Niveles escandalosos de tortura durante el sexenio de Calderón: Amnistía Internacional

La Jornada
12 de octubre de 2012

Es una práctica generalizada y sistemática de las fuerzas de seguridad mexicanas, dice

Niveles escandalosos de tortura durante el sexenio de Calderón: AI

Fernando Camacho Servín

La tortura es una práctica generalizada y sistemática de las fuerzas de seguridad mexicanas, que durante el sexenio que está por concluir alcanzó niveles escandalosos, en buena medida a causa de la guerra contra el crimen organizado y por la impunidad total de que gozan quienes la cometen, advirtió Amnistía Internacional (AI) en su informe denominado Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México.

En el documento, la organización con sede en Londres subrayó que las denuncias de tortura y otros malos tratos en el país han aumentado considerablemente en los pasados cinco años, debido a la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, que ha optado por hacerse de la vista gorda ante las violaciones generalizadas de los derechos humanos de la población.

Asimismo, AI aseveró que aunque Calderón ha insistido en que dichos abusos son excepcionales y siempre son investigados y castigados, los hechos dicen que los responsables de tortura y otros crímenes de lesa humanidad prácticamente nunca son llevados a juicio, lo cual sirve para animar a quienes los cometen a seguir haciéndolo.

El informe, de 48 páginas, señaló que es extremadamente difícil determinar la magnitud y extensión real de la tortura en México, debido a la falta de registro de las autoridades y de denuncia por parte de las víctimas.

Un ejemplo de ello es que de 2007 a 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró sólo 110 quejas por tortura, y 4 mil 731 por malos tratos, lo cual deja ver que las autoridades suelen reportar la tortura como si fuera otro delito menor.

La falta de registro preciso de este fenómeno es tal, indicó AI, que entre 2008 y 2011 la Procuraduría General de la República dijo tener 58 investigaciones preliminares por tortura y cuatro casos con acusaciones formales, mientras el Consejo de la Judicatura Federal registró 12 procesamientos y cinco sentencias condenatorias, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que no tenía noticias de ninguna sentencia.

Como ya ha consignado en otros informes, Amnistía Internacional afirmó que la impunidad de los casos de tortura es casi total y proviene desde la época de la llamada guerra sucia, y alertó que sectores vulnerables, como las mujeres o los migrantes indocumentados, siguen expuestos a altos niveles de violencia.

Además de la falta de capacidad o voluntad de las autoridades para investigar y frenar este delito, hay deficiencias en la legislación nacional que impiden avanzar en su erradicación, como el hecho de que la definición de la tortura en la legislación federal no se ajusta a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre la materia.

El análisis de AI enfatizó también que en buena parte de los casos de tortura están involucrados elementos de las fuerzas armadas, como en los expedientes de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel –que incluso ya ameritaron sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, o el del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana.

Por todo lo anterior, Amnistía Internacional formuló más de 40 recomendaciones al Estado mexicano, entre las que destacan armonizar su legislación interna sobre tortura con la de organismos internacionales, establecer una base de datos exacta sobre este fenómeno e investigar de manera exhaustiva a los funcionarios públicos involucrados.

De igual forma, llamó a las autoridades del país a garantizar la puesta en marcha de la reforma de 2008 al sistema penal; no validar las pruebas judiciales obtenidas bajo tortura; registrar de forma detallada todas las detenciones hechas por la policía o el Ejército, y sobre todo, restringir el fuero militar para que todos los abusos contra civiles cometidos por las fuerzas armadas sean analizados por la justicia civil ordinaria.

Durante la presentación del informe, Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional capítulo México, recalcó que el gobierno de Felipe Calderón no sólo no contribuyó a eliminar la tortura, sino que en el sexenio que está por concluir hubo un aumento escandaloso e inaceptable de esa práctica, causada por la guerra contra el crimen organizado.

El activista lamentó la falta de voluntad política del Estado para castigar a los responsables de este delito, que hoy se comete de forma generalizada y sistemática, y aunque manifestó sus reservas sobre el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto, insistió en la necesidad de agotar todas las instancias judiciales internas antes de acudir al sistema interamericano de justicia.

Finalmente, la periodista Anabel Hernández enfatizó que la tortura es inaceptable en cualquier caso, pero cuando la comete o la tolera el Estado es un acto atroz, y recordó los casos de Brenda Quevedo, Javier Valles y Gerardo Ortega, cuyos agresores nunca fueron investigados ni sancionados.

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La desaparición forzada en América Latina

A Francisco Paredes Ruiz, a cinco años de su desaparición forzada ocurrida el 26 de septiembre de 2007, en Morelia, Michoacán

Todo te recuerda

Tu presencia la sentimos, y no estás.

¿Cómo describir tu presencia ausente?

Así, sencillamente así

como te sentimos, como nos animas,

como te miramos.

Francisco, resiste

como has resistido siempre,

sigue dándonos tu fuerza;

así nos ayudas a encontrarte.

¿Cuántos millones de personas han pasado por la historia?

¿Cuántos han dejado huella?

Hay millones y millones de desaparecidos anónimos

Pero no ustedes los detenidos desaparecidos.

