Siguen movilizaciones en repudio al asesinato de Regina Martínez

Velas en la Lerdo el martes 8 por periodistas ultimados
Indignación por los crímenes: encuentro de defensores de DH
Piden esclarecimiento y sanciones a responsables: Centro Prodh
Exigen medidas a gobiernos federal y estatal para que no se repita
Criminalizadas la protesta social y la exigencia de derechos
Afectados indígenas, comunidades, periodistas y ciudadanos
Xalapa, Ver.– Bajo el lema “Juntas y juntos exijamos justicia”, las organizaciones civiles en Xalapa y el estado siguen convocando a movilizaciones de repudio al asesinato de la periodista veracruzana Regina Martínez Pérez, a más de una semana de haber sido hallado en su casa el cuerpo sin vida de la corresponsal de Proceso.
Mediante un cartel electrónico que circula por las redes sociales, con la imagen de cámaras de fotografía en el suelo frente a una reja, organizaciones civiles convocan, este martes 8 de mayo, a las 12:00 horas, en la Plaza Lerdo de esta capital, a “encender una vela en memoria de Regina Martínez, Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, Yolanda Ordaz, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana y Noel López Olguín, periodistas asesinados en el estado de Veracruz.”
Por otra parte, el Pronunciamiento del Segundo Encuentro Regional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, realizado en Xalapa los días 4 y 5 de mayo, y convocado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, se expresó al respecto en los siguientes términos: “Manifestamos de manera enérgica nuestra indignación por el reciente asesinato de la periodista Regina Martínez y de Esteban Rodríguez e Irasema Becerra, así como de los reporteros gráficos Guillermo Luna y Gabriel Huge. Exigimos el pronto esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables y medidas de no repetición de los gobiernos de Javier Duarte y Felipe Calderón”.
Grave situación de los derechos humanos, señalan defensores
El pronunciamiento describe un oscuro panorama de violación de los derechos humanos y el riesgo para quienes los defienden en el estado de Veracruz, pero concluye: “En medio de esta difícil situación las y los defensores continuaremos nuestra labor acompañando de manera cercana a quienes aspiran al pleno ejercicio de sus derechos humanos”.
Firmado además del Centro Prodh, por organizaciones como la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan, el Colectivo de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y la Misión de Derechos Humanos de la Sierra Gorda de Querétaro, el pronunciamiento denuncia que “las y los defensores de derechos humanos enfrentamos un clima cada vez más adverso, caracterizado por amenazas, hostigamiento, fabricación de delitos, persecución y ausencia de condiciones idóneas para cumplir nuestra labor.” De las políticas públicas, advierten que “no están pensadas para procurar la vigencia plena de los derechos humanos y la marginación de grupos en situación de vulnerabilidad está en aumento”.
Los principales problemas encontrados en un diagnóstico regional para el estado veracruzano son, respecto a los derechos civiles y políticos, “la falta de libertad de expresión manifestada en el asesinato, hostigamiento e intimidación de las y los periodistas, el incremento de los feminicidios, la impunidad, la trata de personas, la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, la creciente presencia militar y la prisión a luchadores sociales por el ejercicio de su labor”.
Para los pueblos indígenas, los principales problemas son “la discriminación, falta de libertad de expresión en lenguas indígenas, el despojo de tierras y recursos naturales, el incremento de la pobreza por la falta de trabajo y la migración, la dependencia y control por parte de los programas de (entrecomillados) apoyos gubernamentales”.
En el caso de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el pronunciamiento expresa como principales problemas: “rezago educativo, falta de acceso a la salud, crecimiento desordenado de las ciudades, privatización y afectación de los recursos naturales, reordenamiento y control territorial, falta de fuentes de trabajo y condiciones laborales adecuadas, concentración de los servicios en las ciudades en detrimento de las comunidades.”
Hace referencia especial a los megaproyectos “como la minería tóxica y proyectos hidroeléctricos”, de los cuales señala que “constituyen una grave amenaza para los pueblos, que además de la merma de los recursos disponibles ven afectados sus derechos humanos, al ser abiertamente atacados por quienes ostentan los intereses económicos que provocan la resistencia. En otras palabras, estos derechos no son una prioridad en el estado de Veracruz”.
Asimismo, manifiesta especial preocupación por los transmigrantes en México “quienes enfrentan un clima de violencia extrema e invisibilidad de la violación de sus derechos en su tránsito por el estado de Veracruz. Además, aquellas personas que los defienden son atacadas y hostigadas por la labor de ayuda humanitaria que realizan.”
Todos estos problemas se han agravado en los últimos años, manifiestan las y los defensores de derechos humanos: “nos preocupa especialmente el aumento de la violencia, la inseguridad, las desapariciones forzadas, los asesinatos, el miedo a denunciar y la criminalización de la protesta social y de la exigencia de derechos. La falta de investigación, que alienta la impunidad, nos impide señalar a los responsables directos de la situación. Sin embargo sí identificamos y señalamos al Estado, por acción, por omisión o por aquiescencia, como responsable de este clima generalizado de violación a los derechos humanos.”
El pronunciamiento está firmado en Xalapa el 5 de mayo por veintiún organizaciones defensoras de derechos humanos como el Voluntariado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Pastoral de Migrantes de la Diócesis de Sa Andrés de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres “Kalli Luz Marina” AC, Buscamos a Nuestras Hijas AC, “Masewal Ixtlamachilis”, el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo y el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur “Bety Cariño”.

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