El gobierno burla la ley en La Parota

Por Zósimo Camacho (recibido de Prensa Indígena)

Red voltaire, Acapulco, Guerrero, 12 de junio.- Mediante asambleas ejidales espurias, asesinatos y repartos de dinero y material para construcción, se busca imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota. A pesar de tres resoluciones del Poder Judicial Federal que prohíben hacer obras en los territorios comunales y ejidales, el gobierno de Zeferino Torreblanca y la CFE no cejan en la construcción de la presa. Los campesinos se dicen “dispuestos a morir” antes que ser echados.

Debajo de una modesta palapa que se levanta al borde de la carretera rumbo al pueblo de Dos Arroyos, una treintena de campesinos, hombres y mujeres, “custodian” la entrada a las comunidades pertenecientes a este municipio. La luz de la luna a ratos es disipada por esporádicas cúmulus que presurosas atraviesan una bóveda pletórica de estrellas. De las sombras emergen silenciosas parejas de ancianos o jóvenes solitarios que llegan para relevar hasta por siete días a sus parientes, vecinos o amigos.

Un ritual que se cumple puntualmente semana a semana desde hace casi cuatro años, cuando el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) decidió instalar retenes para evitar el ingreso de maquinaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Hombres -de huaraches, sombrero costeño, machete y manos gruesas y callosas- y mujeres -de cabeza cubierta por rebozo, que bordan ropas y manteles- indistintamente platican de sus faenas cotidianas en la milpa o el monte, el Plan Puebla Panamá, “espantos a los que ni los perros les ladran”, el Fondo Monetario Internacional, mujeres monstruosas que se aparecen en los caminos, y la presa que los gobiernos federal y estatal pretenden construir en sus tierras.

Han reforzado los campamentos luego de que, con la argucia de trazar carreteras para el beneficio de las comunidades, la CFE y el gobierno estatal, encabezado por Zeferino Torreblanca, continúan la construcción de la presa. El último intento fue una convocatoria irregular a una asamblea de los bienes comunales de Cacahuatepec para el pasado 6 de mayo, donde se “aprobaría” la venta de las tierras de la comunidad.

Cuando era candidato a gobernador, el perredista les había prometido a los campesinos que, de ganar, la presa no se construiría. “De qué se preocupan; mejor échenme la mano; si yo llego a triunfar, La Parota no va”, les habría dicho Torreblanca, según Venus Hernández, de la comunidad de Agua Caliente, perteneciente a los bienes municipales de Cacahuatepec. “Hasta votamos por él y lo impulsamos para que ganara. Y sí estamos muy enojados con él porque nos traicionó.”

»»Desacato de autoridades.- El gobernador no sólo ha encabezado marchas para demandar la realización de la presa, sino que ahora impulsa la construcción de carreteras “en beneficio de las comunidades” que, curiosamente, son las mismas que la CFE intentó construir antes de que sus trabajos fueran suspendidos por los campesinos. Se trata de los caminos que van de Tunzingo a San Isidro Gallinero y de Dos Arroyos a Altos del Camarón.

Aunque las obras son realizadas por el gobierno estatal, ambas carreteras son fundamentales en el “Proyecto Hidroeléctrico La Parota”, documento de 16 hojas elaborado por la Dirección de Proyectos de Inversión y la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE.

Con las obras, en las que estaría participando de manera encubierta la propia Comisión Federal, se violan las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Unitario Agrario 41 y la orden emitida por un juez federal, las cuales impiden a la CFE hacer cualquier trabajo relacionado con la construcción de la hidroeléctrica en los núcleos agrarios de Cacahuatepec, Dos Arroyos, La Palma y Los Huajes.

Para construir la carretera de Dos Arroyos, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg) autorizó un presupuesto de 6 millones de pesos, según un oficio que la propia dependencia dirigió a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria.

Y es que luego de que los ejidatarios y comuneros acreditaran que las asambleas donde supuestamente habían aceptado la expropiación de sus tierras habían sido fraudulentas, el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Acapulco resolvió el 12 de septiembre de 2006 los expedientes de amparo 637/2006, 638/2006 y 821/2006 a favor de los campesinos.

Así, ordenó al Tribunal Unitario Agrario 41 que emitiera las medidas de protección necesarias que resguardaran las tierras de Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma para que se evitara “la ejecución de obras y acciones relacionadas con el proyecto hidroeléctrico La Parota”. El Tribunal, mediante los acuerdos 72/2006, 73/2006 y 74/2006, el 10 de octubre de ese año notificó legalmente a la CFE la imposibilidad de ingresar a los territorios de las comunidades mencionadas.

Una semana después el Tribunal también resolvió que la Comisión no podía llevar a cabo obra alguna en núcleo comunal de Cacahuatepec. Para el coordinador de defensa integral del Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Patrón, es claro que los gobiernos de Felipe Calderón y de Zeferino Torreblanca han iniciado “una estrategia de imposición” del proyecto.

“Hemos podido constatar que las autoridades, tanto estatales como federales, no están actuando conforme a Derecho. Han sido ellos quienes han violentado la ley. Y eso para los campesinos ha sido un mensaje claro: que acudan a las instancias que acudan, los gobiernos van a seguir con la estrategia de imposición del proyecto.”

Y es que el centro de derechos humanos apoya sus denuncias con fotografías en las que se observan transitar camiones de “transporte de personal” de la CFE por territorios en los que el Tribunal les prohibió el ingreso.

»»“La tierra no se vende”.- Desde una meseta del Cerro de los Mayos, donde la CFE había iniciado las excavaciones para construir la cortina de la presa, se observa, cual serpiente esmeralda, el río Papagayo. Las apacibles aguas se abren paso entre montes de amate, brasil, ciruelo y cuachalalate. Las parotas crecen, generosas, con las raíces sobre la tierra y las amplias copas dispuestas cuales manos de dedos extendidos.

Juan García, de la comunidad Garrapatas, Fidel García, de Arroyo Verde, y Florentino Santos, de Salsipuedes, hablan a la entrada del túnel que la Comisión abrió con base en explosiones de dinamita. Intercalan sus disertaciones con pedradas al interior de la cueva que hacen salir atropelladamente decenas de murciélagos. “La tierra no tiene precio. Aunque nos dijeran que nos van a pagar con el mejor dinero del mundo, nosotros no la vamos a vender.

Nunca hemos molestado a nadie, sólo somos campesinos y queremos seguir siendo campesinos. Yo no me hallo en las ciudades y no sé ni de qué podría trabajar allá”, dice Florentino, de 65 años. “Y nuestros abuelos, ¿a poco van a andar flotando en el agua? Ni crean que lo vamos a permitir”, dice Fidel, de 55 años, en alusión a que dentro de las 17 mil hectáreas que se pretenden inundar junto con 36 comunidades y 16 núcleos agrarios, se incluyen los panteones.

“Sí es por nuestros hijos por lo que luchamos, pero también por nuestros abuelos. Ellos derramaron sangre para que tuviéramos las tierras y no vamos a dejar que nos las quiten”, sentencia Juan. El campesino vuelve la mirada lentamente hacia los montes selváticos y agrega: “Yo nunca voy a ver una presa aquí. O porque nunca la van a hacer o porque me mataron para hacerla”.

Aunque la mayoría de los pueblos se mantienen firmes en el rechazo a la expropiación de las tierras, la CFE y el gobierno del estado lograron articular un movimiento antagónico al CECOP. En Dos Arroyos, como en otras comunidades, prácticamente opositores y promotores de la presa se dividen por mitad. La estructura del pueblo se ha resquebrajado y por momentos parece que los vecinos, que no apean el machete, están a punto de enfrentarse.

Unos son tachados de “vendidos” y otros de “revoltosos”. No compran en las mismas tiendas y tortillerías, ya tampoco comparten las fiestas patronales, pues cada grupo realiza la suya. A las bodas, velorios o bautizos sólo vamos si son de gente que está con el CECOP. Ellos tampoco vienen si son eventos nuestros”, dice Julián Blanco.

El comisario municipal, Gildardo Gallegos, a quien el CECOP califica de “líder de los vendidos” en Dos Arroyos, rechaza que promueva la construcción de la presa y la venta de las tierras. Dice que no puede pronunciarse a favor o en contra del proyecto hasta que la CFE y el gobierno del estado le informen cuánto pretenden pagar por metro cuadrado. “Es una mentira que yo esté a favor de la presa. De entrada, te puedo decir que no me gusta esa idea; pero vamos a ver cuánto ofrecen y en qué consiste el proyecto.

Si no nos conviene, vamos a decir que no. Y si sí nos conviene, no veo por qué sea malo que vendamos”, dice. Reconoce que ha recibido 3 mil pesos de parte de la CFE para “proyectos productivos” y otros “apoyos”. En su domicilio guarda el equipo utilizado en las clases de peluquería que la Comisión impulsa en el pueblo para “capacitar” a los lugareños en caso de que tengan que dejar sus tierras.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, considera que “en el fondo lo que se quiere es producir energía; pero ésta no es para el servicio de los campesinos ni de los acapulqueños ni guerrerenses. Sabemos que éste es un negocio de empresas trasnacionales. Lo que se quiere es atraer inversión extranjera”.

El antropólogo agrega que se violan los derechos humanos de los campesinos al no informarles los planes que se tienen para sus tierras y al intentar desplazarlos sin su consentimiento. “En este sistema, los pueblos siempre son los damnificados. En la Montaña, la gente emigra: es desplazada por la miseria, por la falta de inversión. Y aquí, en La Parota, son desplazados porque hay inversión. O sea que, de todos modos, las comunidades campesinas sufren despojo.”

»»Obras que quedarán inundadas.- San José es uno de los pueblos que, de acuerdo con el mapa del proyecto oficial de la presa elaborado por la CFE, quedaría completamente inundado. La paupérrima comunidad es una de las “ganadas” por la Comisión Federal al CECOP. Las calles fueron revestidas con cemento y junto a las casas de adobe ya se erigen paredes de tabique. Se introdujo por primera vez la luz eléctrica, el drenaje y el agua potable.

Además, se construyó una cancha de baloncesto y se remozó la iglesia. Todo lo pagó la CFE y así se destaca en anuncios espectaculares colocados en las laderas que rodean a esta comunidad de la Costa Chica. “Pues nosotros sí aceptamos todo lo que nos da la Comisión aunque nos digan vendidos”, dice Ernestina Acevedo, habitante de la comunidad.

¿Les informó la Comisión que, de realizarse la presa, tendrán que abandonar este lugar?

-Sí, pero nos dijo que nos conviene aceptar todo lo que se nos dé, porque así nos tendrán que reubicar en un lugar que cuente con todos estos servicios.

¿Les pidieron algo a cambio?

-No… Bueno, nomás que vayamos a todas las juntas que ellos nos digan y que no apoyemos al CECOP.

Quienes han aceptado dinero de la CFE se muestran apenados y dicen: “aunque nos opongamos nos van a quitar; mejor que nos den algo”. Por su parte, el CECOP se ha adherido a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y es integrante de la Otra Campaña.

Sobre la promesa de apoyo que arrancaron al subcomandante Marcos, en caso de una intervención del Ejército, don Florentino dice: “Pues sí, fueron buenos ánimos los que nos vino a dar el EZLN; pero de por sí nosotros le vamos a entrar a los trancazos si se encapricha el gobierno a hacer la presa. Ya estamos decididos y, aunque los zapatistas no nos apoyaran, nosotros nos vamos a morir peleando”.

Primera Caravana de Monitoreo Ambiental de Puebla y Tlaxcala

27-06-07, Por Javier Puga Martínez

En un hecho sin precedentes en México y Latinoamérica, este fin de semana 27 organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo la primera Caravana de Monitoreo Ambiental de Puebla y Tlaxcala, que reunió a más de 600 pobladores de unas 30 comunidades y pueblos de esos estados, y algunos más de Morelos, los cuales realizaron un recorrido por parte de los lugares más contaminados de la región.

La Caravana de Monitoreo Ambiental recorre la región y toma muestras de la contaminación.

En un hecho sin precedentes en México y Latinoamérica, este fin de semana 27 organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo la primera Caravana de Monitoreo Ambiental de Puebla y Tlaxcala, que reunió a más de 600 pobladores de unas 30 comunidades y pueblos de esos estados, y algunos más de Morelos, los cuales realizaron un recorrido por parte de los lugares más contaminados de la región, como la laguna de Acuitlapilco, la presa de Texcalac y las comunidades de Villa Alta, de Santa Ana Xalmimilulco y San Francisco Ocotlán

Dicha caravana estuvo apoyada por más de 15 investigadores y académicos de la UNAM, de la Universidad Autónoma Chapingo, así como del Colegio de Posgraduados. Levantaron muestras del agua y la tierra de Acuitlapilco, Texcalac y Villa Alta, Tlaxcala, además de Santa Ana Xalmimilulco y San Francisco Ocotlán, en Puebla para poder analizarlas en laboratorios.

Los resultados serán presentados en una próxima conferencia de prensa, que posiblemente sea este jueves. Con pruebas en la mano darán a conocer a las autoridades federales, estatales y municipales la impunidad con la que empresas nacionales y extranjeras, zonas residenciales y ciudadanos a pie contaminan fuentes de agua dulce y cientos de hectáreas de tierra cultivable, así como los efectos de la depredación ambiental en bosques y reservas ecológicas del valle de Puebla, cuyo impacto llega hasta Tecamachalco y Tehuacán, la cual siembra con las aguas negras de Valsequillo, ya que la contaminación que transportan los ríos Atoyac y Alseseca terminan en la presa que surte de agua al distrito de riego 030 de la Comisión Nacional del Agua.

A la caravana se integraron observadores internacionales españoles, quienes manifestaron que en ninguna otra parte del mundo visitada anteriormente han encontrado una contaminación ambiental como la que comparten Puebla y Tlaxcala. Pero también afirmaron que la caravana no tiene precedente en toda Latinoamérica, pues no han encontrado que tantas organizaciones y población civil se hayan reunido con la legítima preocupación por el rescate de su entorno natural.

Por cuestión de tiempo no fue posible que la caravana pudiera llegar a los tres últimos puntos de la gira: las colonias Joaquín Columbres y El Salvador, en el municipio de Puebla, y una comunidad aledaña a la presa de Valsequillo, donde decenas más de habitantes se quedaron esperando.

Sin embargo, en las próximas semanas se realizará una segunda caravana, que incluirá esos tres puntos y otros más del centro del estado y la Sierra Norte, lugares donde también hay severos casos de deterioro ambiental.

Contaminación macro–regional

Para Octavio Rosas, académico investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Puebla y Tlaxcala no son distintos a Morelos, estado de México y el Distrito Federal respecto a las lamentables condiciones de vida social y medio ambiente, pero destacó que esas cinco entidades comparten algo más: las pequeñas comunidades se están “levantando y luchando por defender su existencia, porque los estados que circundan a la ciudad de México son espacios que están siendo fuertemente agredidos por la expansión urbana”.