Ustedes no han desaparecido;

sus nombres los tenemos con nosotros,

sus biografías son la historia.

Son parte de la lucha por la democracia

y las libertades fundamentales,

por ser más humanos.

Los desaparecidos son constructores de democracia

Francisco Michoacán,

Francisco Zirahuem,

Francisco Pueblo,

Francisco con nosotros.

En Michoacán eres tú,

Sin ti pero tú,

Todos te buscamos.

Te encontramos en Yanahui;

te vemos en la fuerte Cristina.

Francisco, ahora eres rostro de mujeres

que buscan con sonrisa viva y tierra.

Lucha y vida.

Francisco, miramos tu rostro,

apareces con nosotros;

fuiste a buscar a los demás,

y con ellos te encuentras.

Te acompañamos y te buscamos,

a ti y a todos hasta encontrarlos.

Adrián Ramírez López, Poemas disonantes

Annalisa Melandri* por Contralínea– México

En 2006 fue aprobada la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, consideradas “un ultraje a la dignidad humana”. Sin embargo, el fenómeno –lejos de ser un recuerdo de los años de las dictaduras– existe todavía, por ejemplo en México y en Colombia.

La desaparición forzada es considerada desde 1983 como un crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es, por lo tanto, imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o amnistía.

Se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).

Lamentablemente aún sigue perpetrándose en América Latina y en otras regiones del mundo, no obstante sean ya lejanos los lúgubres años de la Guerra Sucia y de las dictaduras.

Esa práctica era usada como instrumento de represión política en la llamada “guerra contrainsurgente” por la eliminación física de militantes y de opositores a los regímenes dictatoriales. Los desaparecidos eran activistas sociales, líderes comunitarios, sindicalistas, políticos y estudiantes.

A los militares latinoamericanos, cómplices de las dictaduras, la práctica de la desaparición forzada les pareció el crimen perfecto: sin aparente derramamiento de sangre, sin verdugos y, sobre todo, sin culpables porque de hecho no existía tampoco la víctima.

En cárceles clandestinas, en lugares de detención legales e ilegales, en casas privadas, los desaparecidos perdían su identidad de seres humanos, de ciudadanos, de personas, para ser solamente un cuerpo en manos de las ferocidades más atroces. La muerte bajo tortura o por eliminación directa, frecuentemente, era la conclusión del periodo de desaparición forzada.

En este escenario reinaba la impunidad: no existía el verdugo porque no había una víctima.

Recordamos la Argentina de los generales. Desde 1976 hasta 1983 han sido 30 mil los desaparecidos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, hasta los neonatos, entregados ilegalmente en adopción a las familias de los generales después de que las madres habían sido arrestadas y recluidas hasta el momento del parto y luego desaparecidas en los llamados “vuelos de la muerte” sobre el Río de la Plata.

El exdictador Jorge Videla, quien está pagando en una cárcel militar una condena a cadena perpetua por crímenes cometidos durante la dictadura, ha recientemente confesado haber asesinado entre 7 mil y 8 mil personas. Los cuerpos de éstas han sido desaparecidos para evitar la atención de la comunidad internacional.

En México, el periodo conocido como Guerra Sucia (en las décadas de 1960 y 1970) fue caracterizado por una dura política represiva del gobierno con la intención de romper la unidad del tejido social y desmovilizar la resistencia armada, que se estaba difundiendo rápidamente en las zonas rurales del país. Sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca se registraron más de 1 mil 300 casos de desapariciones forzadas. La mitad solamente en Guerrero, donde eran activas las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez.

Y así en el resto de toda América central: El Salvador, Guatemala, Honduras han sido el laboratorio perfecto desde la década de 1980 para experimentar técnicas de contrainsurgencia. En otros países de América Latina, como Colombia y Perú, las desapariciones forzadas han sido práctica de Estado para reprimir la rebelión y frenar así cualquier reivindicación social.

Hasta 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas. Firmada en París, Francia, el 6 de febrero de 2007, ésta se logró después de 25 años de luchas llevadas por asociaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos y por las asociaciones de los familiares de los desaparecidos. La Convención reafirma los principios de la precedente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de 1992 y estipula precisas disposiciones a las que deben atenerse los Estados.

La Convención ratifica formalmente dos nuevos derechos humanos: “el derecho de cada persona a no ser desaparecido y el derecho a la verdad para las víctimas de las desapariciones forzadas” (Gabriella Citroni, delegada para Italia ante las Naciones Unidas).

La Convención cobró vigencia el 23 de diciembre de 2010, después de la vigésima ratificación. Aunque Italia ha firmado la Convención del 3 de julio de 2007, aun no la ha ratificado.

¿Las desapariciones forzadas pueden considerarse un triste recuerdo del pasado? Louise Arbour, Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, en un artículo escrito a la vigilia de la firma de la Convención en París en 2007, recordaba cómo, “solamente en 2006, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, recibió más de 300 nuevos casos provenientes de 12 países alrededor del mundo. Y esto es sólo la punta del iceberg, dado que muchos casos no llegan a ser presentados ante el Grupo de Trabajo”.

