Manifiestan profesores apoyo a trabajadores de la UAM

Exhortan a las autoridades universitarias a “no generar un ambiente de confrontación”.

Emir Olivares
Publicado: 28/02/2008 15:26

México, DF. Profesores de diversas unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) manifestaron su apoyo a las exigencias de los trabajadores, por lo que exhortaron a las autoridades universitarias a “no generar un ambiente de confrontación” y resolver mediante el diálogo los 11 puntos del pliego petitorio del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM).

En conferencia de prensa, los profesores Arnulfo Arteaga, José María Martinelli, Gabriel Vargas (Unidad Iztapalapa) y Rosana Guevara (Xochimilco), indicaron que la resolución de la huelga, que ya tiene 28 días, pasa por la resolución de los 11 puntos de los trabajadores.

Autoridades y representantes sindicales sostuvieron una reunión de negociación, la cual no arrojó ningún avance.

Después de las cinco de la tarde, el Comité de Huelga se reunirá en la sede del SITUAM para analizar las propuestas de las autoridades. La reunión resolutiva se daría alrededor de las ocho de la noche.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/02/28/manifiestan-profesores-apoyo-a-trabajadores-de-la-uam

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Mayor violencia sufren mujeres económicamente activas

México: En el hogar, la calle y su lugar de trabajo

Por: CIMAC
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=052441&Parte=0

El nivel de violencia en el hogar, en la vía pública y en el trabajo es mayor hacia las mujeres económicamente activas, pues no se acepta que ganen más y tengan éxito como profesionistas, sostuvo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza Longoria, informó la institución en un comunicado.

Al participar en el Foro: Mujer, Derechos, Retos y Oportunidades 2008, Trabajo y Familia, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aseguró que todavía hay señales alarmantes de falta de respeto a la mujer en la vía pública, pues cuando toma un transporte es objeto de maltrato, palabras y manoseos.

‘Eso es lo que la mujer vive cuando va a trabajar; se sube a un pesero y no puede usar una falda porque entonces ella es la que provoca, se le echa la culpa a la víctima’, expresó.

El Ombudsman capitalino enfatizó que el primer problema que enfrenta la mujer asalariada es vencer los escollos en casa para ir a trabajar; el segundo es la violencia en el transporte público y por último en el trabajo donde ganan hasta 30 por ciento menos a pesar de realizar el mismo trabajo que un hombre. ‘Se castiga a la mujer, y todavía hay empresas que castigan la maternidad’, apuntó.

Ante lo anterior, llamó a las y los actores políticos a diseñar políticas públicas que contemplen la licencia de paternidad y que generen las condiciones para que las mujeres puedan trabajar y que los hombres asuman la responsabilidad del cuidado de las y los hijos.

Señaló que la ciudad y el país tienen un déficit en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. ‘Tenemos sólo una jefa delegacional, lo cual debería ser motivo de vergüenza; y cuando hacemos un análisis a nivel nacional y vemos a las personas que ocupan una presidencia municipal, sólo 4 por ciento son mujeres’, apuntó.

Indicó que es una tragedia que el país acuñara el término feminicidio y consideró que cada vez que una mujer es violentada en sus derechos significa una derrota para la sociedad. ‘Lo menos que debemos hacer es un gesto de solidaridad con la víctima en la casa, en el transporte público y en el trabajo’, finalizó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo Vázquez, aseguró que el machismo ha dado pie a la negación de derechos y oportunidades para millones de mujeres.

Subrayó que, de acuerdo con datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el estudio Mujeres y Hombres en México 2007, para que exista equidad salarial es necesario aumentar 8.8 por ciento el salario por hora de las mujeres.

‘En términos llanos, mientras en 2006 los hombres ganaban en promedio 18.2 pesos por hora, las mujeres ganaron 16.7 por esa misma hora’, destacó.

Afirmó que mientras 96 por ciento de las mujeres participan en el trabajo doméstico, sólo 58 por ciento de los hombres lo hace, independientemente del estado civil de la persona.

El diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseveró que una de cada dos mujeres que llevan más de 15 años en concubinato ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, física, económica o sexual por parte de su compañero o esposo.

De las víctimas, agregó, 38.4 por ciento padece violencia emocional; 29.3 económica; 9.3 física y 7.8 por ciento sexual. ‘Sin obviar la gravedad, 80 por ciento de los casos fueron generados durante el noviazgo’, recalcó.

Anunció que el próximo 8 de marzo, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, entrará en vigor la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento que contempla acciones penales de emergencia y preventivas cuando una mujer se encuentre en riesgo.

A su vez, la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), Martha Lucía Micher Camarena, lamentó que a este sector poblacional se le asesine, desaparezca y mutile, por el sólo hecho de ser mujer.

El Secretario del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Benito Mirón Lince, informó que 50 por ciento de las solicitudes que recibe el organismo a su cargo para obtener el Seguro de Desempleo proviene de la población femenina, lo que refleja que esta población es la que más sufre despidos laborales por su condición.

En el Foro: Mujer, Derechos, Retos y Oportunidades 2008, Trabajo y Familia participaron también las legisladoras locales María del Carmen Peralta Vaqueiro, Rebeca Parada Ortega, Estela Damián Peralta y Laura Piña Olmedo, así como la presidenta Nacional del Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer, Lucía L. Cervantes.

MÉXICO: Organizaciones de DDHH piden modificaciones en la reforma penal

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=31880
Adital –

Organizaciones de derechos humanos mexicanas, en nota pública, cuestionaron las reformas penales promovidas en el país, que posee dos visiones distintas para los respetos de los derechos humanos. En esto sentido, las organizaciones piden a los Senadores que, inspirados por los diputados – que realizaron cambios en el texto de la reforma a favor de los derechos humanos -, modifiquen tres puntos de dicha reforma.

Retire de la propuesta el hecho de que el arraigo es elevado a rango constitucional en casos de delincuencia organizada. Eso porque en la realidad mexicana, esta es una practica violatoria de los derechos humanos, pues funciona como una prisión preventiva anticipada, carente de control judicial efectivo.

Las organizaciones critican el hecho de que la reforma mantiene la existencia de delitos inexcarcelables. Así, para una serie de delitos, el juez debe siempre ordenar prisión preventiva. El principio de presunción de inocencia estaría gravemente afectado, “la prisión preventiva debe ser siempre excepcional y revisable, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto”.

En la nota, se repudia el subsistema de excepción para las personas acusadas de pertenecer a la “delincuencia organizada”, creado por la reforma. Con eso, se crea un régimen excepcional para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada, afectando las garantías del debido proceso, y el principio de igualdad.

