Prensa, se autocensura o la callan…

De por sí la concentración de las empresas de comunicación en un puñado de dueños como Carlos Slim, Azcárraga Jean y Salinas Pliego hace que la agenda de la prensa sea estrecha, excluyente y se limite a reproducir los intereses de unos pocos, y en medio de ese oligopolio y escasez de información, es muy grave que los trabajadores de los medios tengan que autocensurarse antes de que poderes de facto los callen para siempre. Quien pierde es siempre el lector, radioescucha, televidente y cybernauta, cuyo derecho a la información se ve impedido; y el pueblo mexicano todo, cuyo derecho a la libertad de expresión sigue siendo una quimera.
El informe puede descargarse en PDF en http://cepet.org/

Babel
Prensa, se autocensura o la callan…
Javier Hernández Alpízar
Según el título del más reciente informe del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), en 2010 la prensa en México pasó “de la autocensura a la interlocución con los victimarios”.
El boletín que acompaña al informe De la autocensura a la interlocución con los victimarios, Situación de la libertad de expresión en México 2010, destaca: “Al menos 139 periodistas y 21 medios de comunicación en 25 estados de la República fueron objeto de agresiones por razones vinculadas con su labor informativa…”
Cada año son más de cien los casos, es una tendencia. “Durante el último año, nueve trabajadores de los medios fueron asesinados, tres reporteros desaparecieron en los estados de Tamaulipas y Michoacán y otros dos, empleados de un diario en Chihuahua, se vieron obligados a abandonar el país tras recibir amenazas de muerte.”
Explica también por qué el título del informe, pues “13 de los 21 medios de comunicación agredidos en el último año fueron blancos de atentados con explosivos o disparos de armas de fuego de alto poder. Ante la ausencia de condiciones necesarias para un ejercicio libre de la profesión, las empresas periodísticas se vieron obligadas a abandonar coberturas y aun a presionar a las autoridades mediante aceptar la interlocución con grupos delincuenciales a los cuales pidieron directamente una tregua.”
El principal agresor sigue siendo el gobierno: “En 33 casos, las fuerzas de seguridad del Estado (ejército, policías municipales, estatales y federales), jefes policiacos y aun escoltas personales de autoridades, fueron directamente señalados por ejercer algún tipo de violencia contra representantes de los medios de comunicación. Si incluimos los 16 casos que involucran a funcionarios de varios niveles de gobierno, tenemos que cuatro de cada diez agravios contra periodistas fueron responsabilidad de agentes del Estado.”
En la geografía del país la violencia contra la prensa está muy localizada. “Entre las agresiones conocidas por el CEPET durante 2010, la mayoría fueron cometidas en Chihuahua, que sumó 17 casos (13.93%); el Distrito Federal, con 10 (8.19%), Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, con ocho (6.55%). Sólo en estas cinco entidades se registraron cuatro de cada diez ataques al ejercicio periodístico.”
Los estados donde se incrementaron las agresiones a periodistas en 2010 son: Chihuahua, que pasó de 15 casos en 2009 a 17 en 2010; Distrito Federal de 9 a 10 casos; Tamaulipas, de 7 a 8 casos; Coahuila de 5 a 7; Chiapas de 5 a 8 agresiones a periodistas; Guerrero de 4 a 7; Jalisco de 3 a 4 casos; Morelos donde se incrementaron de 2 a 6 casos; Sinaloa, de 5 a 6; Tabasco, de 2 a 4 y Tlaxcala que no tenía en 2009 pero tuvo uno en 2010.
En el prólogo, el CEPET opina: “Ningún medio o periodista puede ser culpabilizado de recibir una agresión. Aun en caso de que comunicadores y empresas de medios incurran en conductas ilegales, deben ser juzgados por la ley y no por el veredicto de quienes actúan al margen de la misma.
