Heridos de gravedad opositores a minería en Oaxaca


Disparos contra ejidatarios que defienden el agua
Uno en estado de coma y en riesgo su vida
Presidente municipal, hermano, regidor y policías, agresores
Grupo armado “público-privado” agrede a opositores de la mina
Aplicar el 33 constitucional a mineras canadienses: ANAA

Fueron baleados con almas de alto poder de uso exclusivo del ejército (R-15) integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), en la comunidad San José del Progreso, municipio de Ocotlán, Oaxaca. Resultaron heridos Bernardo Méndez Vázquez y Abigail Vázquez Sánchez. Méndez Vásquez se encuentra en estado de coma con posibilidad de perder la vida.
Los agresores son policías municipales. La agresión ocurrió con la complicidad y la participación de las autoridades municipales, al servicio de la minera canadiense Fortuna Silver, rebautizada en ese proyecto como Minera Cuzcatlán, denunció una organización nacional de afectados ambientales.
Los heridos, junto con otros ejidatarios, campesinos y habitantes de San José del Progreso, se manifestaban en defensa del agua que la minera Cuzcatlán-Fortuna Silver está sobreexplotando, con lo cual deja sin el recurso hídrico a los pobladores.
La agresión ocurrió a las 12:00 horas del miércoles 18 de enero. San José del Progreso Ocotlán fue sede de la sexta reunión de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), la cual ha emitido un comunicado con sus repudio a estos hechos violentos.
Fechado el miércoles 18, el comunicado de la ANAA nombra a las autoridades municipales como responsables: “el presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio, agredieron impunemente con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15) a pobladores de esa comunidad que solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Inc., de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo que se pretende excavar sin el consentimiento de la población en vistas a explotar el recurso hídrico del subsuelo de esta localidad, para abastecer las instalaciones de la empresa trasnacional.”
El comunicado de la ANAA describe: “Los habitantes de esa región han padecido gran escasez del recurso hídrico durante los últimos diez años, para lo cual diferentes vecinos de la región de Ocotlán han desarrollado, con recursos propios, actividades y obras para la recuperación exitosa del mismo; organizándose en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan (COPUVO).”
Cuando la empresa pretendía iniciar la instalación de obras, dice la ANNA, “en el espacio de las viviendas de esa la comunidad, los vecinos manifestaron su desacuerdo. Al solicitar la paralización de las máquinas, sin intermediar ni decir nada, el presidente municipal, su hermano, contratista de esta obra, y el regidor dispararon en el espacio público y a quemarropa contra la población, hiriendo de gravedad al ciudadano Bernardo Méndez Vásquez con un balazo que le atravesó completamente el cuerpo en el centro de abdomen y otros balazos que le arrancaron algunos dedos de sus dos manos, así como a la ciudadana Abigail Vásquez Sánchez, quien recibió un balazo en una pierna. Ambos vecinos de la comunidad fueron gravemente heridos y ya se encuentran internados en un hospital de la ciudad de Oaxaca.”
El presidente municipal es investigado, aseguró la ANAA, pues “ya cuenta con una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la portación y uso de armas de alto poder en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones. Sin embargo se mantiene libre e impunemente “gobernando” el municipio de San José del Progreso.”


El conflicto causado por la minera Cuzcatlán– Fortuna Silver tiene larga data y antecedentes de violencia
“El 14 de marzo de 2009, los ciudadanos de este municipio, en ejercicio del derecho universal a la libre autodeterminación y como dueños ancestrales de sus tierras, tomaron la decisión de cerrar las instalaciones mineras, manteniéndolas así por más de dos meses sin que las autoridades municipal, estatal y federal atendieran su inconformidad, como consta en las diversas publicaciones periodísticas oaxaqueñas del momento.
“Posteriormente, el 19 de junio de 2010, la población de distintas comunidades del municipio de San José , El Cuajilote, Maguey Largo, y de otros municipios —que también se oponen a la operación de la Minera Cuzcatlán— como Magdalena Ocotlán, participaron en el bloqueo de un camino local que pretendía utilizar la minera para sus obras, lo que ocasionó la llegada de un grupo de pistoleros que comenzaron a disparar contra los opositores a la mina.
“En la agresión resultaron muertos el presidente municipal de San José del Progreso, Óscar Venancio Martínez Rivera, y uno de los regidores del municipio, al tiempo que fue secuestrado, golpeado y amenazado el párroco de la comunidad de San José, quien se había previamente pronunciado a favor de las demandas de la comunidad exigiendo la salida de la minera”.


Grupo violento ostenta membrete de AC
Los incidentes violentos no han cesado, sigue el recuento hecho por la ANNA, pues “los pobladores de San José del Progreso y las comunidades afectadas han denunciado en innumerables ocasiones la presencia de un grupo armado violento, denominado “Asociación Civil San José Defendiendo sus Derechos”, que actúa al servicio de la empresa minera y bajo la protección de las autoridades municipales.”
Se acusa a este grupo armado con nombre de AC “de intimidar, golpear y amenazar a los pobladores de las comunidades que exigen el cierre de la mina.”
Los opositores al proyecto minero exigen, hace años, que “las autoridades federales, estatales y municipales hagan pública la información correspondiente a los permisos, convenios firmados y contratos entre las autoridades de todos los niveles y la empresa minera, sin que haya habido respuesta a sus reclamos de transparencia.”


Piden aplicar el 33 constitucional a empresas mineras canadienses
Denuncian que “en ningún momento hubo consulta pública sobre el proyecto y la empresa Minera Cuzcatlán se ha negado a transparentar sus operaciones ante las comunidades.
Los habitantes de San José del Progreso –se manifiesta la ANNA– “no merecen estas agresiones, no merecen estas autoridades y no merecen este tipo de “Asociaciones Público-Privadas”.
En todo el país, denuncia el pronunciamiento de los afectados ambientales, “la minería se está convirtiendo en un foco de conflicto permanente y pone en peligro, además de a los pobladores, a la soberanía ambiental y económica del país.”
Por ello, la ANAA se sumó a las exigencias: “Expulsión a todas las mineras canadienses de nuestro país, aplicación inmediata del artículo 33 constitucional por atentar contra nuestra soberanía, nuestra paz social y contra la integridad y la vida misma de los mexicanos. Repudio total a la violencia y a la complicidad de gobiernos al servicio de empresas mineras. No a la minería en las comunidades de Valles Centrales de Oaxaca.”
Asimismo, en el caso de San José del Progreso, exige: “Castigo a los culpables y que se garantice la atención médica al compañero Bernardo y a la compañera Abigail.”
Al gobierno federal, al estatal oaxaqueño y al municipal de San José del Progreso, les expresaron: “Que cualquier proyecto que afecte la vida de nuestras comunidades tendrá que ser consultado y decidido a través de nuestras asambleas comunitarias. Que se suspenda toda actividad relacionada con la minería en el municipio de San José del Progreso, ya que hasta el momento no ha habido respuesta a las demandas de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, por lo que el conflicto social interno en la comunidad no se ha solucionado”.
Finalmente exigieron al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, que “les conceda una audiencia específica para tratar los asuntos relacionados con la minería en territorio estatal y con la violación a la soberanía municipal que recae en el derecho de sus pobladores de determinar lo que mejor conviene a sus intereses.”
Asimismo la ANAA apoya la demanda de “respeto a la decisión de los habitantes de los municipios de Magdalena Ocotlán y San Matías de no permitir el paso del ducto de aguas tratadas y contaminadas para la explotación minera del proyecto San José del Progreso.”

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