Cuatro proyectos hídricos avivan conflictos sociales: Hidalgo, Sonora, Guerrero y Jalisco

Cuatro proyectos hídricos avivan conflictos sociales

(Corresponsales | El Universal)

http://www.prensaindigena.org.mx/

Recibido de Educa, 11 de abril.- Pobladores en Hidalgo, Sonora, Guerrero y Jalisco se oponen al trasvase de agua. Cuatro proyectos para suministrar agua potable a las entidades más secas del país han tenido que enfrentar, en los últimos meses, consecuencias sociales -como el rechazo de grupos inconformes- y económicas, al tratarse de inversiones fuertes para solucionar la emergencia de desabasto.

La obra Acueducto II en Querétaro, el Acueducto Independencia en Sonora, la presa La Parota en Guerrero y el Zapotillo en Jalisco, son los cuatro grandes planes hídricos que aún son causa de conflictos en las zonas donde se construyen.

En el primer caso, los queretanos, a través del gobierno estatal, están condenados a pagar anualmente 260 millones de pesos durante 18 años para garantizar que las tarifas no se alteren. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Sergio Loustaunau Velarde, reveló que estos recursos deberán provenir del Impuesto sobre la Nómina que fue establecido en la entidad el sexenio anterior.

Esto se suma a los 2 mil 854 millones de pesos que el gobierno estatal destinó al Acueducto II, de 108 kilómetros, previsto desde 2008 para transportar agua de los manantiales de El Infiernillo, ubicados en el río Moctezuma.

El proyecto implica la participación de Zimapán, Hidalgo, que tendría que ceder agua para los habitantes de Querétaro. Ante esto, los habitantes de la región hidalguense se han pronunciado en contra hasta no lograr acuerdos y compromisos por parte de las autoridades para que parte del líquido llegue también a ellos y, además, se ofrezcan proyectos de desarrollo para las 45 comunidades de la zona.

»»Movimiento zimapense.- El 27 de enero, integrantes de Todos Somos Zimapán, la Unión de Delegados y Comisariados de Zimapán y El Barzón marcharon hacia la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la ciudad de México, con el objetivo de que se les comunique, de manera oficial, el proyecto del Acueducto II.

Ese día, los manifestantes protagonizaron una trifulca en las instalaciones federales, lo que derivó que el 28 de marzo autoridades federales detuvieran a Arturo Williams Trejo, uno de los activistas de Todos Somos Zimapán, acusado de haber provocado los hechos violentos que dejaron cuatro policías lesionados.

Un mes antes, el 17 de febrero, el sistema de distribución de agua potable Acueducto II pudo ser inaugurado con la presencia del presidente Felipe Calderón y el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa. Después de tres años de construcción la obra pudo ser inaugurada y, según anunciaron autoridades, se procedió al cierre de 40 de los 83 pozos que se estaban sobrexplotados en el Valle de Querétaro.

Hasta la fecha, Arturo Williams presenta un proceso legal en su contra después de quedar en libertad al pagar una fianza y los habitantes de Zimapán se declararon en alerta ante la activación del Acueducto II, y dijeron que de no cumplirse los acuerdos solicitados por los pobladores bajarán las cuchillas para impedir el trasvaso de mil 200 litros de agua por segundo.

Querétaro es una de las entidades con mayor crecimiento poblacional. En los últimos 30 años, la población de la zona metropolitana ha incrementado hasta en tres veces más, al pasar de 324 mil habitantes en 1980 a 1 millón 36 mil en 2009. Desde 2007, académicos alertaron de la falta de recursos naturales, sobre todo de agua, por la inmigración.

Especialistas como José Antonio Nieto, experto en sistemas acuíferos, alertaron que era un error promocionar la llegada de más gente, ya que ésta carecía de capacidad de respuesta ante la demanda de servicios básicos. Autoridades estatales reconocen que el Acueducto II no resolverá del todo los problemas de abastecimiento, por lo que se prevé destinar 700 millones de pesos este año para ampliar la red de distribución de agua y atender comunidades de la zona serrana.

»»Conflicto en Sonora.- Desde el inicio de su mandato, en septiembre de 2009, el gobernador sonorense, Guillermo Padrés Elías, anunció “la obra de ingeniería más grande en la historia de la entidad: el Sonora SÍ”, proyecto que a través de 22 obras hidráulicas en distintas regiones del estado buscaría lograr una administración más equitativa del agua.

El plan, con una inversión de 11 mil 85 millones de pesos, incluye como obra clave el Acueducto Independencia, con un costo de 3 mil 680 millones de pesos.

Esta obra, que se planteó para garantizar el abasto de agua a Hermosillo transportándola desde la presa Plutarco Elías Calles, en la cuenca del río Yaqui -en el sur de la entidad-, ha sido motivo de movilizaciones sociales y rechazo por parte de pobladores, quienes consideran que se pone en riesgo el suministro para sus siembras.

El acueducto que trasvasará 75 millones de metros cúbicos anuales a la capital sonorense -que se prevé funcione en 2012- ha sido defendido por el gobierno estatal que asegura que no habrá afectaciones a los agricultores del sur, ya que el agua que se llevaría al centro representa menos de 3% del total de la presa.