A título emblemático recordamos la desaparición el 18 de septiembre de 2006, en Argentina, de Julio López, el 31 mil desaparecido en la dictadura, testigo clave en los juicios contra los militares y la policía de Buenos Aires, desaparecido ya una primera vez por tres años (1976–1979).

En México, la desaparición forzada es una práctica que sigue siendo utilizada también en tiempos más recientes, aunque con características diferentes respecto al pasado. El doctor Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, menciona los “más de 15 mil desaparecidos que se cuentan solamente en los últimos seis años del gobierno saliente de Felipe Calderón. Se dan en un contexto nuevo, que si bien no es estrechamente político, se caracteriza como una verdadera política de Estado”. Mejor dicho, de Estados: Ramírez responsabiliza a los gobiernos de México y de Estados Unidos, que con los operativos ilegales, como por ejemplo Receptor Abierto y Rápido y Furioso, han entregado un sinnúmero de armas a los grupos criminales que operan en el país, no solamente los que están vinculados al narcotráfico sino también los que dirigen trata de personas, de niños, del juego de azar, etcétera. Por las enormes ganancias y la completa impunidad, explica el doctor Ramírez, los grupos de elites de las Fuerzas Armadas han entrado masivamente en las citadas organizaciones. Además, agrega: “Lamentamos que Calderón haya vetado la Ley General de Víctimas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo avale”.

Colombia registra números escalofriantes: apenas hace un año, Christian Salazar, Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, ha afirmado que en ese país hay, a causa del conflicto armado, por lo menos 57 mil personas desaparecidas. De éstas, 15 mil 600 han desaparecido forzosamente por “agentes del Estado y por las fuerzas paramilitares que colaboran con él”.

También pueden considerarse como desapariciones forzadas los más de 3 mil casos de “falsos positivos”, cuando ciudadanos luego aparecen asesinados por los militares y disfrazados de guerrilleros supuestamente asesinados en combate, para así obtener premios monetarios o promociones de varios tipos.

La lucha contra la impunidad, pilar fundamental de un estado de derecho, no puede más que ir a la par con la lucha contra las desapariciones forzadas, que es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, ya que tiene efectos destructivos sobre la víctima, sobre sus familiares y en gran medida también sobre el cuerpo social al que pertenecen, disgregando como último pasaje también la cohesión del tejido social del país.

Algunas recientes sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respecto a casos de desapariciones forzadas:

Perú

El 22 de septiembre de 2009 la CIDH ha establecido la responsabilidad internacional de Perú por la desaparición forzada del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, el 16 de diciembre de 1993. Tenía 25 años y era un estudiante de economía de la Universidad Técnica del Callao. Agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano lo llevaron a un centro de detención clandestino llamado Pentagonito y hasta la fecha no se conoce su paradero.

Es una sentencia que crea jurisprudencia, porque ha condenado específicamente la violación al derecho de la víctima al reconocimiento de su personalidad jurídica: “la desaparición deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos”.

República Dominicana

El 2 de abril de 2012 la CIDH sentenció al Estado dominicano por la desaparición forzada de Narciso Gonzales Medina. El caso en el país se conoce como el “Narcizaso”.

Activista y periodista, desapareció el 26 de mayo de 1994. Hasta la fecha no se conoce su paradero y no se ha desarrollado una investigación efectiva de los hechos. En particular, fue comprobado por la CIDH que el señor Gonzales Medina al momento de la detención se encontraba bajo custodia de agentes policiales.

Además la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está investigando también el caso de Juan Almonte, miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, sospechoso de haber participado en un caso de secuestro, pero que también desapareció el 28 de septiembre de 2009.

Uruguay

En 2012 la CIDH ha condenado a Uruguay por la desaparición forzada en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y del secuestro de su hija recién nacida, María Macarena Gelman García, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman. De María Claudia no se tienen noticias desde entonces, su hija Macarena ha sido encontrada hace algunos años. Es un caso de desaparición forzada que se dio en el llamado Plan Cóndor.

México

Con una histórica sentencia, México ha sido condenado por la CIDH por el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en el marco de la llamada Guerra Sucia, en 1974. La sentencia se dio el 23 de noviembre de 2009 y el gobierno mexicano no ha cumplido lo substancial.

Entre los varios casos recientes de desapariciones forzadas en México, recordamos el de Francisco Paredes Ruiz, quien el 27 de septiembre pasado cumplió cinco años desaparecido. Francisco Paredes, luchador social y militante por la defensa de los derechos humanos de larga trayectoria humana y política, pertenece a la Fundación Diego Lucero. El caso de su desaparición forzada se inserta en un contexto de criminalización de protesta social y de persecución contra los defensores de derechos humanos.

*Integrante del Área de Cooperación Internacional de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (artículo escrito en su versión original en italiano para la revista digital L’Indro)

Fuente: Contralínea 305 / octubre de 2012

Somos la resistencia…

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=7219
Xuchitl Vázquez Pallares
Jueves 11 de Octubre de 2012
El martes pasado, 9 del presente mes, asistí al Octavo Foro Internacional Desarrollo Sustentable, cuyo tema central fue en esta ocasión “Acciones concretas para la mitigación, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático”. El cual se efectuó en el Auditorio 1 del Centro Médico Siglo XXI. El tema a discernir ese día en concreto era: “El cambio climático y la educación, investigación científica y tecnológica”.

