San José, Costa Rica a 26 de mayo de 2010
En el actual periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, CEJIL participa en casos contra México, Nicaragua Panamá, Brasil y Colombia que juzgan asuntos relacionados con la aplicación indebida de la jurisdicción militar, violencia contra la mujer, derechos políticos de pueblos indígenas, desapariciones forzadas y masacres.
El 27 de mayo la Corte efectuará en su sede la audiencia pública del caso de Valentina Rosendo contra México, que se refiere a las agresiones sexuales y tortura de una mujer indígena mexicana perpetrada por soldados mexicanos en febrero de 2002. En la audiencia se tratará la responsabilidad estatal por la violencia ejercida contra la víctima -la cual constituye una forma de discriminación y tortura- la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables y el uso de la jurisdicción militar para conocer violaciones de los derechos humanos.
CEJIL litiga este caso junto con la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. La denuncia inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2003. Ante el incumplimiento del Estado de las recomendaciones del Informe final, emitido en marzo de 2009, en agosto de ese año la CIDH sometió este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte, el 26 de mayo la Corte Interamericana analizará en audiencia privada el cumplimiento del fallo en el caso de Heliodoro Portugal contra Panamá. La sentencia se refiere a la desaparición y ejecución de un dirigente popular en 1970 a manos de agentes del Estado, cuando Panamá se encontraba gobernada por un régimen militar.
En una sentencia del 12 de agosto de 2008, la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado panameño en el crimen. A raíz de esa decisión, la justicia panameña llamó a juicio a ocho exmilitares, entre los que se encuentra el ex general Manuel Antonio Noriega. A cuarenta años de su desaparición, ninguna persona (actor material o intelectual) ha sido sancionada penalmente por el crimen.
Panamá aún debe cumplir aspectos importantes de la sentencia, como la obligación de brindar atención médica y psicológica a los familiares del Sr. Portugal. Tampoco ha incluido en su legislación penal los delitos de desaparición forzada ni de tortura, de acuerdo con los estándares fijados por la Corte.
El mismo 26 de mayo, la Corte Interamericana celebrará una audiencia privada para supervisar el cumplimiento de la sentencia en el caso Yatama contra Nicaragua. Este caso se refiere a la exclusión que sufrieron los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por la organización indígena Yatama para participar en las elecciones municipales realizadas el 5 de noviembre de 2000, en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur.
En la sentencia del 25 de junio de 2005, la Corte Interamericana condenó al Estado de Nicaragua, entre otros, por no contar con recursos judiciales adecuados para controvertir decisiones del órgano electoral. Por ello, ordenó a Nicaragua a hacer reformas legislativas para adecuar el Sistema Electoral a los estándares internacionales y eliminar los obstáculos que impidan a las organizaciones indígenas presentar candidatos para cargos de elección popular. El fallo de la Corte sigue sin ser ejecutado.
“Los tres casos que analizará la Corte Interamericana en esta semana son muy diversos, pero también comparten un tema trascendental: la importancia de que el Poder Legislativo asuma la gran responsabilidad de adoptar legislación adecuada a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es tiempo de que los congresos de los distintos países rindan cuentas de cómo la legislación que adoptan o modifican, garantizar el respeto y protección de las personas”, declaró Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.
En el actual periodo de sesiones, CEJIL también participó en la audiencia pública por el caso Gomes Lund contra Brasil (guerrilla de Araguaia), el 20 y 21 de mayo, que trata acerca de la desaparición, tortura y ejecución de al menos 70 personas durante ataques de las Fuerzas Armadas brasileñas a un movimiento de resistencia a la dictadura militar, entre 1972 y 1975. Este es la primera ocasión en la que Brasil es juzgada por crímenes cometidos durante la dictadura (1964-1985).
CEJIL, junto con organizaciones colombianas, también tomó parte en una audiencia privada, el 19 de mayo, para revisar el cumplimiento de la medida de reparación sobre atención médica y psicológica en ocho sentencias contra el Estado de Colombia, relacionadas con masacres ocurridas en ese país.
Contacto de prensa: Mauricio Herrera. Director de Comunicación.
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
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