el caso de la salvaje represión en Atenco y la agresión en curso contra el pueblo de Oaxaca, la principal arma de los represores es la prensa comercial, en este caso la de Yucatán, especialmente la TV, de entre la cual los denunciantes sólo excluyen a Por Esto!
En pleno siglo XIX… perdón siglo XXI, mientras liberales y conservadores se disputan la silla, abajo se dedican a reprimir a los indígenas y campesinos en Atenco, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y un vasto etcétera.

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