Decidí ir a pesar del pesado tráfico y el problema de estacionamiento. Hacía muchos años que no me acercaba al lugar. Muchas cosas han cambiado, está el Metrobús en Avenida Cuauhtémoc, el cual cambió de manera determinante el paisaje urbano, al igual que la desaparición del Parque Delta, antes bellísimo estadio, ahora convertido en plaza comercial.

Al entrar al Centro Médico, me llevé la sorpresa de ver una sucursal de Bancomer, un Wings, y tiendas de souvenirs. Recordé cómo era hace 42 años, cuando mi madre fue internada en oncología; cómo era en el 85, cuando asistía yo a rehabilitación para la columna diariamente a las 7:00 de mañana, y justo un día antes del fatídico 19 de septiembre, me cancelaron la cita para el día siguiente. Tras el terremoto se tuvo que rehacer el Centro Médico, ya que muchos edificios desaparecieron o colapsaron.

Al entrar al auditorio, sin imaginar qué iba pasar, me trasladé en el tiempo; me parecía estar viendo el auditorio lleno, con la comandancia zapatista al frente. Hace 16 años, en 1996, fui invitada al Congreso Nacional Indígena, el cual se llevó a cabo, precisamente en este auditorio.

Recordaba todo como si fuera ayer, como si no hubiese pasado el tiempo. Veía a los amigos: la cara dulce y recia de don Juan, a Evita, a Efrén, a miles y miles escuchando la voz de los silenciados, de los que no tienen nada que perder. La voz de esta tierra.

La emoción continúa aún en mi corazón, no quiero omitir detalle, ni describir tal como fue la entrada de los zapatistas, así que transcribo a Hermann Bellinghausen narrándolo, el 12 de octubre de 1996 : “Nadie esperaba esta forma de entrada triunfal. La travesía de la comandante Ramona desde el Aeropuerto Internacional hasta el Centro Médico Siglo XXI en un autobús blindado y rodeada de patrullas, ambulancias y embotellamientos. ¿Qué hace ella, tan breve y leve, en la jungla de asfalto? La ciudad tarda en digerir la llegada de Ramona. Es tan climática y tan anticlimática a la vez. La gente tiene ganas de estar alegre.

“Una joven fuerte, en la flor de la edad, le grita desde la banqueta a la visitante, que surca en convoy los viaductos y los ejes metropolitanos, mientras se dirige al Congreso Nacional Indígena:

¡Eres nuestra esperanza!

“¿Tiene eso sentido? ¿Cómo puede ser la esperanza de esa muchacha una mujer golpeada por la vida, una mujer de pueblo que habla poco castilla, y que ante un auditorio atiborrado de público lee dificultosamente un comunicado del EZLN? Ramona es una luchadora social, impulsora de la primera Ley de Mujeres en el mundo, y por cuya voz esta noche habla la voz del Ejército Zapatista.

“Cuatro o cinco mil personas esperan en la Avenida Cuauhtémoc, quieren conocer en persona a Ramona. La traen blindada, al primer zapatista que entra a la capital. Hace pocos días los periódicos se alarmaban: ‘Ahí­ vienen los zapatistas’; la oposición leal anunciaba el apocalipsis, ‘el fin del Estado’; el poder hablaba de ‘provocación’.

“A diferencia de los que conformaban los cinturones de paz en la explanada del Centro de Convenciones, los de la calle, en muchos casos, era gente que tenía poca información acerca del zapatismo, y en general de los indígenas mexicanos. Y sin saber por qué, estaban emocionados y esperaron varias horas al rayo del sol. La gente tenía sed, y esperaba.

“Adentro concluía el Congreso Nacional Indígena, un evento inusual que tampoco ha digerido la ciudad. Representantes políticos de la mayoría de los pueblos étnicos del país, de casi todas las organizaciones legales importantes, recibieron en sorprendente homenaje a la enviada del EZLN, a quien ellos, los participantes del Congreso, habían invitado, para quizá sin quererlo poner en riesgo la estabilidad del Estado” (Termina cita).

Recuerdo era fiesta. La alegría junto con la esperanza, eran las emociones a flor de piel. Un enorme paliacate rojo vestía por dentro y por fuera al auditorio. Paliacate rojo como el que usaba el jefe Zapata. Y al igual que a él, los guardianes de esta tierra, los que han guardado en su mente y corazón la sabiduría ancestral, mostraban respeto a Ramona, que en realidad encarnaba en esos momentos a nuestra tierra.

Indígenas de todo el país, hablaban a través de esa pequeña y frágil mujer, en ella se encarnaban las demandas de siglos: justicia, igualdad, educación, salud, un México de y para todos.

Los sahumadores, caracoles, flores y bordados, recibieron, brindaron homenaje y cariño a Ramona. Los zapatistas entraban otra vez a La Ciudad de los Palacios, edificada sobre la antigua Tenochtitlán.