“Al distinguir la Constitución entre dos sistemas de justicia: uno para la “delincuencia organizada” y otro para la “delincuencia común”, el proyecto de reforma abre el camino hacia una distinción poco deseable que propicia en los hechos la existencia de dos derechos penales: uno para los imputados comunes y otro para los imputados relacionados con la delincuencia organizada. Uno para los ciudadanos y otro para los enemigos del Estado’, añadió la nota.

Las diferencias son muy convenientes para los intereses del Estado, en el sentido de que la investigación, el procesamiento y la sanción de los hechos en los que se les relacione tendrá siempre dos posibilidades.

Las organizaciones recuerdan que es el poder Legislativo quien debe escuchar y modificar “para asegurar que la reforma constitucional sea totalmente acorde con los derechos humanos”. Y alertan: “no existen unos derechos humanos más importantes que otros”.

Los países de la ASPAN celebran sus relaciones comerciales e insisten en la seguridad

http://mx.news.yahoo.com/s/28022008/38/negocios-pa-ses-aspan-celebran-relaciones-comerciales-e-insisten-seguridad.html

Los Cabos (México), 28 feb (EFE).- Ministros de EE.UU., México y Canadá concluyeron hoy una reunión de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN) en la que rechazaron renegociar el tratado de libre comercio que vincula a sus economías y acordaron intensificar su cooperación en seguridad fronteriza.

En un comunicado conjunto los ministros indicaron que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que cumple quince años desde su entrada en vigor, es un “rotundo éxito” y ha permitido que el comercio entre sus socios tenga un crecimiento “exponencial”, al punto que sólo en 2007 los intercambios comerciales alcanzaron los 900.000 millones de dólares.

Después de dos días de reuniones en un centro turístico de Los Cabos, en el noroeste mexicano, los ministros pactaron la agenda de asuntos que discutirán los presidentes de esas tres naciones en la próxima cumbre de la ASPAN, que se celebrará en Nueva Orleans (EE.UU.) los próximos 21 y 22 de abril.

En el encuentro participaron los secretarios mexicanos de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de Economía, Eduardo Sojo, los estadounidenses de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez, y los canadienses de Seguridad Pública, Stockwell Day, y de Industria, Jim Prentice.

En rueda de prensa conjunta, Gutiérrez aseguró que “hay un gran incentivo para hacer el TLCAN todavía más fuerte de lo que lo ha sido”.

Prentice por su parte aseveró que los socios de ASPAN deben hacer del tratado la plataforma que proteja y aumente sus estándares de vida.

Stockwell Day dijo que a Canadá “le preocupa que se reduzca el TLCAN en cualquier manera”, porque el país está “contento” con el tratado.

Los ministros lanzaron así una crítica velada a los aspirantes demócratas a la Casa Blanca, Barack Obama y Hillary Clinton, quienes han sugerido que es el momento de una renegociación profunda del tratado comercial.

La delegación estadounidense indicó que el Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. ha crecido un 54 por ciento desde el inicio del TLCAN, mientras que los canadienses aseguraron que gracias a ese instrumento su comercio con Estados Unidos se ha duplicado y con México quintuplicado.

El documento final del encuentro rescata la decisión de adoptar una estrategia para combatir la piratería, profundizar la cooperación normativa que acordaron en agosto de 2007, y aumentar la competitividad del sector de la automoción.

La preocupación por el sector automotriz fue la principal en el campo de la competitividad, que junto a los desastres naturales, la gripe aviar, el sector energético y la seguridad fronteriza, constituyen los cinco ejes de acción de la ASPAN.

Prentice resumió que la intención de los países con la industria de automóviles es “no obstaculizar las cadenas de suministros con retrasos innecesarios, costos adicionales, y otros factores” que afecten la productividad y competitividad.

La seguridad también ocupó un lugar preeminente en la agenda de los ministros, los cuales reconocieron el trabajo del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado, pero advirtieron también de un “aumento” en la violencia fronteriza.

Los ministros acordaron que en la próxima cumbre de mandatarios de la ASPAN se incluyan cinco temas “muy importantes” para México: el tráfico de armas y personas, terrorismo, lavado de dinero y violencia fronteriza.

En este sentido acordaron mantener las fronteras seguras “pero también permitir los desplazamientos frecuentes y de bajo riesgo”.

Sobre estos temas “habrá iniciativas concretas”, prometió el secretario mexicano Mouriño, en tanto que Chertoff afirmó que su país continuará con la construcción del llamado “muro virtual” en la frontera, y no pospondrá su edificación hasta 2011 como lo sugirió hoy un diario estadounidense.

De otra parte, los tres países convinieron en mejorar la cooperación para evitar que entren productos nocivos o alimentos contaminados a la región, y colaborar para compatibilizar sus normas fitosanitarias y de inspección.

También expresaron su intención de establecer estándares más eficientes de combustibles para autos y trabajar juntos cuando se presenten desastres naturales.

COLOMBIA: Desalojos forzados aumentan 20% en un año

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=31873

Adital –
Datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desalojo (Codhes), divulgados el último miércoles (26) revelan que, en 2007, Colombia tuvo el más alto número de desalojos forzados de los últimos cinco años. Casi 306 mil personas dejaron sus casas en dirección a otros 843 municipios.

La Consultoría atribuye este aumento del 20% en relación a 2006 al rearme paramilitar, a los enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de la erradicación de los cultivos.

La capital Bogotá es el destino más frecuente de las personas que tienen que dejar sus casas por miedo al conflicto armado, casi 45 mil personas sólo el año pasado; en seguida está Nariño, con la recepción de 32.856 víctimas de desalojos. En total, son 32 departamentos afectados.

Las familias temen perder a sus hijos a causa del conflicto armado, sea por las guerrillas, sea por los grupos paramilitares. En los territorios en los que vivían, tenían que convivir constantemente con amenazas, atentados, bombardeos y miedo a las minas terrestres.

La Codhes identificó nuevas zonas de desalojo, en razón de las nuevas dinámicas del conflicto armado, como la zona de ejecución del Plan Consolidación (antiguo Plan Patriótico). La confrontación entre los grupos armados continúa causando graves violaciones de los derechos humanos, con una violencia cruel que no diferencia civiles de combatientes y hace uso indiscriminado de las armas de fuego.

