¿Uso abusivo de la libertad de expresión?

Babel

Javier Hernández Alpízar

De acuerdo con la información dada a conocer por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), la jueza Yassmín Alonso Tolamatl condenó al director de la revista Contralínea, Miguel Badillo, las reporteras Nancy Flores y Ana Lilia Pérez y el caricaturista David Manrique (quien puede preciarse de ser el primer caricaturista condenado por un juez, en este caso jueza, desde el pofiriato) por “uso abusivo de su libertad de expresión”.

La alerta de Cepet sobre este caso puede leerse en: http://libexmexico.wordpress.com/2011/01/17/sentencia-juez-a-periodistas/

Además de la alerta citada, tuvimos la oportunidad de oír al abogado de los periodistas, Sergio Méndez Silva, entrevistado en MVS noticias por Carmen Aristegui. Consideramos un deber de todo comunicador y de todo interesado en la libertad de expresión (esa especie en peligro de extinción en México) conocer, denunciar y revertir esta sentencia aberrante.

La sola enunciación de una sentencia por “uso abusivo de su libertad de expresión” huele a autoritarismo o “uso abusivo de la facultad de reprimir y censurar” parafraseando a la jueza, pero los argumentos no hacen sino confirmar esas sospechas.

La denuncia contra los comunicadores la hicieron las empresas privadas Blue Marine Technology, Arrendadora Ocean Mexicana y Subtec, desde septiembre de 2009, empresas contratistas que trabajan para Pemex.

Contralínea publicó reportajes documentando irregularidades en los contratos de arrendamiento de estas empresas, los cuales se mencionan en informes de la Auditoría Superior de la Federación.

La juez consideró que no era necesario que los demandantes acreditaran el daño moral del que acusan a Contralínea, y bastaba con que se dijeran agraviados, para que los periodistas merezcan una sanción.

Los periodistas se defendieron con la documentación que muestra que no publicaron mentiras deliberadas, pero la jueza exigió que probaran no haber dañado a la empresa. No se juzgó que fuera verdadera o falsa la información, sino que causaba “daño”, porque las empresas lo dicen.

La jueza los condenó no sólo a publicar la sentencia, sino a pagar una sanción económica que no dice de cuánto es, puesto que la fijaría hasta el final del proceso, cuando los sentenciados no puedan recurrirla e inconformarse.

Además incurre en censura previa al ordenar a los demandados no solamente no publicar más nada contra las empresas durante el proceso, sino “no publicar nunca más nada”.

Los condenó por haber hecho “juicios subjetivos” como explicar que habría gastado menos dinero Pemex comprando buques que lo que paga de renta por ellos. Como si la aritmética fuera una opinión subjetiva.

Pero la joya de todo asunto aparece cuando la jueza argumenta sobre el “interés público” de la materia en litigio. Ya que no puede sentenciarse por daño moral en asuntos de interés público, la jueza dice que el dinero que paga Pemex por licitaciones “no es de interés público”.

Tanto en la alerta de Cepet como el programa radiofónico de Aristegui llamó poderosamente la atención este “argumento” de la jueza Yassmín Alonso Tolamatl: Como lo expresa la nota de Cepet es: la juez considera que las licitaciones efectuadas por un ente público como Pemex “no pueden ser consideradas como de interés público”, pues la industria petrolera cuenta con “una terminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive la suscrita (refiriéndose a sí misma) desconoce”.

Así que antes de publicar cualquier cosa, un reportero o reportera tendría que pedir a la jueza que lea y manifieste entender el párrafo, y caso negativo, mejor no publicarlo porque el entendimiento de la jueza es la medida del interés público, y publicar términos que ella ignore, podría llevar a directores de revistas, reporteras y hasta caricaturistas a ser condenados a pagar daños a empresas a las que les bastará que declaren su perjuicio, sin tener que acreditarlo.

¿Abuso en la libertad de expresión o abuso de poder? ¿Interés público o qué intereses privados? Lo único seguro es que la libertad de expresión es cada vez más una quimera. Y que la libertad es un término técnico que el poder desconoce.

Para compensar esta falta de materias de interés público, los medios privados intentan hacer pasar por asuntos de interés público lo que hacen con sus partes púbicas los protagonistas de la pantalla chica. Tal vez Porfirio Díaz jamás habría sido cuestionado, si hubiera contado con la ayuda de la televisión

 

 

 

 

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