Guerrero: En defensa del derecho al agua

En defensa del derecho al agua

Prensa Indígena, Enviado por ewituri el Dom, 03/20/2011 – 21:15. (Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos)

Adital, Chilpancingo, Guerrero. 15 de Marzo.- Manifiestan Organizaciones sociales y de Derechos Humanos su preocupación ante la ligereza con que responde el gobierno estatal a la decisión de los cinco pueblos de Tecoanapa para terminar ellos mismos de conectar la tubería que los dotara de agua ante la ineficacia de las acciones del gobierno del estado.

Demandan dichas organizaciones la inmediata conclusión de la obra y responsabiliza al gobernador del estado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo de cualquier suceso lamentable. Alertan los Organismos Civiles y de Derechos Humanos a otros organismos Nacionales e Internacionales para mantener su atención sobre las posibles consecuencias de este conflicto.

Los abajo firmantes: Organizaciones Sociales y los organismos civiles integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC, quienes hemos acompañado la legítima demanda de Los Cinco Pueblos de la Parte Baja de Tecoanapa en su defensa del derecho al agua, la salud y a un medio ambiente sano.

Manifestamos nuestra preocupación ante la ligereza y soberbia con que “el vocero” del gobierno del estado respondió a la decisión de los habitantes de los cinco pueblos de Tecoanapa de terminar ellos mismos de manera organizada la conexión de los más de 700 metros de tubería que, el gobierno no ha podido o no ha querido conectar para no incomodar a los caciques.

Sin que parezca inmutarle las posibilidades de un enfrentamiento violento manifestando que; “respeta el contenido del documento, pero que cada quien es responsable de sus actos”. Estamos de acuerdo con él cuando dice que “en este conflicto debe verse en un contexto político y social,”.

Para nosotros efectivamente el problema social está en, como dicen los afectados; ellos utilizan agua contaminada por el drenaje de la cabecera municipal, ellos están teniendo mujeres y niños enfermos con infecciones de la piel, dermatitis, caída del pelo e infecciones gastrointestinales, ellos han tenido un largo peregrinar buscando por los causes legales el cumplimiento de su derecho a la vida.

Hoy tienen que gastar lo poco que van consiguiendo para comprar un poco de agua si no quieren enfermarse por usar agua contaminada y, es un problema social por que los gobernantes no quieren cumplir con los más elementales derechos humanos.

Y lo político solo lo vemos en cuanto a que el gobierno estatal y municipal no quieren quedar mal con los caciques quienes de siempre han mantenido un poder con el cual imponen candidatos y chantajean a los gobernantes.

Como dicen que nunca es tarde para aprender a continuación transcribimos lo que debiera ser la base sobre la que se desarrollaran las políticas públicas del gobierno para buscar el Pleno Disfrute de los Derechos Humanos, algo que Zeferino Torreblanca Galindo parece ignorar.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o de los Estados.

En este sentido el Gobernador siempre ha pretendido ignorar que México como Estado parte de la ONU, ha firmado diversos tratados, pactos y convenciones que protegen ese derecho, por ejemplo:

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) que expresamente establece en su artículo 14 inciso h) “Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones..” o la Convención sobre los derechos del niño (1989) que en su artículo 24 inciso c) señala:

“Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre y suficiente, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”.

En la OG. 15 el Comité DESC ha establecido que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

Por todo lo anterior manifestamos nuestra más amplia solidaridad a los habitantes de los cinco pueblos del municipio de Tecoanapa en su decisión de conectar por si mismos la tubería que hará realidad su derecho al agua y, responsabilizamos al gobierno del estado y en particular al C. Carlos Zeferino Torreblanca Galindo de las consecuencias que pudieran suscitarse.

Atentamente:

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación CETEG – Organización de Pueblos Para el Desarrollo Social – Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata CIPOG, EZ – Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota – Consejo de Autoridades de los Cinco pueblos de Tecoanapa – Taller de Desarrollo Comunitario TADECO.