“Los enfrentamientos trascienden a los combatientes y se trasladan con crueldad en contra de la población civil, bajo la acusación de pertenecer o auxiliar a alguno de los dos grupos. No se conoce el número de muertos, pero llega a cientos, especialmente en el departamento de Arauca”.

El informe de la Codhes confirma un dato repetido desde hace mucho por las entidades de derechos humanos colombianas: los paramilitares no fueron desmovilizados. En Nariño, Chocó, Antioquia, Córdoba, Valle, Cauca, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Vichada y Casanare, jóvenes actúan con otras ropas y nombres, pero siempre con la complicidad de las autoridades y bajo la tutela de narcotraficantes.

“Ellos realizan operaciones en contra de la población civil; cuidan o disputan cultivos, laboratorios, rutas de narcotráfico; desalojan a campesinos, indígenas y comunidades negras; apoyan a candidatos y se infiltran en administraciones locales”, dice el informe.

Uno de los problemas detectados por la Consultoría es que el gobierno no reconoce los desalojos forzados a causa de las fumigaciones y nadie lucha por los derechos de esas personas: “La guerrilla, los paramilitares y la necesidad los obligan a cultivar, el ejército y la Policía los persigue, la Acción Social no los reconoce y la Procuraduría los mira con sospecha”.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

PANAMÁ: Coordinadora denuncia actuación de policía en contra de campesinos y indígenas

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=31877
Adital –

La Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa) denuncia la situación de los moradores de Nonyí en el territorio Naso, Bocas del Toro, que resisten contra la presión de la empresa hidroeléctrica Medellín. Según la denuncia, más de cien miembros de la Policía Nacional se encuentran en la ubicación, resultando ayer (27) en varios campesinos y indígenas heridos y otros detenidos.

De acuerdo con la Coordinadora, “la población ha estado pacíficamente apostada en la comunidad para impedir que entren maquinarias con las que se quiere arrasar sus siembros y viviendas”.

Lo mismo sigue ocurriendo en Charco Las Pavas, donde la Policía mantiene prácticamente sitiada a la población, bajo la intimidación e revisión continua, impidiéndole salir ni siquiera para buscar agua y alimentos, y en donde las maquinarias han entrado y destruido viviendas y siembros.

En este caso, la empresa que impulsa el proceder es la AES Panamá que dirige la construcción de una hidroeléctrica, irrespetando el derecho de los moradores a la tierra, a la vivienda y a la seguridad.

Los moradores están desesperados y no encuentran quién les auxilie ni les haga justicia ante las arbitrariedades que las empresas mencionadas y la Policía Nacional están cometiendo, poniendo en peligro la vida de los moradores entre los que hay, por supuesto, niños, ancianos, enfermos, mujeres.

La Copodehupa llama la atención a las autoridades gubernamentales, al Ministro de Gobierno y Justicia y al director de la Policía Nacional a fin de poner fin de inmediato a la violación de los derechos humanos que está ocurriendo en Bocas del Toro, concretamente en los lugares mencionados, afectando a la población indígena y campesina de la provincia de Bocas del Toro.

Guatemala: Anuncio sobre la apertura de archivos militares promueve debates nacionales

Por: CERIGUA
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=052456&Parte=0

La orden presidencial de hacer públicos los archivos castrenses que contribuyan a esclarecer las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno promovió en Guatemala diversos debates a favor y en contra de la disposición de Alvaro Colom, Jefe del Organismo Ejecutivo.

Al margen de la aprobación o el rechazo, hay un punto en común entre diversos actores y sectores nacionales, que alertaron que se creó muchas expectativas, pero los alcances de la medida podrían ser no los esperados, por razones del manejo de la documentación y por obstáculos legales.

Marco Tulio García Franco, Ministro de la Defensa Nacional, informó a la prensa que hay toda la disposición para facilitar el acceso a la documentación castrense, pero José Luis Quilo Ayuso, de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) argumentó, en una entrevista telefónica para un noticiero de la televisión local, que la disposición no es factible.

El militar retirado señaló que se trata de papelería sobre a asuntos de seguridad nacional, en tanto que el general Otto Pérez Molina, ex candidato presidencial del Partido Patriota (PP) dijo al vespertino La Hora que hay la pretensión de afirmar que se encontraran pruebas supuestamente incriminatorias sobre operativos y la pérdida de vidas, pero no es así.

La diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), dijo a Cerigua que al analizar el tema hay que tener presente la calidad de los archivos, porque los mismos ya han sido objeto de clasificación y desagregación, por lo que no hay garantía sobre cuánto puedan aportar en casos como la ubicación de personas desaparecidas durante la guerra.

Se conoció que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) probablemente, como en el caso de los archivos históricos de la desaparecida Policía Nacional (PN), sea en el futuro cercano la institución responsable de la custodia y sistematización de la información militar, incluidos los expedientes del disuelto Estado Mayor Presidencial (EMP).

Finalmente, Efraín Ríos Montt, diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), sobre quien pesa la acusación de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno, expresó que no tiene temor por la documentación que pueda salir a luz.

Acuerdan alumnos de Prepa 2 seguir el paro indefinidamente

“Insuficiente y negativa”, propuesta de autoridades

Emir Olivares Alonso
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/28/index.php?section=politica&article=017n2pol

La asamblea estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 2, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró “insuficiente y negativa” la propuesta que le hizo llegar personal de la Dirección General de Preparatorias (DGP) para resolver el conflicto en ese plantel –que está en paro desde hace nueve días–, ya que si bien resuelven cinco de las seis demandas principales del grupo de alumnos que mantienen el paro, “no tocan el más importante”: la destitución de la directora Cecilia Verduzco. Hoy emitirán una respuesta a las autoridades.
Luego de un día de tensión afuera de la ENP 2, donde se dieron cita padres de familia, alumnos y trabajadores del plantel –en favor y en contra del paro–, con 300 votos en favor y 150 en contra, la asamblea estudiantil decidió mantener la suspensión total de labores.
Alrededor de las 7 de la noche, los representantes de la DGP entregaron un documento en el que responden casi a todas las demandas de los estudiantes inconformes, excepto la relacionada con la destitución de Verduzco.
A solicitud de los estudiantes, los compromisos de las autoridades son: no tomar represalias contra los participantes en el movimiento; actuar “de inmediato” en contra los grupos porriles identificados por la comunidad del plantel; eliminar “todos los cobros realizados fuera del reglamento general de pagos” por trámites como reposición de credenciales, cambios de turno, comprobantes de estudios, etcétera; mantener la igualdad de posibilidades de ingreso a Iniciación Universitaria (enseñanza secundaria que se imparte en este plantel y que da pase directo al bachillerato), y reconocer la asamblea estudiantil como único interlocutor.
El pasado martes, los alumnos que mantienen el paro de labores citaron a todos los estudiantes de la Preparatoria 2 –cuya matrícula es de 7 mil– a una asamblea en la que se definiría el futuro del movimiento. Minutos después de la una de la tarde, credencial en mano, los jóvenes entraron a la reunión que se efectuó en un auditorio del plantel, sin que se permitiera el acceso a padres de familia ni profesores, motivo que generó los primeros enfrentamientos verbales entre quienes se manifestaron contra el paro y los que se dijeron en favor.
Debido a la tardanza, muchos estudiantes optaron por salirse, y cuando la votación se inclinaba en favor del paro activo, cientos de padres de familia y alumnos inconformes exigieron a gritos que los paristas dejaran salir a quienes no estaban de acuerdo con la suspensión de labores, lo que provocó un vuelco en el resultado.

