“Pocitos”, sepulcros autorizados

Sara Lovera

saralovera@yahoo.com.mx

 

La mañana del 3 de mayo, una explosión en una mina del municipio Sabinas, en Coahuila, dejó 14 mineros muertos y un menor de 15 años herido, lo que ha generado una cascada de imágenes, comentarios en los medios electrónicos y solidaridades de una docena de organizaciones civiles. El suceso tuvo lugar en el pozo 3 de la empresa Beneficios Internacionales del Norte, SA de CV (BINSA), propiedad de Alfonso González Vélez. La mina sólo tenía 18 días de estar operando, sin haberse notificado a las autoridades, y empleaba a un adolescente que resultó gravemente herido.

Las familias y viudas de mineros se han mantenido al pie de la mina exigiendo justicia, como ha sucedido en los más de 100 años desde que se descubrió la región carbonífera, situada a 1,000 kilómetros de la capital de la república y en un paraje de 100 kilómetros a la redonda. La situación de las viudas, con malas indemnizaciones y abandono, es una historia que se repite, y ahora 14 más se suman a una larga lista. Esperan, entierran a sus maridos y luego viene, como hace tanto tiempo, una interminable historia de trámites, discusiones e impericia.

Al cierre de este reportaje se habían rescatado 11 cuerpos y ello trajo a la mente y a los medios de comunicación otras tragedias que en la zona carbonífera de México son constantes. De acuerdo con la asociación La Familia Pasta de Conchos, en los últimos cinco años han perecido en las minas ilegales, llamadas “pocitos”, al menos 100 mineros más, tras la tragedia Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, cuando 65 mineros murieron, de los cuales permanecen sepultados allí, a 700 metros de profundidad, los restos de 63. La Familia Pasta de Conchos se creó justo tras ese desventurado accidente, del cual sobrevivieron 13 trabajadores con quemaduras.

Las organizaciones sociales de Coahuila, consultadas por SEMlac, afirman que la explosión del 3 de mayo es una clara evidencia de que las tragedias de los mineros allí no ocurren de manera aislada. El obispo de Saltillo –capital de Coahuila–, Raúl Vera, afirmó a SEMlacque, para los empresarios mineros, los pozos de carbón son el medio más barato para extraer el mineral, no sólo porque exigen poca inversión, sino por la alta demanda laboral de una población necesitada de un “empleo”, pese a que resulte esclavizante e inseguro, y genere daños irreparables o terribles, la pérdida de la vida.

“No se puede decir que se permite a los empresarios ‘poceros’ abrir las denominadas minas porque generan fuentes de empleo, cuando lo que buscan es la explotación de los mineros del carbón y ganancias a costa de sus vidas”, dijo el obispo.

Las autoridades trataron de explicar lo que uno de los más destacados comentaristas de televisión, León Krauze, señaló el día de la tragedia: “parece que en México es el cuento de nunca acabar: corrupción, impericia, malos manejos y una lista enorme de vicios”, en referencia directa a lo que viudas y familiares de la tragedia de Pasta de Conchos han estado denunciando, incluso hasta abril pasado, cuando exigieron nuevamente el rescate de los 63 mineros.

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios hizo notar que resulta indignante la pasividad y tolerancia de las autoridades, al permitir la existencia de los ‘pocitos’, por su modo inhumano y peligroso de operar.

Maru Arriaga, la vocera del centro, se preguntó: “¿Cuántos mineros muertos más se necesitan para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer? ¿Cuántas familias más sin un integrante en la región carbonífera? Pareciera que se quiere convertir a Coahuila en una fosa clandestina, donde sólo importa el rescate de cadáveres, sin realizar acciones preventivas que proporcionen seguridad a los mineros”.

No pocas voces califican de inaceptable que, en el momento de una explosión, las autoridades acudan a ponerse al servicio de las familias porque políticamente les conviene, mientras que en el desempeño de sus cargos no escuchan el clamor de cientos de ellas sin oportunidades de un empleo seguro y salario digno para vivir honrosamente. Pareciera que no se ha aprendido con el caso Pasta de Conchos.

