Exhibe HRW violaciones sistemáticas a los derechos humanos de fuerzas de seguridad

 

 

http://plumaslibres.com.mx/2011/11/10/exhibe-hrw-violaciones-sistematicas-a-los-derechos-humanos-de-fuerzas-de-seguridad/

 

Torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, son práctica común en las corporaciones de seguridad de México, especialmente en el marco de la guerra contra el crimen organizado.

Así lo reveló en un informe Human Rights Watch, que investigó y documentó decenas de casos en diversos estados del país, como parte de un informe sobre el tema.

José Manuel Vivanco, representante de la organización en México, señaló que si bien el crimen comete en México todo tipo de atrocidades, estas no puedan tampoco ser justificantes ni mucho menos ser replicadas por el Estado Mexicano en la naturaleza de su actuar.

De acuerdo con el informe de HRW, se logró investigar y documentar 170 casos de torturas, 39 casos de desapariciones forzadas y 24 casos de ejecuciones extrajudiciales.

Según la organización, por ejemplo, “todas las fuerzas de seguridad que participan en operativos contra el narcotráfico –esto es, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y las Policías estatales, municipales y ministeriales– han recurrido a la tortura”.

“Con independencia de la ubicación geográfica o el sector de las fuerzas de seguridad implicado, las víctimas ofrecieron descripciones similares de las tácticas de tortura física y psicológica a las cuales fueron sometidas. Estas incluyen golpizas, asfixia con bolsas de plástico, simulación de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte o simulacros de ejecución”.

Por medio de estas prácticas es como arrancan confesiones reales o ficticias para incriminar a personas.

Se señaló que las personas son detenidas en cualquier lugar y posteriormente llevadas a cuarteles militares o policiales, son incomunicadas, sin que sean puestas a disposición de ningún ministerio público.

“Los casos documentados por Human Rights Watch, así como decenas de entrevistas a funcionarios de distintas comisiones de derechos humanos, defensores de oficio, agentes del Ministerio Público y defensores de derechos humanos, sugieren claramente que la tortura forma parte del modus operandi de las iniciativas contra el narcotráfico en México, y que su incidencia ha aumentado notablemente en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, agrega el informe.

HTW identifica el caso de Nallely Thamara Lara Sosa quien reveló que fue detenida arbitrariamente en junio de 2010 en Tabasco por militares y llevada a un centro de detención ilegal, en donde se le colocó una bolsa de basura en la cabeza para asfixiarla y obligarla a declarar. Posteriormente fue llevada a una sala “donde un hombre con el rostro cubierto y vestido de civil comenzó a mostrarle fotografías truculentas de tres mujeres que habían sido asesinadas (las supuestas víctimas de Thamara). Cuando el agente llegó a una fotografía sumamente explícita que mostraba a una de las víctimas con un palo introducido en el recto, le dijo “Esto es lo que [te] vamos a hacer a ti”.

“Thamara fue llevada nuevamente a la sala de interrogatorios, y una vez allí fue vendada, atada y subida a una mesa. Luego, dijo que los agentes le quitaron los pantalones y la ropa interior, y amenazaron con violarla en grupo”.

“Se acercó el hombre que me interrogaba y se acercó frente a mí, pegadito, y me dice, ‘Tamarita, aquí va a comenzar a cambiar todo, ahorita te vamos a dar cariño y amor… aquí vas a tener varios amigos. Hasta fila están haciendo para ti…’. Comenzaron a tocar en todo mi cuerpo y me alzaron mi brasier ya que yo sentía manos por todo el cuerpo, me tocaron mis nalgas y me insultaban a la vez y decían, ‘Ahorita vas a sentir lo que es bueno. Estás buena, maldita puta’… y dijo [a los otros oficiales], ‘Voltéenla, pónganla en el escritorio’, y fue donde grité, ‘No, Señor, yo lo hice, pero por favor no me hagan nada, se los pido’. Y en eso me dice con voz baja el que me interrogaba, ‘Vas a cooperar entonces, vas a hablar’. Y le dije, ‘Sí, Señor, lo que usted diga. Pregúntenme lo que sea pero no me vayan a violar” .