Respuesta a la insistencia de Aguilar Camín

Respuesta de Aguilar Camín a Hernández Castillo

Celebro que la antropóloga Hernández al fin haya citado algo preciso en defensa de su aberrante versión de que los agresores de Acteal “desvistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos, a una le metieron un palo entre las piernas, y a las embarazadas les abrieron el vientre y les sacaron a sus hijitos, y juguetearon con ellos, los aventaron de machete a machete” (La otra palabra, CIESAS, 1998, p. 31).

Esto es lo que publicó en su libro, ni más ni menos. Para probarlo cita ahora que en la necropsia consultada por ella hace diez años se dice que una de las mujeres muertas presentaba “exposición de víscera abdominal al medio ambiente a través de herida corto contundente penetrante en cavidad abdominal”.

No sé por qué ella piensa que esa herida no pudo ser causada por un disparo. En todo caso, ¿dónde quedaron las otras mujeres cortadas de los pechos y abiertas del vientre, y los bebés aventados “de machete a machete”?

La antropóloga Hernández cita como origen de su necropsia la causa penal 361/99. Quiero decirle que esa causa no existe en el expediente judicial. Las causas penales que la PGR abrió sobre Acteal fueron nueve: la 223/97, la 201/97, la 224/97, la 46/98, la 5/98, la 97/99, la 176/99 y la 129/98.

La causa 361/98 que cita la antropóloga Hernández no forma parte de esos expedientes. Convendría que la antropóloga enviara a La Jornada sus documentos, como yo envié los míos, para poder cotejarlos. Mientras tanto, concluyo que no tiene elementos para probar lo que publicó y que por eso se retira ahora de la discusión.

Sobre el respeto a los deudos y a los muertos, no sé cómo puede aducir esto quien ha querido añadir al horror de la matanza de Acteal, vejaciones a los muertos tan siniestras, e imaginarias, como las que difundió la antropóloga Hernández en La otra palabra. Eso no es respeto, sino abuso de los muertos.

Por lo demás no soy yo quien quiso hacer “campo de batalla” de las mujeres embarazadas asesinadas en Acteal. Fue la antropóloga Hernández quien ayudó a fabricar ese “campo de batalla” con un testimonio que ahora no puede probar. Si la antropóloga no quiere seguir hablando de estas cosas debió empezar por no hablar a la ligera de ellas.

Héctor Aguilar Camín

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/25/index.php?section=opinion&article=002a2cor

***

Réplica de Rosalva Aída Hernández a Aguilar Camín
Hasta Baltimore, donde me encuentro por razones de trabajo, me han llegado las mentiras y descalificaciones del señor Aguilar Camín. He decidido responder de nuevo para probar que el periodista miente cuando dice que la causa penal 361/99 no existe, como ha venido mintiendo en torno a una serie de acontecimientos en Acteal.
No puedo creer que sus afirmaciones se deban a errores o desconocimientos en torno a las causas penales que integran el expediente de Acteal, sino que miente de manera deliberada para sembrar dudas en los lectores y desviar la atención del punto central: el castigo de los responsables al más alto nivel de la masacre que están demandando los sobrevivientes de Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las causas penales en torno a la masacre no son nueve, como él afirma, sino 13, según informe del Ministerio Público Federal, en las cuales se procesaron a 87 civiles indígenas adultos y a 15 ex servidores públicos. Entre estas 13 causas penales se encuentra la 361/99 del juzgado del fuero común de San Cristóbal de las Casas, iniciada como causa 27/98 en los juzgados federales, la cual no se incluye en la lista enumerada en la reciente carta del periodista.
El Centro Fray Bartolomé de las Casas ha enviado a La Jornada copias de la necropsia que cito en mi carta anterior, del testimonio de Alberto Ruiz Pérez en donde se describe la saña con que fueron tratadas las embarazadas y del documento oficial que prueba la existencia de la causa penal 361/99 citada por mí. En los próximos días estos y otros documentos en los que nos basamos para la elaboración de distintos capítulos del libro La otra palabra podrán ser consultados en la página web http://www.frayba.org.mx.
Es evidente que así pongamos personalmente en las manos de Héctor Aguilar Camín las miles de páginas que integran los expedientes judiciales del caso Acteal y que prueban los distintos niveles de responsabilidad gubernamental, él seguirá repitiendo su versión, porque se trata de un problema de intereses políticos, no de falta de información. A estas alturas ya está claro a qué intereses responde su lamentable labor periodística.
Rosalva Aída Hernández

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/28/index.php?section=opinion&article=002a2cor

Pronunciamiento sobre la reunión ministerial trinacional en Los Cabos

Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

ASPAN: Basta de privatizar la política pública y el país.

La agenda de la reunión de los jefes de Estado que se realizará el próximo 21 y 22 de abril en Nueva Orleáns, se está pre-cocinarse en los Cabos, BCS, entre los ricos empresarios trasnacionales y los funcionarios que parece nunca han leído o entendido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Previo a la reunión preparatoria de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que tiene lugar hoy en Los Cabos, BCS, el titular del Ejecutivo consultó a los enriquecidos miembros del Consejo (empresarial) de Competitividad de América del Norte (CCAN) sobre los puntos de avance de la agenda privada, que viene presentando como si fuera del interés de la sociedad mexicana.

Las organizaciones campesinas e indígenas, las sindicales y las de la sociedad civil que firmamos el Pacto Político por la Soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas, rechazamos “la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida (que forma parte de dicha alianza), porque promueven el estado de excepción y la militarización”.