Normal Rural de Ayotzinapa – Centro de Derechos Humanos de la Montaña, “Tlachinollan” – Instituto Guerrerense de Derechos Humanos – Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” AC. – Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad – Gro. – Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

»»Lea también:

En 1977 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, realizada en Mar del Plata, Argentina, por primera vez se reconoce a escala mundial el derecho de todas las personas a tener acceso al agua potable en cantidad suficiente, México como Estado parte de la ONU, ha firmado diversos tratados, pactos y convenciones que protegen ese derecho, por ejemplo:

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) que expresamente establece en su artículo 14 inciso h) “Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones..”

O la Convención sobre los derechos del niño (1989) que en su artículo 24 inciso c) señala “Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”.

Sin embargo, ha sido a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) que la comunidad internacional ha desarrollado con mayor detalle este derecho.

El Senado mexicano ratificó este Pacto el 18 de diciembre de 1980, al ratificar este instrumento, el Estado mexicano aceptó voluntariamente las obligaciones para realizar progresivamente, y utilizando el máximo de los recursos disponibles, el derecho al agua, que como ha señalado el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Comité DESC), es esencial para poder alcanzar un nivel de vida adecuado.

De acuerdo con el Comité DESC -que es el órgano especializado encargado de vigilar la aplicación del PIDESC y facultado por la ONU para realizar la interpretación autorizada del mismo13- el derecho al agua se desprende de los artículos 11.114 y 1215 del Pacto.

Así lo ha establecido en su Observación General no. 1516 (OG. 15) donde además ha detallado con mucha precisión el contenido esencial de dicho derecho así como las obligaciones que adquieren los Estados al firmar el instrumento. En la OG. 15 el Comité DESC ha establecido que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.”

Considera el Comité que este derecho se encuadra con toda claridad en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado porque es una condición necesaria para la supervivencia.

Y aunque en la Observación se señala que en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos, también los Estados deben reconocer que se trata de un bien que es indispensable para el ejercicio de otros derechos como el de alimentación adecuada, higiene ambiental, salud, derecho a ganarse la vida mediante un trabajo, derecho a disfrutar determinadas prácticas culturales, etc.

El agua debe tratarse como un bien social y cultural y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras atendiendo a las siguientes directrices:

a) Disponibilidad. Esto significa que el suministro de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente para el uso personal y doméstico.

b) Calidad. El Comité, además de señalar que el agua debe ser suficiente, establece que debe estar libre de agentes que puedan ser dañinos para la salud: microorganismos y sustancias químicas o radioactivas.

Debido a que en el mundo, y especialmente en los países menos desarrollados, un porcentaje alto de las enfermedades se transmiten a través del agua, el Comité se ha preocupado por establecer que el recurso al que puedan tener acceso las personas debe ser salubre con un color, olor y sabor aceptables.

c) Accesibilidad física. Tener derecho al agua supone que las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. En cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo debe haber un suministro de agua o por lo menos la posibilidad de tener acceso a alguno que esté en sus cercanías inmediatas.

d) Asequibilidad o accesibilidad económica. Esto significa que el agua y los servicios e instalaciones que permitan acceder a ella deben ser asequibles en relación con el ingreso de las personas. El Comité establece que los costos asociados con el abastecimiento del agua no deben comprometer la capacidad de las personas para acceder a otros bienes esenciales como salud, educación, vivienda u otros derechos.

e) No discriminación. Con base en el concepto de no discriminación el Comité establece que el agua salubre y los servicios deben estar al alcance físico y económico de todas las personas y especialmente de aquellas que históricamente no han podido ejercer este derecho por motivos de raza, religión, origen nacional, o cualquier otro de los motivos que están prohibidos.

En México, la Ley de Aguas Nacionales, reformada en el 2004, no hace ninguna alusión al derecho fundamental al agua a pesar de que la OG 15 del PIDESC es anterior a la reforma y obliga a la armonización legislativa.

Actualmente, la Constitución Mexicana no contiene el derecho al agua, por lo que los diversos Pactos, Convenciones y Tratados firmados por México que sí establecen el derecho al agua, son contravenidos por las legislaciones secundarias en las que dicho derecho no se desarrolla.

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=54688

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