“Sin embargo, es muy importante que ahora más que nunca se desarrolle en los propios medios una nueva cultura que, además de buscar la mejor calidad de la información, premie las conductas honorables y éticas de los comunicadores y, además, instruya sobre rutinas y prácticas de protección, sobre todo para los compañeros que realizan sus trabajo en las zonas más peligrosas del país.”
Las agresiones no afectan solamente a quienes producen contenidos, se extienden a los trabajadores de los medios, pues 83 agredidos fueron reporteras y reporteros, algunos de ellos agredidos dos veces; 27 camarógrafos y fotógrafos, 9 fueron editores, jefes de información o directores; 5 agredidos fueron voceadores y jefes de circulación; 3, fueron conductores de radio y TV; uno fue columnista y un integrante de una radio comunitaria.
En el 2010 asesinaron a nueve trabajadores de medios: el 8 de enero a Valentín Valdés Espinosa del Zócalo de Coahuila; el 29 de enero a Jorge Ochoa Martínez, de El Sol de la Costa de Guerrero; el 12 de marzo a Evaristo Pacheco Solís de Visión Informativa de Guerrero; el 28 de junio a Juan Francisco Rodríguez de El Sol de Acapulco, Guerrero; en esa misma fecha, a María Elvira Galeana, del semanario Nueva Línea de Guerrero; el 6 de julio a Hugo Alfredo Olivera Cartas, de La Voz de Apatzingán, Michoacán; el 10 de julio a Marco Aurelio Martínez Tijerina de XEDD radio La Tremenda de Nuevo León; el 16 de septiembre, a Luis Carlos Santiago de El Diario, Chihuahua y el 5 de noviembre a Alberto Guajardo del Expreso, Tamaulipas.
La lista de los periodistas y trabajadores de medios desaparecidos, entre 2003 y 2010, es amplia: El 6 de abril de 2010, Ramón Ángeles Zalpa de Cambio de Michoacán; el 1 de marzo de 2010, Miguel Ángel Domínguez Zamora, de El Mañana de Reynosa, Tamaulipas; en marzo de 2010, Pedro Argüello de El Mañana de Reynosa y La Tarde, de Tamaulipas; el 11 de noviembre de 2009, María Esther Aguilar Casimbe, de El Diario de Zamora y Cambio de Michoacán; el 12 de febrero de 2008, Mauricio Estrada Zamora, de La Opinión de Apatzingán, Michoacán; el 10 de mayo de 2007, Gamaliel López de TV Azteca Noreste, de Nuevo León, y en esa misma fecha su compañero de empresa Gerardo Paredes; el 20 de enero de 2007, Rodolfo Rincón Taracena, de Tabasco Hoy; el 20 de noviembre de 2006, José Antonio García Apac, de Ecos de la Cuenca, Michoacán; el 8 de julio de 2006, Rafael Ortiz Martínez, de Zócalo, de Coahuila; el 2 de abril de 2005. José Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial de Sonora y el 10 de julio de 2003, Jesús Mejía Lechuga de Grupo MS Radio de Veracruz.
Los agresores son principalmente agentes del poder político. Fuerzas del orden y de seguridad en 33 casos; desconocidos (que podrían ser del grupo anterior) 28 casos; del crimen organizado en 26 casos; funcionarios y exfuncionarios en 16 casos; particulares y cuerpos de seguridad no estatal (privados) 9 casos; militantes y simpatizantes partidistas: en 6 casos; sindicatos, agrupaciones políticas o estudiantiles: 4 casos; y los menos contados: propietarios y directivos de los medios con un caso, y movimientos armados y paramilitares con un caso.
De por sí la concentración de las empresas de comunicación en un puñado de dueños como Carlos Slim, Azcárraga Jean y Salinas Pliego hace que la agenda de la prensa sea estrecha, excluyente y se limite a reproducir los intereses de unos pocos, y en medio de ese oligopolio y escasez de información, es muy grave que los trabajadores de los medios tengan que autocensurarse antes de que poderes de facto los callen para siempre. Quien pierde es siempre el lector, radioescucha, televidente y cybernauta, cuyo derecho a la información se ve impedido; y el pueblo mexicano todo, cuyo derecho a la libertad de expresión sigue siendo una quimera.
Para leer el boletín y el informe completos: http://wp.me/pUt3w-dE

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