Muchas voces contra las agresiones medioambientales

http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/muchas-voces-contra-las-agresiones-medioambientales/

(*)Octavio Rosas Landa

México es hoy un nudo de contradicciones económicas, políticas, sociales y ambientales. Todas ellas dan cuenta de un mismo patrón de guerra contra las comunidades locales, sus modos tradicionales de vida, sus saberes, sus tierras, sus semillas, sus aguas, sus bosques, su cultura, su historia, su salud. En este artículo nos centraremos en resaltar las alianzas que surgen para contrarrestar las agresiones medioambientales.

Desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cada uno de los gobiernos en turno ha actuadopara imposibilitar la vida comunitaria en el campo y en los barrios populares de las ciudades mexicanas.

A la población campesina e indígena, el TLCAN les obligó a competir en absoluta desventaja con la agroindustria subsidiada de Estados Unidos, centrada en los transgénicos, la ganadería industrial y las plantaciones de monocultivos (de árboles, cereales y frutos comerciales, de agrocombustibles). A millones de trabajadores y trabajadoras urbanos se les impuso una reducción criminal del salario y, poco a poco, se les fue restringiendo el acceso al espacio urbano por medio de la expansión salvaje de centros comerciales, vías de circunvalación, gasolineras, ciudades dormitorios, hasta clubes de golf o enormes zonas de urbanización periférica (villas miseria) conectadas directamente al mercado global, pero carentes de lazos con los barrios vecinos, convertidos en verdaderas barriadas, favelas o slums, como dice Mike Davis, en su Planeta de ciudades miseria.

A 17 años del inicio del TLCAN, lo que quedó claro fue que cada uno de los gobiernos de México dio pasos medidos para generar ‘ventajas competitivas’ a las empresas estadounidenses. Uno, la abolición de facto de cada una de las garantías laborales  y salariales a la clase trabajadora mexicana para abaratar su fuerza de trabajo y atraer inversiones extranjeras de alto y rápido rendimiento. Y dos, la desregulación ambiental, orientada a garantizar la impunidad de las empresas que generasen cualquier tipo de saqueo de recursos naturales o su destrucción mediante el vertido de residuos o emisiones tóxicas en los suelos, aguas y aire de las comunidades mexicanas.

Como resultado de este penoso proceso, el campo mexicano es hoy una zona de desastre: México importa 40% de los alimentos que consume, cada minuto emigra una persona mexicana a Estados Unidos, el espacio rural es codiciado no por su agricultura campesina y duradera sino por sus minerales, para la instalación de grandes presas, para saquear el agua de los ríos y los acuíferos o como recipiente de las basuras urbanas, las aguas negras o la agroindustria del narco.

Y las ciudades, intransitables ya por el exceso de automóviles privados, se están volviendo inhabitables por la violencia (destacar el feminicidio instalado en Ciudad Juárez), por la degradación de la convivencia —engendrada por el empleo de miles de niños, niñas y jóvenes en la economía criminal— y por el deterioro de la salud de sus habitantes (México ya es el primer país en el mundo en obesidad infantil y el segundo en diabetes y obesidad adulta).

El saldo general del colapso ambiental de México es entonces mayor que la suma de los agravios locales y regionales vividos por las comunidades de todo el país en estas tres décadas: el 70% de los ríos del país están tan contaminados que sus aguas son veneno puro para quienes viven en sus orillas; en 30 años se ha triplicado el número de acuíferos sobreexplotados, por el dispendio agroindustrial y el saqueo urbano de las aguas rurales; México pierde diversidad biológica y bosques a un ritmo vertiginoso; las tierras de cultivo de alimentos están amenazadas tanto por la expansión invasora de las ciudades miseria como por la siembra “experimental” de maíces, soya  y otras especies de transgénicos (por no mencionar opiáceos y marihuana en las sierras) y el territorio nacional se balcaniza en una guerra sin fin entre las facciones de los narcoempresarios que participan ya en 22 de los 23 ramos reconocidos de la economía criminal global.

