El resucitado, un reportaje sobre uno de los hombres más poderosos dentro del lopezobradorismo y del PRD: René Bejarano

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El resucitado

Después de los escandalosos videos que mostraban a René Bejarano, líder de una fracción del PRD, recibiendo dinero a manos llenas, todo el mundo daba por terminada su carrera. Su regreso fue sorprendente y ahora es uno de los políticos que más posiciones ganó en las pasadas elecciones. En esta carta el autor, que escribe al desaparecido Joaquim Ibarz, explica cómo se dio este milagro.

Por Alejandro Sánchez

http://gatopardo.com/ReportajesGP.php?R=183

“Joaquim Ibarz, corresponsal de La Vanguardia de España, de 1982 a 2010 fue testigo privilegiado, de ojo crítico y pluma objetiva, de la transformación política de México y de América Latina. Por todo ello, hoy es un día triste para el periodismo hispanoamericano”: Felipe Calderón (12 de marzo de 2011, fecha de la muerte del periodista)

Joaquim:
Es una lástima que te hayas muerto porque tendrías que ver esto: nueve hombres ataviados con el traje de mariachi descienden de una vagoneta sobre Reforma. Se dirigen hacia un elevador de la Torre Mayor, afinando sus instrumentos, y cuando ingresan a uno de los salones del piso cincuenta y uno, desde donde la vida nocturna del Valle de México se aprecia como invadida por enjambres de luciérnagas, tocan el mayor éxito de José Alfredo Jiménez, ese que dice: “Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar”. El anfitrión de la fiesta es, nada menos, que René Bejarano. Hace ocho años, cuando se conocieron los videos en los que apareció retacando cuarenta y cinco mil dólares en un maletín, escribiste para tus lectores de La Vanguardia de España que el político acabaría hundido. Nadie te contradijo. En tus más de veintitrés años como corresponsal en México y Latinoamérica difícilmente fallabas en tus apreciaciones. Pero esta noche debo contrariarte.

Cuando nuestra amiga Iruña Urruticoechea nos presentó en Caracas, comparaste el videoescándalo del mexicano con el de Vladimiro Montesinos, ex asesor de la Presidencia de Perú, capturado en Venezuela donde se refugió después de ser exhibido en videos recibiendo quince mil dólares. Tú presagiaste que el profesor normalista correría la misma suerte que Montesinos, sentenciado a veinticinco años de prisión. Pero nos equivocamos. Ahora Bejarano está en esa actitud de quien ha vencido todo: es el rey de la noche.

Es 9 de noviembre de 2012 y él está abrazando a su esposa Dolores Padierna. Ambos se mecen al ritmo del mariachi. Hace un frío del carajo, sin embargo, al político alguien le lleva una servilleta de papel que acaba pasándose sobre su frente sudorosa. El motivo del agasajo es la acreditación en México de Dagoberto Ramírez, embajador de Cuba, a cuya nación el profesor le tiene especial cariño.

Joaquim, créeme que me he vuelto acordar de ti. Tres meses antes Bejarano ya había contratado otro de los salones del mismo piso de la torre. Esa vez celebró el crecimiento de Izquierda Democrática Nacional (IDN), su corriente política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en las elecciones de julio. Te puedo asegurar que, después del presidente Enrique Peña Nieto, es el otro gran ganador del proceso por los espacios obtenidos en los congresos federal y locales, alcaldías y otros cargos: obtuvo 36 diputaciones y 6 senadores, además de 6 delegaciones y 15 asambleistas en la ciudad de México. Él sabía que era el momento de reaparecer y anunciar que va por más poder. Los festejos de su retorno oficial a la política los acompañó con música en vivo y una cena chic.

Ya te iré contando detalles.

Si vivieras, Joaquim recordarías que Bejarano estuvo nada más ocho meses en prisión. Salió sin cargos bajo sospechas de haber sido beneficiado por el control político que su partido ejerce en la ciudad de México. Aunque en todo este tiempo de él se supo poco, hizo un trabajo bien planeado, silencioso y calculador para impedir su destierro. Yo digo que fue más astuto que la ex jefa nacional del PRD, Rosario Robles, quien tras sucumbir ante la pasión de un empresario al que gobiernos de este partido le otorgaron sospechosos contratos de obras, como tú lo narraste, se adelantó a renunciar antes de que fuese expulsada de su partido. En cambio, el profesor solicitó licencia e hizo operaciones a escondidas: fuera de las luces de la política se reunía en las penumbras de su casa con líderes y viajaba a los estados constantemente para cooptar aliados. Eso sí, y hay que decirlo: Andrés Manuel López Obrador, hasta hace poco líder indiscutible del PRD, fue benevolente con Bejarano. Ya recordaremos también cómo él necesitó de su fuerza y trabajo.

Su estilo de operar demuestra que el profesor no es ningún estúpido, como muchos lo llamaron después de ser captado in fraganti en las oficinas del ex amante de Robles. En todo caso es un maquiavelo citadino que ha expandido su poder hasta las zonas rurales del país o un político como los que el PRI o el PAN tienen en la cúspide nacional a pesar de comprobarse sus actos corruptos. En este tiempo, a partir de los videos, dio pocos pasos públicos, pero fueron clave para ensanchar su movimiento y convertirlo a su manera en uno de los más redituables del PRD. Unos dicen que son Los Chuchos, pero si tú pudieras revisar las listas de sus legisladores en funciones, éstos llegaron por la vía plurinominal debido a que aún tienen el control de la presidencia del partido, pero los candidatos de IDN ganaron en las urnas. Obtuvieron el apoyo de los votantes.

Nunca en su trayectoria política había ganado los espacios que tiene ahora. Quizá por eso, esta noche, en el piso cincuenta y uno de la Torre Mayor a Bejarano lo veo bailando chachachá casi como bailaba Resortes en sus mejores tiempos. Aunque conserva ese semblante de tristeza propio de su aspecto físico, otra vez me ha tocado verlo sonreír y cómo la gente se acerca a saludarlo y hasta le pide retratarse con él.

En pleno proceso electoral de 2012, durante la primera visita de varias que hice a Oaxaca supe que Bejarano estaba metido hasta dentro de las comunidades operando la estrategia del PRD y que, en una de esas vueltas él había ido a buscar muy encabronado al gobernador Gabino Cué. Entró por la fuerza a las oficinas porque el secretario particular del funcionario le había pedido esperar turno para entrevistarse con su jefe.

El profesor burló la seguridad, cruzó la puerta y cuando tuvo de frente a Cué le gritó: Atiende cabrón, sino para que te alquilas. Renuncia. Todo tu palacio es un caos, por falta de atención. Eso ocurrió, querido colega, un par de días antes de mi llegada. Después busqué sin suerte a Bejarano en diversas comunidades de Oaxaca porque cuando alguien se animaba a decirme dónde estaba, yo llegaba y él se había ido con la rapidez de un correcaminos. Allá, cuatro de los seis candidatos del PRD a diputados federales eran de su corriente partidista.

Hay mucho más que contarte de esa manera tan suya de ejecutar la operación política que siempre le resulta provechosa.

Seguramente imaginarías que les ha ido bien a los que fueron sus principales colaboradores y que, por temor a ver despedazadas sus trayectorias políticas, se deslindaron de él. Pero no. No es así. Ha ocurrido todo lo contrario: les ha ido muy mal. Tan sólo te mencionaré algunos casos. Leticia Robles, ex jefa delegacional de Cuauhtémoc, quiso regresar sin éxito al mismo puesto, pero por el PRI; Lorena Villavicencio, ex jefa de la bancada de los diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), también intentó volver por el PRI pero fracasó. (Si hay una entidad en desgracia para el Revolucionario Institucional en el país, ésa es la ciudad de México, por lo que aquí pocos priistas se pelean las candidaturas).

Casos desafortunados hay muchos más.

Eso les pasó por pinches malagradecidos y cobardes, me dicen algunos perredistas que no abandonaron al profesor en la peor de sus desgracias políticas. Quiero contarte, sin embargo, que a esos colaboradores leales que arriesgaron su prestigio es a quienes les va mejor porque son los que poseen cargos legislativos, puestos públicos o grandes posiciones dentro del partido.

Y lo que jamás pensamos que pasaría… ocurrió. Sus adversarios que daban muestras de poder absoluto y que estuvieron detrás de la divulgación de los videos para hacerle daño político a Andrés Manuel pareciera que un maleficio les hubiera caído encima. Te digo por qué. El panista Diego Fernández de Cevallos llegaba en su camioneta a su rancho de Pedro Escobedo, en Querétaro, cuando hombres desconocidos lo sometieron imprevistamente, le encajaron una tijeritas cerca de uno de los bíceps y le extrajeron un chip del tamaño de un granito de arroz con el que podía conocerse su localización: estuvo siete meses secuestrado de mayo a diciembre de 2010 cuando llegó caminando a su casa en pans, demacrado y con una barba como la del padre Chinchachoma. Desde entonces el Jefe Diego, dueño de una fortuna incuantificable, dejó de ser el hombre imponente dentro de su partido.

Y el ascenso nacional del ex senador Federico Döring, también panista que entregó los videos a Televisa, se marchitó: con trabajos y en medio de disputas en su partido pudo hacerse de un lugar en el sitio donde empezó su carrera política, la Asamblea Legislativa local.

Al argentino Carlos Ahumada —quien le dio los dólares a Bejarano— dejó de hacer los grandes negocios que lo convirtieron en un hombre multimillonario desde antes de los treinta y cinco años de edad, cuando era alumno de preparatoria lavaba coches en la glorieta Etiopía de la colonia Narvarte en la ciudad de México. Caso excepcional es el de su ex querida Rosario Robles, quien lo acercó con funcionarios del partido. Tras su salida del PRD y después de varios intentos fallidos por volver a la política con partidos de izquierda se hizo amiga de Peña Nieto, quien recuperó para el PRI la Presidencia de la República, y éste la metió en su primer círculo. Ahora es la secretaria de Desarrollo Social, la dependencia federal que recibe mayores recursos públicos.

Carlos Salinas de Gortari, implicado como el principal conspirador contra Bejarano para sacar de la jugada política a López Obrador en 2006, entra y sale del país cada vez que se le da la gana. El ex presidente tiene estrecha cercanía con Peña Nieto, y después del triunfo presidencial se echó una declaración insólita en su amarga manera de contestar a la prensa: Me voy a tener que hacer cirugía plástica para quitarme la sonrisa.

Pero la noticia del regreso del PRI podría ser tema para contarte en otra ocasión.

Joaquim, hasta la primera fiesta en agosto de 2012 en el piso cincuenta y uno, el profesor había sido reservado. Ahora, en esta noche de luna llena resplandeciente está sentado en una mesa rodeado por los candidatos que ganaron en las elecciones y periodistas que cubren distintas fuentes de información: Cámara de Diputados, Senado, Asamblea capitalina, jefatura de Gobierno y columnistas. Trae puesto un traje oscuro y junto a él también está su esposa Dolores Padierna, a quien un mesero con guantes blancos le sirve vino en su copa.

Ahora, Bejarano bebe un trago y después se para a caminar entre el resto de las mesas. Hay más de diez en las que también están repartidos unos sesenta periodistas que conversan con legisladores y funcionarios de IDN que asumirán funciones en unos días en que se renueva el Congreso de la Unión. La fiesta es exclusivamente de acercamiento con la prensa, me ha dicho un colaborador del líder de IDN.

Ya te había contado que si hay un ganador después de Peña Nieto, ése es Bejarano. Está contento. No ha dejado de sonreír mientras los periodistas cuchichean sobre el bloque que el profesor tendrá en la Cámara, el Senado, la Asamblea, las jefaturas delegacionales, las cámaras locales y las alcaldías. En esta cena también es el rey con el que todos quieren hablar y quedar bien.

Ya es media noche. Toca un grupo de son cubano cuando da instrucciones para que calle la banda. Ante la mirada de todos pasa a la mesa central: le extiende la mano a Dolores para acercarla al centro de la pista de baile. Ella está ataviada con un vestido negro pegado a los muslos y unos tacones de unos diez centímetros de alto que la hacen ver majestuosa.

La cena consiste en ceviche de camarones, pollo relleno de champiñones y helado de yogurt bañado en exquisita salsa de frutas. Los que han llegado tarde dejan de comer al notar que Bejarano hará un anuncio público después de mucho tiempo. Nadie quiere perdérselo.