Los ciudadanos estadounidenses y de Canadá también han levantado su voz contra la ASPAN y su matriz el TLCAN. Los personeros mexicanos que pre-cocinan los acuerdos de Los Cabos, deberían saber que, más allá de ser promesas de campaña, las posturas de los precandidatos presidenciales de los Estados Unidos contra el TLCAN y la ASPAN, obedecen al profundo descontento de los ciudadanos de aquel país contra esa política irresponsable de los políticos neoliberales y las oligarquías de los tres países.

Los cinco puntos de la agenda de la ASPAN que se están pre-cocinando en la reunión de Los Cabos, son: 1) “la seguridad energética trinacional”, 2) la llamada “integración de fronteras inteligentes y seguras” 3) la cooperación tecnológica 4) el manejo de emergencias en la región, la influenza aviar y 5) la pandemia de influenza humana.

Los primeros tres no responden a la agenda de cambio político y económico que la sociedad viene reclamando en los tres países de América del Norte. En cambio, son las prioridades de la agenda de las cúpulas empresariales: se trata del impulso de los negocios privados con nuestros recursos públicos. Y por supuesto, no son a favor ni de la Nación, ni de la región, mucho menos de los ciudadanos.

Los personeros del gobierno mexicano no pueden hacer oídos sordos al rechazo que ciudadanos, expertos y legisladores expresaron en estos días contra la versión mexicana de la agenda de seguridad represiva trasnacional de la ASPAN.

Nuestra seguridad no es la seguridad del Pentágono, ni la de los estrechos intereses egoístas trasnacionales y de la oligarquía mexicana. La verdadera política de seguridad regional y global es la seguridad humana sustentable. Es afrontar las verdaderas amenazas que se generan con la crisis de cambio climático, con las profundas desigualdades sociales, con la destrucción de empleos decentes y el exterminio de la herencia material cultural y espiritual de nuestros pueblos indígenas.

En vez de gastar cifras multimillonarias en construir pseudo “fronteras inteligentes”, para criminalizar y pretender detener a miles y miles de ciudadanos que desesperadamente buscan encontrar en otro lado todo aquello que, por las políticas obsoletas gubernamentales y trasnacionales, nuestro país no les ofrece, es necesario y urgente invertir en seguridad humana y la construcción de capacidades nacionales.

La comitiva mexicana a la reunión de Los Cabos no puede seguir ofreciendo la integración energética trinacional que incluye formas de privatización de PEMEX, CFE, CLyFC –que más allá de si se venden o no activos, privatizan las ganancias que generan los recursos de todos los mexicanos–, cuando conocen bien que más del 69% de los mexicanos rechazamos esa pretensión política de una minoría corrupta, voraz e insaciable.

La política de Estado y la política pública que el gobierno debería defender y promover con nuestros vecinos, no puede ser substituida por la agenda privada de los miembros del Consejo (empresarial) de Competitividad de América del Norte pro-motor real de la ASPAN. La política pública está siendo secuestrada por los intereses privados de una reducidísima élite trasnacional, con la complicidad del gobierno que ha renunciado a sus responsabilidades y a la defensa de los intereses de México como nación.

Hacemos un llamado a las organizaciones ciudadanas y a los verdaderos legisladores a sumar voces para denunciar la privatización de la política pública y la entrega del país.

RMALC
Ciudad de México a 28 de febrero de 2008

ACCIÓN URGENTE: ABUSO DE AUTORIDAD E IMPUNIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA LOCAL DE OAXACA DE JUÁREZ

ENVIAR SUS LLAMAMIENTOS A:

frjramirez@segob.gob.mx, ofproc@pgr.gob.mx, gobernador@oaxaca.gob.mx, respeleta@segob.gob.mx, cidhoea@oas.org, tb-petitions@ohchr.org, oacnudh@hchr.org.mx, ahurt@amnesty.org

Favor de Enviar copia de su comunicación con clave AU – 008 – 2008 – OAXACA DE ALVAREZ – OAXACA a
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
presidencialimeddhoax@gmail.com
enlacelimeddh@gmail.com

2005-2015 “Década de lucha contra la impunidad”

AU – 008 – 2008 – OXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

LIMEDDH-OAXACA/DDHH/19.02.08.
ACCIÓN URGENTE: ABUSO DE AUTORIDAD E IMPUNIDAD POR PARTE DE LA POLICÍA LOCAL DE OAXACA DE JUÁREZ.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 26 de febrero de 2008
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de la República
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo, Secretario de Gobernación
Lic. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la CNDH
Actuaría. Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina, Unidad de Derechos Humanos SEGOB
Dip. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores
Santiago Cantón Secretario, Secretario  Ejecutivo de la CIDH.
Louise Arbour, Alta Comisionado de la ONU

Sr. Amerigo Incalcaterra, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), el Comité Cerezo México, la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275,  Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante el abuso de autoridad y la impunidad con la que actúa la policía municipal en OXACA DE JUÁREZ,

Como lo atestigua y deja constancia el testimonio de ISAAC TORRES CARMONA estableciendo los siguientes:
HECHOS
(Testimonio de Isaac Torres Carmona)

