Montes Azules, Morelos y Michoacán

Babel

Javier Hernández Alpízar

Contra la condena al silencio y la invisibilidad, la agresión a los indígenas mayas chiapanecos en Montes Azules, desplazados por la fuerza el 18 de agosto, comienza a abrirse paso en algunos resquicios informativos impresos y en la red, y en movilizaciones de la Otra Campaña.
Ayer comentamos la protesta de unas trescientas personas, en su mayoría adherentes a la Otra Campaña, convocadas por el Espacio de Coordinación del la Otra en el Valle de México, frente a las oficinas de la representación del gobierno priista- perredista- calderonista de Juan Sabines, en la colonia Juárez de la Ciudad de México.
El 28 de agosto, en nota de Elio Enríquez, en La Jornada, nos enteramos de que los 33 desplazados por la policía desde Montes Azules hasta La Trinitaria, en Chiapas, fueron “albergados” (en realidad recluidos) “en una casa que hasta hace un año funcionó como prostíbulo y bar, cerca del basurero del municipio de La Trinitaria”. Lo cual es calificado por la redacción del periódico como “casa insalubre”.
El corresponsal cita a una organización de derechos humanos que describe el sitio: “Luis Menéndez, miembro de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz) y del Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, dijo que el lugar –donde fue encontrada una culebra de dos metros de largo– está en condiciones ‘insalubres y no apto para ser habitado’. Añadió que en el grupo hay al parecer dos embarazadas y un joven de 17 años tiene varicela, por lo que el caso les representaría un riesgo grave.”
El racismo, el desprecio por los bebés, niños, niñas, mujeres y ancianos encerrados por el gobierno de Sabines en la Trinitaria se percibe claramente, ya que los tratan como de prisioneros de guerra: “Los afectados –reporta Elio Enríquez– fueron trasladados en helicóptero a la cabecera de La Trinitaria, ubicada cerca de Comitán, y seis más fueron llevados al penal de El Amate, municipio de Cintalapa. Menéndez afirmó que el sábado los indígenas que inicialmente estuvieron un salón de La Trinitaria fueron trasladados a una casa que hasta hace un año funcionó como el bar Las Vegas y prostíbulo. ‘Están peor que en el refugio anterior’, añadió.”
En nota del 29 de agosto, Hermann Bellinghausen cita el estudio “Desalojos en Montes Azules: recursos estratégicos; soberanía nacional y derechos indígenas en juego”, de la organización Maderas del Pueblo del Sureste.
Aquí se mencionan los tres poblados desplazados por la fuerza, el de bases zapatistas San Manuel (llamado por el gobierno Nuevo Salvador Allende), la ranchería de indígenas no zapatistas El Buen Samaritano (ambos recluidos en un exprostíbulo en la Trinitaria) y el poblado que huyó, como ha informado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, San Pedro (llamado por el gobierno El Innominado).
El análisis de Maderas del Pueblo da en el clavo: “Los operativos de desalojo violento en las comunidades de Montes Azules, Chiapas, que al parecer no han concluido, ‘son parte de la estrategia global de ‘despeje’ del territorio de mayor biodiversidad, cubierta forestal y caudales de agua dulce no contaminada, del país y de Mesoamérica’.”
Se trata de quitar a los indígenas porque estorban a los planes (derivados de acuerdos y planes como el TLCAN y el Plan Puebla Panamá) de expropiar la biomasa y el agua (gracias a la espuria Ley Indígena del PRI-PAN-PRD y su consecuente Ley Monsanto) en favor de las empresas para quienes gobiernan tanto el ejecutivo federal panista como el ejecutivo estatal perredista- priista de Chiapas. La policía, el ejército y los paramilitares son el brazo armado del “libre comercio”.
Maderas del Pueblo califica los operativos policiacos de “violatorios de los más elementales derechos” (entre otros los del Convenio 169 del OIT, recuerda el Frayba, el cual también es violado por la Ley Indígena de PRI, PAN y PRD), por tanto, es ilegal, en el sentido profundo de la palabra. Además señala la existencia de indígenas presos en el penal del Amate. Seis nuevos presos que se suman a los que ahí resisten como La Voz del Amate.
Maderas del Pueblo, organización ambientalista, señala que mientras las comunidades desplazadas por el gobierno no se caracterizan por ser “depredadoras” del ecosistema, sí lo hacen, impunemente, los grupos indígenas protegidos por el gobierno y usados como careta civil para demandar por “delitos ambientales” a los hoy desplazados: “Las comunidades toleradas por el gobierno, y usadas junto con los lacandones de Lacanjá contra los demás poblados en la región, son ‘las zonas de mayor deterioro de vegetación y suelo de la selva’. Es decir, Frontera Corozal y Nueva Palestina, ‘donde la ganaderización se desarrolla aceleradamente bajo el impulso y complicidad oficial’. Del más reciente reparto de recursos, producto de las ‘indemnizaciones’ por expropiaciones federales ‘que demagógica e irresponsablemente se han venido haciendo de forma individual, la mayoría del dinero recibido por los ‘subcomuneros’ se aplicó para la compra de ¡ganado!”
Al igual que en el caso de los paramilitares como la OPDDIC, se trata de fachadas para grupos de choque y paramilitares protegidos por el gobierno y sus grupos armados, con rótulos de “ambientalismo” y de “derechos humanos”, seguramente estrategias aprendidas de los manuales de contrainsurgencia y guerra psicológica de los norteamericanos, en los cuales abreva la contrainsurgencia de los gobiernos mexicanos de todos los colores partidarios.