Los grupos civiles de Coahuila manifestaron públicamente que es momento de recordar al presidente de Felipe Calderón, al secretario del Trabajo, Javier Lozano, y al gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres, que su responsabilidad es proporcionar las condiciones laborales adecuadas de todo trabajador minero; que es necesaria y urgente la creación de empleos dignos para los jóvenes; que no esperen a que las explosiones en las minas, la violencia, los secuestros de migrantes y las personas desaparecidas sean motivo para que Coahuila se convierta en una fosa clandestina donde sólo se entreguen cuerpos.

 

La zona

 

A siete días de la tragedia, integrantes de la organización La Familia de Pasta de Conchos, conformada por deudos y sobrevivientes de otras explosiones en la zona carbonífera, acudieron al pozo Binsa para solidarizarse con quienes aún esperan los cuerpos de sus familiares.

Plutarco Luis Loredo, quien el año pasado sobrevivió a la explosión en el pozo Boker, de Minas La Florida, dijo que después de siete días fue rescatado con vida, pero su compañero falleció junto a él. “Yo sé lo que están sintiendo ellos aquí, durmiendo junto al pozo; mi familia lo vivió el año pasado, pero gracias a Dios, salí con vida”, refirió.

Otras personas visten playeras rojas con la leyenda memorial Pasta de Conchos, entre ellos María Trinidad Cantú Cortés, doña Trini,como se la conoce, madre de Raúl Villasana Cantú, de 32 años, quien perdió la vida en febrero de 2006. “No tenemos una tumba donde llorarle a mi hijo y eso mantiene la herida abierta y el dolor interminable”, se lamentó la mujer. Señaló que Raúl dejó tres hijos y a su viuda, por lo que mantiene la exigencia de que se rescaten los cuerpos porque sólo la trasnacional Industrial Minera México (IMM) es la que no ha cumplido el anhelo de rescatar 63 de los 65 cuerpos de quienes murieron en Pasta de Conchos.

Recordó que el gobierno de Humberto Moreira, hoy flamante dirigente del viejo partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional, hizo muchas promesas, entre ellas que sacarían los cuerpos. “Pero él ya está en otro lado y nosotros seguimos esperando que venga a sacarlos”, subrayó.

Mientras, la Secretaría de Salud de Coahuila inició trabajos de fumigación en las inmediaciones del pozo, debido a que al cumplirse 72 horas del accidente donde murieron 14 mineros, ya comienza a percibirse olores de descomposición.

Un grupo de pastores de diferentes religiones de la zona carbonífera de Coahuila llegaron al campamento, donde han pernoctado y permanecido los familiares de los mineros, para llevarles palabras de aliento. Pese a que mensajes del gobierno indican que no hay condiciones de vida en el pozo siniestrado, los pastores religiosos les dijeron a los familiares en espera que “la esperanza debe ser lo último que muera y que confíen en Dios para que sus maridos, padres, hermanos e hijos salgan con vida”.

Un comunicado emitido por La Familia de Pasta de Conchos señala que los titulares de las secretarías del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Bruno Ferrari, sólo se lavan las manos y niegan la responsabilidad que tienen en la nefasta situación laboral y de operación del sector minero en México. En el documento demandan la renuncia inmediata de Lozano por “su sistemática negligencia y omisión en la tutela de los derechos de los trabajadores”; asimismo, que se reinicien las labores de rescate de los mineros muertos en Pasta de Conchos y se prohíba de forma definitiva la extracción de carbón por medio de ‘pocitos’ en todo el país.