I.- Con fecha 19 diecinueve de febrero de 2008 dos mil ocho, siendo aproximadamente las 18:00 horas, el que suscribe iba caminando sobre la calle de Alcalá, toda vez que me dirigía a mi centro de trabajo el cual se encuentra ubicado en la calle de Margarita Maza de Juárez, de los de esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, cuando aproximadamente a 30 metros después de haber cruzado la calle de Humboldt, que hace esquina con la Calle de Alcalá, aproximadamente frente a un establecimiento comercial llamado restaurante “PIZZA RUSTICA”, me percate de que se encontraban dos sujetos del sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, que portaban uniforme oficial de la Policía Municipal, con vehículos tipo motocicleta mismas que tenían estacionadas sobre el arroyo vehicular junto a la banqueta, donde tenían a dos sujetos jóvenes del sexo masculino de aproximadamente 17 diecisiete años de edad, materialmente sometidos sentados sobre una de las jardineras que se encuentran en el área arbolada que hay en ese lugar, visiblemente asustados por el maltrato que estaban recibiendo; y uno de los sujetos   que portaba uniforme de la Policía Municipal al que hago referencia, metía sus manos acuciosamente en una mochila que pude ver que portaba uno de los jóvenes sometidos, mismos que además también, eran amedrentados por estos elementos de la Policía Municipal, ya que mientras uno de estos registraba las cosas personales de los jóvenes sometidos, el otro Policía Municipal les gritaba dándoles ordenes verbales de que no se  movieran, que se quedaran quietos.——————————————————————————————————II.- Ante tales circunstancias, atravesé la Calle de Alcalá hacia la acera de enfrente y me acerque dirigiéndome al Policía Municipal que metía sus manos en la mochila que portaba uno de los jóvenes sometidos y le pregunté que por que motivo los estaban registrando de esa manera, es decir, por que estaba metiendo sus manos en las cosas personales de estos dos sujetos aparentemente menores de edad y del porque del maltrato que estaban recibiendo en ese momento, a lo que uno de estos elementos policíacos me respondió que habían sido sorprendidos orinándose en la vía publica, imputación que ninguna de las dos personas sometidas negó, pues uno de ellos respondió que le habían dado ganas de orinar, por lo que el suscrito, les manifesté a los elementos de la Policía Municipal que pararan el maltrato y el abuso hacia esos dos jóvenes y los remitieran inmediatamente ante la autoridad competente, pero que no abusaran, ya que el suscrito les manifesté que entonces se trataba de una falta administrativa y no de un delito, a lo que uno de los Policías Municipales me respondió que no me metiera, que quien era yo para meterme en lo que no me importa, refiriéndose al suscrito, por lo que procedí a identificarme con identificación oficial pasaporte expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores y le respondí que era un simple ciudadano que había tenido el infortunio de ver los abusos que se estaban cometiendo en contra de estos dos jóvenes a manos de esos elementos de la Policía Municipal, y le pedí que se dirigiera hacia mi persona con respeto, pues yo, el suscrito, me estaba dirigiendo hacia él (uno de los Policías Municipales), con respeto, y le pedí además que no se extralimitara en sus funciones maltratando y abusando de su autoridad, a lo que me respondió que si el suscrito, creía que su uniforme era de a mentiras, a lo que el suscrito respondí que no, pero que tampoco le daba el derecho de abusar de su cargo, entonces me respondió que entonces el suscrito también me iba con ellos, refiriéndose a los dos jóvenes detenidos, argumentando este elemento de Policía Municipal, que me lo tenia ganado por meterme en lo que no me importa, por lo que de inmediato dio órdenes verbales al otro policía Municipal que lo acompañaba para que llamara a la patrulla, para continuar con la remisión tanto del suscrito, como de los dos individuos jóvenes que habían detenido.—————————————————————————————————————————————————————————
III.- Aproximadamente cinco minutos después, llegó la patrulla número 749, setecientos cuarenta y nueve, de la Policía Municipal de esta Ciudad, con tres elementos mas del sexo masculino, de Policía Municipal, subiendo a los dos sujetos del sexo masculino detenidos y ordenándome verbalmente el Policía Municipal, que me subiera a la patrulla, diciéndome que haber si así se me quitaba lo pendejo y me dejara de meter en donde no me llaman, por lo que el suscrito, me vi obligado a subir a la mencionada patrulla numero 749, setecientos cuarenta y nueve, de la Policía Municipal.————————————————————————————————————————————————————————————————–IV.- Aproximadamente quince minutos después fuimos conducidos y remitidos a las instalaciones de la Policía Municipal ubicadas en la Calle de Morelos, de esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, donde me mantuvieron retenido aproximadamente treinta minutos, durante los cuales fui interrogado por un sujeto del sexo masculino de aproximadamente 60 sesenta años de edad quien se ostento como director de la Policía Municipal, en compañía de otro sujeto del sexo masculino de aproximadamente 49 cuarenta y nueve años de edad quien se ostento como abogado de la Policía Municipal y procedieron a interrogarme, preguntando que quien era yo (el suscrito), que nacionalidad tenía y que dejara de meterme en lo que no me importa pues según argumentaba este sujeto, estaba (el suscrito) entorpeciendo las labores de la policía y que eso era un delito, a lo que el suscrito me identifique y le manifesté que yo trabajaba para la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos y que lo que había podido constatar eran abusos por parte de estos cinco elementos de la Policía Municipal al detener a los dos jóvenes con quienes me remitieron a esas instalaciones de la Policía Municipal y le dije también, que estaban cometiendo un abuso en mi contra, a lo que respondió textualmente “esos pendejos de derechos humanos los mandamos a la chingada, que derechos humanos ni que la chingada”, y continuo diciendo que me largara a la chingada, por que lo estaba haciendo encabronar, ordenando a elementos de la misma corporación policíaca, que me sacaran del lugar, por lo que otro elemento más de la Policía Municipal me empujó por la espalda diciéndome que me largara por que me iba a partir la madre, que el suscrito era un pendejo y que me iba a meter un susto para que se me quitara lo pinché metiche, por lo que de inmediato me condujeron dos elementos de la Policía Municipal hacia la rampa que conduce hacia el exterior y así me sacaron de dicho lugar——–V.- Por tales circunstancias me veo en la necesidad de denunciar estos hechos, pues no es aislada la forma en que dichos cuerpos policiacos tratan a la ciudadanía.”

La limeddh expresa la preocupación profunda sobre la actuación de los cuerpos policiacos dependientes de este Municipio, ya que se han registrado públicamente diversas agresiones, abuso de autoridad por parte de los elementos de la Policía Municipal sin que a la fecha haya procedimientos, sanciones o destituciones por dichos hechos, tenemos casos como el de Ivette Suárez Reyna, Emeterio Marino Cruz, solo por señalar algunos y ahora al Lic. Isaac Torres Carmona, quien es responsable del área jurídica de la Limeddh, todo lo cual deja clara constancia del abuso de autoridad y la impunidad con la que han venido actuando y actúan los cuerpos policiacos de dicha localidad.

Así mismo, conforme a lo que se desprende de lo dispuesto por el artículo 6 del  TITULO SEXTO,  CAPITULO ÚNICO, DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, de la LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, en la que dispone los cuerpos de seguridad están bajo el mando del Presidente Municipal. Nos preocupa, por tanto, que las diversas actuaciones de los cuerpos policiacos sean una política tolerada e impulsada desde ese H. Ayuntamiento.

Así mismo de dicho ordenamiento en el articulo 108, establece que la policía municipal tiene como obligación preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad, sin embargo la actuación de los cuerpos policiacos municipales contravienen esta disposición, con que se está violentando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Convención Americana de los derechos Humanos, entre otros tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano.