Aseguró que actos como esta caravana están llevando a que los pueblos vuelvan a tener conciencia de sus capacidades productivas; es decir, están retomando prácticas de economía local y de reconstrucción del tejido social comunitario para defenderse de agresiones, ya que los llamados “grandes proyectos de desarrollo” tienen su origen fuera de ellos, no les importa la opinión de la población, como tampoco se toman en cuenta las condiciones climáticas, del suelo o de los ríos de las comunidades.

“Son los pobladores los que han hecho el trabajo histórico de defender sus recursos; por eso lugares como Ocotlán, Villa Alta, Texcalac y Acuitlapilco ya reconocieron su situación y pueden empezar a realizar economías regionales para defenderse”.

Agregó que, lejos de buscar un enfrentamiento, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben respaldar a las comunidades que dicen representar; de lo contrario, serán los gobiernos los que quedarán rebasados, pues de acuerdo con lo que observó durante el recorrido de la caravana, los pueblos del valle de Puebla ya están hartos de tanto desprecio. Afirmó que las autoridades también están cometiendo omisión al no atender estas problemáticas, y no lo hacen porque los intereses a los que se enfrentarían son muy grandes o se encuentran en complicidad con otros intereses.

“No sólo están sufriendo una agresión ambiental, sino que a los impactos que hay en su salud y en su tejido comunitario lo único que obtienen de las autoridades es desprecio. Incluso se puede ver cómo en Ocotlán el presidente auxiliar está siendo ninguneado por el presidente municipal. Si las autoridades de los tres niveles no se ponen las pilas, los van a rebasar, porque la situación es prácticamente insostenible”, señaló.

Agregó que al igual que Morelos, estado de México y el DF, las poblaciones de Tlaxcala y Puebla se están uniendo para crear alternativas no violentas que les permitan recuperar sus recursos y producir para sí mismas, al margen de lo que algunas autoridades pretenden hacer como negocio con las grandes empresas.

“Lo que vimos a lo largo de la caravana fueron grandes intereses coludidos con la complicidad de las autoridades locales, estatales o federales. Incluso cuando los gobiernos municipales quieren defender a su propio pueblo se ven obligados a enfrentarse con trabas legislativas y normativas que les impiden actuar porque es de ámbito federal, como en el caso del agua”, indicó.

A pesar del desolador panorama, el investigador universitario aseguró que existe futuro para los ríos, barrancas, cuencas de agua, bosques y tierras de cultivo. La caravana demostró que hay posibilidades y alternativas.

“Un ejemplo muy claro de lo que vimos son las descargas residuales en Villa Alta, Tlaxcala. Todas las descargas de las empresas maquiladoras de mezclilla van a parar al Atoyac. Para mí fue impactante, porque a pesar de que ya habíamos escuchado el caso, el hecho de poderlo ver y constatarlo nos permite solidarizarnos, pero también para poder construir en positivo”.

Resistencia civil, el mensaje

A la caravana se sumaron Gemma Tarafa y David Ilistar, ciudadanos hispanos que son investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y que forman parte del Observatorio de la Deuda en la Globalización que, entre otras cosas, da seguimiento al impacto que tiene el capital español trasnacional en países latinoamericanos. Parte de su labor en el observatorio es demostrar que no es cierto que el capital español ayuda a desarrollar las economías emergentes “y que convierte en oro todo lo que toca”, como se afirma en el discurso oficial de aquel país europeo, y que en realidad casi siempre resulta todo lo contrario, dijeron.

Para Tarafa lo que más destacó de la caravana es que detrás de cada problema ambiental en cada comunidad existe una resistencia civil pacífica, a pesar de lo difícil de la situación “y de la impunidad de algunos poderes, la gente sigue luchando en cada lugar y enlaza estas luchas: no estás solo, porque tu vecino padece los mismos problemas”.

Doctora en biología, con especialidad en estudios sobre el cáncer, Tarafa manifestó su beneplácito porque las muestras que se recolectaron en la caravana serán analizadas con la perspectiva del impacto que tiene la contaminación ambiental en la salud de la población de esa zona recorrida. “Hay que tener pruebas sobre papel para demostrar que sí se están causando problemas a la salud”.

Subrayó que participaron como observadores, y consideró que no hay necesidad de traer apoyo extranjero para la realización de más estudios en la zona, pues destacó la labor y capacidad de científicos y académicos mexicanos.

Respecto a la contaminación que hay en Puebla y Tlaxcala, aseguró que “vimos cosas que no habíamos visto antes. Hemos estado en el Yasuní, un parque nacional de Ecuador, por problemas de contaminación de la empresa Repsol, pero no algo tan directo y visible como lo que está en Villa Alta, por ejemplo. Y sobre todo con la impunidad con la que está, ni siquiera lo disimulan. Habría que hacer un muestreo con la población y algunas cosas más, pero observamos que la relación contaminación–salud es directa”, dijo.

Señaló que no hay precedentes para esta caravana, ya que mientras en Ecuador sólo un grupo de “Amazonas” se manifestó, en Tlaxcala y Puebla más de 20 pueblos están haciendo un frente para conservar su patrimonio ambiental. “Nos llamó la atención la gente que estuvo detrás apoyando este movimiento, nos llenó de emoción eso, ver la resistencia que hay”.

Los investigadores indicaron que forman parte de la revista Ecología Política, de España, donde escribirán artículos sobre lo visto en Puebla y Tlaxcala mencionando que si bien se trata de una lucha nacional, también se debe dar a conocer en el extranjero. www.ecoportal.net

La Jornada de Oriente

Los sin tierra apuntan abajo y a la izquierda

Raúl Zibechi

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/29/index.php?section=opinion&article=024a2pol

En medio del triste panorama que presentan los gobiernos progresistas y de “izquierda” del cono sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) el reciente congreso del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es una nota de optimismo y esperanza. Se trata del primer congreso realizado bajo el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva con el que los 17 mil 500 delegados que se dieron cita en Brasilia, del 11 al 15 de junio, marcaron claras distancias.

Los anteriores habían sido convocados en coyunturas políticas especiales: el primero en 1985 durante la transición a la democracia bajo el lema: “Sin reforma agraria no hay democracia”. El segundo se realizó en 1990, en un periodo de crecimiento y consolidación del movimiento con la consigna: “Ocupar, resistir, producir”. En 1995 el tercer congreso enfrentó la oleada neoliberal y represiva buscando ampliar la lucha campesina bajo la bandera “Reforma agraria, una lucha de todos”. El último había sido en 2000, bajo el gobierno anticampesino de Fernando Henrique Cardoso, con el lema “Un Brasil sin latifundio”.

En sus 27 años los sin tierra fueron adaptándose a las diferentes coyunturas políticas, pero nunca dejaron de poner en el centro la ocupación de tierras, la producción y la educación, y fueron realizando una verdadera reforma agraria desde abajo. Hoy son medio millón de familias, 2 millones de personas en 5 mil asentamientos que ocupan 25 millones de hectáreas, en los que hay mil 500 escuelas. El MST cuenta con unos 15 mil militantes, tiene decenas de escuelas de formación y una universidad, la Escuela Florestan Fernandes, y está siendo capaz de formar a sus propios especialistas y técnicos.

En su quinto congreso, 40 por ciento de las delegadas eran mujeres, siendo uno de los movimientos del mundo que más promueven la participación femenina a todos los niveles. En esta ocasión el lema fue “Reforma agraria: por justicia social y soberanía popular”, y los principales debates se focalizaron en la comprensión del nuevo periodo de la acumulación de capital en el campo.

Marina dos Santos, de la dirección nacional, señaló que es necesario “buscar nuevas formas de lucha y de enfrentamiento con el latifundio en el campo que no sea solamente la ocupación de tierras”, que se sitúen a la altura de los desafíos que están planteando el agronegocio y las trasnacionales. Nuevos métodos de lucha e incentivar la participación de las mujeres y los jóvenes son algunos de los objetivos trazados.

Una parte de este viraje se concretó el 8 de marzo de 2006, cuando 2 mil mujeres sin tierra y de Vía Campesina ocuparon un predio de Aracruz y destruyeron sus cultivos experimentales y laboratorios, por lo que fueron criminalizadas. El 8 de marzo de este año volvieron a la carga y focalizaron sus acciones contra varias trasnacionales del agro y contra usinas de etanol, coincidiendo con la visita de George W. Bush a Brasil.

Joao Pedro Stédile, coordinador del movimiento, sostuvo que están ante un nuevo momento en la lucha por la reforma agraria, ya que deben enfrentar un enemigo mucho más poderoso. “Cuando surgió el MST la idea era la reforma agraria en la concepción clásica, que consistía en luchar contra el latifundio”, en tanto ahora “vivimos un periodo donde la hegemonía la tiene el capital financiero y la agricultura se inserta en esa nueva modalidad”. Ya no alcanza con la posesión de la tierra, sino que resulta imprescindible precisar el modelo de desarrollo alternativo.

En el análisis de Stédile, el capital busca el control de todo el espacio geográfico, “el control de la tierra, el agua, de la biodiversidad y todo lo que tiene que ver con el control tecnológico”. Por esa razón entre las principales demandas del MST destaca ahora la defensa del medio ambiente, que es una forma de profundizar su lucha anticapitalista.

Por último, los sin tierra se proponen construir la unidad de los movimientos sociales y para eso impulsan la convocatoria de asambleas populares “en los municipios, regiones y estados”, como señala la Carta del Quinto Congreso. En esta doble lucha por frenar el avance de los monocultivos de soya y caña de azúcar y a la vez tejer la unidad de los de abajo, el MST está consciente de que no puede triunfar sin convocar y movilizar al grueso del pueblo brasileño. Aunque recibió algunas muestras de apoyo de un puñado de diputados de varios partidos, el movimiento tiene claro, como expresó Gilmar Mauro, que “lo que la gente necesita no va a venir de arriba abajo” y que “la verdadera reforma agraria sólo es posible derribando el Estado burgués”.

Lo anterior está lejos de ser un viraje ideológico. Es algo más profundo: la experiencia reciente con el gobierno de Lula, que en los primeros cuatro años asentó sólo 85 mil familias frente a una meta inicial de 500 mil, sumada a la lectura de la nueva realidad, impone enfilar la barca hacia nuevos rumbos. Si por arriba se asiste a la alianza de tres tipos de capital trasnacional -las petroleras, la industria automotriz y las multinacionales del agro como Monsanto y Cargill, apoyadas por y en el aparato estatal para lanzar la carrera de los agrocombustibles-, por abajo se impone la unidad de los sectores populares y lo que queda de la izquierda. Así como el MST viene haciendo una reforma agraria desde abajo, ahora parece empeñado en construir un poder popular desde abajo; de ahí el llamado a crear asambleas populares en todo el país.

Uno de los hechos importantes del congreso es la adhesión del EZLN. Un comunicado firmado por el subcomandante insurgente Marcos señaló que el movimiento “tiene nuestra mano hermana, nuestro cariño y nuestro respeto, pero también tiene nuestra admiración”. El encuentro de los que luchan reconforta el corazón y alimenta el espíritu. Sobre todo en este periodo tan difícil para los movimientos sociales que, ante la alianza de los gobiernos con las multinacionales y el imperio, no tienen otra opción que profundizar el combate por alumbrar un mundo nuevo.

En Tantoyuca, organización del FNLS denuncia contaminación ambiental

Basureros a cielo abierto contaminan en Tantoyuca
Afectado el río Calabozo
Polución alcanzaría a Platón Sánchez, Tempoal, El Higo y Pánuco
Necesitan planta tratadora de aguas
Buscan apoyo para separar y reciclar basura
Se quejan de abandono gubernamental

Javier Hernández Alpízar, Jalapa, ver.– Ciudadanos de Tantoyuca, Ver., se quejan de la contaminación del río Calabozo y otros cuerpos de agua, por la presencia de tiraderos de basura a cielo abierto y la costumbre de quemar los residuos.
Piden a los gobiernos municipal, estatal y federal, que apoyen la construcción de una planta tratadora de agua, un relleno sanitario y quieren impulsar un centro de acopio de basura para hacer compostas, reciclar plásticos y disminuir la cantidad de basura.
En entrevista, Aureo Figueroa Trujillo, presidente del Movimiento Democrático de la Huasteca Veracruzana, organización integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), de Tantoyuca, declaró:
“El problema que traemos a denunciar a la ciudad de Jalapa es la contaminación en el municipio de Tantoyuca, originada por los basureros que están operando a cielo abierto. Algunos ya los logramos clausurar, pero nunca se hizo el saneamiento. Otros continúan con la vieja costumbre de la quema de basura, las 24 horas. Lo cierto es que los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Tantoyuca se encuentran totalmente atascados de basura.”
Es una zona geográfica donde hay muchas barrancas, explicó Figueroa Trujillo: “No hay un lugar donde no haya barrancas. Actualmente, si no hay basura que esté depositando el ayuntamiento, son barrancas de aguas negras.”
La polución afecta al río Calabozo, señaló: “Sobre sus corrientes fueron depositadas más de 25 mil toneladas de basura en este trienio, donde está como presidente municipal el doctor Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. Es la administración que nos vino a acabar de desgraciar en el municipio en cuanto a la contaminación”. Es del PAN, agrega el entrevistado, “del partido del famoso cambio, y sí hay un cambio, porque ahora la mayoría de las aguas están totalmente contaminadas.”
De visita a Tantoyuca, agrega, fue el diputado perredista Agustín Mantilla Trolle, “en su calidad de secretario de la comisión de salud. Se comprometió, incluso, Leonor de la Miyar Huerdo a hacer un sobrevuelo para ver esa situación y ubicar un relleno sanitario. Pero no se hizo. Fuimos a ver al doctor Eduardo Córdoba Castillo. Se comprometió a que iba a mandar personal, jamás lo ha mandado hasta la fecha.”
Por eso han decidido darle difusión a su problema: “Estamos tratando de dar a conocer este documental que apenas elaboramos (un video). La idea es llevar esto hasta las últimas consecuencias. Pasar por las dependencias que estén involucradas en este asunto”.
Aureo Figueroa Trujillo admite que es un problema de todos: “Somos conscientes que como ciudadanos, en menor grado, hay que aclararlo, sí hemos contribuido a esta contaminación en Tantoyuca. Pero hay que ser claros en que la mayor parte de esta contaminación ha sido generada por las administraciones gubernamentales y algunas instituciones que todos sabemos que son muy favorecidas por equis gobernante que está en el poder. Ahorita se trata de que los gobiernos, municipal, estatal y federal, empiecen a meter las manos para dar una solución de fondo.”
En Tantoyuca, considera el presidente del Movimiento Democrático de la Huasteca Veracruzana, “estamos abandonados por el gobierno del estado, en este caso, el licenciado Fidel Herrera Beltrán. Parece que nosotros tenemos alguna especie de lepra, porque no nos visita. Pasa por arriba, se va a Pánuco. Se va a otros lugares, pero Tantoyuca no lo está visitando, no está poniendo atención. En Tantoyuca nos falta un relleno sanitario, nos falta una planta tratadora de aguas residuales. No tenemos una planta potabilizadora y con esta contaminación, pues nos van a dar en la torre. No hay un entubamiento de las aguas negras. Lo que estamos planteando es que queremos rescatar el río Calabozo. Queremos que se hagan esas obras, creemos que son importantísimas. Ya no hay cabida para decir que no se pueden hacer. Hay tres decretos, oficialmente publicados, donde está ordenada la construcción de una planta tratadora de aguas residuales. Pero Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, actual presidente municipal, pide una prórroga y dice que en este año la va a entregar totalmente terminada. El señor le dejó la presidencia a su hermano Omar, su otro hermano, Jesús, va como candidato a la presidencia, y él se va la diputación. No se puede estar jugando así con la salud del pueblo.”
El entrevistado, integrante también del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), concluyó con un llamado: “Ojalá el licenciado Fidel Herrera Beltrán tome cartas en el asunto, porque esto es urgente. No creemos necesario que se dé una catástrofe o una epidemia. Sería una epidemia tremenda, porque estamos hablando de Tantoyuca, Platón Sánchez, Tempoal, El Higo, Pánuco. Vaya, no es un chiste, que estemos tratando de alarmar a la población. No. Es algo serio. Vamos a buscar el apoyo en los medios. Vamos a demostrar con pruebas que estamos hablando de una cosa seria.”
Ya hay enfermedades, agrega. “Pegado al río Calabozo, en el arroyo Santa Cristina, donde fueron depositadas las 25 mil toneladas de basura, hay personas que se meten a bañar a ese manantial y en la piel les sale, nosotros le llamamos allá ‘sarna’, pero empiezan a brotarles granos rojos en la piel. Es producto de la contaminación.”
Con su visita a la ciudad de Jalapa, la finalidad de los integrantes del Movimiento Democrático de la Huasteca Veracruzana- FNLS “es buscar apoyo de diferentes profesionistas, personas progresistas que nos quieran apoyar, que nos quieran asesorar en la construcción de centros de acopio. Sabemos que quizás no sea la solución, pero estamos conscientes de que va ayudar a disminuir la contaminación en Tantoyuca. Queremos implementar compostas, para obtener abono natural. Queremos buscar la manera de convertir el plástico en tablas, polines o postes para cercar los solares. Darle a todo ese deshecho una utilidad, que no siga contaminando. A ver si encontramos a alguien que nos quiera apoyar para sacar adelante estos centros de acopio en Tantoyuca”, dijo Figueroa Trujillo.

