Seguridad a personas y no entidades: ombudsman del DF

Foto: Lobo Gris

Un militar o marino que mate a un civil tiene un plus de responsabilidad
Relación perversa con víctimas poderosas que piden más violencia punitiva
Movimiento por la Paz visibilizó a víctimas no poderosas

El objetivo principal de una política pública de seguridad “debería ser proteger a las personas y no a entidades abstractas, que nunca se sabe qué quiere decir “proteger al ejército”, nunca se sabe qué quiere decir “proteger a las instituciones”, así de manera abstracta. Tiene que estar centrada, la seguridad, en la protección de las personas, y la única manera de proteger a las personas es creando circunstancias de control excepcional que permitirían que acciones que exceden el marco natural de acción de las fuerzas militares sean controladas, sancionadas y sometidas a juicios de responsabilidad también excepcionales, es decir, que si un marino o un soldado mata a una persona en el ámbito civil, tiene que ser juzgado por una autoridad civil, y yo diría mucho más allá, un control excepcional implica no solamente tiene que ser juzgado en e ámbito civil, sino que tiene que ser juzgado con un plus de responsabilidad.”
A las instituciones que se han alejado de todo control ciudadano y han expropiado lo público, e incluso expropiado el Estado, tenemos que “cobrarles la responsabilidad de lo que ello implica y también tenemos que ir haciéndonos cargo de recuperar las redes sociales en nuestro entorno”, dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia. Donde por redes sociales se refirió al tejido y las relaciones sociales y no a las de la internet. El ombudsman del DF habló ante un auditorio numeroso de ciudadanos, periodistas e informantes del gobierno, en el Centro Recreativo Xalapeño, al lado de dos integrantes del Comité por la Paz Región Xalapa: Ángel Pérez Silva, también de la Red Cívica Veracruzana (Recive) y de Araceli González Saavedra, de Equifonía AC, quienes hablaron de la situación de los derechos humanos y la postura del comité al respecto, y Araceli González, de las violaciones a los derechos de las mujeres en Veracruz.
Luis González Plasencia hizo un recuento de cómo desde hace décadas en México se fue expropiando el espacio de lo público y reduciéndolo a la defensa de intereses particulares, lo que en el caso de la justicia fue fomentando la impunidad. El recuento fue detallado, duró más de media hora, y explicó cómo ese proceso fue dejando las decisiones que afectan a México en cada vez menos manos, por lo que la llamada “guerra contra el narcotráfico o el crimen organizado” finalmente fue decidida y sigue siendo decidida en una circunstancia en que los mexicanos son vistos más como súbditos que como ciudadanos cuya voz cuente.
Un caso con el que ejemplificó esta apropiación de lo público para intereses particulares se da con las víctimas de los delitos y del sistema. “Hemos visto emerger desde el año 2000 un movimiento de víctimas sui generis. Antes las víctimas de delito eran las eternas olvidadas del sistema, no aparecían, la persona se iba a la cárcel y la víctima quedaba sin resarcirse. Como efecto de la domesticación del delito (el paso a delitos como secuestro o cobro de derecho de piso) aparece un sector que empieza a ser especialmente identificado como vulnerado por el delito, el empresarial.
“En el 2000 muere la hija del señor Eduardo Gallo, y la discusión que se genera a partir de la persona secuestrada y después ultimada. A partir de esa discusión empieza a haber un movimiento, recuerdan las llamadas marchas blancas, en las que la clase media y alta salió en la ciudad de México, también recuerdo algunas en Jalisco, para reclamar mayor seguridad.
“Como efecto se reformó el artículo 20 constitucional, se incorporaron los derechos de las víctimas, pero luego aparecieron más casos, el de la señora Moret, la señora Wallace, y más recientemente el caso del señor Martí. ¿Qué efecto tuvo eso en la política criminal federal? En principio, una especie de relación perversa, hay que llamarle así, porque se da de frente a un tipo particular de víctimas que son víctimas con poder, quienes adquirieron un derecho de picaporte frente al Estado para, en función de una situación de la que ellos no son responsables, sin duda, una situación que los colocó en una posición de gran dolor, de pérdida humana, y dado que el Estado no es capaz de responder eficientemente a ese tipo de tragedias, lo que hizo fue darle un lugar particular a este grupo especial de víctimas, que hoy juega un rol importante en la definición de lo que, desde su perspectiva, tiene que ser el combate al delito.
“En esa lógica de pérdida y dolor, los sentimientos de justicia se convierten con gran facilidad en sentimientos de venganza: cualquier cosa que suene a una posibilidad de que una persona que ha sido acusada de cometer un delito reciba un trato humano, un trato que corresponde a sus derechos, simple y llanamente eso, es vista como una afrenta personal y es atacada, por lo tanto, desde esa perspectiva, como una defensa de los criminales.
