LOS INDIGNADOS DE CIUDAD JUÁREZ

VÍCTOR OROZCO

 

                Una ola de indignación recorre el mundo. Tiene motivaciones generales en Estados Unidos, España o Francia, para mencionar los países en los cuales se han realizado las movilizaciones de mayor notoriedad y donde los manifestantes han ocupado plazas y sitios emblemáticos de cada país: Wall Street, la Puerta del Sol, La Défense. La causa universalmente invocada es el despojo de salarios y patrimonios familiares que realiza la élite económica mundial. Pero, en cada país y ciudad, la indignación obedece además a razones particulares. Los españoles, pioneros en la protesta que ha cobrado dimensiones globales, no están reclamando el cese de la violencia criminal. En México, tenemos 50,000 muertos, un número indefinido y gigantesco de extorsiones o secuestros durante los últimos cuatro años. ¿Hay otro motivo más relevante para inconformarse?. Y, en Ciudad Juárez, que cargamos con la quinta parte de esa colosal cifra, a pesar de que apenas sumamos el 1.5% de la población nacional?. ¿Qué otra razón podría suscitar una condena más drástica de los ciudadanos hacia el gobierno?. Si, “vivimos con el Jesús en la boca” como resume una vecina la angustia colectiva.

 

            Haciéndose eco de la común aspiración a la paz y a la seguridad, un puñado de estudiantes y adherentes de organizaciones civiles realizaban el 1 de noviembre pasado una marcha pacífica durante la cual pretendían pegar en los muros y vitrales una cruz rosa por cada uno de los muertos en Ciudad Juárez. No hacían otra cosa al empezar la breve columna por la avenida López Mateos cuando llegaron las patrullas de la policía municipal, cargadas de agentes provistos de fusiles de asalto, quienes les arrebataron los botes con pinturas de agua y comenzaron a subirlos a las camionetas.  En el forcejeo, a uno de los uniformados le arrojaron el contenido de un bote de engrudo. Los protestantes fueron esposados y arrojados en las plataformas de los vehículos policiacos. A una mujer las sacaron a viva fuerza de su automóvil, a otra la arrastraron por el pavimento. Los videos, tomados por periodistas y por particulares, registraron paso a paso y desde diferentes perspectivas la acción de los policías. En ningún momento se advierte algún ataque o agresión de los marchistas a los agentes. Por la tarde, otros videos dan cuenta de la concentración de familiares y compañeros de los presos ante las oficinas del edificio policiaco donde aquellos fueron llevados. Con palabras comedidas le piden a un funcionario que permita a una comisión de padres de los jóvenes recluidos entrar a verlos para saber su estado de salud. Sólo eso. Como es frecuente en estos casos, se escucha un prolongado diálogo de sordos, el oficial se concreta a repetir como autómata: no puedo, no está en mis manos. Los reunidos se desesperan y comienzan a colocar las consabidas cruces en los vidrios del edificio. Un numeroso cuerpo de agentes, algunos encapuchados, cargan de nuevo contra los inconformes. Golpean a diestra y siniestra, incluso a fotógrafos y periodistas que realizaban su labor de información. El número de presos se eleva de trece a veintisiete, incluyendo a dos informadores liberados más tarde. Estos son los hechos.

 

            Al día siguiente, un profesor de la UACJ me llama para pedirme que acuda a la Fiscalía general del Estado a donde han sido trasladados los detenidos, porque se sabe que algunos han sido golpeados severamente. Puedo hablar con varios de ellos a quienes en esos momentos se les hacen “entrevistas”, sin asistencia de abogados defensores como marca la ley, bajo el pretexto de que no se trata de “declaraciones” formales.  Me informan que a todos los mantuvieron hincados, en posición rígida, por largo tiempo, la mayoría muestra moretones en diferentes zonas del cuerpo. Junto con Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puedo hablar, al fin, con dos altas funcionarias de la Fiscalía General del Estado. Nos explican que a los detenidos se les imputan varios delitos: daño en propiedad ajena, en perjuicio de particulares y del municipio, además de lesiones causadas a los agentes de policía. Además, a Carlos -Gero- Fong, tenido por el líder, se le acusa de posesión de enervantes y de haber quitado el arma a un uniformado.

 

            Escucho a la funcionaria y me asombra -todavía- la perversidad y estulticia con las que pueden conducirse nuestras policías. Le pregunto: ¿Usted cree sinceramente abogada que hay en el país o en Ciudad Juárez alguien de buena fe y con un gramo de inteligencia que pueda creer esos infundios?. ¿Ha visto los videos en los que Fong nunca se sale de pantalla, desde que llegan los policías hasta que lo someten boca abajo, lo esposan y lo suben a la camioneta?. Esboza primero una sonrisa y luego muy seria me contesta que ellos solo actúan desde el punto de vista jurídico. Colijo que había orden de montar una farsa más para criminalizar a dirigentes sociales y convertirlos en delincuentes. Nos comunicamos con Wilfrido Campbell, Director de Gobernación del Estado, ex rector de la UACJ y le expresamos nuestra opinión sobre la simulación o comedia que se estaba tramando, por una parte y por la otra, sobre el comportamiento insensato, injusto e ilegítimo de la policía al reprimir una manifestación pacífica y el intento de justificarse urdiendo embustes.

 

            Los detenidos son liberados después de veinticuatro o treinta y seis horas desde su aprehensión, mediante el pago de una fianza de quinientos pesos por cabeza. Todavía al día siguiente veo y escucho al director de seguridad pública y al alcalde reproducir la versión de las drogas y despojo del arma, sin sonrojo alguno. No obstante la masiva campaña de las autoridades para desacreditarlos o culparlos, la opinión de los juarenses se divide entre los que responsabilizan a la policía o a los manifestantes.

 

            ¿Qué conclusiones nos deja este episodio?. Al menos dos. Una, que lejos de hacerse cargo de la angustia e inconformidad de la población por la situación de inseguridad, las autoridades prefieren hacer valer la consigna de “cero tolerancia” allí donde pueden actuar en blandito, atacando a una pequeña marcha de gente desarmada, sin emplear el diálogo previo y aparecer como campeones de la legalidad evitando que se manchen muros con pintura lavable. Dos, que -discrepancias aparte de tácticas y actitudes- existen núcleos en la población a los cuales no les ha ganado el temor o el pánico para expresarse públicamente y mantener su independencia política. Uno de ellos es éste grupo de los indignados. Salve por sus integrantes.

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