ACCION URGENTE: Destruyen la de casa de Lupita Lara defensora de derechos humanos, Arcediano, Jal.

Al Presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa
Al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Al Presidente del Supremo Tribunal Agrario, Jorge García Villalobos Gálvez
Al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera
Al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Jorge Zermeño Infante
Al Gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez
Al Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Celso Rodríguez González
Al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, Samuel Romero Valle
 
P R E S E N T E
 
ACCION URGENTE
 
Destruyen la de casa de Lupita Lara defensora de derechos humanos
 
Las organizaciones integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER Jalisco, externamos nuestra preocupación por los irreparables hechos ocurridos el pasado miércoles 20 de junio del presente, en la comunidad de Arcediano, Municipio de Guadalajara, Jalisco, donde el gobierno del estado  pretende construir la Presa de Arcediano para abastecer de agua a más de tres millones de habitantes de la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco, México. Esta presa estaría ubicada sobre el río Santiago, uno de los ríos más contaminados del país y recipiente por décadas de aguas residuales municipales e industriales sin tratamiento alguno.
 
ANTECEDENTES:
Este proyecto desde sus orígenes ha estado plagado de situaciones irregulares como:
                                                                                                                      
1.                  La zona donde se planea construir la presa en la Barranca Huentitán-Oblatos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco, fue designada Zona de Protección Forestal (1934), Área Natural Protegida con carácter de Zona sujeta a Conservación Ecológica (1997) y  Zona de Protección Hidrológica Municipal (2003).
 
2.                  Diversos estudios de la Universidad de Guadalajara y de la propia Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA) demuestran que el río Santiago contiene altas concentraciones de contaminantes orgánicos y metales pesados de alta toxicidad  como plomo, cromo, cadmio, arsénico, mercurio y cianuro que pueden ocasionar en las personas, alteraciones al sistema reproductivo y cáncer, entre otras graves enfermedades.
 
3.                  Existen quejas formales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y procesos ante autoridades jurisdiccionales, trámites que a la fecha siguen en investigación por violaciones de derechos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la legalidad, de audiencia y defensa, al libre tránsito y a la manifestación libre de ideas, violaciones efectuadas por autoridades estatales en el avance de la presa.
 
4.                  El Decreto 19985 del Congreso del estado de Jalisco (2003) autorizo al Poder Ejecutivo del estado contratar un crédito por la cantidad de $6,700,000.00 pesos para la “Construcción de un Sistema de Captación y Bombeo en el Río Verde”.  La presa se pretende construir sobre el río Santiago.
 
5.                  El Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió: “exhortar a las autoridades competentes para que ordenen la suspensión de las obras de construcción de la presa del Arcediano, hasta en tanto se realice un estudio integral sobre las implicaciones a la salud humana” (2006).
 
6.                  La Organización Panamericana de la Salud (OPS)  realizó la primera fase del estudio de “Evaluación de Riesgos e Impactos a la Salud en la Población de la Zona Conurbada de Guadalajara por la construcción de la Presa de Arcediano” (2007)  y demostró que de ninguna manera se puede alcanzar la descontaminación del río Santiago antes de terminar la presa, además de evidenciar la ausencia de canales de participación ciudadana, el débil involucramiento del sector salud y los grandes vacíos de información, relativa a la calidad del agua de los ríos Verde y Santiago.
 
7.                  La obra actualmente carece de un proyecto ejecutivo que señale las características de la cortina, costo total de la obra, métodos y costos de la potabilización, etc.
 
HECHOS:
El miércoles 20 de junio del presente  de las 5:00 a las 9:00 de la mañana, elementos del gobierno del estado de Jalisco demolieron la casa de la Señora Guadalupe Lara Lara, última habitante en resistencia del poblado de Arcediano, sin notificación previa, ni a ella, ni a sus representantes legales, a pesar de que estaba protegida mediante los amparos federales vigentes 1496/2003 ante el juzgado 4to. de distrito en contra de despojo, desalojo y demolición de su casa, 67/2004 ante el juzgado 2do. de distrito en contra de la destrucción de su casa por la construcción de la cortina, además del expediente 65 derivado del juicio agrario 104/2004 por  la posesión y titularidad de derechos entre el Ejido.
 
Las autoridades locales han argumentado que se trata de un procedimiento de expropiación promovido por la Secretaría General de Gobierno del Estado ante tribunales estatales. Sin embargo, proceder a expropiar y a demoler es un acto absolutamente ilegal dado que los terrenos al ser ejidales  pertenecen al orden federal  y es en todo caso, la Secretaria de la Reforma Agraria o la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales las que pueden intervenir en esos terrenos.
 
Denunciamos por estos hechos al Gobernador del Estado de Jalisco Emilio González Márquez, al Procurador General de Justicia Tomás Coronado Olmos. A la Jueza Sexto de lo Civil Marissa Vargas Castolo, por ordenar la expropiación, dado que no  tenía jurisprudencia sobre el caso; y al Juez Cuarto  de distrito Juan Manuel Villanueva Gómez, por no haber resguardado el derecho jurídico de  la señora Guadalupe Lara,  negándose  a hacer valer la ley de amparo.
 
Por todo lo antes expuesto EXIGIMOS:
 
1.       Se investiguen los hechos y se castigue a las autoridades responsables  de la demolición de la casa de la Señora Guadalupe Lara Lara.
2.        Se conforme una Comisión Especial en el Congreso del estado de Jalisco que  investigue y llame a cuenta al Gobernador y al Procurador por los hechos ocurridos.
3.       Se detengan las obras de Construcción de la Presa de Arcediano y se cancele la presa definitivamente, debido a que está suficientemente comprobado el riesgo que representa para la salud de la población y su inviabilidad.
 
ATENTAMENTE,
 
Movimiento de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos del Estado de Jalisco
 
C.c.p. Juan Rafael Elvira Quesada, Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales .
C.c.p.  José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
C.c.p. Cesar Coll Carabias, Director de la Comisión Estatal de Agua del Estado de Jalisco.
C.c.p.  Carlos Manuel Barba García, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
 
Presidente de la República Mexicana
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, DISTRITO FEDERAL, México
(55) 27891100
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación
MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
MINISTRO PRESIDENTE
Conmutador: 5130-1000
Teléfono Directo: 5130-1303
Ext1. 1303 / Ext2. 1304
scjn_presidencia@mail.scjn.gob.mx
Fax:5522-0152
TelRed: 8 101-1303
Piso/Puerta:2°/3004
Calle: Pino Suárez No. 2
Colonia: Centro
Delegación o Municipio: Cuauhtémoc C.P. 06065
 
Tribunal Superior Agrario
Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez
Magistrado Presidente
rgarciavillalobos@tribunalesagrarios.gob.mx
Fax 01 55 52 07 47 49
Orizaba 16 Col. Roma, 06700, México D.F.
 
Senado
Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
Torre del Caballito
Piso 17, Oficina 1
Reforma 10
Col. Tabacalera
México DF, 06030
 Teléfono
53-45-30-00 Ext: 3165,3274
Fax
5050
Correo electrónico
beltrones@senado.gob.mx

Congreso de la Unión
Dip. Jorge Zermeño Infante (Licencia)
Presidente de la Mesa Directiva
Correo Electrónico:  jorge.zermeno@congreso.gob.mx
 
Congreso Jalisco
Samuel Romero Valle
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco
Correo Electrónico: samuel.romero@congresojal.gob.mx
Teléfonos: 3679-1566 Extensiones: 1682  Fax. Ext. 1666
 
Gobernador de Jalisco
Emilio González Márquez
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
emilio.gonzalez@jalisco.gob.mx
 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Mag. Celso Rodríguez González  
Presidente                                                                                                 
Conmutador        12 00 15 00  Ext    303
 
CON COPIA A:
 
SEMARNAT
Ing. Juan Rafael Elvira Quesada 
Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Teléfono:   5628 0602 al 05
Red: (Red 300,349 Red de Voz: 10901)
Email:  c.secretario@semarnat.gob.mx
Fax:  56-28-06-43
 
CNDH 
Dr. José Luis Soberanes Fernández 
Edificio Héctor Fix Zamudio.  Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6° piso, 
Col. Tlacopac San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040. 
Teléfonos: 17 19 2000 Exts. 8293 y 8280
 
CEA
Comisión Estatal del Agua de Jalisco 
Ing. César L. Coll Carabias 
Director General 
ccoll@ceajalisco.gob.mx 
Tel: 3030 9310 ext. 105
 
CEDHJ
Carlos Manuel Barba García
Pedro Moreno 1616, Colonia Americana
Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160
Teléfono y fax: (01 33) 3669 11 01
cedhj@infosel.net.mx

Marín y la Corte, el efecto precioso

Jenaro Villamil

México, D.F., 26 de junio (apro).- Si alguna duda existía de las dimensiones y las redes de la mafia política y económica involucrada en el caso de la periodista Lydia Cacho en contra del gobernador poblano Mario Marín, la decisión de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia confirman hasta dónde pueden llegar las presiones e intereses de esta compleja interacción de intereses.

La decisión de posponer, a pesar de las explicaciones del ministro Juan Silva Meza y del apoyo de su homólogo, el expresidente de la Corte, Genaro Góngora Pimentel, sólo se pueden entender en el contexto de la presión de los clanes priistas que han tomado el caso de Marín y del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz como una pieza de cambio y de negociación con el gobierno de Felipe Calderón, necesitado como nunca de los votos de los legisladores del PRI para sacar adelante su reforma fiscal. 

No en balde, el mismo día que decidieron los ministros posponer su resolución, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, reprochó que el Poder Judicial quiera utilizar los casos de Jorge Hank Rohn, aspirante a gobernador de Baja California, y del poblano Mario Marín, para “dejar fuera” al PRI de las decisiones nacionales. En el clásico estilo críptico de la petición que puede ser una amenaza, Beltrones les solicitó a los ministros actuar con “inteligencia” en relación con el góber precioso.

En realidad, a estos grupos de poder no les interesa la justicia ni aclarar la colusión de intereses involucrados en las redes de pederastia, cuya punta del iceberg fue documentado en un trabajo valiente de la periodista Lydia Cacho. Les interesa pactar impunidad. Buscan que el estado de cosas no se modifique un ápice porque eso significará transformar uno de los fundamentos de la clase política mexicana: las complicidades criminales.

Sin embargo, el escándalo les ha salido del control y cada día que pase el efecto precioso tendrá derivaciones de escándalo internacional. Para documentar estos efectos podemos mencionar los siguientes elementos:

1. La carta firmada por todos los directores cinematográficos, por intelectuales, periodistas y dirigentes sociales para apoyar la investigación de la Suprema Corte, fue prácticamente ignorada por los medios masivos de comunicación mexicanos, a pesar que se convirtió en una nota de dimensión internacional, tal como apuntó la analista Denise Dresser. Televisa no le dedicó ni diez minutos a este desplegado en sus espacios informativos. Si acaso, sólo difundió editadas unas palabras de Lydia Cacho, quien manifestó su preocupación por indicios de “corrupción” en la Suprema Corte de Justicia al haberse filtrado partes del expediente de mil cuartillas. En contraste, el periódico español El País publicó una página en su edición del lunes 25 documentando el escándalo. Agencias informativas como Reuters, EFE, AP y cadenas televisivas como CNN han seguido puntualmente el escándalo. La entrevista de Carmen Aristegui, en el canal de CNN en español, con Lydia Cacho, tuvo una inmediata repercusión.

¿Por qué los medios masivos han minimizado este caso? Se trata de uno de los escándalos más claramente documentados por el periodismo mexicano. ¿Hasta dónde llega el poder de millones de pesos invertidos en campañas de imagen pública por el gobernador Mario Marín? ¿Hasta dónde los “buenos oficios” de Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados priistas en San Lázaro, amigo de las televisoras y uno de los personajes mencionados en el libro de Lydia Cacho pueden provocar este fenómeno de autocensura?

2. En el estado de Puebla, la situación social y política se enrarece cada vez más como parte del efecto precioso. Auténticas purgas se han realizado en los periódicos, en las estaciones de radio y, sobre todo, en espacios universitarios como la Universidad de las Américas (UDLA), de todos aquellos periodistas, columnistas, alumnos de comunicación y profesores que tengan la osadía de criticar a Mario Marín, que apoyen la denuncia de Lydia Cacho y que demandan una profunda investigación en torno al poder corruptor del empresario Kamel Nacif.

Particularmente grave es la situación en la UDLA. En otro tiempo, esta universidad se destacó como un espacio crítico, plural y de alta calidad académica. A raíz de la llegada del escritor Pedro Angel Palou, exsecretario de Cultura en los dos últimos gobiernos priistas, a la rectoría de esta universidad, los casos de abusos y de presiones contra profesores y alumnos se han incrementado.

