Un poco menos de patriarcado

Javier Hernández Alpízar

Los derechos han nacido siempre como un logro de los gobernados. Son uno de los aspectos en los que puede medirse la correlación de fuerzas entre el poder y los ciudadanos en un Estado.

Normalmente, el poder (i. e. quienes los detentan) ve con malos ojos “conceder” derechos, como lo llama. Los gobernados, por su parte, no piensan que esos derechos les fueron concedidos u otorgados, sino “reconocidos”. Es decir, que preexisten al poder, y no desaparecen cuando éste los desconoce, pero, entonces, debe luchar por su reconocimiento.

Hay una manera de concebir los derechos que hace más justicia a la historia: Se construyen, se conquistan, su invención o descubrimiento y, sobre todo, su aceptación por el poder, es resultado de la acción perseverante de las comunidades, los pueblos, las sociedades, los y las ciudadanas.

Sea como sea el origen de los derechos, hay una cosa curiosa en nuestro país: En el plano internacional, en la ONU, la OIT, la OEA, y otras organizaciones, hay instrumentos jurídicos que han reconocido los derechos de los niños y las niñas, las mujeres, los pueblos indios, los trabajadores, en fin, de sujetos de derecho pero, a nivel nacional, no son reconocidos, ni sus derechos legislados, y menos aún respetados.

Cuando en México se trata de actualizar el derecho positivo para ponerlo de acuerdo con las obligaciones del Estado mexicano a nivel internacional, por las convenciones, pactos y demás instrumentos de derecho que ha firmado el gobierno mexicano, se usa la palabra “armonizar”. El país y los estados están muy atrasados todavía en la ruta de que el derecho mexicano haga realidad la protección de derechos que desde el plano internacional ya está comprometido a hacer valer.

La reciente aparición (Gaceta oficial, viernes 2 de abril de 2010) de las reformas al Código Penal veracruzano para armonizarlo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a su vez es obligación de México y del estado veracruzano para incluir los derechos humanos de las mujeres reconocidos en documentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, es apenas un primer paso para ir remontando el atraso.

Todavía hay resistencias, el poder es de suyo conservador, temeroso del cambio. Tiende a mantener el status quo. Pero el derecho empieza a moverse: Por fin hay una protección legal y sanciones penales contra las violaciones a menores de 18. Se le llama al delito por su nombre: pederastia. Se incluye una definición clara de las violaciones, evitando que todo se diluya en los eufemismos que la hacían aparecer como delito menor: “abusos deshonestos”.

Se empieza a reconocer, hacer explícito y a castigar no solamente conductas que se normalizaban, como la violación de menores bajo el subterfugio de “rapto” y de “estupro”, sino formas de violencia sufridas por las mujeres, pero nunca nombradas, reconocidas ni castigadas por leyes ni jueces.

Suenan novedosas, leídas en el Código Penal, pero son viejas. Denunciadas, negadas por el statu quo patriarcal y vueltas a denunciar por las voces de las mujeres: acoso sexual, por ejemplo.

Formas de violencia de género que se niegan a reconocer jueces, agentes del ministerio público e incluso los medios de comunicación, cortados siempre con tijera masculina: violencia física, violencia psicológica, económica, patrimonial, obstétrica, laboral, institucional, violencias en el ámbito educativo y familiar.

El lenguaje penal comienza a nombrar y a ponerles castigos a los docentes, ministros religiosos, personal de salud, funcionarios, aunque se abstiene de nombrar a los militares, prácticamente el único grupo con fuero en México, y con una impunidad metalegal aceptada en los hechos por el poder.

Seguramente habrá resistencias de las autoridades encargadas de impartir justicia y de otros trabajadores y funcionarios del ramo, incluso de mujeres funcionarias, se ha visto en casos específicos. Pero las mujeres pueden llamar a esos delitos por su nombre y pedir su castigo penal. Eso debe hacer reflexionar a un género masculino cuya impunidad hasta ahora estaba garantizada. Estaba.

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