Por supuesto que el Bejarano de esa noche, Joaquim, en nada se parece al de aquella mañana del 3 de marzo de 2004 cuando en el noticiario En Contraste de Adela Micha, volteaba demacrado como buscando una puerta de salida al verse a él mismo recibiendo el soborno. Esto ocurrió minutos después de que en El Mañanero de Víctor Trujillo lo había exhibido en cadena nacional.

—Son cuarenta y cinco mil dólares —le dijo Ahumada mientras la imagen era transmitida en vivo.
—¡Puta! ¿Cómo le voy hacer? —contestó mientras sumía los dólares en una maleta para que entraran más y hasta se echaba las ligas de los fajos a las bolsas del saco.

Pero esta noche de agosto se regodea. Y con una simpleza absoluta resume en dieciocho palabras el vergonzoso episodio de su carrera: Hemos resurgido de una época de adversidad muy dura que nos permitió valorar la relación con la gente.

Recibe aplausos.

Dolores Padierna emite un intenso brillo de sus ojos y mientras oye a su esposo sus labios carmín deslizan una sonrisa. Toca el turno de ella, quien aún es secretaria general del PRD: Estamos cerrando este ciclo y abriendo otro. El objetivo fue muy claro, muy exitoso, triunfador y ahora queremos ganar el poder político en México.

También le aplauden. Incluso, algunos periodistas hasta se ponen de pie.

El brindis y el baile continuará desde donde se tiene todo el control visual de la ciudad y más allá. El sabor de boca con el que se han quedado algunos columnistas es que el matrimonio va a intentar derrocar a Los Chuchos para apropiarse del PRD.

¿Qué sucedió todo este tiempo, Joaquim, para que un día Bejarano pudiera festejar con tanto regocijo? Empezaría recordándote que los meses que pasó en prisión ninguna persona cercana a él recuerda haberlo sentido, ni si quiera por un momento, decaído o cabizbajo. Por el contrario. Era todo un torrente de energía, me ha contado Leticia Quezada, una joven delgada a quien, el día que la encontré en un café para que me hablara de su líder, se veía bella con un traje sastre negro. Desbordaba sensualidad con una blusa también oscura de cuello alto que remataba a la altura del pecho en un rectángulo de tela liviana y semitransparente.

Jamás me lo diría Quezada, actual jefa delegacional de la Magdalena Contreras, pero pienso que el buen estado de ánimo del profesor en la prisión se haya debido al trato privilegiado que le brindaron las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Durante su cautiverio, te tocó leer cuando La Crónica publicó que el también ex jefe de los diputados de la ALDF, ocupaba tres celdas alfombradas, gozaba de agua caliente, seguridad personal y TV por cable. Eso ocurría con él mientras del otro lado de los muros hasta cuarenta reos o más dormían en cuclillas en una misma celda.

Lo que sí me dice Quezada es que ella y muchos compañeros suyos recibían cartas escritas con el puño y letra de su líder: Algunos las conservamos con gran cariño porque él expresaba con mucho énfasis que superaría sus abismos, me dice Quezada y agrega: Nos contagió su simpatía y fortaleza por la vida. Nos transmitía el ánimo para seguir siempre incansables. Si se hubiese venido abajo, juro que con el hubiéramos seguido todos los que estábamos a su alrededor.

Sé que las cosas no están bien allá afuera. Esta situación es difícil y complicada. Pero tú y los compañeros deben aguantar con firmeza este momento. No dejen de estar en cada rincón de cada colonia con la gente. Sigan construyendo, sigan trabajando. Confío en salir pronto de aquí. Y recuerda esto: los vasos de conexión que se tienen siempre van a estar latentes.

Se trata de un extracto de una de las cartas que ella recibió y que me ha platicado. Ni a ella ni algún otro de sus colaboradores cercanos a los que les escribió Bejarano les permitió obsequiarme una copia.

Quezada lo conoció en los años noventa cuando era alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con el tiempo, ella se hizo de un liderazgo importante en su colonia que expandió a otros barrios hasta alcanzar buen rango de popularidad en toda la Magdalena Contreras. Desde aquella demarcación Quezada trabajaba para él incansablemente. También hicieron lo mismo otros muchachos en las otras quince demarcaciones de la ciudad. Así el profesor fortaleció su grupo político forjado con damnificados del terremoto de 1985 que derrumbo edificios, complejos departamentales y casas. Cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas logró el histórico triunfo en el DF, Bejarano gozaba de toda la fuerza y representatividad que lo convirtieron en el candidato ideal a ocupar la titularidad de concertaduría vecinal del primer gobierno del PRD.

Dice Quezada que, filosóficamente hablando, Bejarano es un animal político. Al asumir aquel cargo dedicó tiempo a escuchar a la gente. Quejas sobre el PRI por corrupción, soberbia y trampas en los procesos electorales federales fueron las principales denuncias recabadas. Él apapachaba a las mujeres, los ancianos y los desvalidos.

Como tiene la virtud de idear estructuras y mapas mentales sobre temas que piensa en el momento, inmediatamente enfocaba baterías. Se le ocurrían tareas de alto desafío para los integrantes de su movimiento: todos los días debían reunir a un grupo de cincuenta personas por delegación con temas específicos. Trabajábamos, me explica la jefa delegacional, día y noche. La gente nos conoció. Y él siempre se dio espacio para oír y atender demandas muchas veces de viva voz o mediante escritos que él mismo redactaba.
Su fuerza e ímpetu de poder lo llevaron más lejos en el siguiente gobierno. López Obrador lo hizo secretario general de su administración. Pero los videos enterraron sus sueños de ser candidato a jefe de gobierno. Sin embargo, preso jamás estuvo dispuesto a ver demolidas sus bases construidas en los últimos veinte años.

—¡Hola, mi amor! No te preocupes; ya verás que pronto volverás a casa y estaremos juntos —saludó, una tarde fría de noviembre de 2004, Dolores Padierna a su esposo René Bejarano cuando lo vio detrás de los barrotes del Reclusorio Sur.

En medio de su desgracia se puso feliz al escucharla.
—Gracias por tu amor, por todo lo que me das —dijo buscando su mano como para obtener fuerzas de flaquezas y la miró con los ojos húmedos.

Te platico esto Joaquim, porque sin el matrimonio, IDN no sería el movimiento que ha sido y que ahora es.
En ese encuentro, después de que lo encarcelaron, los dos hablaron durante algunos minutos y ella expresó que seguiría a su lado hasta donde la suerte llevara sus pasos y sin arrepentimientos ni chantajes.

Luego, como para borrar la melancolía del rostro de su esposo, le dijo que afuera del reclusorio habría un campamento de personas de su movimiento que orarían y rezarían para que saliera muy pronto.

No faltó quien, de los cercanos a Padierna, murmurara que el divorcio era lo más conveniente para ella. Dolores, sin embargo, estaba dispuesta a morirse en la raya. Todavía recuerdo cómo, el día en que el pleno de la Cámara de Diputados desaforó a Bejarano, la hoy senadora golpeó con una botella de agua purificada que llevaba en la mano el rostro de una periodista.

—¿No cree que el señor Bejarano le ha hecho mucho daño a la ciudad? —le había preguntado Yuriria Sierra que trabajaba en un programa informativo de chacota en Televisa.
—¿Por qué me pega? —gritó.
—Porque ustedes nos han pegado más duro —respondió Padierna con el rostro enrojecido.

Joaquim, a ti te tocó narrar la imagen de Bejarano llevándose la maleta repleta de dólares. La divulgación del video fue como una bomba que explotó sobre la entonces llamada Ciudad de la Esperanza. Quedó evidenciado que en todos los partidos se cuecen habas, que la corrupción no es propia del PRI, cuyo último regente del DF había sido capturado en Nicaragua por el desvío de cuatrocientos veinte millones de pesos.

En el gobierno de López Obrador, el primer caso de podredumbre se había conocido dos días antes del escándalo del profesor. También mediante un video vimos como Gustavo Ponce reposaba con una barba descuidada de días sobre la mesa de un centro de apuestas de las Vegas y se mecía los cabellos quizá preocupado por haber perdido.

Quién sabe a quién dejaba encargada la Secretaría de Finanzas del DF para irse en vuelos privados a la zona VIP del casino del hotel Bellagio.

En menos de un año, Ponce había hecho treinta y siete viajes. Tenía cuenta abierta y era considerado cliente distinguido. Las investigaciones revelarían que desvió más de treinta millones de pesos de la Tesorería capitalina para apostar. Al principio López Obrador no denunció a su secretario sólo dijo que debía una explicación.

—Todos son una pinches ratas asquerosas —dijeron capitalinos indignados tras conocer los videos.
—Nomás llegan al cargo a chingar —expresaron otros en distintos sondeos.

Pero mientras Bejarano pasaba sus días en prisión, cuadrillas de perredistas de su grupo se movilizaban por toda la ciudad haciendo una tarea desafiante. Muy pocos o mejor dicho ninguno de los políticos caídos en desgracia que conozco han hecho lo que los perredistas leales al profesor: ir a ras de tierra intentando lavar la imagen de Bejarano.

Eran señalamientos horribles e injustos a causa de un error, me contó Leticia Quezada. La gente tenía la imagen metida en la cabeza, pero nosotros les explicábamos que se había tratado de un engaño. Obviamente, no fue nada fácil.

López Obrador tampoco se distanció con rapidez de Bejarano al conocer los videos. Es una conspiración de Salinas de Gortari, aseguró y negó hablar más del caso. Pero con el paso de los días fue imposible no decir más. Después de semanas declaró que su ex operador político había hecho algo inadecuado.

Pero el tiempo pasa rápido. Bejarano salió de la cárcel sin cargos. Esa ocasión fue recibido en su casa con mariachis mientras que quien le dio el dinero fue capturado en Cuba, extraditado y juzgado como delincuente. Dos días después de su libertad, Bejarano convocó a todo su grupo político a una reunión para planear la creación del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) y realizar giras de trabajo por todo el país.

Llevo como cinco vueltas a la República en tres años, confesó desafiante Bejarano con ese tono de cuando alguien se cree inmune a algo y dice que le hace lo que el viento a Juárez. Lo declaró en noviembre de 2008, un día antes de hacer su segunda reaparición pública en el Monumento a la Revolución para dar a conocer el MNE, hilvanado a hurtadillas.

Quizá también recordarías que la primera vez que estuvo en un acto político, después de los videos, fue en febrero de 2008 en el Foro Cultural Azcapotzalco. Ahí pidió a más de seiscientos perredistas votar por Alejandro Encinas en las elecciones a la presidencia del PRD. Encinas, ese hombre con parecido físico al de Santa Claus, era el candidato de López Obrador que enfrentaría a Jesús Ortega de la corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como Los Chuchos.

Pero su segunda aparición, la del Monumento a la Revolución, sería abierta. Hizo declaraciones desde un día antes quizá como parte de una estrategia. Dejé de hacer política en el país. He seguido trabajando todo el tiempo. Lo que sucedió (los sobornos recibidos) desde luego es una acción moralmente cuestionable, añadió apelando al perdón social.

En todo ese tiempo no trabajó solo para su regreso, lo hizo de la mano de una familia muy especial: la López Obrador. El día de la presentación, ante unas veinticinco mil personas, hasta los seguidores de Andrés Manuel quedaron sorprendidos al enterarse que los hermanos de éste: José Ramiro, Arturo y Pío López Obrador, que no dan paso sin autorización del ex jefe de gobierno, serían los vínculos de Bejarano en Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala y Chiapas.

El profesor es un hombre incansable. Durante todo este tiempo recorrió el país. Se reunió con líderes. Hizo crecer el movimiento. Laura Velázquez, también de su grupo y ex secretaria de Desarrollo Económico en la administración de Marcelo Ebrard, quien le concedió cuotas políticas, me dijo que cada funcionario o diputado de IDN entrega cierta cantidad de dinero al mes para sufragar los viajes y todo lo que se requiera para solventar los gastos del movimiento.

Para que veas cómo se maneja con simulación la política interna del PRD, te platico que el 14 de marzo de 2007, la dirigencia nacional del partido encabezada entonces por Leonel Godoy firmó un acuerdo que prohibía a los perredistas acercarse a Bejarano o de lo contrario se impondría una pena de suspensión de derechos políticos. Pero en marzo de 2011, año de tu muerte, durante el Consejo Político Nacional en que supuestamente se elegiría nuevo dirigente nacional, Bejarano llamó la atención de los periodistas al cruzar la puerta de un salón de la Expo Reforma con una sonrisa burlona.