Luego de eso, la llevaron a una sala donde un hombre con el rostro cubierto y vestido de civil le entregó un documento y le dijo que lo firmara. Thamara obedeció, y a continuación fue subida a un vehículo. Dijo que los agentes la llevaron a distintos lugares y le dijeron que ahí habían sucedido los principales hechos contenidos en su confesión. Tras ello, se le ordenó que firmara un segundo grupo de documentos. Mientras firmaba, uno de los agentes le habría dicho “Cálmate. Ya no tengas miedo. Firma todo lo que se te diga y nadie te va a hacer nada”.

Otra, de las múltiples historias que recoge HRW es el de un joven de 24 años, quien estudiaba psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, al que identifica como Laguarda.

En este caso policías lo detuvieron tras el asesinato de uno de sus amigos. Lo golpearon, le aplicaron toques eléctricos en el cuerpo, le aplicaron bolsas en la cabeza para tratar de asfixiarlo, mientras le decían:

“Ya di que fuiste tú. La tortura es para los tontos”. A esto siguieron los golpes. “Yo les decía ‘¿Qué quieren que diga?’, y ellos decían, ‘No queremos que digas lo que nosotros queramos, queremos que digas lo que fue’”. Contó que, sin quitarle la venda de los ojos, los agentes lo colgaron por las piernas al vacío y amenazaron con soltarlo. Afirmó que luego lo sentaron en una silla y lo abofeteaban cada vez que comenzaba a adormecerse”.

A continuación “lo que hicieron fue que tomaron una venda… y me enredan toda la cabeza salvo la nariz… ya después conocí que a eso le dicen la momia… me dejaron así y empezaron a hacer lo del agua otra vez pero ahora el agua entraba directamente por la nariz. Lo hicieron tres veces. Y ya dije ya lo que sea yo confieso lo que ustedes quieran… y ya lo que hice fue inventarme una historia increíble que toda persona que ha leído la declaración no la cree”.

Laguarda contó que inventó una confesión, en la cual afirmaba que había ido a un parque público y le había pedido a un desconocido —un “malandro”— si lo ayudaba a matar a su compañero de clase. Esta persona dijo que contactaría a Laguarda con los Zetas, una organización delictiva, que llevaría a cabo el homicidio a cambio de un precio. Laguarda dijo haber pagado a los Zetas 4.000 pesos [225] .

Contó que, luego de rendir su falsa confesión, unos policías lo condujeron hasta el parque donde supuestamente había hablado con el “malandro”. Durante el trayecto, un policía lo golpeó en el rostro varias veces hasta que la víctima sintió que se le había dislocado la mandíbula y comenzó a escupir sangre. La víctima fue trasladada nuevamente hasta el Ministerio Público, y allí fue llevada a una sala donde estaban el agente del Ministerio Público, “el comandante” y un defensor de oficio.

Frente a todos, el comandante advirtió a Laguarda que no dijera que había sido torturado, y que si no firmaba la confesión “vamos a volver con más agua hasta que vengas a firmar”. Laguarda pidió que lo dejaran hablar sólo con su defensor de oficio, y le informó que había sido torturado. Según la víctima, el abogado lo instó a que firmara el documento para evitar que continuaran torturándolo y que luego presentara una denuncia. Laguarda firmó la confesión el 13 de septiembre cerca de las 8 p.m., aproximadamente 20 horas después de haber sido detenido.

Por un sinfín de violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades de todo tipo, HRW exigió al gobierno mexicano cesar estas prácticas, acotar el fuero militar, garantizar el debido proceso de los detenidos, para que estos sean puestos a disposición de los ministerios públicos y no torturados y aislados, así como restablecer el estado de derecho en el país.

Entre otras demandas, se planteó “crear bases de datos nacionales para llevar un registro de personas desaparecidas y detenidas, que tengan por objeto evitar abusos” y “abandonar la retórica que sugiere que las víctimas de abusos serían delincuentes, o que desestima las denuncias de abusos antes de que hayan sido investigadas”.

Según HRW, a la fecha, la PGR y las Fuerzas Armadas, ni siquiera han atendido correctamente denuncias por abusos de sus elementos.

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