Las minas asesinan

Babel
Las minas asesinan
Javier Hernández Alpízar
No ha sido retórica cuando los críticos de la minería tóxica, principalmente de origen canadiense, titulan sus artículos “Minería sangrienta” (http://www.jornada.unam.mx/2012/02/04/politica/018a1pol ) o califican a la minería de mortal. Más que una descalificación política es la enunciación de hechos. Lenguaje descriptivo.
La canadiense Fortuna Silver Mines ha convertido al municipio de Ocotlán, en Oaxaca, en una reedición del paramilitarismo colombiano. No solamente ha violado las leyes ambientales y otras leyes mexicanas, no sólo ha financiado campañas electorales municipales para imponer a sus personeros, no sólo ha corrompido a autoridades de todo nivel, como usualmente hacen las mineras en los países que colonizan, sino que ha usado la violencia. No nada más la tradicional violencia de Estado, la policía y el ejército, que también han actuado en Ocotlán contra la población y en favor de la empresa canadiense, sino la violencia gangsteril.
Un hecho reciente ha vuelto a desnudar el escándalo de cómo un letal poder de facto actúa con total impunidad en México, en la Oaxaca que recientemente viviera su falsa transición a la democracia.
Las líneas del pronunciamiento emitido por La Vida describen con claridad el hecho: “A Bernardo Vázquez Sánchez hace rato que los sicarios de la minera canadiense Fortuna Silver Mines lo andaban buscando para matarlo. ¿Cuántos asesinatos más van a perpetrar para continuar extrayendo el oro de la región e intoxicando mortalmente las aguas del Valle de Ocotlán?”
La noticia no es de una guerra en las selvas y barrios colombianos, esto está ocurriendo en un municipio oaxaqueño: “El jueves 15 de marzo de 2012, alrededor de las 20:20 horas, fueron emboscados y atacados a quemarropa con armas de fuego de 9 mm los compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, quien resultó asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sánchez, quien fue herido de bala en un brazo, y la compañera Rosalinda Dionicio, quien también fue herida con dos impactos de bala en la pierna y el hombro; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), cuando se dirigían a bordo de un automóvil hacia su comunidad fueron interceptados en el crucero de Santa Lucía Ocotlán.”
El perfil del activista contra la minería es el siguiente: “Bernardo Vásquez Sánchez, ultimado en los lamentables hechos de esta noche, era uno de los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas.”
Apenas en enero los sicarios al servicio de la empresa, usando armas R15, dispararon contra los ejidatarios al tratar éstos de impedir que les quiten el agua que necesitan para vivir en favor de la extracción de plata por la minera canadiense. Esa ocasión fueron heridos de bala Bernardo Méndez Vásquez, (que en eso entonces los sicarios confundieron con el ahora finado Bernardo Vázquez) así como a Abigail Vásquez Sánchez, hermana de Bernardo Vázquez Sánchez. Bernardo Méndez murió.
El presidente municipal de San José del Progreso está denunciado ante la PGR por la portación y uso de armas de alto poder de uso exclusivo del ejército. Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz participaron en la agresión armada del 18 de enero que causó la muerte de Bernardo Méndez.
No es el caso de un presidente municipal que en el cargo haya devenido sicario de una minera canadiense, es el caso de un mercenario que fue llevado al poder en el municipio por la “vía electoral” mediante una candidatura, campaña y “triunfo electoral” financiado por la empresa minera. Antes, el Frente Amplio Opositor a la minera San Xavier en San Luis Potosí también ha denunciado que la minera financió y llevó al poder a su propio candidato a la presidencia municipal, con el fin de seguir destruyendo el Cerro de San Pedro.
En Argentina, como escribió Manuel Martínez Morales en el excelente artículo La avaricia minera y sus consecuencias (http://lavidaolamina.wordpress.com/2012/02/12/la-avaricia-minera-y-sus-consecuencias/) “la minera Barrick Gold –según Bonasso– auspició en Argentina a Cristina Fernández, durante su campaña presidencial, en todas las cenas del Council of Americas de Rockefeller. La página del Council dice que el aporte de Barrick fue de 50 mil dólares, lo que en su momento provocó una denuncia por tráfico de influencias.” Se refiere a la denuncia del diputado y periodista Miguel Bonasso “Cristina autorizó el tráfico de influencias en la minería” (Cf. http://www.lanacion.com.ar/1425478-miguel-bonasso-cristina-autorizo-el-trafico-de-influencias-en-la-mineria). Y este acuerdo secreto no se limita a Argentina, sino que se extiende a Chile (www.rebelion.org/noticia_pdf.php?id=138051 )
Es decir, las mineras transnacionales, canadienses principalmente, están acumulando poderes de facto que corrompen, desvían y desnaturalizan a los poderes formales (gobiernos y Estados): Tienen el poder del dinero, fruto del saqueo del oro, la plata y otros minerales, mediante procedimientos altamente tóxicos prohibidos en los países del norte como Canadá; el poder político mediante el financiamiento de campañas electorales que van de las municipales como en Ocotlán Oaxaca o en San Luis Potosí a las presidenciales como en Argentina: y el poder de fuego, como el de los grupos paramilitares que hoy denuncian los activistas contra la minería en Oaxaca o los que en Argentina llaman “patotas”, grupos de choque.
Las mineras están convirtiendo a América Latina (a donde estamos incluidos los mexicanos, no lo olvidemos) en una nueva África, donde hicieron a los nativos matarse en guerras fratricidas mientras las compañías mineras saqueaban los diamantes, el petróleo, los minerales raros que se usan en las computadoras y los teléfonos celulares.
Ese oro y plata que enriquece a unas cuantas compañías transnacionales está manchado de sangre, también de la sangre derramada en México por activistas como Mariano Abarca en Chiapas y en Oaxaca Betty Cariño, Jyri Jaakkola, Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vázquez Sánchez. Los gobiernos mexicanos, desde Salinas de Gortari a Fox y Calderón, incluidos gobiernos estatales y municipales, son responsables, por acción u omisión, de estos crímenes. Exigimos que paren esas acciones ilegales, y, así como las redes: Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), exigimos que expulsen a la minería tóxica de México.

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