Los españoles todo lo tiraron y quemaron, sobre los escombros y cenizas construyeron la Nueva España. No entendían el dicho: “Donde hay cenizas, fuego queda”. No sabían de misticismo, sabían de miedo, tortura, imposición y muerte. No sabían de amor a esta tierra. No sabían que en el sahumador está la voz del corazón indígena, elevándose desde las cenizas, tornándose fuego purificador, sanador. Fuego primario como el Sol, dador de vida.

El Congreso Indígena se celebró el 12 de octubre, por ser esta fecha determinante en nuestra historia.

La comandante Ramona trajo de regalo para todos, una bandera nacional, que a nombre de los indígenas reunidos recibió don Félix Serdán Nájera, veterano jaramillista, hijo de un revolucionario, que luchó al lado de Zapata. Ese acto en apariencia sencillo, está lleno de simbolismo. La mujer de piel color de la tierra, toma en sus manos nuestro “Chimalli”, nuestro escudo, y lo da a los guardianes, a quienes día a día siendo resistencia, evitan la muerte de nuestra esencia.

Nada es coincidencia, nada es fortuito. Mucho menos este encuentro de los propietarios originarios de estas tierras. Que no querían tomar las armas, querían recobrar su dignidad.

La memoria es la mejor máquina de tiempo jamás existente. Mi memoria me llevó no solamente al Congreso Indígena del 96, me llevó al Zócalo, corazón de México, al 12 de octubre de 1992, donde reencontré a la llamada “tradición”, a los jefes y jefas, a los danzantes que con su movimiento se unen al Cosmos. Guardianes del conocimiento, usos y costumbres de los propietarios originarios de estas tierras. Son como los sahumadores: materializan la fuerza de esta tierra, que se creía extinta, y la elevan fundiéndose con el todo para nunca dejar de existir.

Ese día viví la importancia de la memoria histórica de los pueblos originarios. “La tradición” es pasado, presente y futuro de México. No son sólo danzantes, sólo concheros, son la memoria viva. Son la resistencia.

Don Juan, el de Nurío como se le conoce, me platicaba siempre sobre cómo eran las cosas antes. Platicábamos horas y horas, no había tiempo. No había prisa; finalmente se llega a donde se tiene que llegar. Don Juan por así decirlo era la memoria de estos pueblos, era el pasado, el presente y el futuro.

Cada vez al despedirnos, me veía con sus ojos limpios, sonrientes: “Somos la resistencia, no lo olvides, no debemos nunca dejar de luchar por esta tierra”.

Somos la resistencia, aquí estamos. Sonreíamos.

vazquez pallares@gmail.com

DECLARACIÓN. PRIMER FORO NACIONAL DE POBLACIONES AFRODESCENDIENTES EN MÉXICO, y otras actualizaciones en el blog Cimarronaje, africanías, negritudes y manumisiones

Las mujeres son claves en la lucha contra la crisis alimentaria

— Representan 43 por ciento de la fuerza agrícola en países pobres
 
Por Busani Bafana*
 
Bulawayo, Zimbabwe, 9 oct 12 (CIMAC/IPS).- Si las agricultoras tuvieran un acceso igualitario a los recursos para trabajar la tierra podrían aumentar entre 20 y 30 por ciento su rendimiento, e incluso elevar entre 2.5 y 4 por ciento la producción total del sector en los países en desarrollo.

Esto plantea un estudio de inminente publicación por parte del no gubernamental Foro Global para los Servicios de Asesoría Rural (GFRAS, por sus siglas en inglés).

La conclusión se basa en la información recabada por la organización a través de su Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género en Servicios de Asesoramiento Rural, con el que busca garantizar que más mujeres puedan desempeñarse eficientemente como agentes de extensión para ayudar a las agricultoras.

Los servicios de extensión brindan información, capacitación, consejos y apoyo técnico a los agricultores para ayudarlos a mejorar su productividad y sus métodos de cultivo.

“Las mujeres del sector son responsables de un gran porcentaje de la producción agrícola, especialmente en África. Sin embargo, hay pocas entre el personal de extensión en el área”, dijo la secretaria ejecutiva del GFRAS, Kristin Davis.

“Los servicios de extensión deben tomar en cuenta la situación a veces especial de las agricultoras en materia de crianza de sus hijos y de propiedad de la tierra”, agregó.

Según la síntesis del estudio, una mayor producción de alimentos por parte de las mujeres reduciría entre 12 y 17 por ciento la cantidad de personas malnutridas en el mundo.

Por ejemplo, los cálculos sobre una productividad potenciada en Malawi y Ghana muestran que un acceso igualitario a insumos y servicios aumentaría 17 por ciento sólo los rendimientos del maíz.

Davis dijo a IPS/Cimacnoticias que es de lamentar que la mayoría de los servicios de extensión trabajen principalmente con agricultores hombres. Esto se debe a que la mayor parte de las políticas de desarrollo parten de la base de que son estos casi exclusivamente quienes se dedican a trabajar la tierra.

“Por lo tanto, los servicios de asesoramiento se ven seriamente limitados” por tener que superar estas tendencias, agregó.

La mayoría de los agentes de extensión son hombres que no fueron capacitados para trabajar con mujeres agricultoras, según Modernización de Servicios de Extensión y Asesoría (MEAS, por sus siglas en inglés), una iniciativa con sede en Estados Unidos creada para transformar estos sistemas en los países en desarrollo.