Por todo lo anterior solicitamos a cada instancia según sus competencias:

i.                                           Se inicien procedimientos de investigación y sanción en contra de los policías municipales, así como mandos medios y superiores responsables e involucrados en los hechos que se denuncia.

ii.                                         Se tomen medias  y se ofrezcan garantías al pueblo de Oaxaca frente a los abusos e irregularidades cometidos por los fuerzas de seguridad pública.

iii.                                       De manera general, el respeto a todos los pactos y tratados internacionales ratificados por México en relación a la protección y salvaguarda de los Derechos Humanos.

ATENTAMENTE
LIMEDDH
¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!
Adrián Ramírez López; Presidente
Yésica Sánchez Maya; Presidenta de la Limeddh. Filial Oaxaca

ENVIAR SUS LLAMAMIENTOS A:

Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación, Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax:                 +52 55 5093 3414
Correo-E.:        frjramirez@segob.gob.mx

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO
Fax:     +52 55 53 46 09 08 (si responde una voz, digan: “tono de fax, por favor”)
Correo-E.:        ofproc@pgr.gob.mx

Lic. Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 9.5, Santa María Coyotepec, Oaxaca, Oaxaca C. P. 71254, MÉXICO
Fax:      +52 951 502 0530 (si responde una voz, digan: “tono de fax, por favor”)
Correo-E.:        gobernador@oaxaca.gob.mx

Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Unidad de Derechos Humanos del SEGOB.
Enviar comunicación a la atención de Lic. Rodrigo Espeleta Aladro
Av. Paseo de la Reforma 99, P.H., Col. Tabacalera, México D.F., C.P. 06030
Correo-E.:        respeleta@segob.gob.mx

Lic. Evencio Nicolás Martínez Ramírez
Procurador del Estado de Oaxaca
Avenida Luis Echeverría s/n, Col. La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, Oaxaca 71236, MÉXICO
Fax:                 +52 951 511 5519

Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org

Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org

Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx

Ana Hurt
Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional
ahurt@amnesty.org

Favor de Enviar copia de su comunicación con clave AU – 008 – 2008 – OAXACA DE ALVAREZ – OAXACA a
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
presidencialimeddhoax@gmail.com
enlacelimeddh@gmail.com
Domicilio: Margarita Maza 409, Dpto. 1, Centro Oaxaca.
CP 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

Bolivia: Red de radios comunitarias

http://www.prensaindigena.org.mx/Noti56.html

Recibido de AINI, Santa Cruz, 27 de febrero.- Organización indígena de Santa Cruz impulsa la creación de una red de radios comunitarias. La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, CPESC, viene trabajando en la creación de una red de radios comunitarias que le permita según dice Juanito Roca, secretario de comunicación de la CPESC, “difundir las opiniones y propuestas que tienen los pueblos indígenas de Santa Cruz”
Como parte de este trabajo, en el mes de enero en la localidad de San Miguel de Velasco la organización recibió la primera entrega de equipos para la instalación de la radio que fue demandada al programa de radios comunitarias que viene impulsando el gobierno nacional de Bolivia
A decir de Roca las comunidades indígenas “han demandado esta radio especialmente para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas y dar a conocer la realidad que viven las comunidades en el oriente boliviano”
Asimismo, en el mes de diciembre del año pasado en la ciudad de Santa Cruz se llevó a cabo un encuentro de comunicadores indígenas para dar inicio a la conformación de la red, Según Juanito Roca “la reunión sirvió para conocer las experiencias y los medios de comunicación con los que cuentan los pueblos indígenas Chiquitano, Ayoreo y Yuracare-Mojeño que están afiliados a la Coordinadora”,
Como fruto de este encuentro se han identificado en la zona de la Chiquitania radios que pertenecen a las comunidades donde se lleva a cabo una interesante experiencia de comunicación, al respecto, el secretario de comunicación afirma que…
“Tenemos algunas estrategias elaboradas con los comunicadores de Concepción, Puerto Suárez y San Miguel, localidades donde están las radios y de donde se pondrá en funcionamiento la red de radios que pretendemos formar, una red independiente con el objetivo de defender y difundir los derechos de los pueblos indígenas”.

Colombia: Coca Cola ataca derecho de asociación sindical

http://www.prensaindigena.org.mx/Noti66.html

Adital, 26 de febrero.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) -Nuestra América llaman la comunidad internacional a exigir al gobierno de Colombia proteger el derecho de asociación y libertad sindical. En esto sentido, pide que obligue a Coca Cola a parar la persecución contra los trabajadores y dicho Sindicato.
Los participantes de la protesta deben enviar cartas a: Presidencia de la República de Colombia Dr. Álvaro Uribe Vélez (auribe@presidencia.gov.co); al Presidente de Coca Cola (mail@na.cokecce.com); o a Juan Carlos Jaramillo, Presidente Coca Cola FEMSA en Colombia, a la dirección: Carrera 94 No. 42-94, Fontibón Bogotá, D. C.
El diciembre último, el Sinaltrainal reformó sus estatutos para que pueda estar conformado por Trabajadores del Sistema Agroalimentario y afines, bajo formas diversas de relación laboral o modalidades de trabajo. La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Facatativa aprobó la reforma estatutaria por estar acorde con la ley y no ser contraria a la Constitución Política de Colombia.
En tanto, la Coca Cola presentó su oposición a la reforma estatutaria, acusando a Sinaltrainal de fraude procesal y engañar a la autoridad, tratando de convertir lo legal en ilegal para que se prohiba a Sinaltrainal reformar sus estatutos.
El argumento de la empresa es que en el año 2004, fueron revocados los estatutos del Sindicato alegando que fueron despistados en ese entonces fuera de los términos legales, ignorando que un juez de Tutela de Colombia definió que todos los trabajadores y personas tienen como Derecho fundamental el poder asociarse sin importar la forma de trabajo o contrato.
Para el Sindicato, “Coca Cola quiere perpetuar su política de precarización y pobreza para los trabajadores subcontratados que hoy son más del 80% de la mano que explota, no permite que se puedan sindicalizar para defender sus derechos y tener un trabajo digno”.
La Coca Cola niega los derechos establecidos en los convenios colectivos, la ley laboral, la constitución, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta Universal de Derechos Humanos. Según la nota del Sindicato, continúan las amenazas de muerte, los despidos, los traslados ilegales de puestos de trabajo, el no pago de prestaciones sociales de los afiliados de Sinaltrainal.
La situación de los derechos laborales es tan grave que incluso el Congreso de los Estados Unidos se ha negado a aprobar el llamado Trabado de Libre Comercio por la falta de garantías para ejercer el derecho de Asociación y por el genocidio sindical.
Para el sindicato, la Coca Cola “no solo trata de impedir la reforma de estatutos violando la autonomía sindical, sino que pretende acentuar su política saqueadora buscando que se califique como ilegal la defensa de nuestra soberanía, la paz, la democracia, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la pobreza”.