—Nunca me fui del PRD —dijo.
—¿Solicitará de manera formal su regreso al PRD? —preguntó una reportera después de que el político quedara en medio de una bola de periodistas.
—Pues ya me reafilié. Había pedido una licencia, pero ya estoy reafiliado —y sacó su nueva credencial de perredista.
La presumió a la altura de su barbilla para ser retratado.
—¿Cuándo?
—Antier —contestó muy quitado de la pena.

Bejarano había aprovechado el vacío de liderazgo nacional en el PRD para volver, pues como casi siempre ocurre en estos procesos de transición en el partido, los acuerdos llegaron muchos días después de lo previsto. A partir de allí siguió recorriendo el país en busca de líderes de organizaciones dispuestos a dejarse aglutinar. Andrés Manuel me apoya, decía a los hombres y mujeres con los que se encontraba. Esto me lo contaron sus aliados en los meses que viajé a varios estados por los que seguí a los candidatos presidenciales del PRI, PAN y PRD en la campaña de 2012.

Las peleas entre corrientes en el PRD cada que hay procesos de elección interna son tan previsibles como decir que el sol sale de día. No hay indicios que hagan suponer que van a cambiar ciertas mañas. También todo parece indicar que mientras estén en el mismo partido, Los Chuchos serán los adversarios de Los Bejaranistas y viceversa. Lo que nunca se sabe es qué grupos de los muchos que tiene el partido con menor representación se aliarán con Los Bejaranistas o Los Chuchos. Eso, estoy seguro que lo recordarías muy bien, depende de los intereses del momento.

En la contienda de 2011 para suceder a Jesús Ortega había dos candidaturas previsibles. Una era la de Los Chuchos. El candidato de Ortega era su tocayo Zambrano, conocido entre sus compañeros como El Tragabalas porque en su juventud durante una protesta un agente le disparó a la cara: la ojiva le entró por la boca y salió por la quijada. La otra carta fuerte era Dolores Padierna, quien supo representar bien a su esposo al frente de la corriente IDN durante el tiempo que él pasó a escondidas formando el MNE, que en el proceso interno acabó sumándose con todo a favor de IDN.

La peor crisis interna del partido había sucedido en 2008 cuando Ortega y Encinas mantuvieron una riña por la disputa de la dirigencia que se prolongó por casi un año. Aunque los tribunales concedieron el triunfo a Ortega, el grupo de Padierna que apoyaba a Encinas ganó perdiendo, como decimos acá en México, pues diversas corrientes internas se hicieron aliadas suyas.

Ya te decía que en el nuevo proceso de 2011 la contienda parecía ser entre Padierna y Zambrano, pero de última hora apareció un tercer contrincante que se registró en el proceso para renovar la dirigencia nacional. Se trató del joven diputado Armando Ríos Piter. Éste no desmintió ser el candidato de Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de 2012.

El diputado hizo una buena campaña en tan sólo unas horas. Se ofreció entre sus compañeros como la sangre nueva que necesitaba el partido. Logró buenos resultados, aun cuando en un inicio nadie daba un peso por él.

Fue el factor que le restó votos a Padierna, quien tuvo que conformarse con la secretaría general del PRD. Sin embargo, desde ese cargo ella, aconsejada por Bejarano, habría de negociar posiciones políticas en los estados del país que su amado esposo no dejaba de recorrer.

Antes de volver a contarte del caso Oaxaca, Joaquim, que ilustra muy bien todo lo que hizo en el país te voy a dar un contexto. En 2001, un grupo de perredistas salió del DF no sólo hacía Oaxaca sino a Veracruz, Guerrero y Tabasco con el sueño de expandir la corriente IDN. Iban Javier Hidalgo, Martí Batres, Lizbeth Rosas, Lenin López y otros jóvenes soñadores de izquierda. El proyecto les cuajó en el sureste del país a partir de ese año. Pero en Oaxaca, en 2007, la fuerza de IDN se acabó como consecuencia de los videos de su máximo líder en los que fue pescado con las manos en la masa, según me contó Lenin López, actual funcionario en el gobierno de Gabino Cué.

En esos seis años de gloria para IDN, Los Bejaranistas estuvieron a nada de adueñarse de la presidencia del PRD en Oaxaca. Tenían la secretaría general cuando Televisa divulgó la penosa imagen. La mantuvieron dos periodos, ganaron la coordinación de los diputados de 2004 a 2007, y metieron a ocho legisladores en el Congreso local. Luego, todo se derrumbó.

Fue a partir del año pasado, gracias a la pelea por la presidencia que dio Dolores Padierna y a esas extrañas alianzas internas, que como te digo, sólo ocurren en el PRD, que IDN volvió a reagruparse. Ya con su credencial de afiliado, Bejarano continuó con sus visitas a Oaxaca y consolidó un fuerte equipo, me contó un integrante de la dirigencia del PRD en ese estado.

Hugo Jarquín es el líder de la organización Ocho Regiones conformada por vendedores ambulantes que suelen participar en movilizaciones contra el gobierno de Oaxaca para exigir recursos. Vio la conveniencia de aliarse a la corriente del profesor debido a que estaba confrontado con todos los grupos del PRD. Para Jarquín era un atractivo. No haberse sumado a Bejarano habría significado su sentencia de muerte política. También se unieron Roberto López Rosado, dirigente municipal del Istmo de Tehuantepec; Rosalinda Domínguez, de Juchitán, y otros importantes líderes regionales.

¿Qué representaba Oaxaca en las presidenciales de 2012? Uno de los diez estados del país que registran mayor votación electoral.

Días después de mi tercera visita a la entidad de Benito Juárez encontré a René Bejarano tomando té en la librería el Péndulo de la Condesa, ciudad de México. Algo de eso publiqué en el portal Animalpolitico.com para el que cubrí el proceso electoral. Él estaba sentado en una mesa con un traje gris rata. Mientras él esperaba a un amigo suyo, una hermosa muchacha de cabello rubio y ojos claros se le acercó a saludarlo y le pidió dejarse retratar con él.

Después me acerqué y le conté mi interés de entrevistarlo sobre su retorno a la política, su participación en el proceso electoral, su liderazgo en IDN y cómo hizo para levantarse.
Fue amable pero dijo que otro día con mucho gusto. Traía dos celulares en la mano. Nada más quiso darme uno de los números. Después de algunas llamadas supe que nunca contesta personalmente, sino una mujer del servicio ejecutivo de Iusacell que no sé si le pase los recados.

Con quien medio pude hablar en campaña, querido colega, fue con Jarquín. Es un tipo medio gordito, de pelo cano y estatura baja, que públicamente y sin ruborizarse ha dicho que su movimiento es un mal necesario. Una mañana soleada de junio lo encontré en el aeropuerto, donde esperaba la llegada de Andrés Manuel, quien más tarde tendría un mitin en el centro de Oaxaca. Admitió las visitas permanentes que el profesor hacía al estado para trabajar a favor de los candidatos de IDN al Congreso y del candidato presidencial del PRD.

Nosotros tenemos nuestras propias organizaciones, nuestros propios grupos sociales, pero en lo político nos ha fortalecido mucho la asesoría y respaldo político del profesor en campaña, me dijo después de que le pregunté su opinión sobre las visitas de René Bejarano a su estado.

—¿Cuántas veces ha venido en este mes? —insistí.
—Está muy de cerca…, ahorita te digo, eh. Voy a ver si ya llegó Andrés Manuel —cortó la conversación y desapareció.

El registro de Jarquín como candidato lo tramitó Bejarano y apenas lo logró debido a que el líder de los ambulantes tenía suspendidos sus derechos políticos, porque estaba acusado de invadir predios en la entidad. Dolores Padierna fue clave.

Por instrucciones del profesor, Jarquín hacía campaña a favor de Andrés Manuel. Un día, por ejemplo, recorrió los mercados invitando gente al mitin del día 17 de julio con López Obrador. Sabemos que el triunfo está cada vez más cerca. Andrés Manuel es el único que puede enfrentar los problemas del país porque conoce todos los municipios de Oaxaca y de México, dijo Jarquín en el mercado del centro. La cantaleta la repitió durante la campaña en diferentes puntos del estado. ¿Y qué te digo de López Obrador? Hacía todo por deslindarse de su ex operador político. Ya no lo veo desde hace como ocho años, decía. Ni René ni Dolores Padierna forman parte de mi equipo, agregó antes y durante el proceso.

El 1 de julio, López Obrador perdió la presidencia, pero Jarquín y casi cuarenta candidatos a diputados federales y senadores apoyados por IDN y el profesor como los oaxaqueños aseguraron su espacio en el Congreso.

El centro de reuniones de Bejarano es una casona de dos pisos donde los integrantes de IDN llegan todos los martes a las ocho de la noche. Está ubicado en Isabela Católica 1003, en la colonia Niños Héroes. Llueva, truene, o relampagueé o así sea 25 de diciembre o 1 de enero o hasta el día de sus cumpleaños todos deben asistir al encuentro con su líder. Son los días de sermón del profesor. El objetivo primeramente es ir por las presidencias del partido en los estados, dijo en uno de los encuentros del año pasado.

Pero también sabe escuchar a cada uno. En octubre, uno de sus futuros diputados federales alertó de que en Chiapas el PRD estaba en riesgo con el entonces gobernador Juan Sabines. Creemos que hay una persecución política en contra de los compañeros, expuso ese perredista. Y Bejarano no perdió tiempo. En ese mismo instante designó a una comisión que se encargarían de viajar. La encabezaría Laura Velázquez, ex secretaria de Desarrollo Económico del GDF. Haz de saber que las reglas del profesor además consisten en que cada funcionario o legislador en activo debe adoptar un estado y mantener con la cuota mensual el trabajo político para apoyar el crecimiento de IDN en aquellas entidades que con anterioridad han sido exploradas por el profesor.

En este 2013 habrá elecciones en catorce estados del país. En Baja California se va renovará la gubernatura. En la mayoría de las entidades ya se le adelantó a Los Chuchos a hacer trabajo político. Pregunté a una diputada sí su jefe es autoritario y me contestó que le gusta resolver las cosas de la siguiente manera: Ésa es mi opinión. Ustedes saben si la toman o no. Hasta ahorita, me dijo la misma legisladora, no ha habido quien se atreva a llevarle la contraría.

El profesor tiene otras dos propiedades que también usa para sus citas. Una está en Azcapotzalco y la otra es su propia casa en la delegación Benito Juárez, donde organiza cenas. Pero buena parte del tiempo se la pasa viajando por el país para el crecimiento de IDN.

Después de las elecciones presidenciales de julio, Joaquim, mientras López Obrador desconocía los resultados del IFE que daban la victoria a Peña Nieto a quien acusa de haber comprado votos, René Bejarano se fijó nuevos propósitos: buscar a líderes de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), con la que Los Chuchos han sostenido una tradicional alianza que les ha permitido sostener el manejo del PRD. ¿El objetivo? Destronar a sus tocayos.

Antes de que se me olvide quiero contarte que ahora que el ex candidato presidencial renunció al PRD he tenido dos versiones encontradas sobre él y Bejarano. Por un lado, me han dicho que el plan de ambos es que el ex candidato presidencial tomará el control de Morena, partido que está conformando, mientras su ex operador se hace del PRD pensando en ‘. Pero por el otro está la versión de que Bejarano apuesta a consolidar el PRD para convertirse en la principal figura de izquierda en el país. ¡Creélo! Eso viene de boca de un sector del perredismo.

Cualquiera que fuera el caso, la coyuntura lo muestra como un tipo con suerte. Te explicó por qué: encontró el pretexto ideal para declararle la guerra abierta a Los Chuchos cuando éstos firmaron el Pacto por México con el presidente Peña Nieto.

Alejandro Sánchez Camacho, viejo incondicional del matrimonio y quien sustituyó a Padierna en la Secretaría General del PRD para que ésta asumiera como senadora, aseguró que Zambrano no cuenta con el aval de la Comisión Política Nacional para la firma del pacto. Enojado hizo lo mismo cuando se suscribió el acuerdo para la reforma educativa. ¿Habrían vendido caro su rechazo? Luis Videgaray, el secretario de Hacienda de Peña Nieto, se ha sentado con Dolores a tomar café en privado.

Después me acerqué y le conté mi interés de entrevistarlo sobre su retorno a la política, su participación en el proceso electoral, su liderazgo en IDN y cómo hizo para levantarse.
Fue amable pero dijo que otro día con mucho gusto. Traía dos celulares en la mano. Nada más quiso darme uno de los números. Después de algunas llamadas supe que nunca contesta personalmente, sino una mujer del servicio ejecutivo de Iusacell que no sé si le pase los recados.