A Palou ya lo llaman el rector precioso, en clara referencia a su apoyo a Marín –cuyos hijos estudian en la UDLA– y por los nada claros vínculos de la familia Jenkins –que se han apropiado del patronato de la universidad– como constructores de ciertas obras financiadas por el gobierno estatal marinista. 

A los alumnos que editan el periódico estudiantil La Catarina, el equipo de Palou los ha censurado desde que tuvieron la osadía de invitar a Lydia Cacho al Congreso de Comunicación que organizaron en octubre de 2006. Ahora, los editores y colaboradores de esta publicación son señalados como “incómodos” por un rector que aspiró a encabezar un nuevo grupo intelectual con asiento en Puebla.

Como la cadena de abusos y arbitrariedades se va concatenando, Palou también ha despedido en las últimas tres semanas a una decena de profesores, la mayoría con posgrados y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), para acallar las voces críticas que le han reprochado su proclividad con el gobierno de Marín. Entre esos profesores recientemente corridos se encuentran Claudia Magallanes Blanco, Jorge Alberto Calles Santillana y Anthony Castells, este último profesor de origen catalán que fungió como asesor de los editores de La Catarina.

El ambiente de censura no es mejor en otros espacios académicos como la propia Universidad Autónoma de Puebla (UAP), en donde se resienten también las presiones del góber precioso. Sin embargo, el caso de la UDLA ha traspasado el territorio poblano por las graves implicaciones políticas y académicas que están involucradas.

3. El otro efecto precioso es la transformación de una buena parte de la prensa poblana en espacios copados por Marín para acallar cualquier sombra de crítica y para emprender ataques ominosos contra Lydia Cacho y contra todos aquellos que osen acreditar o simplemente investigar la cadena de abusos que se ha articulado en torno al caso.

El ejemplo más claro de esta cooptación fue el operativo de “filtración”, a través de la oficina de Comunicación Social del gobierno poblano, sobre partes del dictamen de la Suprema Corte de Justicia y, en especial, sobre las presuntas irregularidades que la defensa de Mario Marín, encabezada por el despacho de Alonso Aguilar Zinser, encontró en este dictamen.

Se trató claramente de un operativo para inducir a la opinión pública y para presionar a los ministros de la Corte. No han sido pocos los poblanos que se preguntan de dónde salen y a cuánto ascienden los recursos que Mario Marín ha destinado en defenderse y en cooptar a periodistas, columnistas, comentaristas y espacios mediáticos.

La última línea de esta historia no se ha escrito, pero la cadena de abusos seguramente se incrementará en las últimas semanas. En tanto, ninguno de los “distinguidos” priistas que defienden a Marín ha osado dirigir una sola palabra en favor de las niñas y los niños víctimas de este crimen organizado que es la pornografía y la pederastia usufructuada por nuestros preciosos pillos.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

Académica explica reforma salinista al artículo 27

CONSTITUCIÓN IMPIDE A INDÍGENAS POSEER TIERRAS; LA TENDENCIA ES HACIA LA PRIVATIZACIÓN
– Sólo un tercio de la tierras se regularizaron
POR EDITH ESCALÓN (PRENSA UV)
 
  Una reforma al Código Agrario, realizada en 1992, les quitó a los pueblos indígenas y grupos comunales el derecho a poseer tierras, establecido en la Constitución desde 1917, lo que representa un paso atrás en materia de reconocimiento y propiedad indígena, aseguró Filiberta Gómez Cruz, investigadora de la Universidad Veracruzana (UV).
 
“Ahora la tendencia es hacia la privatización, pese a que son esos grupos indígenas a los que la Constitución del 17 buscaba restituir el derecho a la propiedad”, dijo la académica durante el coloquio Entre los Derechos Individuales y Sociales, organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la UV, en Xalapa.
 
Aunque reconoció que existen muchos núcleos agrarios que no lograron regularizar sus propiedades en décadas -sólo 32 por ciento de los 11.3 millones de hectáreas lo hicieron, señaló que las reformas a los estatutos de la ley marcaron en los derechos indígenas un retroceso sin precedente.
 
“Es cierto que en 2001 la Constitución admitió en nuestro país una composición pluricultural, la libertad y la autonomía de los pueblos indígenas pero, desafortunadamente, en 1997 lo que impera es el libre mercado, la propiedad ejidal y no la comunal, y la tendencia a privatizar, y eso ha ocasionado severos conflictos agrarios.”
 
De hecho, dijo que en los más de 400 municipios indígenas del país se concentran los problemas agrarios más complejos, que se estima abarcan más de dos millones de hectáreas, además de que representan con mayor énfasis los obstáculos que implican la aceptación de nuevos proyectos.
 
La investigadora aseguró que por la relación estrecha de los pueblos indígenas con la tierra, detentan la custodia de los recursos naturales con respeto, y no sólo como una obligación: “Si ellos tienen cada vez menos tierra, y resguardan el 90 por ciento de las selvas y bosques del país, los que perdemos somos todos”.
 
Con miras a una cercana reforma del Estado, la investigadora dijo que resulta fundamental reformar el Artículo 2 de la Constitución y reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas. (06/junio/07)

Gobierno chiapaneco agrede al FNLS

Situación de la Violencia en Petalcingo, Chiapas

Comité Cerezo, Ejido Petalcingo, Municipio de Tila, Chiapas, a 13 de Junio de 2007.
 
A los medios de comunicación de Chiapas, México y el mundo.
A los organismos defensores de los Derechos Humanos.
A la opinión pública estatal, nacional e internacional.
 
En Chiapas la legalidad es violada sistemáticamente por las propias autoridades gubernamentales. Lo sucedido el pasado lunes 11 de junio en el ejido Petalcingo es una clara muestra de que en Chiapas nada ha cambiado: siguen reinando la ilegalidad, la violencia impune de los caciques locales y el contubernio en todo ello de las diferentes dependencias gubernamentales.
 
Desde hace varios meses el MRPS–FNLS ha realizado denuncias públicas y movilizaciones en contra de las maniobras turbias del presidente municipal de Tila, Juan José Díaz Solórzano, con las que trata de imponer un proyecto de agua potable enmarcado mañosamente dentro del esquema de privatización del agua.

Con ello este cacique violó flagrantemente la legislación agraria, al no haber dado ningún tipo de información sobre el proyecto ante la Asamblea Ejidal; además de cometer presuntos actos de corrupción en la ejecución de las obras.
 
Debido la presión política que ejercimos se logró abrir una Mesa de Trabajo, para que dicho presidente municipal compareciera el pasado 18 de mayo en la ciudad de Yajalón a explicar esta situación. Así, el Ing. Juan José Díaz Solórzano, acompañado de su Director de Obras Públicas, Gabriel Díaz Hernández, y del Primer Regidor de Tila, Reynaldo Gómez Cruz, se presentaron a dar una explicación ante el Lic. Omar Burguete Domínguez (Subsecretario de Operación Regional Selva).

También ante Lic. Jesús Octavio García Durán (Delegado de Gobierno en Yajalón), Lic. Magín Flores Vidal (Asesor de la Oficina del Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto), Lic. David Torres Zetina (Residente de la Oficina Regional de la Procuraduría Agraria en Palenque), Ing. Humberto Velasco Andrade (Visitador de la Procuraduría Agraria en Yajalón), y una comisión del MRPS–FNLS de Petalcingo.
 
Ya que la Ley Agraria establece que toda obra a ejecutarse dentro de un ejido debe ser previamente informada, discutida y aprobada por la Asamblea Ejidal antes de iniciarse, y considerando que el sistema de agua potable en Petalcingo llevaba ya meses construyéndose, se tomó el Acuerdo de que el presidente municipal asistiría ante la Asamblea de Ejidatarios, en presencia de todas las personas presentes en dicha Mesa de Trabajo, para dar toda la información referente al citado proyecto.

La fecha acordada fue el pasado viernes 8 de junio a las 10:00 horas. Sin embargo un día antes el Ing. Juan José Díaz Solórzano canceló la cita acordada, posponiéndola para este lunes 11 en el mismo lugar. Con esta maniobra la mayoría de los funcionarios que debían asistir tuvieron dificultades con sus agendas, por lo cual no llegaron sino únicamente los que de por sí estaban previamente en contubernio con este presidente municipal.

En lugar de los demás asistieron suplentes de menor nivel. No obstante, tampoco llegó a la cita del lunes el Ing. Díaz Solorzano, acudiendo en su reemplazo el Primer Regidor Reynaldo Gómez Cruz, el Director de Obras Públicas del municipio, Ing. Gabriel Díaz Hernández, y el Secretario Municipal Ing. Jorge Espinoza.
 
Como previamente lo denunciamos este domingo, durante el fin de semana los priístas del ejido estuvieron convocando a la Asamblea a toda la población del ejido, día y noche con los equipos de voceo que les proporcionó el presidente municipal, sin respetar el acuerdo de que solamente fueran los Ejidatarios y saltándose a la autoridad facultada para ello que es el Comisariado Ejidal.

Al mismo tiempo comenzaron a difundir amenazas diversas hacia los compañeros del MRPS–FNLS, para tratar de evitar que asistieran. Ya el lunes 11 por la mañana, montaron un retén en el que con autoritarismo y lujo de violencia impidieron que la gente saliera del ejido. El Comisariado Ejidal intentó mantener el acuerdo de realizar la Asamblea de Ejidatarios en el Salón de Actos, dando la información respectiva a través del sonido de la comisaría.

Pero los priístas lo bloqueaban con sus diversos equipos de voceo, llamando a toda la población al parque del ejido. Al llegar los funcionarios de gobierno (la mayoría de nivel inferior al acordado) y entrar al Salón de Actos, varios priístas que no eran ejidatarios y por lo tanto no debían entrar a la Asamblea, ingresaron a la fuerza golpeando fuertemente a dos compañeros del MRPS–FNLS: Gonzalo Martínez López y Agustín Pérez Gómez, a quien arrastraron varios metros por el suelo.

En ese marco las priístas Blanca Cruz Pérez y Apolinaria Pérez Pérez golpearon a una mujer que creyeron venía con el MRPS–FNLS, pero que en realidad era parte de la Dirección de Obras Públicas del municipio.
 
La Asamblea no pudo llevarse a cabo por la violencia que desataron los priístas y que amenazaba con subir de tono, así que los funcionarios decidieron salir del local y al hacerlo fueron interceptados por los priístas, quienes los llevaron forzadamente hasta el parque del ejido en donde estaba concentrada su gente. Una vez ahí, el contubernio con algunos de esos “funcionarios” fue evidente:
 
El Ing. Humberto Velasco Andrade, Visitador de la Procuraduría Agraria en Yajalón (a quien el MRPS–FNLS ha denunciado varias veces por los actos ilegales y abusivos que comete en la región al intentar imponer el PROCEDE en los ejidos), pasando por encima de las facultades que le da su cargo, sin cumplir con los requisitos que marca la ley, fuera de una Asamblea Ejidal y sin la Convocatoria respectiva, procedió a dar “nombramiento” a un nuevo Comisariado Ejidal de filiación priísta.

De este modo pasó por encima no sólo del máximo órgano de decisión del ejido que es la Asamblea, sino también de su propia instancia superior, la Residencia Regional de la Procuraduría Agraria de Palenque, con la cual el MRPS–FNLS ha venido atendiendo la defensa del Comisariado debidamente elegido por la Asamblea de Petalcingo, de los embates priístas que buscan destituirlo para poner un cómplice suyo que apruebe el proyecto del agua sin consultarlo a los Ejidatarios.
 
Por su parte Reynaldo Gómez Cruz, Primer Regidor de Tila, sin tener facultades legales para ello, procedió a “devolverle” el cargo de Agente Municipal a José Cruz Pérez: destituido de dicho cargo por el MRPS–FNLS, debido a sus abusos de poder y a los constantes escándalos públicos que comete en estado de ebriedad; sin olvidar que hace apenas un mes falsificó cerca de 900 firmas de habitantes del ejido con fines electorales.

Con ello este “Regidor”, además de extralimitarse en sus funciones, pasó por encima de la Minuta de Acuerdo firmada el 21 de junio de 2006 por él mismo, por el presidente municipal Juan José Díaz Solorzano y por el Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto, Juan González Esponda, en la cual se establece que el Agente Municipal y su equipo de trabajo serán nombrados por el MRPS–FNLS.
 
Una vez cometidas las arbitrariedades antes señaladas, los priístas procedieron a tomar por la fuerza la oficina de la Agencia Municipal, sacando violentamente a los compañeros del MRPS–FNLS que cumplían ahí con su trabajo.
 
Lo mismo pretendían hacer en la Comisaría Ejidal, pero el titular no se encontraba en ese local por el momento. Sin embargo el día de ayer los priístas tomaron también por la fuerza estas instalaciones, a las que pusieron su cadena y candado al igual que en el Salón de Actos del ejido.
 
Cabe mencionar que toda esta penosa situación se llevó a cabo bajo la presencia y complacencia del señor Jorge Luis Montejo, operador de la Oficina del Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto; y del personal dependiente de la Subsecretaría de Operación Regional Selva y de la Delegación de Gobierno en Yajalón.
 
Es importante resaltar que esta situación se veía venir desde hace meses, tal como el MRPS–FNLS lo dio a conocer a través de los medios de comunicación, sin que las autoridades competentes hicieran nada al respecto. El 26 de marzo, en Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, entregamos nuestro Pliego de Demandas como organizaciones del FNLS en Chiapas; en donde se abordaba este caso. Se nos dijo que en un mes tendríamos una primera respuesta, pero hasta hoy no se nos ha atendido.
 
El 27 de marzo acudimos con el Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto, Juan González Esponda, a quien le planteamos personalmente este problema y se comprometió a darnos respuesta en ocho días. Han pasado ya más de dos meses y medio, se le hicieron varias visitas y llamadas a sus oficinas, se le entregó ahí un informe avisándole que el conflicto se estaba agravando.

Se habló del caso con sus operadores Magín Flores y Jorge Luis Montejo, pero jamás tuvo González Esponda la voluntad política de resolver el asunto, ni de respondernos siquiera por teléfono. Hoy, con la complicidad mostrada por su operador con los priístas de Petalcingo, queda claro el porqué.
 
Exigimos castigo penal y cese inmediato de sus funciones al Presidente Municipal Juan José Díaz Solórzano, quien llegó al cargo a través de un fraude electoral y envuelto en un penoso hecho de violencia (el operativo policíaco del 15 de febrero de 2005), y está terminando su periodo dividiendo y confrontando violentamente a la población.
 
Exigimos auditoría a las finanzas municipales de la actual administración, en lo general y en lo que tiene que ver concretamente con el citado proyecto de agua potable en Petalcingo, en donde hay suficientes indicios de corrupción y desvío de fondos.
 
Exigimos castigo penal y el cese de funciones  del Visitador Agrario de la P.A., Ing. Humberto Velasco Andrade, quien ha sido muchas veces denunciado por cometer acciones ilegales y corruptas al intentar imponer el PROCEDE en los ejidos de la región, y esta vez se tomó atribuciones que no le corresponden y que están abonando a radicalizar el conflicto que se vive en Petalcingo.
 