Lo más importante, quizá, del estudio de Maderas del Pueblo reportado por Bellinghausen es que da los nombres de los beneficiados por la campaña militar de despoblamiento y despojo contra los indígenas: “La estrategia de despeje y control territorial, ‘disfrazada de un filantrópico ‘beneficio de la humanidad’, responde a intereses corporativos multinacionales en la ‘conservación ecológica’ con fines de apropiación, mercantilización y multimillonario lucro de los valiosos y estratégicos recursos naturales de esta y otras regiones indígenas y campesinas del país”.
“Biodiversidad, cubierta forestal y agua son algunos de los recursos ambicionados por empresas de los sectores biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis, Bimbo); farmacéutico (Pharmacia, Bayer, Pfizer, Adventis); automotor y petrolero (Ford, General Motors, Shell, Federación Internacional Automotriz); embotelladoras (Coca-Cola, Nestlé, Pepsi Cola), y minero (Cemex), ‘varias de las cuales tienen ya presencia directa o indirecta en la selva  Lacandona’.”
En Morelos, cuna del zapatismo histórico y estado mexicano, donde hoy libran una lucha por la tierra y el agua contra los mismos planes de expropiación y represión, hubo una primera manifestación, en Tlaquiltenango, exigiendo que les devuelvan sus tierras y territorios a los indígenas mayas de Montes Azules.
En nota de Angelina Albarrán, publicada en el Sol de Cuernavaca, se lee que integrantes de la Otra Campaña se manifestaron el 26 de agosto, en la entrada principal del balneario El Rollo, en Tlaquiltenango.
Llamaron “secuestro” al desplazamiento de las 12 familias indígenas encerradas en La Trinitaria.
La reportera cita las palabras de un manifestante morelense: “Acudimos a este lugar, porque sabemos que a través de la Bolsa Mexicana de Valores se impulsa el megaproyecto que será financiado por el grupo de empresarios (que) ‘tienen como objetivo crear en los Montes Azules megadesarrollos turísticos y tiene la intención de crear en México el lugar de descanso de esos ricos explotadores’.”
Al igual que la Otra Campaña en el Valle de México, los morelenses denunciaron la complicidad de la clase política en la violencia de estado: “¡Alto al hostigamiento y represión del gobierno contra los pueblos indios de Chiapas!, y agregan que el gobierno panista de Felipe Calderón, en complicidad con el gobierno perredista en Chiapas, apoyado en paramilitares del PRI y PRD, está hostigando a los pueblos indios en Montes Azules, desalojándolos, destruyendo viviendas, agrediéndolos físicamente, secuestrándolos, encarcelándolos y desapareciéndolos.”
Le dijeron a la reportera del Sol de Cuernavaca que esa manifestación es la primera de una campaña contra el despojo a los indígenas de Montes Azules.
En Morelia, Carmen M. Genis, autora del artículo “Montes Azules: Los múltiples rostros del despojo”, publicado el 27 de agosto en la columna “La palabra andante” del diario Cambio de Michoacán, resume el comunicado de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza, con el que inicialmente se supo del desalojo y desplazamiento forzado de los indígenas de Montes Azules.
La articulista compara esta agresión a los indígenas chiapanecos con la que padecen ellos en Michoacán, bajo el mandato del “(des)gobernador”, así lo llama, perredista y calderonista Lázaro Cárdenas Batel. Es un megatúnel rechazado por un amplio grupo de michoacanos en resistencia, pues Cárdenas junior se empecina “en llevar adelante el megatúnel, vialidad que se pretende construir atravesando la Loma de Santa María, a pesar de que forma parte de una zona natural protegida por tratarse de una valiosa reserva biológica, forestal e hidrológica, amparada por al menos tres decretos presidenciales; además de que esta loma se localiza en una zona de alto riesgo por estar enclavada en una falla geológica.”
Carmen M. Genis cita otros ejemplos en la tierra de Zapata, el estado de Morelos. La enajenación de tierras ejidales con licencias irregulares y la contaminación de los ríos Apatlaco y Yautepec. Otros atropellos contra el territorio, las tierras indígenas y campesinas y los ríos citados en “La palabra andante” son: “FEMSA- Coca Cola disfruta casi sin restricciones de la concesión de los acuíferos de El Texcal de Tejalpa y de la colonia Manantiales de Cuautla. Y ni hablar del desalojo que las autoridades de Colima pretenden hacer en las comunidades aledañas al volcán, con el pretexto de la seguridad de los pobladores por la inminente erupción de éste.”
Basta mencionar un caso de agresión al pueblo con pretextos como el desarrollo, el “ecologismo” gubernamental y los casos en cada estado vienen a la memoria.
La impunidad asegurada a los militares es la cereza del pastel, según nota de Gustavo Castillo García en La Jornada del 29 de agosto: “La justicia civil no podrá juzgar a militares que cometan violaciones a derechos humanos u otro tipo de delitos mientras actúen como policías federales, debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pactó con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal que los efectivos castrenses ‘seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable’, según el convenio de colaboración firmado en abril pasado entre ambas instituciones, para dotar de más agentes a la Policía Federal Preventiva (PFP).”
Así que las violaciones sexuales cometidas por militares, a veces disfrazados de policías, en Chiapas, Atenco, Oaxaca, Zongolica, Castaños (Coahuila), Michoacán y Guerrero, los casos que han alcanzado alguna aparición en la prensa, serían simple y sencillamente impunes por la ley de que “la ropa sucia se lava en casa”. Dos fueros siguen vivos en México, en los hechos, el militar y el del clero.

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1 comentario

  1. 13 enero, 2010 a 13:10 pm

    hola deceario que hubiera mas imformacion


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