Desde el 2 de junio de 2010, cuando Padrés Elías anunció la construcción de la obra para octubre de ese año, estalló el conflicto en el que agricultores Cajeme anunciaron que emprenderían acciones de resistencia. Actualmente, la obra enfrenta un proceso judicial interpuesto por un grupo de activistas y agricultores del sur que se oponen al trasvase de agua.

La resolución más reciente se emitió el pasado 17 de marzo cuando la juez octavo de distrito con sede en Cajeme ordenó dejar sin efecto la licitación para la construcción del acueducto (para este entonces la obra ya estaba en ejecución) y dio vista al agente del Ministerio Público federal “para que haga valer lo que a su representación corresponda”, iniciando una averiguación previa contra las autoridades que hayan violado las leyes.

Carlos Espinoza Guerrero, secretario de la Dirección Jurídica del gobierno de Sonora, aseguró que la resolución de la juez no significa la suspensión de la obra y es sólo un proceso jurídico más que enfrentan.

»»La Parota, “politizada”.- En Guerrero, el proyecto hidroeléctrico La Parota ha representado un conflicto constante entre los pobladores de la región que se oponen a la obra y las autoridades, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que impulsa su construcción. El proyecto está ubicado sobre el cauce del río Papagayo, a 30 kilómetros de Acapulco, y representaría una inversión de poco más de 900 millones de dólares, según cifras de la CFE.

De llevarse a cabo el plan, las autoridades garantizan abasto de agua para los próximos 50 años para los acapulquenses, además de producirse más de mil millones de kilowatts-hora anuales que dotarían de energía eléctrica a la zona y al centro del país. Sin embargo, el proyecto de la CFE implicaría la inundación de unas 17 mil hectáreas de área selvática, de 36 comunidades, y el desplazamiento directo de 25 mil personas.

Resoluciones del Poder Judicial Federal han impedido echar a andar la obra al prohibir construcciones en territorios ejidales y comunales. Organizaciones de derechos humanos e indígenas como Tlachinollan han apoyado a los pobladores que se oponen a la obra desde 2008.

La Parota fue tema de discusión entre los candidatos al gobierno del estado durante las campañas políticas previas a la elección en enero de 2011, aunque ninguno de los aspirantes acudió al municipio de Quechultenango -el área afectada- a hablar con los pobladores sobre el problema. Nemesio Valeriano Moreno, representante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, que agrupa 47 ejidos, dijo que los políticos nunca fueron a la zona.

En los discursos, el entonces candidato del PRD y ahora gobernador, Ángel Aguirre, primero se manifestó en contra de la obra, pero después dijo que “habría que matizar” la postura y finalmente se inclinó por su viabilidad. Enrique Castro Soto, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Guerrero, dijo que dentro de los ejes de trabajo para esta administración está concretar el proyecto hidroeléctrico.

El secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, reiteró la disposición del gobierno federal para construir La Parota y dijo que se cuenta con recursos para pagar la expropiación de terrenos comunales en Cacahuatepec; sólo esperan que el Tribunal Unitario Agrario resuelva la impugnación interpuesta por opositores.

Señaló que los principales obstáculos que han frenado el proyecto que data de 2002 son “la desconfianza de los ejidatarios por el pago justo de sus tierras y la intromisión de gente ajena en el conflicto”. Agregó que trabajan en eliminar esos obstáculos, específicamente en lo relacionado a los habitantes de Cacahuatepec.

»»Luchan por no ser desalojados.- En los Altos de Jalisco, tres comunidades mantienen su lucha contra la construcción de la presa El Zapotillo que abastecería de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios, además de León, Guanajuato, entidad que presenta serios problemas de suministro del líquido.

El próximo 13 de abril, los pobladores sostendrán la tercera y última reunión con autoridades de Gobernación de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para llegar a un acuerdo: si desalojan el área que sería inundada por la obra, o se mantienen en resistencia civil.

Raúl Antonio Iglesias, delegado de la Conagua, aseguró que las mesas de diálogo con los residentes de las tres comunidades afectadas -Temacapulín, Acasico y Palmarejo- van por buen camino aunque no han llegado a ningún acuerdo.

El proyecto hidráulico será levantado en la región de los Altos de Jalisco sobre el río Verde, que nace en Zacatecas e incluye en su cuenca los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, antes de desembocar en el río Santiago, cerca de Guadalajara.

Para las autoridades responsables del proyecto, la presa -con inversión de 10 mil millones de pesos- permitirá proveer de agua durante 25 años a 2 millones 400 mil habitantes de 14 municipios de los Altos de Jalisco, Guadalajara, y León. (Con información de Juan José Arreola, Zorayda Gallegos, Adriana Covarrubias y Ulises Zamarroni).

En la imagen: DISCORDIA. La presa El Zapotillo, con inversión de 10 mil millones de pesos, será levantada en la región de los Altos de Jalisco sobre el río Verde, que nace en Zacatecas (Foto: José María Martínez EL UNIVERSAL).

http://www.eluniversal.com.mx/estados/80075.html

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