Industria de fabricar culpables

Javier Hernández Alpízar
Alguna vez dijimos que una película de Chaplin, The Kid, El Chico, es el modelo de promoción de la fuerza pública como recurso único de la “seguridad”. Así como en la película un niño va rompiendo cristales a pedradas para generar clientes al personaje de Chaplin, un vendedor de cristales, la fabricación de un clima de miedo e inseguridad promueve un gobierno autoritario, con la fuerza pública en calles, ciudades y campos, reforzando, en un círculo vicioso, el temor y retroalimentando la práctica autoritaria: aumentar la “mano dura”.
En este esquema simplista, un callejón sin salida del cual el pueblo mexicano saldrá algún día –la única pregunta es ¿después de cuántos muertos más, si 41 mil no son suficientes?–, los medios industriales, privados, comerciales, de comunicación masiva son un instrumento útil al esquema: Son quienes promueven la imagen de un mundo lleno de peligros, sin intentar buscar las causas, y a los detenidos, encarcelados o asesinados como “monstruos de maldad” cuya eliminación es requisito necesario para arribar a la “seguridad”.
Los vicios del periodismo, conocido tradicionalmente en México como nota roja –y en otros países con otros nombres, por ejemplo en el Estado español “sucesos”–, son muy útiles para el autoritarismo, porque refuerzan la imagen de una violencia generalizada, atemorizante, sin lógica alguna, nacida de un mal sin explicación, y frente a ella, sin matices ni críticas, de la autoridad actuando con “mano firme”, sin referencia alguna a los derechos humanos –en la Constitución mexicana “garantías individuales”–, dando por sentado que para los “delincuentes” –cuya culpabilidad se da por supuesta, no por demostrar– no tienen derechos.
En este contexto, la lectura del libro Nota(n) roja, La vibrante historia de un género y una nueva forma de informar, de la coautoría del mexicano Marco Lara Klahr, entre otras actividades, director de La Voladora Radio, y del español Francesc Barata, publicado por Debate, resulta esclarecedora.
La obra es resultado de una investigación amplia y de los talleres con periodistas en los que se intenta inocular el virus de la autocrítica: los comunicadores, las comunicadoras y los medios masivos como violadores de los derechos humanos al publicar solamente la versión oficial –además incompleta, editada por la institución misma– de los hechos delictivos.
En México, de la gran cantidad de detenidos en una supuestamente titánica “lucha contra el crimen” –no sólo la guerra de Calderón, sino la de los gobernadores, encabezados por el de “izquierda” Marcelo Ebrard– la mayoría son liberados porque no se encuentran elementos suficientes para mandarlos a prisión: es decir, jurídicamente son inocentes, pero ya salieron en la nota roja, fotografiados en poses humillantes, al lado de objetos como armas –en ocasiones hasta ejemplares de la revista Proceso– y su nombre ha quedado calumniado, difamado definitivamente. Los autores de Nota(n) roja finalizan un apéndice con una cita del brasileño Felipe Pena de Oliveira: “En el periodismo no hay fibrosis, pues las heridas abiertas por la difamación no cicatrizan nunca”.
Un periodismo que en toda la cadena industrial, desde un reportero mal pagado, mal preparado, trabajando a destajo, ignorante del derecho positivo, los derechos humanos, apenas abocado a presentar la versión oficial de las cosas, hasta una redacción interesada en el amarillismo, el sensacionalismo, reproductora de una cultura autoritaria –el pasado y presente priista en México, con los diferentes colores de que se ha teñido– es productor mediático de juicios paralelos que, automáticamente, condenan a los detenidos antes de cualquier investigación, y no dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos, los derechos civiles ni los procesales de las personas.
Casi sin excepciones –muchos ejemplos de amarillismo, sensacionalismo, juicios mediáticos y demonizaciones son extraídos y copiados de medios “políticamente correctos” o de “izquierda” como La Jornada y Proceso–, los medios constituyen un Sistema mediático penal o un Poder judicial mediático, esto es, de “la función de los medios noticiosos como reproductores, reforzadores y legitimadores, ante la sociedad, del discurso criminalizante promovido por un sistema penal que privilegia soluciones estrictamente punitivas a las conductas consideradas antisociales, eludiendo el aspecto de la exclusión social como fuente principal de la inseguridad pública”.
La sección llamada “Guía mínima para periodistas”, donde por orden alfabético se explican conceptos claves del periodismo, del derecho penal, de los derechos humanos y materias afines, es muy práctica y retrata en gran medida la indefensión de los ciudadanos como potenciales víctimas de una industria de fabricación de culpables, con sesgos discriminatorios, clasistas, machistas, misóginos, y demás: “Al asumir este rol en el espacio público –el papel de Sistema mediático penal–, la industria periodística discrimina, reafirmando así la exclusión: presenta a los más pobres como conflictivos, demonizándolos de manera sistemática, y al mismo tiempo invisibiliza o minimiza los delitos cometidos por las élites. Al realizar tal función a través de los juicios mediáticos o paralelos, los medios se asumen como apéndices de un sistema penal de tipo autoritario.”
En tiempos en que campea la falsa doctrina y la práctica hegemónica del neoliberalismo, y en los que el Estado se reduce a un aparato de represión, en México, un periodismo así no solamente se vuelve instrumento de un sistema penal autoritario, sino de un sistema político autoritario.
El libro comentado es muy necesaria lectura en estos días, veamos un fragmento, de la entrada “Violencia y salud pública”:
“Enfocar la violencia delincuencial como causa principal de la inseguridad ciudadana empobrece la comprensión del fenómeno, tanto como suponer que dicha inseguridad se resolverá con leyes más duras, más policías y armamento y menos derechos ciudadanos.”
No solamente es señalada la pobreza del periodismo más usual, sino que los autores dan pistas de otras formas de ejercer el oficio, como el periodismo cívico, el periodismo de investigación, el periodismo de paz, el periodismo de proximidad o comunitario, el periodismo preventivo y el periodismo sensible al conflicto. Además, explican algunas opciones de los lectores para defenderse del atropello de un periodismo que viola sus derechos y no asume una responsabilidad social ni ciudadana.
Cambiar el enfoque del modelo punitivo, represivo, de “seguridad pública” por un modelo de “seguridad ciudadana” que ponga el acento en los derechos humanos y ciudadanos, así como el de un periodismo cuyo compromiso no sea en primer lugar con el poder, sino con la ciudadanía y sus derechos, son medidas necesarias para salir de la vorágine de sangre que, según el conteo más reciente, en este sexenio ha cobrado más de 41 mil vidas. Muchas de ellas asesinadas doblemente, al etiquetarlos, ya muertos y sin juicio penal de por medio, como “delincuentes” o como “bajas colaterales”.

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