Criminalización del comercio

Javier Hernández Alpízar
Vivimos bajo una especie de esquizofrenia gubernamental, una suerte de psicopatología del Estado mexicano, si nos pusiéramos a psicoanalizar a los gobiernos –los municipales, los estatales, el federal–, pero sobre todo a los elementos de la burocracia que directamente “atienden” a los ciudadanos: policías, inspectores, agentes del ministerio público, funcionarios de los ayuntamientos y, en la ciudad de México, las delegaciones.
Violando la Constitución mexicana, la cual garantiza que cualquier mexicano puede ejercer cualquier profesión y oficio lícitos, y contradiciendo el discurso del gobierno, en todos sus niveles, que pregona el “libre comercio”, los funcionarios encargados de la policía, en su acepción amplia de vigilancia del cumplimiento de ordenamientos municipales y urbanos, criminalizan el comercio en calles y plazas y tratan como delincuentes a personas de origen campesino, rural, indígena o urbano, que se ganan la vida de manera lícita, legítima, vendiendo mercancías al menudeo, y resolviéndole de paso a las grandes empresas el problema del comercio al detalle, desde las niñas, niños y adolescentes que venden chicles o flores, pasando por mujeres indígenas que venden flores y verduras, hasta los comerciantes que venden todo tipo de mercancías en puestos fijos y semifijos.
Cualquier ordenamiento municipal, del cabildo de un ayuntamiento o de una delegación del DF, viola la Constitución, en la letra y en el espíritu, y abre las puertas a la represión violenta de los comerciantes populares: Las golpizas que han denunciado comerciantes en Xalapa y recientemente la represión –calificada de “salvaje” por Jairo Güarneros– en Orizaba, Ver., son escenas que recuerdan al desalojo de los vendedores de flores de Texcoco, Estado de México, el 3 de mayo de 2006, día de la Santa Cruz, después de que las autoridades del gobierno estatal se habían comprometido a “no usar la fuerza pública” –igual que explicó Jairo Güarneros habían dicho en Orizaba–.
El comercio en calles, plazas, mercados sobre ruedas y tianguis, que tiene su origen en la época prehispánica, en los mercados de las ciudades indígenas que impresionaron a los españoles por su magnitud, es un elemento vital de la economía, de la vida y de la cultura popular en todo el país.
No obstante, con leyes y reglamentos menores violatorios de la Constitución y los derechos humanos, lo mismo en la Ciudad de México, y bajo gobiernos que se dicen de –aunque aplican esquemas de “cero tolerancia”, traídos por Rudolph Giuliani de Nueva York–, como en los demás estados, ciudades, ayuntamientos del país, y bajo gobiernos de todos los colores: PAN, PRI, PRD, el trato contra los vendedores y comerciantes populares es discriminatorio, violatorio de sus derechos humanos, de sus garantías ciudadanas, y criminalizante.
Cuando los comerciantes no son agremiados de manera coercitiva por organizaciones partidarias –especialmente del PRI y el PRD– que funcionan como sindicatos blancos, como coyotaje y como operadores para el acarreo electoral –ahí crecieron operadores del perredismo como René Bejarano o “Juanito”, hoy neopriista–, si los vendedores intentan mantenerse de manera independiente, en lo individual o en colectivo, sufren desalojos, robo de sus mercancías, extorsiones –cobro de “cuotas”–, golpizas y una imagen de delincuentes, por el sólo hecho de ganarse la vida con un oficio, profesión y actividad que la ley permite –y que si una ley prohibiera, estaría violando la Constitución y los derechos humanos–.
La esquizofrenia estatal se explica cuando se ven las facilidades –salarios bajos, cero requisitos ambientales, estímulos fiscales y otras impunidades– a empresas transnacionales de diverso origen como WalMart, Comercial Mexicana, Chedraui, todo tipo de franquicias, Telmex y otras compañías telefónicas que instalan sus casetas en la vía pública.
El “libre comercio”, el dejar hacer y dejar pasar, es para los más ricos y poderosos, pero para quienes hacen un comercio de sobrevivencia está la criminalización, y dicho con Michel Foucault, el vigilar y castigar.
En los hechos, se niega la posibilidad de que los mexicanos, sea en su estado y ciudad de origen o sean migrantes internos –como los poblanos en Xalapa–, ejerzan una actividad lícita, orillándolos al clientelismo partidario, a vender “toreando” –como las indígenas mazahuas que venden nueces y salen corriendo cuando viene la represión, en el DF–, emigren o busquen cualquier modo de sobrevivir. Al despojo y la explotación se suman el desprecio, la discriminación, el racismo, el chauvinismo –”son fuereños”–.
Como corolario está la política de expropiación de los espacios públicos, especialmente de los centros “históricos” de las ciudades impulsados por el gobierno lópezobradorista y sucesivos gobiernos del PRD, en el DF, y por los gobiernos priistas y panistas en diferentes estados: Se trata de desalojarlos y desplazarlos mediante la fuerza pública, con una combinación de policías antimotines y trascavos, para que después las empresas grandes, locales o transnacionales, instalen departamentos de rentas caras, supertiendas, franquicias. Es un proceso de aburguesamiento, gentrificación o “hermoseamiento” que viola los derechos de los más y otorga privilegios a los menos.
Es una ideología metida en la clase política, en los medios de masas y en las clases medias, ésas que Cordero cree que son “todo el país”: Que los comerciantes populares ensucian y afean, y en cambio, los Sanborns de Slim, los WalMart y demás megaempresas “adecentan” y modernizan.
Una combinación de cinismo, provincianismo, corrupción, mal gusto y otras cualidades de turismo mental y colonización de las cabezas que comparten gobiernos de todos los partidos y colores.
Es grave, porque les niega el derecho a un trabajo honrado a quienes lo necesitan, pero más grave aún porque, para aplicar esa política de “cero tolerancia”, violan los derechos humanos en los violentos desalojos: Xalapa, Orizaba, Ciudad de México, Texcoco… es un mal de todo México.
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