“Aparece más adelante el caso del señor Sicilia. ¿Cuál es el cambio de discurso que se da del movimiento del señor Sicilia respecto a otras víctima? También el señor Sicilia es una persona encumbrada, digamos así. Él no es un empresario, pero es una persona conocida, una persona que tiene un ámbito de influencia importante, también en su caso su hijo es víctima de un delito.
“Sin embargo, la virtud que ha tenido en todo caso el movimiento actual que encabeza el señor Sicilia, tiene que ver con haber iluminado a un importante número de víctimas que no son poderosas. A un importante número de víctimas que son víctimas de delitos, pero también del sistema. Ampliando el espectro de víctimas hacia un sector que había quedado invisibilizado, desde la perspectiva de estas otras víctimas encumbradas, que sí han tenido la posibilidad de hacer uso de ese derecho de picaporte para definir cosas específicas.
“En los hechos, parte de ese grupo encumbrado de víctimas, no todos, se ha opuesto sistemáticamente a un proceso de pacificación del país, se ha opuesto sistemáticamente a cualquier intento de entrar a la temática de los proceso de victimización con una perspectiva que no sea estrictamente punitiva. La respuesta que ellos están esperando es una respuesta punitiva, que implica más ejército, una respuesta que implica penas más duras, un código procesal penal muy rígido, sin darse cuenta que ese proceso incrementa la violencia.
“Hay una ceguera, me parece, a darse cuenta de que el sistema también produce violencia. La violencia no solamente viene del delito, que es muy importante y hay que, desde luego, atacarla, pero lo que no se puede hacer es atacar esa violencia con más violencia institucional, porque los riesgos que se generan son múltiples.
“El principal, que en mi opinión hay que destacar, es que el problema que origina toda esta gran guerra contra el narcotráfico desde hace treinta años sigue intacto y creciendo: No podemos decir hoy que la guerra contra el narcotráfico haya tenido un efecto real en la reducción del mercado de drogas. Ha tenido efectos en términos de personas encarceladas, de personas ultimadas, pero eso no es congruente con los objetivos que se supone justifican esta guerra contra el narcotráfico. No conozco a ninguna persona usuaria de drogas en este país y desde luego en el del norte que se haya quedado sin drogas porque estas hayan sido decomisadas o porque un capo fue metido a la cárcel. Los criterios de medición no son correctos. Si lo que estamos pensando es que el mercado de drogas tiene que ser abatido no estamos logrado eso, y lo que sí estamos logrando es incrementar notablemente, año con año y día con día, el número de personas muertas, buenas o malas.”
“Otro efecto de esta división de las víctimas es que parece ser que aquellas que lo son del Estado porque participan de grupos criminales, no importan, que se trataba de personas que formaban parte de los grupos criminales, entonces es mejor que se mueran porque son malos. Eso ha venido también a generar una serie de justificaciones absurdas que se suelen dar para explicar los errores cometidos por el ejército o la marina cuando tienen por efecto la pérdida de vida un civil: lo que primeramente se plantea es que seguramente estaba involucrado en un grupo criminal. Este abonarle a la visión punitiva, no solamente no está resolviendo el problema, sino que está generando mucha mayor problemática porque está generando condiciones para dividir a las víctimas del sistema y del delito y que tendrían que ser una voz única par reclamar una acción contundente del estado, no desde una perspectiva punitiva, sino una que se complemente y tiene que ver con los efectos de reconciliación, que son importantísimos en los procesos de pacificación como el que necesitamos ahora.”
Respecto a la Ley de Seguridad Nacional, explicó que después de la condena al Estado mexicano por la desaparición forzada, por militares, de Rosendo Radilla en Guerrero, en los años setenta, que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual la Suprema Corte de Justicia tuvo que reconocer que los militares que cometen delitos en el ámbito civil deberían ser juzgados por autoridades civiles, el ejército ha planteado el problema de una protección legal: porque bajo el código militar no se castigan los delitos como homicidio, por ejemplo, sino como indisciplina militar; pero desde el código penal para los civiles, lo que en términos militares es debida disciplina podría ser juzgado como el delito de homicidio.
Ante esa discusión, el ombudsman del DF opinó que “si un marino o un soldado mata a una persona en el ámbito civil, tiene que ser juzgado por una autoridad civil, y yo diría mucho más allá, un control excepcional implica no solamente tiene que ser juzgado en e ámbito civil, sino que tiene que ser juzgado con un plus de responsabilidad.”

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