Exigimos el cese de funciones del Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto, Juan González Esponda, quien no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de cumplir con las obligaciones que supone su cargo, y en lugar de ello ha provocado divisiones en muchas comunidades y organizaciones de Chiapas.
 
¡¡¡Por la liberación del pueblo oprimido!!! Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS–FNLS). ¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular! Coordinación Estatal Chiapas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

¡Libertad presos políticos y de conciencia! http://www.comitecerezo.orghttp://www.espora.org/vientodelibertad.

Piden legislar para la existencia digna de los medios comunitarios

Por: CERIGUA

Organizaciones nacionales e internacionales de defensa al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, exhortaron al Congreso Federal de México para que lleve a cabo una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión y telecomunicaciones.

La información, difundida por el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), señala que la reforma garantizará la pluralidad informativa en el país, mediante el establecimiento de un órgano verdaderamente autónomo y las bases para la subsistencia digna de medios con fines sociales, como los comunitarios, así como a través del reconocimiento de derechos ciudadanos.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México), Artículo 19-sección México y CENCOS, señalaron en conferencia de prensa, que el Poder Legislativo Federal tiene nuevamente en sus manos la oportunidad histórica de permitir la democratización de los medios de comunicación en México.

Las organizaciones señalaron que resulta fundamental asentar las bases para la existencia digna de los medios con fines sociales en el país y recordaron que debido a la legislación que permite la discrecionalidad y favorece al sector lucrativo que se encuentra vigente hasta el momento, únicamente existen en México 13 emisoras de radio en manos de la ciudadanía, lo que coloca a ese país en uno de los últimos lugares en materia de pluralidad informativa.

En este sentido, las agrupaciones defensoras de la libertad de expresión destacaron que de no reconocer a estos medios y brindarles certeza jurídica para su existencia, el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidad internacional al violar los derechos de la sociedad en general, pero particularmente de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad.

Para revertir esta situación se deben modificar los artículos que establecen la desigualdad entre concesionarios, medios con fines de lucro, y permisionados, medios con fines sociales, incluso los del Estado, para lo cual debe reconocerse la figura de medios comunitarios.

Finalmente, señalaron que deben aplicarse las vías legales que les permitan a los medios comunitarios realizar actividades económicas sin fines de lucro, con el objetivo de obtener los recursos necesarios para mantener al aire sus estaciones de radio.

NOTICIAS DE LA RESISTENCIA SOCIAL EN GUERRERO DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2007- PRENSA CECOP

El Ejército ha entrado tres veces a la comunidad,
denuncia vecino de Dos Arroyos/
Magdalena Cisneros/SUR/ 28 de junio del 2007
 
El vocero del Consejo de Comunidades y Ejidos Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, indicó que el Ejército pretende entrar a las tierras de los Bienes Comunales de Cacahuatepec “con el pretexto de buscar sembradíos de marihuana y amapola, con el pretexto de encontrar armas de grueso calibre”.
 
Aseguró que en los Bienes Comunales de Cacahuatepec no hay sembradíos de droga ni “grupos armados, no hay gavillas ni guerrilleros, como los llama el gobernador (Zeferino Torreblanca) . Por lo tanto, el Ejército tendrá que salir de nuestras tierras y no interrumpir la paz social, que de por sí la CFE vino ya a romper el tejido social”.
 
Suástegui Muñoz dijo que los campesinos sólo poseen sus machetes, que son una herramienta de trabajo, y adelantó que presentarán una denuncia formal porque se están “violando los derechos humanos y las garantías individuales de los campesinos”.
 
Explicó que los soldados querían entrar a las tierras de Dos Arroyos con el argumento de que hace unos días unos campesinos los agredieron con piedras, palos y machetes.
 
En este sentido, reveló que hace un mes los soldados detuvieron a un campesino por tener una pistola calibre .22, que está registrada y la utiliza para cacería, finalizó.
 
Por separado, el señor Mario Quiñónez Vélez, vecino de Dos Arroyos, confirmó que “hace unos días entró el Ejército” y que se querían llevar al comunero Lorenzo Alarcón, pero “se los quitaron puras mujeres y chamacos”.
 
En este sentido, agregó que el martes pasado, quien iba al frente del convoy del Ejército les dijo a los demás soldados que otro comunero, de nombre Evencio, “había sido quien les tiró piedras, cuando ni siquiera estuvo en la población”.
 
Aclaró que los soldados no lo golpearon, pero lo “trataron mal. Se fueron directo contra Evencio y le dijeron: ‘tú fuiste hijo de tu perra madre’”.
 
Denunció que el Ejército ha entrado tres veces al poblado, “achacándose que hay sembradíos de mariguana, pero allá la gente no siembra eso”, dijo.
 
Sobre la incursión de soldados en Dos Arroyos el martes, Quiñónez Vélez contó que el convoy entró al plantón que mantienen en ese poblado cuando los opositores efectuaban un cambio de guardia, “pues algunos se fueron a comer
 
 
 
 
 
Advierte el Cecop que no dejarán pasar a los encuestadores del INEGI
 
Magdalena Cisneros/SUR/ 28 de junio del 2007
 
Integrantes del Consejo de Comunidades y Ejidos Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) acudieron a las oficinas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para preguntar el motivo de los censos que se están levantando en sus comunidades y para advertir que no dejarán pasar a los encuestadores hasta que en asamblea decidan si se permite su acceso, aunque adelantaron que no creen que se acepte.
 
Ayer en las oficinas del INEGI en el Palacio Federal, los opositores a la presa se reunieron por más de una hora con el coordinador y el director regional centro sur del instituto, Heladio Hernández Montúfar y Miguel Ángel Vizconde Ortuño.
 
Vizconde Muñoz les aseguró que el INEGI sólo proporciona información técnica, “no perseguimos otra finalidad” y que no hay “ningún doble fondo detrás de nosotros”.
 
Les explicó que en este caso se pretende actualizar los datos del censo agropecuario, porque el anterior se hizo hace 17 años, y que si no se hace en 2007 se tendría que posponer por otros 10 años.
Subrayó que le preocupa que no se levante el censo en esas comunidades, porque quedaría “un hueco de información” y no se podrían tomar decisiones, “saber qué pasa a los mismos habitantes, les afecta a quienes viven ahí”.
 
El funcionario federal dijo que le “extrañan” las declaraciones del vocero del Cecop Felipe Hernández, quien denunció que con este censo el INEGI busca reunir información para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el proyecto de La Parota , porque ya han hecho ocho censos de este tipo, “no es novedad”, comentó.
 
Vizconde Muñoz destacó que no obligan a nadie y aseguró que no irán a censar a la zona de conflicto por la presa, pero sí “a su alrededor”.
 
Sin embargo, luego mencionó que la Ley de Información Estadística y Geográfica establece la obligación de participar en los censos, pero acotó que el del Cecop es un caso “particular” y que respetan sus decisiones.
 
En entrevista por separado, Felipe Flores dijo que no confían en las instituciones, que “no nos chupamos el dedo”, y criticó que en el INEGI no les dijeron del programa Procede con el cual campesinos “perdieron su ejido”.
 
Calificó el censo como “una farsa”, que no creían que el INEGI pueda ser autónomo y les advirtió que “se abstengan de entrar a las comunidades” porque no los dejarán pasar.
 
“De antemano les digo que nuestra raza no va a aceptar. No manden gente, no las hagan pasar por trabajadores del Ayuntamiento” , reiteró.
 
Otro de los voceros del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, destacó que con datos del INEGI pueden afirmar que la CFE miente cuando asegura que la presa sólo afectará a 3 mil personas, pues los censos del instituto indican que en la zona viven más de 43 mil personas.
En entrevista, Suástegui Muñoz explicó que en la asamblea del domingo pasado se enteraron de que el INEGI comenzó a levantar un censo para registrar a los comuneros y el número de hectáreas que poseen, y sostuvo que el programa Hereda provocaría conflictos en las familias.
 
Calificó el censo como “una trampa” del INEGI para poder entrar a sus tierras, y que sólo se busca despojar a los campesinos de lo que les pertenece.
 
“Queremos que nos expliquen sus programas, si vemos que no conviene, no vamos a entrarle. El INEGI tendrá que salir de las tierras, ya que termine el conflicto posiblemente entren”, indicó
 
Buscan armas y sembradíos, relata
 
Denuncia el Cecop incursión del Ejército
Intentaron detener a un campesino, dice
 
ROBERTO RAMIREZ BRAVO/jornada guerrero/28 de junio del 2007
 
Con el pretexto de buscar armas o sembradíos de droga, efectivos del Ejército realizan incursiones en el área de los bienes comunales de Cacahuatepec y han detenido y maltratado a campesinos, denunciaron lugareños.
 
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), que tiene influencia en esa zona, advirtió que presentará denuncia en organismos internacionales, luego de que el martes un comando militar llegó hasta el plantón que esta organización mantiene para impedir la entrada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e intentó detener a un campesino a quien acusa de que en una incursión militar en días pasados, les tiró piedras.
 
De acuerdo con la versión del comunero Mario Quiñones Vélez, de Dos Arroyos, hace varios días personal del Ejército ingresó al ejido para detener a Lorenzo Alarcón, pero los campesinos, mujeres y niños en su mayoría, se organizaron para impedir la acción. Lo querían detener, explicó Marco Antonio Suástegui, vocero del Cecop, por posesión de un arma calibre .22 debidamente registrada, de un solo tiro, que se usa para cacería.
 
Narró Quiñones que el martes alrededor de las 13 horas un camión repleto de soldados se presentó en el plantón, donde en ese momento se encontraban sólo tres personas, pues era momento de relevos entre los plantonistas.
 
Los militares de inmediato se dirigieron a un comunero llamado Evencio: “tú fuiste, hijo de tu perra madre” (quien había apedreado a los militares la ocasión anterior). Evencio, siempre según el relato de Quiñones Vélez, les respondió que él ni siquiera había estado en el lugar de los hechos, pero si lo iban a detener, que lo detuvieran.
 
Los soldados se dirigieron a la comisaría y luego, cuando vieron que los campesinos empezaron a vocear para llamar a más compañeros, se retiraron.
 
“Han ido unas tres veces, achacándose que a ver si encuentran sembradíos de mariguana, pero por allá la gente no siembra eso”, dijo Quiñónez Vélez.
 
Una forma de intimidar
 
Suástegui Muñoz afirmó que la presencia militar en el área es “una forma de intimidar a las comunidades y que de una u otra manera vayan cediendo a lo que es el proyecto La Parota ”, y anunció que presentarán denuncia contra el Ejército por estas incursiones que violan, dijo, los derechos humanos y las garantías de los campesinos.
 
Indicó que los militares afirman buscar armas de grueso calibre y sembradíos de droga, pero la única arma de los campesinos –que ellos llaman herramienta de trabajo– es el machete. “En Cacahuatepec y en los ejidos como Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma , nunca ha habido sembradíos, no hay grupos armados, no hay gavillas o guerrilleros, por lo tanto el Ejército tendrá que salir de nuestras tierras y no interrumpir la paz social”, dijo.
 
No al Censo Agropecuario
 
Por otra parte, una comisión del Cecop y del comisariado autónomo se presentó en la delegación del Inegi en Guerrero para exigir información sobre el programa Registra tu campo, impulsado por esta institución hace unos días, y para advertir a sus funcionarios que no permitirán el acceso del personal de esa dependencia a la zona.
 
Por los campesinos iban los dos voceros del Cecop, Marco Antonio Suástegui y Felipe Flores Hernández, así como el presidente del comisariado autónomo, Alfonso García Vázquez y algunos pobladores y comisarios. Los recibieron el director regional, Miguel Angel Vizconde Ortuño, y el coordinador estatal, Heladio Hernández Montúfar, quienes explicaron que no se trata de un programa federal sino del octavo Censo Agropecuario, que se realiza cada 10 años y en esta ocasión se está aplicando en toda la república.
 
 
La detención del dirigente magisterial,
acto de “represión” de Zeferino: organizaciones
SUR/28 de junio del 2007
 
Organizaciones sociales de Acapulco repudiaron la detención de este martes del dirigente de la Coordinadora Estatal por la Reivindicación de los Principios de la CETEG (CERP-CETEG) Nicolás Chávez Adame y lo calificaron de “represión” por parte del gobierno del estado; así mismo, anunciaron movilizaciones para exigir su liberación inmediata.
 
Consultados por separado, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) manifestaron la solidaridad con el dirigente magisterial.
 
Los representantes de las organizaciones coincidieron en que la detención de Chávez Adame el martes 26 cuando salía de una reunión en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo –donde minutos antes se reunió con el coordinador de Enlace Político del gobierno del estado, Julio Ortega Meza– es una “muestra” de que el gobierno del estado le “apuesta” a la represión para disuadir las luchas sociales.
 
El secretario general del STAUAG José María Hernández Navarrete –consultado luego de dar una conferencia de prensa en el puerto– indicó que el delito de sedición por el que se acusa a Chávez Adame siempre “ha sido utilizado por el gobierno para reprimir”.

Confió en que esta detención no sea el inicio de una “oleada de detenciones de luchadores sociales” porque si eso ocurre “se va a ir configurando” el tipo de gobierno de Felipe Calderón donde predominará el uso de la fuerza.
 
En tanto, el vocero del Cecop, Felipe Flores Hernández señaló antes de entrar a una reunión en las oficinas del INEGI en el Centro del puerto, que “está más que claro” que se trató de una “trampa” y de una provocación contra los movimientos sociales.
 
“Lo que buscan es provocar que caigan los movimientos sociales en la confrontación y así justificar la represión, pero no vamos a caer en la provocación y vamos a evitar confrontarnos para no darle gusto y no tenga elementos de actuar”, dijo.
 
Dijo que están en espera de lo que la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) decida sobre las movilizaciones que van a llevar a cabo para unirse a ellas.
 
Mientras que el también integrante del Cecop, Marco Antonio Suástegui consideró que se trata de una “detención ilegal” y de un “aviso” para todos los que se oponen a las políticas neoliberales del gobierno.
Advirtió que el Cecop no permitirá que se detenga a algunos de los opositores a la presa “le decimos a Zeferino que no se atreva a querer detenernos a algunos de nosotros porque ahora si no se va a echar La Parota encima sino al pueblo de Guerrero y a todo el país”.
 
 
 Mensaje para luchadores sociales
Jornada Guerrero/28 de junio del 2007
En su reacción, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) expresó su respaldo total y solidaridad al dirigente de la Cerp-Ceteg .
Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero de la organización, advirtió que la detención podría ser un mensaje contra los luchadores sociales, por lo que anunció que participará en las movilizaciones necesarias para buscar su liberación.
Al gobernador Zeferino Torreblanca le sugirió “que no se atreva a detener a alguno de nosotros porque entonces sí, creo que no se echará a La Parota encima, sino se va a echar a todo el pueblo de Guerrero y a todo el país encima”, pues si eso ocurre, “seguramente será una guerra declarada, a la cual responderemos con otras acciones”.