Actualmente la organización analiza lo que se necesita para fortalecer los sistemas nacionales de extensión agrícola en 20 naciones pobres, entre ellas Birmania, Burkina Faso, Camboya, Ecuador, India, Kenia, Nigeria, Malawi, Malí, Perú y Uganda.

“Los sistemas de extensión en los países pobres de África, Asia y América Central necesitan experimentar un cambio significativo para satisfacer de modo efectivo las necesidades de pequeños agricultores y agricultoras”, dijo Burton Swanson, ex director del Proyecto MEAS y profesor emérito en la Universidad de Illinois.

“Nuestro objetivo es transformar estos sistemas de extensión para que puedan desempeñar un rol tanto en el aumento de ingresos agrícolas como en la mejora del sustento de los pobres de las zonas rurales, especialmente las mujeres”, agregó.

Según GFRAS, las mujeres son clave en la producción alimentaria mundial y en los efectivos servicios de extensión. En promedio, ellas representan 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, oscilando entre alrededor de 20 por ciento en América Latina a casi 50 por ciento en África subsahariana.

Según la presidenta de la Alianza para una Revolución Verde en África, Jane Karuku, uno de los problemas es que “las mujeres participan relativamente poco en la toma de decisiones y en los beneficios” de la agricultura comercial.

Los métodos empleados para llegar a esos sectores de la población, como la capacitación en el terreno, favorecen a los hombres, incluso en su programación y organización, agregó. Las mujeres que trabajan en la mayoría de los sistemas de extensión pública son muy pocas, sostuvo.

Karuku formuló estas declaraciones a IPS/Cimacnoticias en vísperas del Foro para la Revolución Verde en África, que se celebra del 26 al 28 de este mes en Arusha, nororiente de Tanzania. Este encuentro busca desarrollar soluciones a la inseguridad alimentaria lideradas por países de este continente, y Karuku es una oradora clave.

“El foro mostrará que invertir en las mujeres minifundistas y en los emprendedores rurales como agentes del cambio agrícola y económico tiene beneficios sociales y financieros significativos”,
señaló.

Y también pondrá de relieve los subsecuentes efectos “tremendamente beneficiosos”: aumento de ingresos familiares, mejora de la seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, planteó.

Según Karuku, para mejorar la productividad de las agricultoras africanas se necesita con urgencia la introducción de tecnologías que ayuden a ahorrar tiempo.

Este aspecto no es menor, dado que servirá para “reducir la triple carga de las mujeres rurales: en el hogar, en el huerto y en el procesamiento posterior a la cosecha”, dijo.

Todas estas responsabilidades recaen de modo desproporcionado sobre las mujeres en los sistemas de producción agrícola del continente, añadió.

*Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia Internacional IPS.

Omisiones de la reforma laboral de Calderón

Por Clara Jusidman*, CIMAC

Felipe Calderón decidió enviar al Congreso como iniciativa preferente su propuesta de reforma laboral. Pudiendo haber escogido otros temas urgentes relacionados, por ejemplo, con el combate al enorme poder económico, y por tanto poder corruptor, del crimen organizado, o con la democratización de los medios de comunicación electrónica.

Haber elegido la propuesta de reforma laboral ratifica su visión conservadora y limitada de los asuntos que agobian actualmente a la sociedad mexicana.

Si bien muchos coincidiríamos que el modelo sindical que ha prevalecido en México, herencia del corporativismo, conculca derechos básicos de los trabajadores en materia de libertad de sindicalización, pensar que los corruptos líderes sindicales constituyen un asunto nodal en la vida del país, es no entender dónde están los verdaderos poderes de hecho.

Los grandes monopolios, los especuladores de la tierra y financieros y el crimen organizado, entre otros, son los que mantienen al país en una trayectoria que privilegia los intereses privados por sobre los colectivos, agudizan el conflicto, alimentan la violencia y acrecientan la desigualdad.

Además, la propuesta en materia de libertad sindical ni siquiera toca a dos sindicatos verdaderamente poderosos como son el de maestros y el petrolero, cuya vida laboral se rige por el Apartado B del artículo 123 constitucional, que se refiere a las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, y que está reglamentado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Es decir, la señora Elba Esther Gordillo y el señor Carlos Romero Deschamps no resultarían afectados si finalmente lograran pasar las propuestas en materia sindical contenidas en la reforma.

Es notable que hasta ahora el gobierno panista quiera actuar en un tema donde ha sido totalmente omiso como es la protección del Derecho Humano de sindicación.

Incluso aprovechó la estructura corporativa y de control desarrollada por las administraciones priistas para avanzar en la flexibilización de las relaciones de trabajo y reducir al mínimo su obligación de proteger los Derechos Humanos laborales.

Las administraciones panistas contribuyeron así a profundizar la pérdida de la dignidad del trabajo asalariado permitiendo que las condiciones laborales se precarizaran, y que los salarios mínimos legales de México se ubiquen actualmente entre los más bajos de la región latinoamericana, sólo por encima de los de Nicaragua, Bolivia y El Salvador, según el último informe del Banco Mundial.