Con quien medio pude hablar en campaña, querido colega, fue con Jarquín. Es un tipo medio gordito, de pelo cano y estatura baja, que públicamente y sin ruborizarse ha dicho que su movimiento es un mal necesario. Una mañana soleada de junio lo encontré en el aeropuerto, donde esperaba la llegada de Andrés Manuel, quien más tarde tendría un mitin en el centro de Oaxaca. Admitió las visitas permanentes que el profesor hacía al estado para trabajar a favor de los candidatos de IDN al Congreso y del candidato presidencial del PRD.

Nosotros tenemos nuestras propias organizaciones, nuestros propios grupos sociales, pero en lo político nos ha fortalecido mucho la asesoría y respaldo político del profesor en campaña, me dijo después de que le pregunté su opinión sobre las visitas de René Bejarano a su estado.

—¿Cuántas veces ha venido en este mes? —insistí.
—Está muy de cerca…, ahorita te digo, eh. Voy a ver si ya llegó Andrés Manuel —cortó la conversación y desapareció.

El registro de Jarquín como candidato lo tramitó Bejarano y apenas lo logró debido a que el líder de los ambulantes tenía suspendidos sus derechos políticos, porque estaba acusado de invadir predios en la entidad. Dolores Padierna fue clave.

Por instrucciones del profesor, Jarquín hacía campaña a favor de Andrés Manuel. Un día, por ejemplo, recorrió los mercados invitando gente al mitin del día 17 de julio con López Obrador. Sabemos que el triunfo está cada vez más cerca. Andrés Manuel es el único que puede enfrentar los problemas del país porque conoce todos los municipios de Oaxaca y de México, dijo Jarquín en el mercado del centro. La cantaleta la repitió durante la campaña en diferentes puntos del estado. ¿Y qué te digo de López Obrador? Hacía todo por deslindarse de su ex operador político. Ya no lo veo desde hace como ocho años, decía. Ni René ni Dolores Padierna forman parte de mi equipo, agregó antes y durante el proceso.

El 1 de julio, López Obrador perdió la presidencia, pero Jarquín y casi cuarenta candidatos a diputados federales y senadores apoyados por IDN y el profesor como los oaxaqueños aseguraron su espacio en el Congreso.

El centro de reuniones de Bejarano es una casona de dos pisos donde los integrantes de IDN llegan todos los martes a las ocho de la noche. Está ubicado en Isabela Católica 1003, en la colonia Niños Héroes. Llueva, truene, o relampagueé o así sea 25 de diciembre o 1 de enero o hasta el día de sus cumpleaños todos deben asistir al encuentro con su líder. Son los días de sermón del profesor. El objetivo primeramente es ir por las presidencias del partido en los estados, dijo en uno de los encuentros del año pasado.

Pero también sabe escuchar a cada uno. En octubre, uno de sus futuros diputados federales alertó de que en Chiapas el PRD estaba en riesgo con el entonces gobernador Juan Sabines. Creemos que hay una persecución política en contra de los compañeros, expuso ese perredista. Y Bejarano no perdió tiempo. En ese mismo instante designó a una comisión que se encargarían de viajar. La encabezaría Laura Velázquez, ex secretaria de Desarrollo Económico del GDF. Haz de saber que las reglas del profesor además consisten en que cada funcionario o legislador en activo debe adoptar un estado y mantener con la cuota mensual el trabajo político para apoyar el crecimiento de IDN en aquellas entidades que con anterioridad han sido exploradas por el profesor.

En este 2013 habrá elecciones en catorce estados del país. En Baja California se va renovará la gubernatura. En la mayoría de las entidades ya se le adelantó a Los Chuchos a hacer trabajo político. Pregunté a una diputada sí su jefe es autoritario y me contestó que le gusta resolver las cosas de la siguiente manera: Ésa es mi opinión. Ustedes saben si la toman o no. Hasta ahorita, me dijo la misma legisladora, no ha habido quien se atreva a llevarle la contraría.

El profesor tiene otras dos propiedades que también usa para sus citas. Una está en Azcapotzalco y la otra es su propia casa en la delegación Benito Juárez, donde organiza cenas. Pero buena parte del tiempo se la pasa viajando por el país para el crecimiento de IDN.

Después de las elecciones presidenciales de julio, Joaquim, mientras López Obrador desconocía los resultados del IFE que daban la victoria a Peña Nieto a quien acusa de haber comprado votos, René Bejarano se fijó nuevos propósitos: buscar a líderes de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), con la que Los Chuchos han sostenido una tradicional alianza que les ha permitido sostener el manejo del PRD. ¿El objetivo? Destronar a sus tocayos.

Antes de que se me olvide quiero contarte que ahora que el ex candidato presidencial renunció al PRD he tenido dos versiones encontradas sobre él y Bejarano. Por un lado, me han dicho que el plan de ambos es que el ex candidato presidencial tomará el control de Morena, partido que está conformando, mientras su ex operador se hace del PRD pensando en ‘. Pero por el otro está la versión de que Bejarano apuesta a consolidar el PRD para convertirse en la principal figura de izquierda en el país. ¡Creélo! Eso viene de boca de un sector del perredismo.

Cualquiera que fuera el caso, la coyuntura lo muestra como un tipo con suerte. Te explicó por qué: encontró el pretexto ideal para declararle la guerra abierta a Los Chuchos cuando éstos firmaron el Pacto por México con el presidente Peña Nieto.

Alejandro Sánchez Camacho, viejo incondicional del matrimonio y quien sustituyó a Padierna en la Secretaría General del PRD para que ésta asumiera como senadora, aseguró que Zambrano no cuenta con el aval de la Comisión Política Nacional para la firma del pacto. Enojado hizo lo mismo cuando se suscribió el acuerdo para la reforma educativa. ¿Habrían vendido caro su rechazo? Luis Videgaray, el secretario de Hacienda de Peña Nieto, se ha sentado con Dolores a tomar café en privado.

Busqué a Luis Sánchez, uno de los líderes de ADN. Su movimiento había sido un viejo aliado de Los Chuchos, pero ha sido buscado por Bejarano. Esto fue lo que me dijo: Los Chuchos me hacen recordar a Rafael Aguilar Talamantes, líder del extinto Partido Socialista de los Trabajadores, cuya principal función era negociar con el poder, no había otra cosa para ellos. He leído, añadió, a Jesús Ortega denostando a todo aquel que no piensa como él.

—¿Y René Bejarano? —pregunté.
—Con Los Chuchos hubo alejamiento a partir de marzo. Zambrano golpeó a ADN. Nos quitó candidaturas en los estados. De manera sorprendente le dio el apoyo a René Bejarano.
—¿Y ahora que Bejarano los busca?
—Pasado ese evento de la distribución de candidaturas, coincidimos con René en que hay acciones de Zambrano que no son las correctas y por eso tenemos acercamientos. Si unimos fuerzas ADN e IDN somos más que Los Chuchos. La alianza en este momento con Bejarano y ADN es vigente, tenemos que darle rumbo al partido.

Te voy a confesar algo que no alcancé a decirte. Después de que un juez sorprendió con su fallo al liberarlo de la cárcel, Bejarano andaba por las calles con languidez escurridiza. Se disfrazaba con gafas negras y se ponía la visera de la gorra a la altura de las cejas como cuando lo encontré en la sala de urgencias del Hospital Ángeles de la Escandón a donde él ingresó a causa de una infección en el estómago y yo a consecuencia de un choque automovilístico.

Un amigo al que le conté, recordó, guardando la dimensión del caso, al legendario boxeador Floyd Patterson, quien después de sus derrotas por nocaut se montaba, profundamente deprimido y humillado, unos bigotes falsos y espejuelos oscuros para ocultar su auténtico rostro durante meses y cuando alguien llegaba a reconocerlo se hacía pasar por su hermano.

Pero la identidad oculta del profesor es cosa del pasado. Volviendo con el inicio de esta historia, René Bejarano está ahorita disfrutando de su segunda fiesta en el piso cincuenta y uno de la Torre Mayor, que él ha preparado con pretexto de la bienvenida del embajador de Cuba en México ante quien se levanta y dirige unas palabras. Hace un repaso de la izquierda en los países de América Latina con gran lucidez: sin siquiera traer una anotación en una hojita de papel.

Ya te volveré a escribir Joaquim, para contarte si el profesor pudo o no derrocar a Los Chuchos.

Por ahora te dejo con esto: tan pronto termina su discurso ante el embajador aparecen el mariachi San Francisco. Y Bejarano se pone a tararear: “Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono, ni reina ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey”. //

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Soya transgénica invade México

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/03/10/soya-transgenica-invade-mexico/

⇒ Parte I: Soya transgénica invade México
Parte II: Soya transgénica, riesgosa para la biodiversidad mexicana
Parte III: Conabio perdió el carácter vinculante de sus opiniones durante el panismo

En 7 años, las autoridades mexicanas han concedido a las trasnacionales Monsanto y PHI México 43 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en el país, en las fases experimental y piloto. Una reciente autorización concede la siembra de 253 mil hectáreas del grano genéticamente modificado a escala comercial

Primera parte

 

El gobierno mexicano autorizó a Monsanto Comercial, SA de CV, la siembra de soya transgénica a escala comercial en siete estados de la República Mexicana: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.

El permiso, dado en junio de 2012, que libera 253 mil 500 hectáreas es el más reciente de un total de 44 autorizaciones aprobadas en 7 años por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la siembra de soya transgénica en las fases experimental y piloto.
A decir de Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), la siembra de transgénicos hasta ahora no ha significado ningún riesgo. “Cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”.
No obstante, a la solicitud de siembra comercial de Monsanto respondieron con opiniones negativas la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el entonces Instituto Nacional de Ecología (INE, ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Las opiniones se derivan de la evaluación y el análisis de riesgo que hacen los expertos que congregan dichas comisiones y el Instituto, y del estudio de los reportes elaborados por las trasnacionales tras las siembras experimentales y piloto.
La posible filtración de agroquímicos (glifosato) a los mantos acuíferos, la colindancia de los polígonos liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas, la afectación a otras actividades económicas de la región, el desarrollo de resistencia a malezas y los posibles efectos a organismos no objetivo son algunos de los argumentos que presentaron las tres dependencias.
Pese a ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –quien estudió las opiniones de la Conabio, la Conanp y el INE para emitir su opinión– dijo “sí” a los transgénicos. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), vigente desde 2005, establece como vinculante la opinión de la Semarnat para permitir el cultivo de transgénicos en el país. Con el aval de esta dependencia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entregó la autorización a la peticionaria.
Infografía:

⇒ Parte I: Soya transgénica invade México
Parte II: Soya transgénica, riesgosa para la biodiversidad mexicana
Parte III: Conabio perdió el carácter vinculante de sus opiniones durante el panismo

Textos relacionados

Fuente: Contralínea 325 / marzo 2013

Los jóvenes mexicanos abrazan el suicidio

11 de enero de 2013
Los jóvenes mexicanos abrazan el suicidio
Juan Pablo Proal
Has tenido una vida. Ha habido momentos en que tenías una vida. Cierto, ya no te acuerdas muy bien; pero hay fotografías que lo atestiguan. Probablemente era en la época de tu adolescencia, o poco después. ¡Qué ganas de vivir tenías entonces! La existencia te parecía llena de posibilidades inéditas. Podías convertirte en cantante de variedades; o irte a Venezuela.

Michel Houellebecq.

Uno de los discursos más gastados apunta al lugar común: “invirtamos en nuestro futuro, los jóvenes”. Si hacemos un corte de caja hasta este momento, podemos decir que el saldo final advierte que México apostó a perder. Las nuevas generaciones fueron alimentadas con veneno, bombardeadas con frustrados sueños artificiales y explotadas por la cruel cultura de la ganancia sin escrúpulos.

La investigadora Emilia Lucio, de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, dio la bienvenida a 2013 con una cifra que paraliza: el suicidio juvenil es una de las tres causas de muerte en menores de edad, precedida por los accidentes automovilísticos y el cáncer.

Una de las características naturales de la condición humana es la tristeza y la frustración; así como alcanzamos estados de plenitud o dicha, también experimentamos dolor y depresión. No es extraño que algunos pensemos en algún momento en el suicidio, pero es sólo eso, un mal momento, una temporada de crisis, una idea que se consume. Quien decide ponerle punto final a la experiencia de vida es porque llegó a un estado de desesperanza extremo y permanente.

De acuerdo con los más recientes estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría, los suicidios entre niños se incrementaron 150 por ciento y en jóvenes un 74 por ciento.  ¿Qué hace que una generación entera acelere sus estados de hartazgo? Basta leer los indicadores sociales para encontrar pistas contundentes.