Boletín de Prensa: “AGUAS BLANCAS” A DOCE AÑOS EN ESPERA DE JUSTICIA, LA IMPUNIDAD SE HACE OLVIDO”

México Distrito Federal a 28 de junio de 2007  
“El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, la policía judicial y la motorizada ponen una celada a los militantes de la [OCSS] que se encaminaban a un mitin. Cuarenta campesinos son alcanzados por las balas, diecisiete mueren en el lugar. Figueroa dice que la fuerza pública actuó en defensa propia.”
Armando Bartra
“Salieron una mañana temprano a buscar a un amigo y a la esperanza. Fueron en busca de respuestas y una lluvia de balas que no ha cesado los aniquila… Hoy ya son cinco los amigos que ellos buscan, mientras muchos de ellos son torturados, perseguidos, desplazados, encarcelados. Una convicción los anima: saber que no están solos y que la esperanza los acompaña hasta que la impunidad se acabe.”
A doce años de la matanza de Aguas Blancas
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh, manifiesta que el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer ha sido sentenciado por la historia como un gobierno represor en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos mientras el gobierno de Vicente Fox pasó a la historia como el gobierno de la Impunidad que prevalece en el de Felipe Calderón.
Desde la Masacre de Aguas Blancas, Guerrero, donde el 28 de junio de 1995 fueron heridos 23 y asesinados 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, hasta la fecha, podemos contabilizar más de 270 ejecuciones extrajudiciales y asesinatos políticos; más de un centenar de casos de personas torturadas; cientos de detenciones arbitrarias y cateos ilegales; cientos de operativos policiaco-militares que se ejecutaron con tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la población; decenas de presos políticos, cientos de perseguidos políticos y amenazados decenas de ellos de muerte; cuatro detenidos desaparecidos permanentes: Gilberto ROMERO VÁZQUEZ, Gregorio Alfonso ALVARADO LÓPEZ, Benito BAHENA MALDONADO, Fredy NAVA RIOS y algunos exiliados políticos, tan sólo en el estado de Guerrero en torno a la Organización Camerina de la Sierra del Sur.
Además, en Guerrero se vive en un ambiente de permanente militarización, de confrontación entre los grupos políticos, el narcotráfico y el poder económico. Se destaca la actuación de los grupos paramilitares y parapoliciacos, que dañan el tejido social afectando a los núcleos familiares. En estas circunstancias se produjo el asesinato del luchador social Miguel Ángel Mesino Mesino.
No podemos perder de vista que en este sexenio de Calderón, se sigue usando una estrecha coordinación de las fuerzas de seguridad pública y policías y militares que actúan de manera conjunta, con una intensa cooperación táctica y operativa y con un plan estratégico determinado en el que la gran carga de la ejecución se da a las policías estatales y municipales, a pesar de que los gobiernos de Fox y Calderón han manejado el discurso del respeto a la soberanía de los estados. Con eso, se permite que en Guerrero y otros más estados, sigan ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, evidenciándose que el gobierno federal se sustrajo a sus compromisos nacionales e internacionales de proteger estos derechos.
Además no se puede pasar por alto que el ex General Diplomado de Estado Mayor Presidencial Rafael Marcial Macedo de la Concha y Carlos Javier Vega Memije, fungieron como Procurador de Justicia Militar y como Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, en el que la impunidad imperó en ambas instancias, no obstante las graves violaciones a los derechos humanos y las grandes presiones internacionales.
Y como premio a su labor, Vicente Fox los colocó como Procurador General de la República y como subprocurador respectivamente. Con tal designación se cubrió con un manto de impunidad a los violadores de los derechos humanos de los sexenios pasados, algunos acusados de genocidio, y a los funcionarios priístas responsables de fraudes, peculado, etc. y sobre todo a los amigos de Fox, a panistas corruptos y a miembros de la ex familia presidencial, investigados por tráfico de influencias. Finalmente, se dio el ilegal juicio político en contra del ex jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, cuyo rechazo alcanzó tal magnitud que llevó a la renuncia de Macedo y Vega Memije.
El gobierno de Felipe Calderón vive sus primeros meses y después de casi ocho meses podemos ver que las graves violaciones a los derechos humanos continúan como en el pasado y la impunidad es un gran monstruo de mil cabezas que navega en las arenas movedizas del derecho mexicano, pese a que el ejecutivo haya ratificado pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos y se haya firmado un acuerdo de cooperación técnica en esta materia. Sin olvidar de resaltar la gravedad del aumento de la militarización del país y de la continua criminalización de la protesta social vigente en este momento.
Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado investigar la situación de Oaxaca en relación a Ulises Ruiz Ortiz, y esperamos que su resolución no corra la misma suerte que la de Aguas Blancas, que no Obstante de ser muy importante quedó en la impunidad.
Nuestras Acciones
No olivar y seguir acumulando pruebas y evidencias es nuestra labor, saber incansablemente que lograremos justicia, verdad y reparación.
1. Llamar a conformar el Tribunal Popular instaurado constitucionalmente bajo la figura del Artículo 20, Apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice en relación al inculpado: “…será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión… ”  es competente para conocer de la Masacre de Aguas Blancas y su secuelas de sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas hasta la fecha.
2. El deber fundamental de la encomienda dada al C. Rubén Figueroa Alcocer, es proteger los intereses, la seguridad de la sociedad y el patrimonio territorial, cultural, histórico, artístico y ambiental del Estado y sus habitantes.
3. Los Poderes de la Unión y del Estado de Guerrero han sido insuficientes para garantizar la justicia, la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales, haciendo prevalecer una grave situación de IMPUNIDAD en torno a la gestión del caso, este Tribunal se hace indispensable, por lo que hacemos un llamado a su conformación.
4. Se invita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Guerreo a que aporten a este Tribunal Popular los elementos que obren en sus archivos y expedientes para que las víctimas y ciudadanos quejosos las hagan valer ante los tribunales competentes, pues de no hacerlo incurrirán en encubrimiento favoreciendo la impunidad.
5. Se insta a las organizaciones internacionales y no gubernamentales a que aporten los elementos de juicio ante la presente causa y sumen esfuerzos en la lucha contra la violencia, la corrupción y la impunidad.
6. Invitamos y convocamos a los colegios, barras, federaciones y escuelas de abogados, a las universidades asentadas en el Estado, a que contribuyan a la ampliación y el perfeccionamiento de labor de Tribunal Popular de los Pueblos de Guerrero.
7. Finalmente, llamamos al Pueblo de Guerrero, al de México y a la comunidad internacional a que interpongan todos sus recursos y voluntad para que ningún espacio público o monumento lleve el nombre de Rubén Figueroa Alcocer.
8. Se invita a todos los ciudadanos/as a aportar más elementos de prueba.
Seguimiento del caso de Aguas Blancas
La matanza de Aguas Blancas es un caso pragmático de la denegación de justicia que caracterizó el gobierno de Ernesto Zedillo y que ha prevalecido durante la gestión de Vicente Fox y de Felipe Calderón ahora. A doce años de impunidad, vale la pena hacer un recuento de todas las acciones que se han promovido para que este crimen de lesa humanidad rebase el ámbito de la condena social y sea llevado ante los tribunales.
Se produjo la matanza de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, el Partido de la Revolución Democrática denunció los hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que recomendó entre otras cosas el nombramiento de un fiscal especial para que se encargue del caso así como la destitución de algunos de los servidores públicos implicados.
El 27 de febrero de 1996, el Fiscal Especial dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Lic. Alejandro Varela Vidales, presentó un informe conclusivo de la investigación al Congreso del Estado de Guerrero en el que exoneraba a los altos mandos responsables de la matanza por considerar que no habían participado ni directamente ni indirectamente en la comisión de los delitos.
Debido a las diversas presiones de la Sociedad Civil nacional e internacional, el 04 de marzo de 1996, el Ejecutivo Federal solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia la cual nombró una comisión investigadora de los hechos.
El 11 de marzo de 1996, el gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer, solicitó al Congreso local “licencia definitiva” para separarse de su cargo y así facilitar la investigación del caso. Su licencia fue aceptada y fue designado su sucesor.
Los ministros comisionados sometieron su informe al Tribunal Pleno de la Suprema Corte, que en abril de 1996 determinó emitir una consideración y cinco puntos de acuerdo. En el informe se indican, entre otras cosas, que “Los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero que desempeñaban sus cargos en esas fechas y en los días subsecuentes incurrieron en violación grave, generalizada, de las garantías individuales que instituyen los artículos sextos, once, catorce, dieciséis y veintidós de la Constitución Federal, de conformidad con los hechos comprobados y por las razones que expresan los comisionados.”
Entre los puntos de acuerdo, se destaca el que señala que “de dicha violación resultan responsables los licenciados: Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia indefinida, Antonio Alcocer Salazar, ex-procurador general de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex-primer subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex-director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex-subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex-fiscal especial, y Esteban Mendoza Ramos, ex-director general de Gobernación; todos ellos del Estado de Guerrero.”
Pese a examinar los resultados de la comisión investigadora de la Corte, el 6 de mayo de 1996 la Procuraduría General de la República decidió no intervenir en el caso, por considerar que no se cometieron delitos federales sino del fuero común, cuya investigación correspondía a la Procuraduría  estatal, que de antemano se había declarado incompetente para conocer los hechos.
Cerrando la pinza de la impunidad, la legislatura local, de mayoría priista, declaró improcedente el juicio político del gobernador con licencia y otros cuatro ex funcionarios.
En cuanto a instancias internacionales, el 17 de julio de 1995 el PRD denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de un largo y sinuoso proceso, la CIDH concluyó que la denuncia cumplía con los requisitos formales de admisibilidad.
El 18 de febrero de 1998 la CIDH emitió el Informe 49/97 relativo al Caso 11.520 Tomás Porfirio Rondín “Aguas Blancas”, en la que recomendó al Estado Mexicano investigar a fondo los hechos, ejercer acción penal contra los responsables e indemnizar a los familiares de los ejecutados y a los sobrevivientes. La CIDH remitió el Informe 49/97 a México otorgando un plazo de 2 meses para que se adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas. Cumplido el plazo, la CIDH llegó a la conclusión de que no se había dado cabal cumplimiento a ninguna de sus recomendaciones.
En virtud de la visita realizada por la CIDH a nuestro país en julio de 2001, con motivo de las audiencias de seguimiento de recomendaciones, los quejosos y miembros de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, determinaron interponer una nueva denuncia penal contra los responsables de la masacre ante la PGR, teniéndose el compromiso de la SRE de servir de interlocutor con la PGR. Así, se presentaron ante la PGR sendas denuncias penales (Averiguaciones Previas números 423/A1/2001 y 163/A2/2002), determinándose finalmente que fuese la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado quien se hiciera cargo de las investigaciones, la cual desapareció este año sin que haya arrojado resultados satisfactorios en relación al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh
 
¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!
 
 
AREA DE ENLACE – COMUNICACION
Una llama encendida por los Derechos de los pueblos!
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 

La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos,
la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y está asociada a
Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.

Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU (Resolución 1296 del ECOSOC)

Av. Azcapotzalco No. 275.
Col. Clavería. C. P. 02090,
México D.F.
Tel. 53 99  05 92. 
Fax: 53 99 13 36.

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AU: Temor por la seguridad / preocupación jurídica, Familia de Ernestina Ascencio Rosario

PÚBLICO – Índice AI: AMR 41/010/2007 – 6 de marzo de 2007

AU 55/07            Temor por la seguridad / preocupación jurídica

MÉXICO            Familia de Ernestina Ascencio Rosario
Habitantes de la comunidad de Tetlazinga y el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz

Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 72 años, fue violada y torturada, según los informes, por soldados del 63 batallón de infantería del ejército el 25 de febrero. Murió más tarde a consecuencia de sus lesiones. Si, como suele suceder en estos casos, la investigación sobre la agresión queda en manos de las autoridades militares, tanto la comunidad de la que procedía Ernestina Ascencio como los posibles testigos pueden sufrir intimidación, y los responsables pueden no enfrentarse a una investigación y un juicio imparciales e independientes.

Según su familia, Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua de la comunidad de Tetlazinga, municipio de Soledad Atzompa, estado de Veracruz, fue hallada en su casa tras la agresión y llevada al hospital. Dijo a su familia que la habían atacado soldados. Murió a primeras horas del día siguiente a consecuencia de la hemorragia interna provocada por los daños en los órganos internos. Según los informes de la autopsia, había sido violada repetidas veces y presentaba señales de haber sido golpeada.

Las autoridades militares, según los informes, han accedido a cooperar con las autoridades civiles para investigar este caso. Sin embargo, parecen haber mantenido el control de la investigación, socavando potencialmente su imparcialidad y su independencia. La Secretaría de la Defensa Nacional ha suscitado una preocupación adicional en torno a la imparcialidad de la investigación al emitir el 1 de marzo una declaración en la que niega la implicación de personal militar.

Las autoridades municipales y los dirigentes de organizaciones indígenas han expresado la honda preocupación de los miembros de la comunidad y han pedido que los responsables rindan cuentas de sus actos y que el ejército se retire de la región. A Amnistía Internacional le preocupa que miembros del ejército puedan intimidar a testigos y dirigentes comunitarios durante la investigación. Las comunidades indígenas, según los informes, han estado mostrando una hostilidad cada vez mayor hacia los soldados que actúan en la zona, a los que acusan de llevar a cabo registros sin orden judicial y de robarles sus bienes desde enero de 2007.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En julio de 2006, 13 mujeres fueron violadas y agredidas sexualmente, según los informes por 20 soldados, en Castaños, estado de Coahuila. Las autoridades militares permitieron, aunque con retraso, que las autoridades civiles intervinieran, y, en un hecho sin precedentes, ocho soldados están siendo procesados en el sistema de justicia civil. Sin embargo, otros cuatro escaparon a la captura.

Amnistía Internacional ha documentado varios casos de mujeres, especialmente mujeres indígenas, que han sido violadas por soldados, y en los que la investigación ha quedado en manos de las autoridades militares, lo que ha garantizado la impunidad de los violadores. En 2002, dos mujeres indígenas, Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, fueron violadas, según los informes, por soldados en el estado de Guerrero (véase el informe México: Mujeres indígenas e injusticia militar, AMR 41/033/2004). Su caso ha permanecido bajo la jurisdicción militar y a las dos mujeres se les ha negado la justicia. Tanto las víctimas como otros miembros de la comunidad sufrieron intimidación y amenazas a causa de su campaña en favor de la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está examinando el caso. En 2005, el ex secretario de la Defensa Nacional dijo a una delegación de Amnistía Internacional que la violación nunca podría considerarse una actividad militar legítima. Sin embargo, eso no ha llevado a que se traspasen de inmediato todos los casos de violación a la jurisdicción civil.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
– expresando preocupación por los informes que indican que Ernestina Ascencio Rosario, de 72 años, murió tras ser violada, golpeada y torturada por soldados el 25 de febrero en Tetlazinga, municipio de Soledad Atzompa;
– instando a las autoridades a transmitir a las fuerzas militares un mensaje que indique claramente que no se tolerarán las agresiones sexuales y el acoso contra la población civil;
– pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre esta presunta agresión, y que la lleven a cabo las autoridades civiles; pidiendo también que los resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables de estos actos comparezcan ante la justicia;
– pidiendo a las autoridades que garanticen que todas las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas armadas son investigadas por las autoridades civiles;
– instando a las autoridades a garantizar la seguridad de la familia de Ernestina Ascencio Rosario y de otros habitantes de la comunidad de Tetlazinga y del municipio de Soledad Atzompa.