En este contexto, dos temas fundamentales de una reforma laboral con perspectiva de Derechos Humanos que ni siquiera son tocados en la propuesta calderonista, son la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos encargada de fijar anualmente los llamados “minisalarios”, y el acceso a la justicia por parte de las y los trabajadores.

No es posible que la pantomima en que se ha convertido la Comisión desde 1980 permanezca intocada. En ella se sientan precisamente esos líderes sindicales históricos beneficiados por el corporativismo y mantenidos por los gobiernos panistas con los abogados de las corporaciones patronales, para aprobar los aumentos anuales a los salarios mínimos.

Los directores de esta patética orquesta son los representantes de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, los cuales aportan la partitura y les indican a los dignos representantes de los llamados “factores de la producción” en qué tono deben tocar y cuál es el porcentaje de aumento al salario mínimo que deben aprobar de acuerdo con los parámetros definidos en la política económica del gobierno.

Al final de cada fijación, todos se van muy contentos a su casa pues ninguno de ellos gana un salario mínimo y ni siquiera conoce y mucho menos representa a la enorme masa de trabajadoras y trabajadores mexicanos que reciben uno o dos salarios mínimos como pago para mantener a sus familias.

Y después nos preguntamos por qué tantos miles de adolescentes y jóvenes son atraídos por las ofertas que reciben del crimen organizado.

Una verdadera reforma laboral debería incluir una revisión profunda del sistema de fijación de los salarios mínimos sustituyendo el actual  mecanismo simulado de negociación, por una instancia que con información y bases técnicas sólidas haga efectiva la garantía social del salario mínimo en concordancia con lo que define nuestra Constitución.

Igualmente debería acordarse una trayectoria que con el tiempo permita ir restituyendo el poder adquisitivo de los salarios, perdido a lo largo de tres décadas de contención, sustentando con ello una urgente y necesaria redignificación del trabajo asalariado formal.

No puede postergarse la sustitución del salario mínimo legal como unidad de cálculo de un sinnúmero de precios y tarifas como son las multas, que en consecuencia colocan una carga absurda sobre un precio que lo que busca es fijar un piso básico para retribuir dignamente el trabajo humano.

Otro tema fundamental omitido en la reforma laboral es la revisión del actual sistema de justicia laboral que propicia abusos no sólo del derecho de acceso a la justicia por parte de los trabajadores, sino incluso de empleadores que caen en manos de las mafias de abogados y sindicatos que florecen a la sombra de los ineficientes tribunales y juntas de conciliación y arbitraje.

Urge sacar la impartición de justicia laboral del ámbito de los poderes ejecutivos y trasladarla a los poderes judiciales.

Me pregunto si realmente Calderón hizo bien en enviar una reforma laboral unilateralmente construida e insuficiente como iniciativa preferente, y si ello no va a vacunar al país del desarrollo de una reforma necesaria, moderna y justa en los próximos años.

*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social A.C.

Reforma precariza aún más el empleo femenino

Agrava explotación y pauperiza ingresos, alertan   
 
Por Guadalupe Cruz Jaimes, CIMAC

La reforma laboral generará “una fábrica de desigualdad y pobreza para las mujeres” al deteriorar sobremanera sus condiciones de trabajo.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), propuesta por el Ejecutivo y aprobada por PAN, PRI y PVEM en la Cámara de Diputados, lejos de generar más empleos, empeorará la situación laboral de los 18.5 millones de trabajadoras.

Carmen Ponce, economista especializada en género, desmintió que la flexibilización laboral sea la vía para generar más empleos, ya que estas formas de contratación planteadas en la modificación legislativa (outsourcing) operan en el país desde hace 20 años y no han creado nuevas fuentes de trabajo.

Además puntualizó que la generación de empleos no se logra con cambios en la LFT sino en la activación de la economía nacional. Lo que menos necesita el país, advirtió, es más terciarización, pues “(el empleo) ya está suficientemente flexibilizado, y la mejor demostración es que de los 18.5 millones de mujeres ocupadas, sólo 5.5 millones tiene acceso a servicios de salud ligado a su trabajo”.

Estos empleos son informales aunque muchos de ellos se generen en “empresas formales” que pagan impuestos, pero no garantizan derechos mínimos a su personal (como la seguridad social), según la Organización Internacional del Trabajo.

Tan sólo en la industria maquiladora, durante el último año la subcontratación creció 9 por ciento, mientras que la contratación directa apenas aumentó a 4 por ciento, de acuerdo con el Inegi.

La experta lamentó que con esta reforma se “van a ‘informalizar’ los pocos empleos formales que existen”. Alertó que “el salario va a bajar más, disminuirá la seguridad social y el desempleo seguirá en aumento, en síntesis, la reforma a la LFT derivará en una fábrica de desigualdad y de pobreza para las mujeres”.

SIN DERECHOS

Según el Inegi, hay 900 mil mujeres desempleadas en México, y 16 de cada 100 laboran de forma parcial, es decir, se ocupan en alguna actividad económica, pero tienen tiempo disponible y la necesidad de trabajar más horas para completar su ingreso.

La subcontratación “quita de encima” la responsabilidad del patrón de garantizar los derechos de las trabajadoras, indicó María Luisa Alcalde, diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC).