En México seis de cada diez jóvenes no estudian ni preparatoria ni universidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En los tiempos de la brutal competencia para entrar al mercado laboral, carecer de estudios profesionales es casi garantía absoluta de ser excluido del mundo profesional y, por ende, de concretar los más elementales anhelos de la vida adulta.

El porcentaje restante de los jóvenes mexicanos no estudia ni trabaja o, si tiene alguna remuneración, está sumido en la infame explotación del subempleo. En la última década el desempleo en este sector de la población pasó de 5.3 a 10.3 por ciento. Y siete millones de jóvenes no realizan actividades académicas o laborales.

De acuerdo con el INEGI, sólo el 30 por ciento de los egresados encuentra empleo en el primer año y de ese porcentaje, únicamente una tercera parte se desenvuelve en actividades relacionadas con las carreras que estudió.

Pocos concluyen la preparatoria (51.2 por ciento) y muchos menos continúan sus estudios a los 20 años de edad (22 por ciento). Además, hay una ola de jóvenes excluidos del sistema educativo del país debido a la escasa oferta de universidades públicas. Año con año, miles tocan una y otra vez la puerta de alguna institución, sufriendo la terrible experiencia del rechazo. En el periodo de admisión 2012, la UNAM no aceptó al 90 por ciento de los aspirantes, el equivalente a 60 mil personas.

En ese lapso, estos jóvenes, en su amplia mayoría miembros de familias que viven al día y cubriendo las mínimas necesidades básicas, se ven orillados a ser presas de la explotación del sistema de consumo. El 66 por ciento de menores de entre 12 y 24 años padecen el subempleo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Están disfrazados con gorritos ridículos en franquicias norteamericanas que les retribuyen horas y horas de explotación con ínfimos pagos. Carecen de prestaciones y conviven con sueños que comienzan a frustrarse por la realidad.

Las universidades privadas de calidad están ceñidas a la elite. A veces ofrecen pequeñas concesiones y becas para incluir a la clase media. Algunos pocos logran entrar en instituciones de pésimo prestigio, negocios ruines que lucran con la esperanza de los estudiantes. En los últimos seis años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) sancionó a cuatro de cada diez programas de licenciatura de universidades privadas por no cumplir con los requisitos de calidad (El Universal, 9 de enero de 2013).

“No nos culpen por querer ser ricos y famosos, éramos extremadamente pobres”, con estas palabras el vocalista de la banda The Who, pilar del rock británico, explica en el documental Amazing Journey la travesía que vivió para cumplir sus sueños juveniles en medio de una nación azotada por la posguerra. La cultura de consumo y los medios masivos han hecho de este, el sueño americano, el símbolo de la realización humana. Los contenidos para jóvenes apuntan a ese trayecto: conseguir una mujer físicamente perfecta o un hombre con músculos torneados, automóviles deportivos, casas en la playa, alcanzar la fama, gozar de vacaciones frente al mar, ropa de diseñador actualizada a la temporada en turno, el teléfono más moderno… Esta imagen frustrante llega a todos los hogares, a todos los jóvenes mexicanos.

Aplastados por una realidad ajena a los espejismos de la mercadotecnia, sin estudios, trabajo digno ni esperanzas, muchos de estos jóvenes son quienes finalmente se incorporan a los indicadores de adicción, a las filas del narcotráfico y a las estadísticas de suicidio anual.

Cuatro de cada cien jóvenes mexicanos son alcohólicos y el 1.5 por ciento son drogadictos, según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011; peor aún, cerca de un millón son vulnerables a caer en manos del crimen organizado (El Universal, noviembre de 2010).

En el saldo de la narco-economía, la población más afectada también es la juvenil. Un total de mil 746 estudiantes fueron reportados como desaparecidos en el sexenio anterior (Proceso, 1887). Y la tasa de homicidios por cada cien mil personas afectó a 7.71 jóvenes de entre 20 y 24 años de edad; 6.6, de 25 a 29 y 5.6 de 15 a 19.

Si es verdad que el futuro de cada nación radica en sus jóvenes, los años venideros serán para México mucho más crueles que los ya vividos. La realidad actual es apenas un asomo de lo que viene.

No podemos esperar un futuro alentador para una generación que fue excluida, pisoteada, explotada y ridiculizada. A la que se le vendieron sueños artificiales que tal vez nunca podrá concretar.

Se acepta como una verdad que, mientras esté en sus manos, el ser humano sólo tiene una opción: vivir o morir. En su ensayo El mito de Sísifo, el Nobel de Literatura francés Albert Camus lo plantea mejor: “No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio”. Está claro que, con impactante velocidad, cada vez más jóvenes mexicanos eligen ponerle fin a todo. Y esto es un reflejo del fracaso de México como nación.

Transgénicos llegan al DF

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/01/08/transgenicos-llegan-al-df/
8. enero, 2013 Elva Mendoza

Las principales concentraciones urbanas del país esperan la llegada de maíz transgénico proveniente de los estados norteños de Sinaloa y Tamaulipas. Los habitantes del Distrito Federal, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, entre otras ciudades, consumirán, indiscriminadamente, tortillas, tamales, pozole o edulcorantes hechos con el maíz MON 603, el mismo grano con el que fueron alimentadas 200 ratas que desarrollaron tumores y muerte prematura luego de 4 meses de dieta. Pese a que el Gobierno del Distrito Federal cuenta con un Programa de Protección de las Razas de Maíz, la estrategia únicamente evita la siembra del organismo modificado. Sobre el consumo, aclara la administración capitalina, no tiene injerencia

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que más de 8 millones de personas habitan la Ciudad de México. Con tan sólo 1 mil 500 metros cuadrados, que representa menos del 0.1 por ciento del territorio nacional, la metrópoli forma parte de la lista de las concentraciones urbanas más grandes del mundo, entre las que se encuentran Tokio, Japón; Nueva York, Estados Unidos; Bombay, India; Sao Paulo, Brasil; Shanghái, China; Dhaka, Bangladesh, y Buenos Aires, Argentina.

Sin posibilidades de frenar el consumo masivo del maíz MON 603  en la segunda ciudad más grande del mundo, el Gobierno del Distrito Federal se apresta a declarar su postura en contra de los organismos genéticamente modificados y aclara que no posee injerencia sobre ello.
México “debería de ir avanzando en la protección de sus cultivos, principalmente al ser centro de origen. Es su obligación. En el resto del país se tendría que estar avanzando para evitar cultivos de maíz transgénico”, dice Jorge Fuentes, exvocero de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a nombre de la entonces titular, Martha Delgado, quien no respondió personalmente a los cuestionamientos hechos por Contralínea.
Fuentes asegura que la posición de la Secretaría del Medio Ambiente, y de su titular, es en contra de los transgénicos. Explica que en la Ciudad se evita el contagio de especies a través del monitoreo en lo que corresponde a las siembras.
“El Gobierno del Distrito Federal es el único que tiene una declaratoria de protección de su territorio. Sin embargo, no tenemos injerencia en cuanto al consumo. Nuestra obligación es la protección y el campo de la Ciudad”.
De aprobarse las solicitudes ingresadas en septiembre de 2012 por las trasnacionales Monsanto y Pioneer Hi-Bred, en los próximos meses las concentraciones urbanas del país estarían consumiendo el maíz MON 603 proveniente de Sinaloa y Tamaulipas.
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio indica que las ciudades del país se sitúan sobre el 0.4 por ciento del territorio nacional, en alrededor de 800 mil hectáreas, y concentran al 65 por ciento de la población total mexicana.
A través del consumo diario de tortillas, tamales, pozole, edulcorantes, estabilizadores o excipientes, la población quedará totalmente expuesta a los efectos del organismo genéticamente modificado.
Infografía:

El Programa

El 29 de octubre de 2009, el gobierno del Distrito Federal publicó en su órgano informativo el Acuerdo por el que se Expide el Programa de Protección de las Razas de Maíz del Altiplano Mexicano para el Distrito Federal. En el documento, el gobierno de la Ciudad declara a su territorio libre de transgénicos y sienta los lineamientos para evitar que sobre el suelo de conservación se siembre maíz genéticamente modificado.
“Es interés del Gobierno del Distrito Federal generar los instrumentos y desarrollar las acciones encaminadas a proteger y preservar las razas de maíz del altiplano y sus variedades locales, garantizando su conservación y la sustentabilidad del territorio en que se produce, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los productores”, señaló el Ejecutivo local en el Acuerdo.
Se ha identificado que el altiplano del centro de México es uno de los centros de origen y domesticación del grano. Comprende al Distrito Federal, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, así como algunas regiones de Puebla, Morelos y Guanajuato.
Hasta ahora, en el suelo de conservación del Distrito Federal se han localizado seis razas de maíz nativo y más de 40 variedades, además, se ha identificado la presencia del teocintle.
En las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco existen 28 mil 599 hectáreas de uso agrícola y se cultivan anualmente alrededor de 3 mil hectáreas de maíz, principalmente para autoconsumo de la población rural de la Ciudad de México, por lo que se considera que el cultivo del grano en el Distrito Federal está fuertemente ligado a tradiciones culturales y en menor medida a su productividad.
Los primeros pobladores en la cuenca de México la habitaron hace 22 mil años, y se estima que los pueblos originarios se asentaron en los suelos de conservación desde hace unos 8 mil años.

Decadencia del suelo de conservación

No obstante que el otrora gobierno de Marcelo Ebrard avalara la importancia del suelo de conservación del Distrito Federal, también reconoce que el impulso a la urbanización hizo que se perdieran 17 mil hectáreas agrícolas y forestales.
Del total del territorio en el Distrito Federal, el 42 por ciento corresponde a áreas verdes. De acuerdo con información proporcionada por Luis Zambrano, investigador en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 2005 a 2009, el 15 por ciento del suelo de conservación había sido urbanizado.
En la década de 1940 los pueblos originarios estaban constituidos en núcleos agrarios, 81 eran ejidos y 12 comunidades. Hacia la década de 1970 quedaban únicamente 46 con propiedad social de la tierra.

Planteamientos del Plan de Protección

A pesar de no estar incluidas en los catálogos de los bancos de germoplasma (genes que se transmiten por reproducción a la descendencia), el gobierno del Distrito Federal considera que las razas de maíz de la Ciudad pueden ser consideradas como parte del acervo genético de los maíces característicos de la meseta central del altiplano de México.
“El suelo de conservación del Distrito Federal es una zona que naturalmente puede utilizarse como un reservorio del germoplasma nativo de la región de los valles altos de México y un área de protección del maíz mexicano para las generaciones futuras.”
Al identificar al maíz como bien común y patrimonio histórico, el Programa plantea proteger, preservar y garantizar la conservación de las razas del altiplano y sus variedades locales, a través del rescate, fomento y consolidación de los policultivos del agroecosistema milpa, con base en el maíz nativo; establecer sistemas y mecanismos de monitoreo permanente para prevenir, evitar y remediar la introducción de transgenes en las razas de maíz nativo; elaborar un padrón georreferenciado y un sistema de monitoreo permanente de productores y parcelas en las que se lleve a cabo la conservación y producción del grano originario; contar con fuentes seguras de semillas de maíz nativo; conocer los circuitos de las semillas de maíz que se siembran en suelo de conservación del Distrito Federal, así como la interrelación entre productores; supervisar el intercambio de semillas e identificar los circuitos de comercialización de semillas de maíz de dudosa procedencia o con contaminación transgénica; la creación de un museo de la diversidad del maíz de la Ciudad de México y el respeto a la legislación internacional en la materia.
En caso de contaminación con maíz transgénico, señala el gobierno del Distrito Federal, se procederá a la remediación a través de un análisis detallado del cultivo, semillas y partes vegetativas, y de un programa de limpieza genética desarrollada por investigadores del Colegio de Postgraduados y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
En febrero de 2012, la Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, inauguró el laboratorio de diagnóstico molecular para detectar granos alterados genéticamente. El centro de investigación tuvo un costo de más de 4 millones de pesos y se encuentra dentro de la Comisión de Recursos Naturales.
Textos relacionados:
Fuente: Contralínea 316 / enero de 2013

La desaparición forzada en América Latina

A Francisco Paredes Ruiz, a cinco años de su desaparición forzada ocurrida el 26 de septiembre de 2007, en Morelia, Michoacán

Todo te recuerda

Tu presencia la sentimos, y no estás.

¿Cómo describir tu presencia ausente?

Así, sencillamente así

como te sentimos, como nos animas,

como te miramos.

Francisco, resiste

como has resistido siempre,

sigue dándonos tu fuerza;

así nos ayudas a encontrarte.