En medio de estas y otras agresiones privatizadoras y destructoras del tejido social mexicano, muchas comunidades campesinas, indígenas y urbano populares han opuesto resistencia. Pero la mayoría de las luchas socio-ambientales de las comunidades locales mexicanas se desarrolló de manera invisible, dispersa, inconexa, aislada y en completa desventaja jurídica y política frente a gobiernos locales, estatales y el federal, que nunca han dejado de actuar como defensores de oficio de las empresas privadas mexicanas y extranjeras. Así hoy, aunque el gobierno federal mexicano por un lado simula ante el mundo su “compromiso” con la preservación ambiental, por el otro difama, desconoce, golpea y criminaliza todo intento de crítica y defensa colectiva de la autonomía de los pueblos e impide que éstos decidan informada y democráticamente sobre el uso de sus territorios y recursos comunitarios.

Por ello, en agosto de 2008 nació la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), cuyas principales reivindicaciones son:

  • Que se realice un diagnóstico real de las afectaciones ambientales y a la salud humana derivadas de 17 años de libre comercio y se reconozca que México vive un colapso social y ambiental sin precedentes.
  • Que se detenga la criminalización y la persecución política que sufren los y las activistas ambientales del país.
  • Que se cancelen todas las concesiones de tierras, bosques y aguas a proyectos mineros, carreteros, agroindustriales, de presas o basureros.
  • Que se reinstale la moratoria definitiva a la siembra “experimental” (y de cualquier otro tipo), de cultivos transgénicos, especialmente en el caso del maíz.

Después de seis asambleas nacionales en apenas dos años y medio, la ANAA sigue sumando voces y aliados en México y en otras partes del mundo (como La Vía Campesina, la RIGAS en Italia, las redes de solidaridad en Europa y América Latina, Estados Unidos y Canadá). Las muchas voces que resuenan en los espacios comunitarios de diálogo e intercambio de ideas y estrategias expresan el diverso campo de posibilidades que todavía custodian los pueblos de México para detener la barbarie que nos acecha a todas las personas en estos tiempos difíciles.

Octavio Rosas Landa es miembro del Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en México.

Smithfield en México: destrucción ambiental y de la salud
Octavio Rosas Landa, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
El valle de Perote, ubicado en el oriente de México, en la frontera que divide a los estados de Puebla y Veracruz es, desde 1994 (año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte) la sede de uno de los más dañinos proyectos de producción agroindustrial que existen en todo el país. En ese valle, donde habitan aproximadamente 30 mil personas, la empresa trasnacional estadounidense Smithfield Foods (principal productora de carne de cerdo del mundo y llamada Granjas Carroll de México en nuestro país) comenzó, primero, adquiriendo tierras (aprovechando la contrarreforma constitucional que eliminó la protección a la propiedad de las tierras campesinas en 1992) y, después, instalando módulos de cría y engorda de cerdos en gran escala (aproximadamente un millón por año) que desde hace 15 años son responsables de la depredación de los acuíferos del valle, de la contaminación del suelo, el aire y el agua y de la destrucción de la salud de la población, hasta el punto de convertirse en un factor de riesgo que pudo haber originado el estallido de la pandemia de influenza porcina (luego llamada Influenza A1H1) en abril de 2009. Sin embargo, la población reaccionó. Desde 2006, los y las pobladores de diversas comunidades (Chichicuautla, La Gloria, Alchichica, entre otras) iniciaron una lucha, primero, para impedir la expansión de las granjas, y después, para detener la represión jurídica y política iniciada por la empresa y los gobiernos de Puebla y Veracruz contra sus habitantes. Hasta ahora, la lucha de las comunidades ha logrado detener la construcción de más módulos de cría industrial de cerdos en la región, pero el daño ocasionado por la empresa sigue impune, mientras los y las pobladores buscan la solidaridad de otras luchas en México y otras partes del mundo para detener a esta criminal empresa.

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