Caballo Blanco, ¿nueva vergüenza nacional?

http://www.jornada.unam.mx/2012/04/05/opinion/017a1pol

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*
El pasado 19 de diciembre la minera canadiense Goldgroup Mining Inc., a través de su subsidiaria Candymin SA, publicó en El Heraldo de Xalapa un desplegado titulado “Extracto de la manifestación de impacto ambiental [MIA], modalidad regional, del Proyecto Caballo Blanco”, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Tres días antes la MIA había ingresado para su evaluación a Semarnat, que fijó como límite para resolver la petición de autorización del proyecto el 26 de marzo. Entre enero y febrero sectores de la sociedad veracruzana, apoyados por científicos nacionales e internacionales, analizaron la MIA y aportaron argumentos contundentes para negar la autorización a Goldgroup. El mismo gobernador de Veracruz, Javier Duarte, declaró el 26 de febrero que no avalaría el proyecto. La respuesta no se hizo esperar: los directivos de Goldgroup comunicaron a sus accionistas que a pesar de las afirmaciones de Duarte seguirían impulsando el proyecto, pues los permisos de operación dependen del gobierno federal mexicano, con el que mantienen “una estrecha relación”. Tal vez ello explique el hecho de que el 13 de marzo Semarnat haya declarado suspendido el trámite (que no rechazado), en espera de “información adicional”, lo que constituye una pésima señal.
La realidad es que Goldgroup pretende imponer al país este nuevo desastre y expolio mediante la judicialización de cualquier negativa social y con estrategias de división y desinformación, tal como lo han hecho sus hermanas canadienses. La entrega de la MIA al inicio de las fiestas decembrinas y los contenidos del desplegado arriba mencionado son muestras de ello. En éste, por ejemplo, Goldgroup informa que su proyecto, ubicado en los municipios de Actopan y Alto Lucero, Veracruz, consiste en el “aprovechamiento de un yacimiento de oro diseminado”, mediante la técnica de tajo a cielo abierto y beneficio de mineral a partir de “un riego con solución lixiviante”. La palabra cianuro, sustancia base de la “solución lixiviante”, fue intencionalmente evadida. Goldgroup intenta construir una falsa percepción del problema, diciendo que el sitio de interés del proyecto “se encuentra en una zona ya impactada”, con cambios “drásticos” por las actividades humanas desde tiempos prehispánicos (agricultura y ganadería), y que el sistema ambiental regional está fragmentado. En el colmo, habla de los “impactos ambientales positivos” del proyecto, entre los cuales incluye el “cumplimiento estricto de la regulación aplicable” (sic).
Con ambigüedades y omisiones, la empresa dice señalar los impactos negativos, entre los cuales menciona que “los vestigios arqueológicos recibirán el tratamiento que determine el INAH” (sic). Expresiones como “daños permanentes e irreversibles” fueron evitadas, al igual que menciones a aspectos sensibles como la cantidad de agua a utilizar o la ubicación de la nucleoeléctrica Laguna Verde, a escasos tres kilómetros del proyecto. Cierran el desplegado los supuestos impactos económicos y sociales, donde Goldgroup plantea la creación de 400 empleos directos y la vida de la mina en años de producción. Tras este periodo, seguirían dos años para el abandono y cierre, en los cuales Goldgroup reduciría los empleos directos a 28, de acuerdo con datos de la MIA. En la revisión detallada de este documento de 548 páginas encontramos mucha información para documentar la irracionalidad de Goldgroup y su Caballo Blanco.
La canadiense, por ejemplo, pretende obtener 100 mil onzas de oro al año. Al final, con una inversión estimada de casi 400 millones de dólares, la producción total sería de 650 mil onzas, que fundidas hacen un cubo de 95 centímetros por lado, con valor actual de más de mil 150 millones de dólares. Tal cantidad de oro se encuentra en la cima y corazón del cerro de La Paila, en una proporción de un gramo por cada cinco toneladas de subsuelo. Para obtenerla, Goldgroup plantea la pérdida irreversible de 472 hectáreas de territorio fértil, entre las que se incluyen 170 hectáreas de bosque primario con encinares tropicales y cícadas endémicas, algunas con edades milenarias; también serían afectadas 7 mil 808 hectáreas de selvas bajas caducifolias y matorrales xerófilos, y alteradas zonas prioritarias para la conservación de aves rapaces, además de la destrucción de vestigios arqueológicos de la cultura totonaca. En la explotación Goldgroup utilizaría más de 5 mil toneladas de explosivo ANFO al año; mil 95 millones de litros de agua de pozo profundo mezclados con mil 500 toneladas de cianuro cada año; 24 millones de litros de diesel y 360 mil litros de gasolina al año, entre otros insumos.
En seis años, el resultado sería un cráter de 1.5 kilómetros de diámetro por 320 metros de profundidad; una montaña de 96 hectáreas con 83 millones de toneladas de roca generadora de drenajes ácidos; otra montaña de 75 hectáreas con 36 millones de toneladas de material saturado de cianuro; inhabilitación de cientos de hectáreas para cualquier actividad productiva; pérdida irreversible de patrimonio ambiental y arqueológico, etcétera. Esto es lo que la Cámara Minera de México y las mineras canadienses llaman “amplio potencial minero del territorio mexicano y excelente ambiente de negocios”. No han sido suficientes la destrucción, violencia y saqueo que hemos vivido en el país con la imposición de megaminería a cielo abierto para metales preciosos. Goldgroup tiene concesionadas más de 60 mil hectáreas por 50 años para expandir Caballo Blanco. El tajo del cerro de La Paila sería el primer eslabón de un desastre ambiental y social que podría incluir tres tajos más en la misma zona. La declaración del gobernador Duarte es insuficiente; para evitar el ecocidio se necesita urgentemente una ley estatal, pionera en el país, que prohíba la minería de tajo a cielo abierto en tierra veracruzana. Estamos ante un asunto vital para Veracruz y sus ciudadanos, quienes una vez más pueden regalar a la historia de México un episodio de resistencia al saqueo, evitando por todos los medios que Caballo Blanco se convierta en una nueva vergüenza nacional.
* Investigador de El Colegio de San Luis AC

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