¿Cuántos millones de personas han pasado por la historia?

¿Cuántos han dejado huella?

Hay millones y millones de desaparecidos anónimos

Pero no ustedes los detenidos desaparecidos.

Ustedes no han desaparecido;

sus nombres los tenemos con nosotros,

sus biografías son la historia.

Son parte de la lucha por la democracia

y las libertades fundamentales,

por ser más humanos.

Los desaparecidos son constructores de democracia

Francisco Michoacán,

Francisco Zirahuem,

Francisco Pueblo,

Francisco con nosotros.

En Michoacán eres tú,

Sin ti pero tú,

Todos te buscamos.

Te encontramos en Yanahui;

te vemos en la fuerte Cristina.

Francisco, ahora eres rostro de mujeres

que buscan con sonrisa viva y tierra.

Lucha y vida.

Francisco, miramos tu rostro,

apareces con nosotros;

fuiste a buscar a los demás,

y con ellos te encuentras.

Te acompañamos y te buscamos,

a ti y a todos hasta encontrarlos.

Adrián Ramírez López, Poemas disonantes

Annalisa Melandri* por Contralínea– México

En 2006 fue aprobada la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, consideradas “un ultraje a la dignidad humana”. Sin embargo, el fenómeno –lejos de ser un recuerdo de los años de las dictaduras– existe todavía, por ejemplo en México y en Colombia.

La desaparición forzada es considerada desde 1983 como un crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es, por lo tanto, imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o amnistía.

Se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).

Lamentablemente aún sigue perpetrándose en América Latina y en otras regiones del mundo, no obstante sean ya lejanos los lúgubres años de la Guerra Sucia y de las dictaduras.

Esa práctica era usada como instrumento de represión política en la llamada “guerra contrainsurgente” por la eliminación física de militantes y de opositores a los regímenes dictatoriales. Los desaparecidos eran activistas sociales, líderes comunitarios, sindicalistas, políticos y estudiantes.

A los militares latinoamericanos, cómplices de las dictaduras, la práctica de la desaparición forzada les pareció el crimen perfecto: sin aparente derramamiento de sangre, sin verdugos y, sobre todo, sin culpables porque de hecho no existía tampoco la víctima.

En cárceles clandestinas, en lugares de detención legales e ilegales, en casas privadas, los desaparecidos perdían su identidad de seres humanos, de ciudadanos, de personas, para ser solamente un cuerpo en manos de las ferocidades más atroces. La muerte bajo tortura o por eliminación directa, frecuentemente, era la conclusión del periodo de desaparición forzada.

En este escenario reinaba la impunidad: no existía el verdugo porque no había una víctima.

Recordamos la Argentina de los generales. Desde 1976 hasta 1983 han sido 30 mil los desaparecidos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, hasta los neonatos, entregados ilegalmente en adopción a las familias de los generales después de que las madres habían sido arrestadas y recluidas hasta el momento del parto y luego desaparecidas en los llamados “vuelos de la muerte” sobre el Río de la Plata.

El exdictador Jorge Videla, quien está pagando en una cárcel militar una condena a cadena perpetua por crímenes cometidos durante la dictadura, ha recientemente confesado haber asesinado entre 7 mil y 8 mil personas. Los cuerpos de éstas han sido desaparecidos para evitar la atención de la comunidad internacional.

En México, el periodo conocido como Guerra Sucia (en las décadas de 1960 y 1970) fue caracterizado por una dura política represiva del gobierno con la intención de romper la unidad del tejido social y desmovilizar la resistencia armada, que se estaba difundiendo rápidamente en las zonas rurales del país. Sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca se registraron más de 1 mil 300 casos de desapariciones forzadas. La mitad solamente en Guerrero, donde eran activas las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez.

Y así en el resto de toda América central: El Salvador, Guatemala, Honduras han sido el laboratorio perfecto desde la década de 1980 para experimentar técnicas de contrainsurgencia. En otros países de América Latina, como Colombia y Perú, las desapariciones forzadas han sido práctica de Estado para reprimir la rebelión y frenar así cualquier reivindicación social.

Hasta 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas. Firmada en París, Francia, el 6 de febrero de 2007, ésta se logró después de 25 años de luchas llevadas por asociaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos y por las asociaciones de los familiares de los desaparecidos. La Convención reafirma los principios de la precedente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de 1992 y estipula precisas disposiciones a las que deben atenerse los Estados.

La Convención ratifica formalmente dos nuevos derechos humanos: “el derecho de cada persona a no ser desaparecido y el derecho a la verdad para las víctimas de las desapariciones forzadas” (Gabriella Citroni, delegada para Italia ante las Naciones Unidas).

La Convención cobró vigencia el 23 de diciembre de 2010, después de la vigésima ratificación. Aunque Italia ha firmado la Convención del 3 de julio de 2007, aun no la ha ratificado.

¿Las desapariciones forzadas pueden considerarse un triste recuerdo del pasado? Louise Arbour, Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, en un artículo escrito a la vigilia de la firma de la Convención en París en 2007, recordaba cómo, “solamente en 2006, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, recibió más de 300 nuevos casos provenientes de 12 países alrededor del mundo. Y esto es sólo la punta del iceberg, dado que muchos casos no llegan a ser presentados ante el Grupo de Trabajo”.

A título emblemático recordamos la desaparición el 18 de septiembre de 2006, en Argentina, de Julio López, el 31 mil desaparecido en la dictadura, testigo clave en los juicios contra los militares y la policía de Buenos Aires, desaparecido ya una primera vez por tres años (1976–1979).

En México, la desaparición forzada es una práctica que sigue siendo utilizada también en tiempos más recientes, aunque con características diferentes respecto al pasado. El doctor Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, menciona los “más de 15 mil desaparecidos que se cuentan solamente en los últimos seis años del gobierno saliente de Felipe Calderón. Se dan en un contexto nuevo, que si bien no es estrechamente político, se caracteriza como una verdadera política de Estado”. Mejor dicho, de Estados: Ramírez responsabiliza a los gobiernos de México y de Estados Unidos, que con los operativos ilegales, como por ejemplo Receptor Abierto y Rápido y Furioso, han entregado un sinnúmero de armas a los grupos criminales que operan en el país, no solamente los que están vinculados al narcotráfico sino también los que dirigen trata de personas, de niños, del juego de azar, etcétera. Por las enormes ganancias y la completa impunidad, explica el doctor Ramírez, los grupos de elites de las Fuerzas Armadas han entrado masivamente en las citadas organizaciones. Además, agrega: “Lamentamos que Calderón haya vetado la Ley General de Víctimas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo avale”.

Colombia registra números escalofriantes: apenas hace un año, Christian Salazar, Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, ha afirmado que en ese país hay, a causa del conflicto armado, por lo menos 57 mil personas desaparecidas. De éstas, 15 mil 600 han desaparecido forzosamente por “agentes del Estado y por las fuerzas paramilitares que colaboran con él”.

También pueden considerarse como desapariciones forzadas los más de 3 mil casos de “falsos positivos”, cuando ciudadanos luego aparecen asesinados por los militares y disfrazados de guerrilleros supuestamente asesinados en combate, para así obtener premios monetarios o promociones de varios tipos.

La lucha contra la impunidad, pilar fundamental de un estado de derecho, no puede más que ir a la par con la lucha contra las desapariciones forzadas, que es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, ya que tiene efectos destructivos sobre la víctima, sobre sus familiares y en gran medida también sobre el cuerpo social al que pertenecen, disgregando como último pasaje también la cohesión del tejido social del país.

Algunas recientes sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respecto a casos de desapariciones forzadas:

Perú

El 22 de septiembre de 2009 la CIDH ha establecido la responsabilidad internacional de Perú por la desaparición forzada del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, el 16 de diciembre de 1993. Tenía 25 años y era un estudiante de economía de la Universidad Técnica del Callao. Agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano lo llevaron a un centro de detención clandestino llamado Pentagonito y hasta la fecha no se conoce su paradero.

Es una sentencia que crea jurisprudencia, porque ha condenado específicamente la violación al derecho de la víctima al reconocimiento de su personalidad jurídica: “la desaparición deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos”.

República Dominicana

El 2 de abril de 2012 la CIDH sentenció al Estado dominicano por la desaparición forzada de Narciso Gonzales Medina. El caso en el país se conoce como el “Narcizaso”.

Activista y periodista, desapareció el 26 de mayo de 1994. Hasta la fecha no se conoce su paradero y no se ha desarrollado una investigación efectiva de los hechos. En particular, fue comprobado por la CIDH que el señor Gonzales Medina al momento de la detención se encontraba bajo custodia de agentes policiales.

Además la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está investigando también el caso de Juan Almonte, miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, sospechoso de haber participado en un caso de secuestro, pero que también desapareció el 28 de septiembre de 2009.

Uruguay

En 2012 la CIDH ha condenado a Uruguay por la desaparición forzada en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y del secuestro de su hija recién nacida, María Macarena Gelman García, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman. De María Claudia no se tienen noticias desde entonces, su hija Macarena ha sido encontrada hace algunos años. Es un caso de desaparición forzada que se dio en el llamado Plan Cóndor.

México

Con una histórica sentencia, México ha sido condenado por la CIDH por el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en el marco de la llamada Guerra Sucia, en 1974. La sentencia se dio el 23 de noviembre de 2009 y el gobierno mexicano no ha cumplido lo substancial.

Entre los varios casos recientes de desapariciones forzadas en México, recordamos el de Francisco Paredes Ruiz, quien el 27 de septiembre pasado cumplió cinco años desaparecido. Francisco Paredes, luchador social y militante por la defensa de los derechos humanos de larga trayectoria humana y política, pertenece a la Fundación Diego Lucero. El caso de su desaparición forzada se inserta en un contexto de criminalización de protesta social y de persecución contra los defensores de derechos humanos.

*Integrante del Área de Cooperación Internacional de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (artículo escrito en su versión original en italiano para la revista digital L’Indro)

Fuente: Contralínea 305 / octubre de 2012

Trasnacionales, dueñas de los alimentos “mexicanos”

25. septiembre, 2012

Revista Contra línea

Trasnacionales, dueñas de los alimentos “mexicanos”

Erika Ramírez

Monsanto, Cargill, Gamesa, Bimbo, Bayer, PHI México, Dow Agroscience, Syngenta Agro, Bunge, entre otras, tienen en su poder la producción y comercialización de los alimentos mexicanos. El mercado nacional en manos de trasnacionales significa la pérdida de soberanía alimentaria, aseguran especialistas

El incremento en las importaciones de alimentos básicos, la privatización de las semillas y la comercialización de granos en manos de trasnacionales provocan que la soberanía alimentaria de México se vea minada año tras año. Detrás de estos factores se encuentran compañías multinacionales que hacen del mercado mexicano un negocio rentable. En los tiempos independentistas de América Latina, el pensador cubano José Martí citaba: “los dueños de los alimentos se convertirán en los dueños del mundo”.

Reportes oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Banco de México revelan que entre las empresas que tienen en sus manos al agro mexicano se encuentran Monsanto, Cargill, Gamesa, Bimbo, Bayer, PHI México, Dow Agroscience, Syngenta Agro y Bunge, entre otras. En tanto que el principal proveedor de alimentos para este país es Estados Unidos.

Víctor Suárez Carrera, ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo, indica que en el país “difícilmente podrán formularse auténticas políticas públicas, a menos de que se eliminen los rasgos autocráticos de sus sistema político que implica el bloqueo sistemático a la conformación del interés ciudadano en decisiones tan vitales y tan elementales para el desarrollo nacional”.

El también autor del libro Políticas públicas para la agricultura mexicana asegura que “el propósito esencial de una política agrícola exitosa es proveer de medidas de estabilidad en el sector agrícola e incrementar las oportunidades para los agricultores y así, obtener una ganancia razonable y justa en el mercado”.

Importación, a la alza

La apertura del mercado nacional y la importación de alimentos son dos de los factores que identifica Suárez Carrera como parte de las principales causas del déficit agroalimentario en México.

El estudio Impacto de la crisis en el sector agropecuario en México, de Saúl Basurto y Roberto Escalante (profesores de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México), indica que “el sector agropecuario mexicano se ha rezagado en el ámbito de importancia de la economía de ese país”.

Para los especialistas, “los efectos de la crisis por la que atraviesa la economía global se han manifestado en el comportamiento de la balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria, lo que aumenta los riesgos de una posible inseguridad alimentaria”. Esta última se ve reflejada en el incremento en la importación de productos alimenticios.