Detalló que la reforma simula la “regulación” de ese tipo de contratación, al establecer que la subcontratista debe costear derechos mínimos, como el salario (60 pesos al día) y seguridad social.

La legisladora refirió que la normatividad es insuficiente para garantizar estos derechos, ya que aunque estas empresas “están en el papel, en muchos casos no tienen ni oficinas, nadie conoce al patrón, así ¿a quién le van a reclamar las y los trabajadores?”.

Además, el riesgo es que el outsourcing se generalice, acotó. Por ello es necesario “limitar esta figura”: que sólo subcontraten a personal cuya tarea es ajena al objeto social de la empresa. “Por ejemplo, en un banco puede subcontratarse a personal que arregle los elevadores, pero no a las cajeras, como ya ocurre”, explicó.

Alcalde alertó que además del outsourcing, otro “foco rojo” es la contratación por horas, planteada como una oportunidad para que las mujeres cumplan con el cuidado de la familia y obtengan un ingreso.

La legisladora apuntó que esa disposición no representa un beneficio para las trabajadoras sino la pérdida de sus derechos, porque “la responsabilidad del patrón (con ellas) culminará con el pago de las 2 o 3 horas que laboren al día o a la semana”.

Las mujeres y las personas jóvenes serán las más perjudicadas, porque actualmente son quienes más dificultades enfrentan para obtener un empleo, y se verán orilladas a aceptar ese tipo de contrato con el que “recibirán un pago de 20 pesos, sin derecho a ninguna prestación, ni estabilidad laboral”.

Ponce añadió que otro problema de la contratación por hora es que la reforma no aclara si el pago será con base en el salario mínimo actual, pues de ser así, por cada hora laborada el personal apenas recibiría 7.50 pesos.

Esta circunstancia disminuiría todavía más el ingreso de las trabajadoras, ya que 65.8 por ciento de las mujeres ocupadas gana entre 1 a 3 salarios mínimos, alrededor de 5 mil 600 pesos al mes, insuficientes para la manutención de sus familias.

Otro embate es el contrato a prueba, el cual establece que las y los trabajadores pueden permanecer en el empleo seis meses, y si el patrón considera que “no pasó la prueba” lo despide sin ningún tipo de indemnización, mencionó Ponce.

Así, la reforma a la LFT además de afectar los derechos individuales de las trabajadoras, perjudicará sus derechos colectivos, pues la flexibilización “es veneno para los sindicatos”.

Trabajadoras quedan en desamparo ante acoso laboral : Reforma a LFT permite mayor hostigamiento

 Por Guadalupe Cruz Jaimes, CIMAC

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) agravará la violencia laboral en contra de las mujeres, que de 2006 a 2011 creció 58.3 por ciento, advirtió Carmen Ponce, economista especializada en género.

La feminista dijo a Cimacnoticias que la modificación a la ley laboral traerá como consecuencia la disminución de derechos que colocará a las mujeres en mayor riesgo de sufrir discriminación y violencia en este ámbito.

Ponce señaló que de poco servirá la inclusión de la sanción al acoso y hostigamiento sexual, pues estas prácticas serán favorecidas por las formas de contratación y despido de las trabajadoras, quienes representan el 42 por ciento de la fuerza laboral (18.5 millones de mujeres).

La economista explicó que ellas tendrán que pasar más filtros para poder ser contratadas, y que en ese proceso aumentará su vulnerabilidad de padecer ese tipo de violencia.

Por ejemplo dijo que “si una joven está por contrato a prueba, el empleador o sus superiores pueden acosarla sexualmente; si accede tiene trabajo y si no la despiden”.

La situación empeora porque en esa circunstancia de inestabilidad laboral será “más difícil” que las trabajadoras puedan defenderse jurídicamente, lamentó la especialista.

De acuerdo con un análisis de Carmen Ponce, con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2006-2011, en el país la discriminación laboral femenina creció 58.3 por ciento.

En ese periodo, el número de mujeres que experimentó este tipo de violencia pasó de 2.4 a 3.8 millones. En su análisis, Ponce señala que en el caso del estado de Veracruz la violencia laboral contra las mujeres aumentó 99.2 por ciento.

La especialista sostiene que en 2006, por cada 100 mujeres 12.4 sufrieron acoso laboral, en especial las casadas o unidas y las solteras; en total fueron 1.3 millones de mujeres que pasaron por ese trance.

El panorama empeorará con las disposiciones de la LFT, las cuales mediante el outsourcing, la contratación por hora y a prueba, entre otras medidas regresivas, mermarán los derechos de las trabajadoras.

Por lo anterior, Martha Heredia, vicepresidenta de Equidad de Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), indicó que esta reforma es contradictoria, pues mientras en la exposición de motivos cita instrumentos internacionales a favor de los derechos humanos, la no discriminación y la inclusión del enfoque de género, en su articulado “atenta contra los derechos de las mujeres”.

La pérdida de derechos se traduce en la falta de trabajo digno y de una organización sindical que defienda sus garantías. Sin este respaldo, las trabajadoras víctimas de discriminación y violencia tienen más dificultades para exigir que los responsables sean sancionados.