LLAMAMIENTOS A:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de “Los Pinos”, Casa Miguel Alemán,
Col. San Miguel Chapultepec, México D.F., C.P. 11850, MÉXICO
Fax:                +52 55 52772376
Correo-E:       felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Tratamiento:  Señor Presidente

Gral. Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional
Bulevar M. Ávila Camacho esq. Industria Militar S/N
Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11640, MÉXICO

Fax:                +52 55 55801153
Tratamiento:   Señor Secretario

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República,
Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16,
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO
Fax:                +52 55 53 46 09 08 (si responde una voz, digan: “tono de fax, por favor”)
Correo-E.:      ofproc@pgr.gob.mx
Tratamiento:  Señor Procurador General

Lic. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz, Palacio de Gobierno,
Leandro Valle esq. Enríquez, Xalapa, C.P. 91000, Estado de Veracruz, MÉXICO
Fax:                 +52 228 841 8818
Tratamiento:   Señor Gobernador
Correo-E.:      fidelherrera@veracruz-llave.gob.mx

COPIA A:

Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, 5º piso, Col. San Jerónimo Lídice, México D.F. 10200, MÉXICO
Fax:                +52 55 5681 7199

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C.,
Serapio Rendón 57-B, Col. San Rafael,  06470, México D.F., México

y a la representación diplomática de México acreditada en su país.

(EMBAJADA DE MEXICO)
Excmo. Sr. Gabriel JIMÉNEZ REMUS
Carrera de San Jerónimo, 46. 28014 – MADRID
Teléfono: 91 369 28 14 Fax: 91 420 22 92
E-mail: embamex@embamex.es
http://www.embamex.es

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 17 de abril de 2007. Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

ACCION URGENTE: Amenazas, allanamientos e intimidaciones contra familiares de víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez que continúan luchando por conseguir justicia y contra sus abogados

Favor de mandar sus comunicaciones a:
felipe.calderon@presidencia.gob.mx , frjramirez@segob.gob.mx, ofproc@pgr.gob.mx , Correo: alicia.elena@bluewin.ch, correo@cndh.org.mx, tb-petitions@ohchr.org, oacnudh@hchr.org.mx, cidhoea@oas.org
Con Copia: anadmexico@yahoo.com.mx,  andreagdl@infosel.net.mx , nuestrashijas@gmail.com

REENVIAMOS

Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C,
Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C
Comité  de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos Humanos de la Mujer

AU/01/2007/ANAD/CDJ

ACCION URGENTE: Amenazas, allanamientos e intimidaciones contra familiares de víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez que continúan luchando por conseguir justicia y contra sus abogados.

México, Distrito Federal a 25 de junio de 2007.

Lic. Felipe Calderón Hinojosa   Presidente de la República
Lic. Francisco Ramírez Acuña Secretario de Gobernación
Lic. José Reyes Baeza    Gobernador del Estado de Chihuahua
Lic. Patricia González Rodríguez  Procuradora General de Justicia de Chi.
Lic. Eduardo Medina Mora  Procurador General de la República
Dra. Alicia Elena Pérez Duarte
Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres

Dr. Santiago Cantón Secretario Ejecutivo de la CIDH
Dr. Amerigo Incalcaterra Of. del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C, Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C y el Comité  de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, con domicilio común para recibir comunicaciones en Zacatecas No. 31, Int. 1-A, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06500, México, D. F., con número telefónico: 55744557, y dirección electrónica anadmexico@yahoo.com.mx, o nuestrashijas@gmail.com, solicitan su intervención urgente ante las amenazas, allanamientos e intimidaciones que han venido sufriendo familiares de víctimas de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez así como los abogados y abogadas que las asesoran,
ANTECEDENTES
Desde el año 2001, la organización no gubernamental “Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C” ha venido impulsando y acompañando diversos casos de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
En estas tareas de acompañamiento e impulso de acciones jurídicas concretas para avanzar en el esclarecimiento de decenas de casos en Ciudad Juárez, “Nuestras Hijas” ha recibido el apoyo jurídico de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) desde hace 5 años, ambas organizaciones han impulsado denuncias contra funcionarios, quejas ante organismos públicos de derechos humanos, peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicaciones ante instancias especializadas de las Naciones Unidas, diligencias para ubicar el paradero de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, entre otras.

Como consecuencias de estas acciones, las y los integrantes de estas organizaciones han sido víctimas de amenazas e intimidaciones. El hecho más violento acaeció el 23 de octubre de 2004 en contra de la compañera Marisela Ortiz quien fue interceptada a bordo de su automóvil por otro automóvil en plena calle y cuyos sujetos la encañonaron en la cabeza y en la boca amenazándola de que “ahora vas a conocer los que sufren las muertas de Juárez” en ese mismo acto amenazaron a sus hijas que la acompañaban y tras subirse de nueva cuenta al vehículo que había interceptado a la familia Ortiz continuaron siguiendo y persiguiendo a la camioneta de Marisela impidiendo que se pusieran a resguardo tanto ella como sus familiares que la acompañaban. De este suceso se presento la denuncia correspondiente sin que hasta la fecha se hayan obtenido ningún avance para dar con los responsables.
ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS
Desde hace 9 meses, familiares de víctimas del feminicidio que integran “Nuestras Hijas” así como sus abogados de la ANAD han sufrido intimidaciones, acoso por parte de funcionarios públicos, allanamientos, amenazas veladas y en los últimos 10 días amenazas directas vía correo electrónico y vía teléfono celular por personas desconocidas, especialmente contra las compañeras Mal García Andrade, Marisela Ortiz y una de las abogadas de la ANAD.
La cronología de los acontecimientos se enmarca en el siguiente cuadro para entender mejor las fechas y los actos de intimidación directas e indirectas:

FECHA
ACTO
LUGAR Y AGRAVIADA (O)
10/09/06
Amenaza con arma de fuego desde un automóvil
Ciudad Juárez, calle Centeno y Av. Panamericana, contra la compañera Malú Andrade
22/09/06
Persecución de una camioneta blanca con 2 sujetos armados. Los iban siguiendo y cuando una persona desciende del vehículo se inicia la persecución.
Ciudad Juárez, poniente de la ciudad, contra la compañera Malú Andrade y su esposo.
Ambos hechos constan en una Denuncia ante la Fiscalía Especial para la atención de delitos violentos contra las mujeres de la Procuraduría General de la República.
18/10/06
Irrupción en las oficinas de la organización “Nuestras Hijas de regreso a casa” y robo de expedientes
Ciudad Juárez, calle Higuera 354 Sur según testigos de los hechos durante la noche dos patrullas de la Policía Estatal llegaron a las oficinas y rompieron los candados y la puerta principal para después sustraer los objetos.
21/10/06
Robo de computadora y documentos de la organización de un automóvil de la organización.
Ciudad Juárez, en el centro de la ciudad, durante la estancia de los abogados y abogadas de la ANAD en esa ciudad.
23/11/06
Robo de mochila y documentos que contenían información sobre los casos de un automóvil particular.
Ciudad Juárez, a fuera del Burguer King de Av de las Torres y Manuel J. Clouthier, durante la estancia de las abogadas y abogados de la ANAD en esa ciudad.
De estos dos hechos se le dio conocimiento al área de Contraloría interna de la Procuraduría de Justicia del Estado.
17/12/06
Irrupción a las oficinas de la organización.
Ciudad Juárez, entraron a la oficina de la organización y sustrajeron algunos aparatos electrónicos y documentos.
24/02/07
Irrupción a las oficinas de la organización y robo de materiales de oficina y expedientes.
Ciudad Juárez, forzaron una ventana del frente principal, quitaron la protección de fierro y entraron por la ventana al interior de las oficinas.

Los hechos más recientes que se han presentado relacionados con amenazas y actos de intimidación  y que motivan la presente acción urgente se sucedieron de la siguiente manera:
El 20 de junio una vez más el automóvil de nuestra compañera Malú García Andrade fue objeto de robo y ataque, rompiendo uno de los vidrios traseros y hurtándole documentos relacionados con casos.
A raíz de estos hechos se presentó la denuncia correspondiente en la oficina provisional de Averiguaciones Previas, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. Uno de los agentes del Ministerio Público que se encontraba cuando se presentó la denuncia y que tiempo atrás se encontraba adscrito a la Fiscalía de Homicidios de Mujeres le dijo: “ya me enteré que nos volvieron a denunciar, porque no dejan las cosas por la paz, total mañana apareces muerta… o yo muerto”.
Días antes y en los días subsecuentes a este hecho, se han estado recibiendo correos electrónicos en las cuentas de “Nuestras Hijas” y en las cuentas personales de Malú Andrade, Marisela Ortiz y de la abogada y el abogado de la ANAD conteniendo insultos, amenazas e intimidaciones expresas, como las que a continuación se refieren:

10/06/07
Correo electrónico en la cuenta personal de una de las abogadas con el título “Al fin se logró!!!!” y con el único texto de “Tu serás eliminada”.
15/06/07
Correo electrónico en la cuenta de la organización pidiendo información sobre un caso que no habíamos estado asesorando públicamente pero del cual se presentó una denuncia contra funcionarios el pasado 5 de junio.
16/06/07
Correo electrónico en la cuenta personal de Malú con insultos y amenazas, entre las que destacan “UN REAL FRAUDE LO QUE ESTAS ACIENDO.HEMOS ESTADO SIGUIENDO TUS PASOS…ESTAMOS HACIENDO UNA INVESTIGACION EN TU CUENTA DE CORREO ELECTRONICO Y YA TENEMOS COPIA DE TODO, TAMBIEN INVESTIGAREMOS LA CUENTA EN EL BANCO”
Este correo como el del 15 de junio presentan el mismo tipo de letra, con las mismas faltas de ortografía y con una redacción semejante.
18/06/07
Correo electrónico recibido en la cuenta de la organización con el título “Información” conteniendo insultos y amenazas entre ellas: “déjense de pendejadas y vean otros asuntos de realidad, son unas pinches viejas pendejas solo ustedes se creen sus pendejadas, chinguen a su madre.” “Deje de mamar con sus pendejadas si realmente quiere que este país progrese déjense de estupideces y pónganse a trabajar. VIVA MEXICO PENDEJAS”
22/06/07
Mensaje vía celular al teléfono de Marisela Ortiz con el texto “disfruta de la vida mientras puedas” y con un remitente que al parecer no existe porque no suena al regresar la llamada y nunca contestan.

Motivados por todos los acontecimientos reseñados en los cuadros y textos anteriores y preocupados por la integridad física y psicológica de todas y todos los que acompañamos la búsqueda de la justicia en Ciudad Juárez y sobre todo interesados en salvaguardar la integridad de las familias y las compañeras que colaboran activamente en estas tareas exigimos a las autoridades estatales y federales lo siguiente:

I.                     Que se garantice la integridad física y psicológica, de las familias, y colaboradoras “Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C” y de los abogados y abogadas de la “Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C” que acompañan este proceso.

II.                    Que se informe oficialmente de las acciones tomadas por parte de las autoridades en relación a las anteriores denuncias presentadas y sobre los hechos que se denunciarán en estos días.

III.                   Que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables de estos actos de intimidación y amenazas, y que se les sancione debidamente.

IV.                 Que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración Sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en lo referente a la protección del derecho de promover y defender los derechos humanos y a la protección de las personas que ejercen este derecho bajo cualquier circunstancia.

A las organizaciones civiles y sociales nacionales e internacionales solidarias que siempre han estado atentas a lo que sucede en Ciudad Juárez les solicitamos:
I.                      Reenviar esta acción urgente e las autoridades señaladas.

II.                    Mantener estrecha comunicación con la organización “Nuestras Hijas” para dar seguimiento de las acciones futuras.

III.                   Estar pendientes de las acciones desarrolladas por el Estado Mexicano en relación a los hechos denunciados y en relación a la sanción que se les imponga a los mismos.

ATENTAMENTE

Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C
David Peña Rodríguez y Karla Micheel Salas Ramírez

Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C
Malú García Andrade y Marisela Ortiz

Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer
Andrea Medina Rosas
ENVIAR ACCIÓN URGENTE A:
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: (52.55) 2789.1100
Fax: (52.55 ) 5277.2376
Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600 México D.F.
Fax: (52.55) 5093.3414
Correo: frjramirez@segob.gob.mx
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Paseo de la Reforma 211-213, Piso 16
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México D.F.
Tel: (52.55) 5346.0114, 5346.0115
Fax: (52.55 ) 5346.0928
Correo: ofproc@pgr.gob.mx
Dra. Alicia Elena Pérez Duarte
Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres
Río Elba No. 17, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500
Delegación Cuauhtémoc,
Tel. 52411686
Correo: alicia.elena@bluewin.ch
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Periférico Sur 3469
Del. Magdalena Contreras. C.P. 10200, México. D.F.
Tel: (52.55) 5681.8125; 5631.0040
Correo: correo@cndh.org.mx
Mtra. Patricia González Rodríguez
Procuradora General de Justicia del estado de Chihuahua
Tel. 614 4293300, extensión  11400
Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tb-petitions@ohchr.org
Sr. Amerijo Inalcaterra, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
oacnudh@hchr.org.mx
Sr. Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
cidhoea@oas.org
Con Copia:
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, anadmexico@yahoo.com.mx
CLADEM, andreagdl@infosel.net.mx
Nuestras Hijas de Regreso a Casa,  nuestrashijas@gmail.com

Por pobreza, 350 mil menores de edad son jornaleros

Por Leticia Puente Beresford, corresponsal

Recibido de Amílcar Castañeda, corresponsal de Prensa Indígena,  Rotativo de Querétaro. Nueva York, EU, 14 de junio (CIMAC).- Casi la  mitad sufre desnutrición. El Fondo de las Naciones Unidas para la  Infancia (Unicef) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  informaron que en México cada año unos 350 mil menores de edad, en su  mayoría indígenas, abandonan junto a sus familias sus comunidades de  origen para trabajar en campos agrícolas del norte de ese país.

Indicaron ambas organizaciones que la pobreza es la principal causa de  su inmigración. Las organizaciones, pertenecientes a las Naciones  Unidas, agregaron que los problemas juveniles también tienen que ver  con el comportamiento de las y los menores de edad. En este grupo se  registra el más alto grado de rezago educativo del país. La Secretaría  de Educación Pública (SEP) estima que menos del 10 por ciento de estas  niñas y niños asiste a la escuela.

Muchos de ellos suspenden sus estudios debido a complicaciones  administrativas al cambiar de lugar de residencia. El ausentismo  escolar está directamente relacionado con el inicio de las actividades  laborales de las y los menores de edad. Según datos del Programa de  Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes (Pronim) de la SEP, el  50 por ciento de estas niñas y niños se encuentra en el primer o  segundo grado.