Cifras correspondientes al periodo enero-diciembre de 2011 –contenidas en el Boletín de importaciones del sector agroalimentario de la Sagarpa– indican que las importaciones del sector agroalimentario ascendieron a 27 mil 60 millones de dólares. De éstas, 13 mil 141 millones de dólares corresponden a compras agropecuarias y pesqueras. Y los otros 13 mil 919 millones de dólares, a productos agroindustriales.

Hasta diciembre de 2011, la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la dependencia tiene registrado que el origen de las importaciones agroalimentarias se concentran en más del 78 por ciento en las compras provenientes de la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos y Canadá).

La institución que encabeza el exagroempresario Francisco Mayorga Castañeda informa que, del total de las adquisiciones, Estados Unidos fue el que más vendió a México, con cifras de 19 mil 613 millones de pesos, es decir, “el 72.5 por ciento del total importado del mundo”.

Destaca que en este periodo el incremento en las compras provenientes de Sudáfrica, por más de 310 millones de dólares, corresponden en su mayoría a maíz blanco. “Otros países que participaron con ventas significativas a nuestro país en 2011 son Chile, Guatemala, China y Nueva Zelanda”.

Los productos con mayor participación en las importaciones agroalimentarias fueron maíz, semilla de nabo, carne de porcino, carne de ave, desperdicios de la industria alimentaria, soya, carne de bovino, lactosa, leche concentrada y trigo.

Trasnacionales operan mercado mexicano

Otro de los factores que explica que México esté perdiendo su soberanía alimentaria es la operación del mercado nacional en manos extranjeras. Ésta se da a través de la entrega de “apoyos” a compañías encargadas de la comercialización de granos básicos.

El Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, operado por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, enlista entre sus beneficiarios a Cargill, Gamesa, Bimbo, Bunge, Sukarne, Maizoro, Bachoco, entre otras. Muestra de ello, son los 386 millones 884 mil 829 pesos entregados.

Bachoco obtuvo 120 millones 803 mil 870; Cargill, 111 millones 665 mil 351; Gamesa, 102 millones 526 mil; Minsa, 42 millones 765 mil 525, y Sabritas, 9 millones 124 mil 80 pesos en subsidios al maíz y trigo.

Laura Juárez Sánchez, investigadora de la Universidad Obrera de México, asegura en su tesis La soberanía alimentaria en manos de los monopolios que, “a casi tres décadas de neoliberalismo económico, un reducido número de corporaciones concentran el poder de la cadena alimentaria de México y su esfera de influencia incluye las principales ramas del sector”.

La investigadora asegura que alrededor del 60 por ciento del mercado interno de granos está en manos de unas cuantas corporaciones: Maseca, Cargill, Archer Daniel’s Midland, Bimbo, Minsa, Molinos de México, Gamesa Altex, Bachoco, Lala y Malta de México, “las cuales tienen el control de la compra de las cosechas internas, la importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y la industrialización”.

“El desmantelamiento del sistema alimentario y la intervención discrecional de las políticas públicas en beneficio de unas cuantas corporaciones significó para el país la pérdida de la soberanía alimentaria”, asegura la investigadora.

La privatización de las semillas

Además de los recursos millonarios otorgados a trasnacionales, el Estado mexicano está en ciernes de abrir los campos para la siembra de organismos genéticamente modificados, con el pretexto de incrementar la producción interna. No obstante, instituciones internacionales y organizaciones sociales demuestran que éste no es un mecanismo efectivo.

La Declaración final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria de la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación] indica al respecto que “la monopolización por unas cuantas empresas trasnacionales de las tecnologías de creación de organismos genéticamente modificados representa una grave amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.

“Al mismo tiempo, en virtud de que se desconocen los efectos de los organismos genéticamente modificados sobre la salud y el medio ambiente, demandamos la prohibición de la experimentación a cielo abierto, producción y comercialización hasta que se pueda conocer con seguridad su naturaleza e impactos, aplicando estrictamente el principio de precaución [que] es la no privatización de las semillas.”

Sin embargo, México se ha convertido en un paraíso para esta industria, que de 2009 a 2012 ha autorizado la siembra experimental de 1 millón de hectáreas en todo el territorio nacional.

Cifras de la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados indican que de 2009 a agosto de este año se han autorizado experimentos y siembra de maíz, algodón, soya y trigo transgénicos en 1 millón 415 mil 580 hectáreas.

Las principales interesadas son las trasnacionales Monsanto, Singenta, Dow Agroscience, Syngenta Agro, Bayer y PHI México.

Datos del organismo dependiente de la Sagarpa indican que los órganos genéticamente modificados de maíz ya se siembran en alguna de sus fases (experimental o piloto) en diversos estados de la República.

Entre los listados se encuentran Tamaulipas, Sonora, Nayarit, Morelos, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Durango, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Baja California Sur y Aguascalientes.

Para el gobierno federal, la siembra de maíz transgénico “es una herramienta que México tiene que experimentar”, indica Enrique Sánchez Cruz, titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. La “justificación”, según el gobierno, es garantizar el abasto de alimentos (Contralínea 229).

Aumentan violencia y abuso sexual contra las niñas

* Aumentan violencia y abuso sexual contra las niñas 

— Faltan acciones y normas para garantizar sus derechos

 

Por Gladis Torres Ruiz 

 

Explotación sexual, trata, pobreza y falta de derechos forman parte de la cruel realidad para millones de niñas y niños en México.

 

Este 30 de abril, Día de la Niñez, no hay nada que celebrar, coinciden activistas por los derechos de la infancia, quienes advierten que el Estado mexicano ha sido omiso ante problemáticas emergentes que agobian a las y los menores de edad, tales como violencia, abuso sexual y trata de personas.

 

En México hay 39 millones 226 mil 744 personas de entre 0 y 17 años de edad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010. La cifra representa el 34.91 por ciento de la población nacional. Del total de menores de edad, 19 millones 351 mil 565 son niñas y adolescentes, es decir el 50 por ciento.

 

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en nuestro país 3.3 millones de niñas y niños no asisten a la escuela. La mayoría proviene de familias en situación de pobreza y de comunidades indígenas.

 

En 2011 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que 21.4 millones de la población de 0 a 17 años de edad están en situación de pobreza. Un aumento respecto a 2010 cuando la cifra era de 20.8 millones.  

 

“En general en México la infancia se encuentra desprotegida, no es sujeta de derechos; seguimos viendo a las niñas y los niños como objetos de protección o de perversión… es terrible, es una cotidianidad el maltrato a la infancia”, denuncia Mayra Rojas, directora de la organización civil Infancia Común.

 

Nashieli Ramírez, coordinadora de la agrupación Ririki Intervención Social, apunta que a la pobreza y exclusión que padecen millones de niñas y niños se suma la violencia desatada por el narcotráfico. Es uno de los problemas emergentes que no ha sido atendido por las autoridades, recalca. 

 

“NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA” 

 

Ramírez sostiene que como consecuencia de la “guerra contra el narco” declarada por Felipe Calderón, la infancia es una de las poblaciones más afectadas por las agresiones tanto de las bandas criminales como de las fuerzas del Estado, sobre todo en entidades como Chihuahua, Nuevo León, Michoacán o Veracruz.

 

La directora de Ririki explica que otra arista de esta violencia es que ante la pérdida de espacios públicos, niñas y niños terminan “secuestrados en sus casas”, además de que las y los menores de edad comienzan a ver esos fenómenos como “normales”, es decir “naturalizan la violencia”. 

 

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) registra que los homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes en el país se incrementaron en 30 por ciento en un año. Tan sólo de enero a abril de 2010 hubo 60 muertes, mientras que de enero a abril de 2011 se registraron 84 asesinatos.

 

Mayra Rojas agrega también se agudiza la explotación sexual infantil. “Ahora los criminales se llevan a las niñas, niños y adolescentes para utilizarlas como servidumbre o para servicios sexuales y trata. Las niñas no tienen ninguna posibilidad de salir de esos espacios”, observa.

 

La organización civil Justicia para Nuestras Hijas reporta que en Chihuahua más de la mitad de las mujeres desaparecidas en 2010 son niñas, y recalca que el mayor riesgo de desaparecer lo corren las adolescentes de entre 13 y 17 años de edad.

 

Al respecto, Rojas señala que hay reportes de que en Chihuahua y Nuevo León la delincuencia secuestra a niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años para explotarlas sexualmente. “Tenemos conocimiento de niñas en Chihuahua que, yendo con sus familias en sus carros, son detenidas por sicarios, quienes las bajan del vehículo y les disparan a los demás”, relata.

 

ANIQUILACIÓN SOCIAL 

 

La activista considera que esa violencia contra las niñas contribuye a que cada vez más se destruya el tejido social: “Es una especie de aniquilación frente a las ya de por sí pocas oportunidades de escuela y trabajo”.

 

Por ello demanda que se legisle a partir de los derechos de las niñas, “que se les vea como sujetas de derecho y no sólo de protección”.

 

En el año 2000 se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde 2010 el Congreso discute –a partir de una serie de iniciativas para reformar la normatividad vigente– una Ley General de Protección Integral de los Derechos de la Niñez. 

 

Expertos en infancia y hasta la UNICEF alertan que el nuevo proyecto carece de los “mínimos necesarios” para garantizar los derechos infantiles.

 

Juan Martín Pérez, director de la Redim, abunda que la iniciativa tiene “graves deficiencias”, ya que plantea resolver problemas de la infancia pero no dice cómo.

 

Un ejemplo es que no contempla abatir la explotación sexual infantil y se limita a una lógica “proteccionista”, cuando debiera ser una ley con énfasis en la promoción y garantía de los derechos de las y los niños. “Es sólo un decálogo de buenas intenciones”, afirma.

Minería Mexicana: “Perforadora de Autonomía”

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/Mineria_Mexicana_Perforadora_de_Autonomia

 

27/03/12 Por Martín Cuadra

 

La actividad minera se regula en México por varias leyes, pero la principal es la Ley Minera. La Ley Minera mexicana contradice los fines establecidos en la Constitución Mexicana, como el de aprovechar los recursos naturales para el beneficio social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos (Art. 27). La ley de minería mexicana es la expresión del capitalismo salvaje.

Situación actual de extracción minera en México. ¿A que se debe esa “explosividad de extracción minera”?

 

 

“En México y muchas otras naciones de América Latina, la actividad minera está creciendo de manera alarmante. La crisis económica global ha disparado, por un lado, la demanda de oro y plata como refugio para los capitales en crisis por la especulación. Otro punto es la demanda de minerales metálicos y no metálicos está aumentando debido al crecimiento de economías como la de China e India y esto ha generado que el tema se vuelva rentable, los yacimientos menos productivos, favorecidos por las modificaciones legales y la des-regulación laboral y ambiental.

 

 

En países como México, la actual situación de invasión de inversiones mineras debe entenderse como resultado de un proceso de apertura y desregulación originado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), esto condujo a preparar la economía y territorio nacional, mediante modificaciones legales profundas. En México, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución y la Ley Agraria.

La actividad minera se regula en México por varias leyes, pero la principal es la Ley Minera. La Ley Minera mexicana contradice los fines establecidos en la Constitución Mexicana, como el de aprovechar los recursos naturales para el beneficio social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos (Art. 27).

La Ley Minera mexicana declara a la minería como de utilidad pública, preferente a cualquier otra actividad y libre de contribuciones estatales o municipales: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”.

Este hecho de declarar de utilidad pública las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales, permite que el Estado expropiar a los dueños de las tierras donde existen los minerales si es considera que esa medida es necesaria para que la actividad minera se lleve a cabo. La ley de minería mexicana es la expresión del capitalismo salvaje.

“Un dato impresionante es que el 30 por ciento del territorio mexicano ya ha sido concesionado para minería y según el Estado, el 70 por ciento del país es un “potencial para la minería”. Si eso se analiza a la luz de que la mitad del territorio mexicano está en manos de pueblos indígenas y campesinos, significa un potencial de expropiar el 50 por ciento de la tierra de propiedad social.”

Lo que sucedió fue un abuso en la noción de utilidad pública. En el caso de la minería, ninguno de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de México respecto a la “Tesis de utilidad pública” se cumple: porque el bien expropiado (las tierras y las aguas de las comunidades) no se destina a la provisión de un servicio público; la actividad no está orientada a satisfacer de manera inmediata y directa a una clase social determinada, y no está dirigida a satisfacer la necesidad del país, para enfrentar situaciones que le afecten como entidad política o internacional (utilidad nacional).”