En febrero de este año, La Familia Pasta de Conchos hizo público el informe “Dime desde allá abajo”, que analiza las actas de inspección de minas de carbón y ‘pocitos’ hechas por la Secretaría del Trabajo, las cuales indican que de 32 yacimientos inspeccionados, en 15 la contratación es verbal. El estudio reveló, además, que en 17 empresas la dependencia ordenó restringir el acceso a los trabajadores por las pésimas condiciones en que estaban operando, y esas mismas entidades siguen funcionando hasta la fecha, aun cuando en tres ha muerto igual número de mineros. Un dato adicional es que en 2006 se localizaron 400 ‘pocitos’ ilegales y hoy suman 800. Del total de empresas, sólo hay sindicato en una, 13 no dan reparto de utilidades, ocho ni siquiera hacen declaraciones anuales de impuestos. Mientras, de 21 mineras a las que les solicitó mostrar sus medidores manuales de gas metano, 19 no los tienen y 12 carecen de análisis de incombustibilidad (prueba que debe hacerse mensualmente para determinar la cantidad de polvo inerte, a fin de evitar explosiones de grisú).

Incluso, de 21 compañías a las que se les pidió que mostraran los análisis de riesgo para determinar áreas propensas a desprendimientos de carbón y de gas, 18 no lo tenían. En tanto, la Secretaría de Economía no verifica la existencia de las empresas a las que entrega títulos de explotación, lo que deja a los mineros del carbón en una situación de extrema vulnerabilidad.

 

Intermediario del carbón, el gobierno de Coahuila

 

Ante este panorama, La Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión Laboral y Asesoría Sindical exigen que desaparezca el Programa de Desarrollo Minero que maneja el gobierno de Coahuila, intermediario en la compra y venta del carbón a pequeños productores. Abogan, además, para que la Comisión Federal de Electricidad licite de manera pública los contratos de compra de mineral para cada socavón y evitar así la extracción clandestina, además de que la Procuraduría General de la República abra investigaciones de todos los siniestros ocurridos desde la explosión en Pasta de Conchos.

El informe sostiene que, en México, la minería del carbón no deja de cobrar víctimas. En los dos sexenios de gobiernos del Partido Acción Nacional han fallecido 135 trabajadores en esas minas porque las empresas violan derechos laborales e incumplen con las normas de seguridad e higiene, sin límites ni penalizaciones gubernamentales.

Las víctimas más recientes fueron Juan Manuel Gómez y Daniel Vaquera, quienes perdieron la vida en la mina Lulú, propiedad de Siderúrgica de Coahuila, el 2 de febrero de 2011.

Sólo en este sexenio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido cuatro recomendaciones sobre las minas de carbón (2006, 2008, 2010 y 2011) y en todas ellas se reconocen violaciones a los derechos humanos de los trabajadores porque las condiciones en que laboran atentan no sólo contra su integridad, sino contra su vida.

La organización pidió catalogar a los fallecidos como “mártires del trabajo” y exigió indemnización justa para los deudos. En protesta, se colocaron 88 cruces en las carreteras de la región por los mineros muertos. La abogada de esa ONG, Cristina Auerbach, aseguró aSEMlac que en la mina siniestrada el 3 de mayo trabajaban varios menores de edad.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana señaló que los mineros muertos y atrapados en Sabinas no son sindicalizados, pero no por ello deben desconocerse sus derechos laborales ni deben trabajar en condiciones de riesgo.

El gremio responsabilizó de lo ocurrido a la empresa BINSA y a su representante, Juan Espinosa Dávila, por las pésimas condiciones de seguridad, que son similares en todas las minas de carbón de esa región. En las maniobras, donde trabaja desde el jueves 5 un grupo de expertos llegados de Chile, se ha actuado rápidamente, para evitar que se conocieran todos los detalles. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, adelantó que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Gurza, supervisa el rescate de las personas atrapadas y ofreció emplear todos los recursos disponibles para privilegiar la integridad de los 14 trabajadores.

La CNDH solicitó a las secretarías del Trabajo y de Economía la aplicación de las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la vida e integridad de los trabajadores y los rescatistas. Por lo pronto, asegura que ya inició una queja de oficio por la explosión.

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