Tepehuanos invaden otra vez tierras del ejido Luis Echeverría

Se apoderan de viviendas de los lugareños

Saúl Maldonado (Corresponsal)
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/28/index.php?section=estados&article=031n2est

Durango, Dgo., 27 de febrero. Indígenas tepehuanos invadieron una vez más mil 876 hectáreas del ejido Luis Echeverría, en el municipio de Vicente Guerrero, e incluso se apoderaron de algunas casas de ejidatarios mestizos.
A mediados de 2006, un grupo de tepehuanos invadió Luis Echeverría, con el argumento de que las tierras pertenecían a la comunidad indígena Santa María de Ocotán, mostrando como justificación títulos virreinales, y solicitaron a las más de 40 familias habitantes que abandonaran esas tierras.
Los ejidatarios no cedieron. El 4 de octubre de 2006 interpusieron una denuncia formal ante la delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en el municipio de Súchil, por invasión y daños en el ejido. Además solicitaron que se desalojara a los indígenas.
Los tepehuanos no fueron desalojados; al contrario, instalaron un campamento a las orillas del ejido, donde han vivido desde entonces.
Personal de la Secretaría de la Reforma Agraria acudió al lugar a mediados de 2007 y junto con autoridades estatales, le dio la razón a los ejidatarios. Los indígenas, en vez de retirarse, endurecieron sus presiones y evitaron que los mestizos cosecharan el maíz que sembraron; asimismo, comenzaron a robar el ganado de los ejidatarios.
El comisario ejidal de Luis Echeverría, Jesús de la Paz Delfino, solicitó en 2007 presencia policiaca para que los indígenas ya no hurtaran más vacas. “La policía sí acudió unos días, pero luego se fue y nos dejó nuevamente solos”, recordó en entrevista.
Unos cien tepehuanos dejaron su campamento para apoderarse de viviendas.
“De las más de 40 familias que vivíamos, sólo quedamos alrededor de 22; las demás se fueron por el miedo, porque no pueden seguir viviendo en un clima de intranquilidad, y es a esas casas adonde los indígenas llegaron, rompieron los candados y las puertas, se metieron y ya nadie los puede sacar”, dijo Jesús de la Paz.

Hallan muerto a reportero de Ciudad Victoria

Martín Sánchez Treviño y Javier Váldez Cárdenas, corresponsales

José Luis Villanueva, reportero de nota roja del periódico El Expresso, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue encontrado muerto en el interior de su casa. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado dictaminaron que el periodista falleció a causa de asfixia por ahorcamiento. Fuentes de la dependencia indicaron que ya investigan las causas que lo pudieron haber orillado al suicidio. El cadáver de Villanueva fue encontrado durante las primeras horas de ayer en la vivienda en la que al parecer vivía solo. Sus familiares no informaron si tenía algún problema o si dejó algún mensaje póstumo. Por otra parte, más de cien periodistas, diputados locales, activistas y defensores de derechos humanos marcharon en Culiacán, Sinaloa, para protestar contra la violencia y la impunidad, y exigir el esclarecimiento del asesinato de Óscar Rivera, quien se desempeñaba como vocero del área de seguridad del gobierno del estado.

Catean soldados templo evangélico en Apatzingán

Ernesto Martínez Elorriaga (Corresponsal)
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/28/index.php?section=politica&article=008n2pol
Morelia, Mich., 27 de febrero. El pastor de una iglesia evangélica de Nueva Italia presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), debido a que por tercera ocasión cerca de 40 elementos del Ejército Mexicano catearon ilegalmente el recinto religioso.
El pastor José Gutiérrez Zendejas acudió a la visitaduría regional de la CEDH de Apatzingán para denunciar que el pasado 26 de febrero, entre cuatro y cinco de la madrugada, un grupo de militares, sin orden de cateo, ingresó por la fuerza al templo y dañó la puerta principal.
Comentó que los días 13 y 14 del mismo mes catearon la misma Iglesia, pero como fue temprano les abrieron la puerta. “Por la forma violenta como entraron y los daños materiales y emocionales que causaron, tengo intención de presentar una denuncia penal”.
Por su parte, Ismael Bustos Mendoza, quien resguarda el inmueble, donde habita con su familia en una casa contigua, manifestó que a él lo mantuvieron en el piso y con las manos en la nuca. “Rompieron varias cosas y yo les pregunté qué buscaban. Les dije que aquí sólo iban a encontrar Biblias”.
El visitador regional, Erick Alejandro González Cárdenas, señaló que en este año se han presentado 21 quejas en la zona de Apatzingán contra el Ejercito Mexicano.

Tamaulipas: repudian ataque de militares a un sacerdote

Julia Antonieta Le Duc, corresponsal

Matamoros, Tams. Feligreses católicos repudiaron este miércoles la agresión de militares contra el presbítero del municipio vecino de San Fernando, Guadalupe Barbosa, perpetrado hace dos semanas. Durante la movilización se recordó que la madrugada del domingo 17 de febrero el clérigo y otros cuatro religiosos fueron golpeados por militares que les robaron sus pertenencias en un retén ubicado en la carretera Reynosa-San Fernando. El obispo local, Faustino Armendáriz Jiménez, agregó que la Secretaria de la Defensa Nacional difamó al párroco al afirmar que se encontraba alcoholizado cuando fue detenido en el retén.

Arraigan a cinco policías por el asesinato de un indígena

Ángeles Mariscal, corresponsal
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/28/index.php?section=estados&article=030n7est

Tuxtla Gutiérrez, Chis. Cinco policías municipales de Palenque fueron arraigados para ser investigados por la muerte del indígena chol de 18 años de edad Roberto Avendaño Montejo, quien falleció cuando estaba en manos de los uniformados, quienes lo detuvieron el viernes pasado por escandalizar en estado de ebriedad. Según familiares de Avendaño Montejo, el comandante José del Carmen Landero Arcos, así como los oficiales Rufino Vázquez Sánchez, Cruz Gómez Trejo y Abel Torres Díaz, hoy arraigados, levantaron al joven, quien fue hallado muerto en la celda donde lo encerraron. La policía sostuvo que Roberto murió ahogado con su vómito, pero un dictamen del Ministerio Público indicó que falleció por traumatismo craneoencefálico.

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