Además, el 42 por ciento sufre algún grado de desnutrición y son  víctimas de discriminación por etnia, género y por hablar alguna lengua  indígena. “Muchos trabajan en los campos agrícolas con el consecuente  riesgo para su salud y desarrollo”, dicen ambas organizaciones.

La pobreza en México obliga a trabajar a un total de 3.3 millones de  menores de edad, de entre 6 y 14 años, es decir uno de cada tres niñas  y niños de esas edades. Pero en las comunidades indígenas esta cifra se  duplica: 36 por ciento de las y los niños trabajan, dice el comunicado  de Unicef.

Policías y agentes de migración denuncian a militares

Por: INFODEMEX

Argenpress, 12 de junio.- En lo que representa el primer diferendo  entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de  Seguridad Pública (SSP) federal y el Instituto Nacional de Migración  (INM) dentro del marco del combate al crimen organizado que emprendió  desde el inicio de su administración el presidente Felipe Calderón,  agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de migración  denunciaron penalmente ante la Procuraduría General de la República  (PGR) a elementos del Ejército por presunto abuso de autoridad y  privación ilegal de la libertad, según informaron fuentes  gubernamentales.

De acuerdo con los datos recabados, el pasado miércoles en Mexicali,  Baja California, fueron detenidos por elementos militares seis agentes  de la PFP adscritos al aeropuerto internacional de esa ciudad, quienes  presuntamente permitieron que un sujeto introdujera en territorio  mexicano un maletín que contenía 26 paquetes de cocaína. Dos días  después siete oficiales de la PFP, división Caminos, fueron arrestados  por elementos militares, junto con tres agentes del INM.

El sábado pasado, cuando el Ejército tenía ‘sitiadas’ las instalaciones  de la Policía Federal de Caminos en Mexicali, siete agentes más fueron  detenidos y quedaron a disposición de la PGR. Sin embargo, la mayoría  de los detenidos tuvieron que ser dejados en libertad durante el pasado  fin de semana porque la PGR no encontró pruebas para consignarlos  penalmente.

Sólo los seis agentes federales que fueron detenidos el pasado  miércoles quedaron a disposición de la Subprocuraduría de Investigación  Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y en las próximas  horas se prevé que sean arraigados. Las fuentes consultadas revelaron  que la denuncia la presentaron ante la delegación de PGR en Baja  California al menos tres agentes de la PFP y los tres funcionarios de  Migración.

Los trabajadores del INM declararon ante el Ministerio Público Federal  que fueron detenidos por militares sin que existiera orden de autoridad  judicial competente, y que supuestamente fueron tratados con exceso de  violencia e incluso alguno recibió golpes.

Respecto de los agentes de la PFP que interpusieron la denuncia de  hechos, según los informantes, el Ministerio Público Federal tomó  conocimiento de que elementos del Ejército detuvieron entre viernes y  sábado a los agentes policiales y, sin mediar explicación, los  desarmaron y los pusieron a disposición de la PGR.

En respuesta a las denuncias, la delegación de la PGR en Baja  California integrará en las próximas horas una averiguación previa y  citará a los denunciantes para que ratifiquen sus dichos. Incluso, si  encuentra elementos penales contra algún militar como probable  responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y/o abuso  de autoridad, citará a los militares inculpados para que comparezcan y  se defiendan jurídicamente.

Ayer, el destacamento de la PFP división Caminos en Mexicali continuaba  ‘sitiado’ por elementos del Ejército, quienes además realizan rondines  en las principales calles de esa ciudad fronteriza.

Niñas jornaleras realizan doble trabajo

Por Narce Santibáñez Alejandre, CIMAC

Argenpress, 14 de junio.- Agrícola y doméstico. ‘Se debe conocer la  importancia que tiene para las familias migrantes el trabajo de la  infancia para el poder adquisitivo de las familias jornaleras’, pues el  ingreso económico que las niñas y los niños perciben impacta en la  economía familiar, destacó la investigadora Silvia Ramírez, durante el  ‘Foro Trabajo Infantil y Migración’, realizado en el Auditorio  Quetzalcóatl, en la Delegación Iztapalapa.

El 49 por ciento de la niñez jornalera agrícola que llega a los campos  de cultivo es indígena. Cuando llegan a estos campos, el 58 por ciento  se incorpora al trabajo asalariado. El 100 por ciento de los que tienen  entre 11 a 14 años de edad ya trabaja en la labor, destacó la  especialista. En el caso de las niñas jornaleras, una vez que terminan  sus jornadas, generalmente tienen que llegar a cuidar a sus hermanitos  y realizar quehacer doméstico, lo cual habla de una doble desventaja,  señaló la investigadora social.

Nashieli Ramírez, coordinadora general de la organización Ririki,  señaló que las familias siguen llegando a los campos agrícolas con las  niñas, niños y adolescentes. Sin ofertas educativas para jóvenes, se  están incrementando los embarazos adolescentes, están en alto riego de  contraer VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.

‘Dicha problemática se tiene que abatir mediante políticas integrales  para la sociedad migrante, se necesita la responsabilidad de los  empresarios y concientización de los poderes políticos’, finalizó  Silvia Ramírez. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e  Informática (INEGI) reportó en el 2005 que en el país trabajaban 3.3  millones de niñas y niños, entre 6 y 14 años de edad, es decir, uno de  cada seis.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado por medir y conocer la  dimensión de la problemática en México, todavía no existe un sistema  nacional de medición fiable y periódico que dé cuenta del universo del  trabajo infantil. De acuerdo con cifras del Programa Nacional de  Atención a Jornaleros Agrícolas (1999), de la Secretaría de Desarrollo  Social, existen 3.4 millones de jornaleros agrícolas migrantes, de los  cuales 1.2 millones son niñas y niños menores de 18 años.

De éstos, se estima que aproximadamente 900 mil se ven obligados a  trabajar en plantaciones agrícolas de exportación (374 mil entre 6 y 14  años y 526 mil entre 15 y 17 años) lo que representa casi 27 por ciento  de la fuerza de trabajo que se emplea en este sector de la economía.

»»Niñez migrante en Estados Unidos.- Las niñas y niños migrantes de  México que trabajan en Estados Unidos (EEUU) lo hacen por necesidad y  tienen que buscar la manera de sobrevivir, pues los adultos no son los  únicos que mandan remesas, también tienen que colaborar en la economía  familiar, destacó Ignacio Pegueros Pacheco, antropólogo social.

El antropólogo Pegueros dijo que esta niñez generalmente trabaja por  las noches en restaurantes, quitando la nieve, cortando jardines,  envolviendo periódicos, en la construcción y en los campos agrícolas.

Ignacio Pegueros comentó que el trabajo jornalero en EEUU no difiere  mucho de las condiciones que prevalecen en México, pues la mayoría son  indígenas, trabajan en condiciones de esclavitud, están expuestos al  sol, viven a la intemperie, tienen que comprar en la tienda del dueño  donde está el terreno y se les paga menos de tres dólares por hora.

Principalmente tienen deficiencias lingüísticas para defenderse en una  sociedad receptora hostil, porque la zona expulsora no les dio las  herramientas de educación que les corresponden, pues nacen con la  lengua materna indígena, después se enfrentan a deficiente español y  finalmente al inglés, recalcó el especialista.

Las niñas y niños migrantes son sujetos de deportación, los  criminalizan, sus huellas son detectadas, porque generalmente tiene que  falsificar papeles, se les ve y se les trata como delincuentes, porque  falsificar es un delito federal, puntualizó Pegueros.

»»Panorama regional.- La Organización Internacional de Trabajo señala  en un comunicado que en el mundo más de 132 millones de niñas y niños  entre 5 y 14 años trabajan en la agricultura. Ellos representan el 70  por ciento de toda la infancia que trabaja en el mundo. En Brasil  existen 1 millón 200 mil niñas y niños entre 5 y 17 años trabajan en el  sector agrícola en este país. De ellos, 500 mil tienen entre 5 y 15  años.

De otra parte, de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares del 2005,  Colombia tiene una tasa de 37 por ciento para la niñez entre 5 y 17  años vinculados a la agricultura como rama de actividad. En Ecuador una  investigación de la OIT señaló que solo en las provincias de Los Ríos,  El Oro y Guayas, donde se concentra la mayor producción de plátano del  país, existían cerca de 8 mil niñas y niños menores de 18 años  realizando diversas actividades.

Por otra parte, un estudio especializado en la zafra de la caña de  azúcar reveló que en Bolivia cerca de 10 mil niñas y niños entre 9 y 18  años participan junto a sus padres y hermanos mayores en la cosecha de  este producto en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, bajo  modalidades encubiertas de ayuda para cumplir los cupos impuestos por  los contratistas. En Perú existen 972 mil niñas y niños entre 6 y 13  años que trabajan en el sector agropecuario.

Un reciente estudio realizado por la OIT sobre la magnitud del trabajo  infantil en Paraguay reveló que más de 90 mil niñas y niños entre 5 y  17 años realizan actividades como agricultores y trabajadores  agropecuarios y pesqueros. En América Central y la República  Dominicana, según las últimas encuestas de hogar, la mitad de los 2  millones de niñas y niños trabajadores, laboran en la agricultura, y el  50 por cierto no asisten a ningún tipo de escuela, colegio o centro de  formación profesional.

El documento señala que los gobiernos, empleadores y trabajadores de la  región dieron un paso importante al comprometerse en el seno de la OIT  a desarrollar medidas urgentes y prioritarias para acabar con las  peores formas de trabajo infantil en el 2015 y eliminar el trabajo  infantil en su totalidad para el 2020•

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Prensa Indígena. “Con la mira en el futuro”, les invita a ver “Las  Venas Vacías” y otros interesantes videos en la página:
http://www.prensaindigena.org.mx

Entrevista a Benedetti

http://www.informarn.nl/temas/cultura/cul070621_mariobenedetti

Radio Nederland

“La Globalización es la agonía sin fin de la esperanza”

Carlos Montero21-06-2007El escritor Mario Benedetti (86 años) define la globalización como “la agonía sin fin de la esperanza”, en texto inédito que estrena ante Radio Nederland. En entrevista con nuestra emisora, el ganador del premio Reina Sofía de España, y autor más leído en la historia de Uruguay, analiza el compromiso del escritor en su literatura y los diferentes cambios hacia la izquierda en Latinoamérica. Hace medio siglo, en el ‘Indice Crítico de la Literatura Hispanoamericana’ (1954), ya se lo preveía como “narrador de avanzadas tendencias”. En 86 años, escondió en Uruguay al líder tupamaro Raúl Sendic; fue amenazado de muerte entre los indeseables del peronismo de López Rega en Argentina; lo echaron de Perú por la novela “La Tregua”, y el Subcomandante Marcos en México tomó el alias de su novela “El Cumpleaños de Juan Angel”. Antes de volver definitivamente a Uruguay -luego de su residencia y viajes constantes a España- recibió en 1997 el doctorado honoris causa de la Universidad de Alicante, por su “impulso conversacional de elevar el lenguaje cotidiano, repleto de guiños cómplices, a la categoría de la expresión poética”.En poesías cantadas por Joan Manuel Serrat y Nacha Guevara, en novelas llevadas al cine, en artículos y ensayos, Benedetti se destaca por la sencillez y falta de vanidad. Tras 60 años en que no pudo vivir de la literatura y un cuarto de siglo en que finalmente lo logró, admite falta de vocación como dirigente político, ve límites del periodismo y subraya la importancia de preservar el castellano.Radio Nederland.- Ud. es tenido como escritor muy comprometido con el castellano. ¿Hacia dónde ve que apunta en estos momentos la reivindicación de nuestra lengua?
Mario Benedetti.- Bueno, hay que ver que es la tercera lengua a nivel mundial. De modo que, en eso mismo, el castellano funda su potencia, su fuerza. Y tengo la impresión de que esa fuerza va a ir aumentando.RN.- El IV Congreso de la Lengua reafirmó la importancia del español, ¿ve un deseo de imponerse o preservarse de lo que significa el inglés en el mundo?
MB.- Yo creo, en primer término, que quiere preservarse.

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Saramago: la realidad es otra

 Carlos Payán
Entrevista con José Saramago

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/24/sem-saramago.html

París, otoño de 2006.Carmen Castillo recibe en su casa a José Saramago, a Laura Restrepo, a Ramón Chao, a Carlos Payán. Al término de la cena se levanta de la mesa e invita a Payán a conversar en la biblioteca. ¿Grabamos?, le pregunta Payán. Saramago asiente.

Aquí, el resultado de esa conversa en donde Saramago habla de su infancia, del poder, de la memoria, de los personajes de ciertas novelas que están más vivos que muchos que andan por ahí, de la herencia del experimento comunista, de la libertad, de la democracia, de momentos definitorios de su vida…

-Acabas de escribir Pequeñas memorias, un bello libro sobre tu infancia. ¿Es la infancia como un jardín secreto, misterioso que siempre llevamos dentro?

-Bueno, ese jardín encantado quizá haya sido para el niño feliz, el que está descubriendo el mundo. Pero quise sacar a luz también al niño infeliz, al niño melancólico. Yo le digo a la gente, ¿tu niño está triste? Déjalo estar, está creciendo. Pequeñas memorias tiene un epígrafe que dice “déjate llevar por el niño que has sido”. Tengo tan presente a ese niño como si yo fuera por ahí llevado por él, de la mano.

-El problema de ese niño es que muchas veces se nos queda tan atrás, que ya no sabemos bien quién fue realmente.

-Yo no lo he olvidado nunca, pero se me había quedado atrapado en el pasado. Un día empecé a hacerme insistentemente la pregunta, ¿quién era ese niño? Probablemente ya no hay en mi cuerpo ni una sola célula de las que tenía entonces, ya soy otro, al fin de cuentas podemos decir que somos otro en cada día que pasa. Pero al mismo tiempo entre ese niño y yo hay una continuidad biológica, seguimos siendo la misma persona. Y la única herramienta que tenía a mano para recuperarlo era la memoria, con toda la carga que ella nos devuelve, de caras, sentimientos, paisajes, situaciones.

-También contamos con esa niebla que es el olvido, esa otra cara de la memoria.

-Así es, tienes que pedirle a la niebla que te vaya devolviendo lo que pretende ocultarte. La memoria es selectiva y tiende a borrar las partes duras, va armando un recuerdo basado sólo en lo más dulce… Pero hay que tratar de ser honesto. Por ejemplo, mi padre le pegaba a mi madre, y yo lo digo en las memorias. No me gustaría omitirlo porque es algo que marcó al niño que fui, y tengo que luchar contra la tendencia a omitirlo.-El escritor libanés Elías Khoury dice que una vida es una novela que no se ha contando, y una novela es una vida que no se ha vivido.

-Es una bonita manera de decir. Hay personajes de novela que están más vivos que algunos que andan por allí; piensa por ejemplo en Emma Bovary, o en Julian Sorel. ¿Hay alguien más vivo que ellos? O esos personajes de Shakespeare, grandes, pequeños, mediocres, magníficos, que vienen de la literatura pero que también están aquí, vivos, entre nosotros…

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