Esto ha llevado al despojo de campesinos e indígenas como proyecto. No existe ni interés público ni utilidad pública, sólo interés privado y utilidad particular. Lo que sucede es que se le dio ese nombre para, en caso de oposición de los propietarios de los predios, evitarse tener que respetar sus derechos y optar por despojarlos legalmente de ellos. Aquí la indemnización que se pudiera pagar a los expropiados y su monto pasan a segundo término ya que finalmente no se respetará su derecho de beneficiarse de los recursos existentes en sus tierras.”

¿Gobierno mexicano respetuoso del Estado de Derecho?

 

 

“Lo que ha venido sucediendo es una violación a los derechos de la población y al mismo derecho internacional con base en esta disposición. Los concesionarios pueden pedir que un terreno ocupado por un pueblo sea desocupado para que ellos puedan realizar sus actividades; que unos terrenos dedicados a la siembra de alimentos dejen de dedicarse a ello por la minería; que terrenos dedicados a la actividad forestal o silvicultura corran la misma suerte que los anteriores. Tratándose de pueblos indígenas la misma disposición puede ser el fundamento legal para que sus lugares sagrados o de rituales, contribuyen al mantenimiento de su identidad, sean arrasados o destruidos. La Ley Minera mexicana es entonces contraria a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a derechos de los pueblos indígenas.

Recordemos que la crisis mundial impulsa la fiebre minera en México y América Latina. Ha habido una demanda creciente de metales es la expresión mundial del aumento de la producción y venta de vehículos automotores, aviones, barcos, materiales de construcción, robots industriales, computadoras y otros dispositivos de alta tecnología, componentes, todo ellos, de la actual globalización de las fábricas y las ciudades. Debido al contexto de crisis internacional, la coyuntura de altos precios internacionales de los metales, las concesiones de proyectos de prospección y explotación minera en México se han incrementado de manera notable durante los últimos 10 años.

¿Cuántos proyectos de exploración y explotación minera están aprobados en el territorio mexicano?

 

 

“Uno de los principales países que ha encontrado la “huaca de oro” en México, han sido empresas extractoras mineras canadienses. Para el 2010, en México se contabilizó un total de 724 proyectos disgregados en territorio, donde 534 (74%) es inversión del Canadá.

Un dato impresionante es que el 30 por ciento del territorio mexicano ya ha sido concesionado para minería y según el Estado, el 70 por ciento del país es un “potencial para la minería”. Si eso se analiza a la luz de que la mitad del territorio mexicano está en manos de pueblos indígenas y campesinos, significa un potencial de expropiar el 50 por ciento de la tierra de propiedad social.”

A mayor concesión, mayor proliferación de conflicto.

“En México, los conflictos socio-ambientales y laborales por la imposición de proyectos mineros trasnacionales también se han multiplicado.

 

 

Los conflictos de las comunidades locales mexicanas con los proyectos mineros no sólo denuncian el despojo de tierras, sino que también denuncian la contaminación de las aguas, el aire, el deterioro de la salud de las comunidades vecinas a las minas, la explotación de los trabajadores y las violaciones a las leyes (evaluación del impacto ambiental, violación de los procedimientos jurídicos, represión y violación de derechos humanos e invasión de áreas de conservación ecológica).

Un ejemplo claro es la explotación de la mina de oro “Caballo Blanco” en el municipio de Actopan. Esta mina ubicada en Veracruz, esta ubicada a 3 kilómetros de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde. Al ubicar la mina tan cerca de la planta nuclear, ésta se convierte en una zona de “alto riesgo“ para todo la población. Por ejemplo, al haber actividad minera, hay grandes movimiento de tierra y eso puede provocar fisuras en los reactores de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde, originaría un grave daño ambiental, implica acabar con los recursos minerales y naturales, provocaría desalojar a la población de sus propiedades -sea por la vía de compra o expropiación- competencia y habrá conflictos por el agua y sobre todo, que expone en riesgo a todo Veracruz por una fuga de energía atómica. Lo que aquí esta en juego es la existencia de todo un territorio.

Por eso los conflictos mineros deben ser examinados en el contexto de la catástrofe ambiental que sufre hoy todo el país. Los conflictos mineros están también vinculados con otros conflictos ambientales relacionados con el despojo de aguas, el emplazamiento de confinamientos de residuos tóxicos y el uso de los minerales para la producción industrial altamente contaminante.

En México, existen más de 200 conflictos ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales, el despojo de tierras y aguas y sus impactos sobre los ecosistemas y la salud humana de las comunidades afectadas.” www.ecoportal.net

Martín Cuadra – Catedrático de la facultad de Economía de la UNAM y ambientalista. Miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, AC (Casifop) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA). Articulista y traductor de ETC Group.

SIMAS
http://www.simas.org.ni

Al menos 40 defensores de DH son perseguidos en Oaxaca


http://libertadexpresioncimac.wordpress.com/2012/02/28/al-menos-40-defensores-de-dh-son-perseguidos-en-oaxaca/

Anayeli García Martínez / Cimac

Organizaciones civiles acusaron que bajo el pretexto de proteger el medio ambiente y generar energía renovable, el gobierno federal y las autoridades de Oaxaca violentan los derechos de los pueblos indígenas y persiguen a las y los activistas sociales.

En conferencia de prensa, Bettina Cruz, defensora de la tierra y el territorio en Oaxaca, advirtió que hay un clima de intimidación contra las y los defensores de Derechos Humanos (DH) que protestan contra el proyecto eólico que la empresa Demex, subsidiaria de la española Renovalia Energy, pretende realizar en la región del Istmo.

La líder de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio, quien aún enfrenta un proceso legal acusada de atentar contra “el consumo y la riqueza nacional y de privación ilegal de la libertad”, explicó que un ejemplo de la represión contra el movimiento fue su detención y posterior liberación.

Cruz señaló que ella y cerca de 40 defensoras y defensores más son perseguidos jurídicamente sólo por defender sus tierras y exigir que no se lleve a cabo el parque eólico, el cual es apoyado por el gobierno federal a través de los bancos Nafinsa, Banobras y Bancomext.

Indicó que entre las defensoras amenazadas están Maribel González, Guadalupe Ramos y Miriam Zárate, quienes acusaron que este “proyecto verde” –como lo llaman las autoridades– está repleto de irregularidades al omitir normas de uso de suelo, o firmar contratos con pequeños propietarios cuando la tierra es de propiedad comunal o ejidal.

Defensoras en riesgo

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT), recordó que desde 2008 se ha documentado que las organizaciones y activistas que protestan contra proyectos mineros o hidroeléctricos, son reprimidos por defender sus derechos.

Raczynska mencionó que cuando se tocan los intereses económicos de trasnacionales y autoridades, ya sean estatales o federales, se utilizan los procesos legales para obstaculizar el trabajo de las y los defensores, lo que amedrenta a los activistas y deja en la indefensión a las víctimas o pueblos afectados.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), criticó que la Procuraduría General de la República (PGR) integrara una averiguación previa con tanta rapidez para encarcelar a una defensora cuando no es capaz de investigar a quienes la atacaron.

Desde el pasado 14 de noviembre Bettina cuenta con medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Oaxaca y otorgadas por el gobierno estatal. No obstante el 28 de octubre, ella junto con otros integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, fue agredida físicamente.

El 21 de febrero pasado elementos de la PGR detuvieron a Bettina y la tuvieron incomunicada por cuatro horas; posteriormente la trasladaron al Reclusorio Regional de Tehuantepec, lugar que abandonó la madrugada del pasado viernes luego de pagar una fianza. Sin embargo aún enfrenta el proceso legal ante el juzgado sexto de Distrito de Oaxaca.

“Autoridades cómplices”

Ante la inconformidad de habitantes de la región del Istmo de Tehuantepec por la construcción de uno de los parques eólicos más grandes de América Latina, las autoridades mexicanas, tanto estatales como federales, permiten que se violenten los derechos de los pueblos indígenas, acusó el activista Ben Cokelet.

El también fundador de PODER (Proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación, por sus siglas en inglés, con sede en Nueva York), aseguró que el proyecto eólico que se pretende en Oaxaca no beneficiará a la sociedad mexicana.

Indicó que el gobierno mexicano pretende realizar este parque con el objetivo de aprovechar los fondos de inversión climática que otorga la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y los cuales son para generar energía renovable y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo indicó que los habitantes de la zona no podrán aprovechar la energía eléctrica que se genera, toda vez que será para empresas trasnacionales.

Exige el cese de la violencia contra simpatizantes y Bases de Apoyo del EZLN, y otras actualizaciones en Chacatorex

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Autorización a Monsanto para sembrar maíz transgénico en fase piloto es ilegal, señalan expertos y organizaciones ambientalistas

http://imagenagropecuaria.com/2012/autorizacion-a-monsanto-para-sembrar-maiz-transgenico-en-fase-piloto-es-ilegal/

La autorización de dos permisos a Monsanto para sembrar 63.49 hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en fase piloto, otorgadas por el gobierno federal, es ilegal y viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), y es contraria a los dictámenes vinculantes negativos emitidos por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que son las instancias evaluadoras técnicas competentes, señalaron expertos y organizaciones ambientalistas.

Además, agregaron, que la decisión ignora tratados internacionales firmados por México, como el Tratado de Cartagena y el Convenio sobre Diversidad Biológica, así como los informes hechos por expertos de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte.

La concesión de los permisos para la siembra de maíz transgénico, en fase piloto, a Monsanto, “es una decisión que se suma al expediente de violaciones sistemáticas contra la ley, pues se trata de una desatención de los dictámenes, técnicos y científicos de las instancias que se encargan de evaluar los impactos que trae consigo estos ensayos”, expone la coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México, Aleira Lara.

Puntualiza que gracias a los documentos obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), -porque las autoridades les han negado información- hemos detectado que los dictámenes de Conabio, INIFAP e INE, con relación a la evaluación de solicitudes previas a estas últimas dos autorizaciones para Monsanto en el estado de Sinaloa, han sido negativos; el flujo génico pone en riesgo la diversidad de variedades nativas de maíz.

Elena Álvarez-Buylla, investigadora del Instituto Nacional de Ecología (INE) e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), apunta que con los datos de la Conabio –referentes a la ubicación e identificación de los centros de origen del maíz-, ya publicados en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), resulta muy riesgoso autorizar permisos para la siembra de materiales transgénicos, porque ponen en predicamentos la preservación de la diversidad genética de las 59 variedades de maíz nativas de México.

Explica que hay datos científicos obtenidos en otros países, incluso en México, que demuestran que los transgenes no son estáticos y que se pueden movilizar a regiones que cuentan con variedades criollas. La dispersión se daría tanto por el polen como por las semillas.

Por consiguiente, la siembra de materiales transgénicos en el país va en contra de la LBOGM, que señala que no se deben de aprobar liberaciones a campo abierto de líneas transgénicas en los sitios en los que se encuentran las variedades nativas emparentadas con los cultivos transgénicos en cuestión.

Dijo que en la reunión que sostuvieron representantes de instituciones de investigación y organizaciones civiles con el titular de la Secretaría de Agricultura, Francisco Mayorga, el pasado 18 de enero del presente año, quedó de manifiesto que las supuestas medidas que el gobierno implementará para minimizar el riesgo de entrecruzamiento entre maíces transgénicos y nativos se basan en supuestos falsos, como que éstos no se pueden cruzar.

Al respecto la investigadora subraya que es muy importante aclarar que tanto el maíz blanco como el amarillo, son de la misma especie, por lo tanto, se intercruzan. Son interfértiles.

De acuerdo con un comunicado emitido por la UCCS, “los riesgos a los que estarán expuestas las variedades nativas por la liberación de transgénicos, ahora se aceptan por parte del gobierno como ineludibles.”

Álvarez-Buylla destaca que a pesar de la moratoria (en el desarrollo de ensayos con materiales genéticamente modificados en México), ya hay datos que señalan la presencia de contaminación de zonas de cultivos con transgenes. Incluso las mismas instancias gubernamentales que se encargan del monitoreo de la presencia de transgenes han identificado esta contaminación, pero que no han sido eficaces en la publicación de estos hechos. La incapacidad en este tipo de monitoreo también es una preocupación.”

Las autorizaciones para realizar ensayos con Organismos Genéticamente Modificados (OGM) va en contra de lo que se está haciendo en el mundo, particularmente en Europa, donde las empresas productoras de transgénicos están cancelando la comercialización de sus productos. La firma Basf recientemente anunció su salida de ese mercado y únicamente queda la empresa alemana Bayer.

Esto nos demuestra que en un continente donde la gente tiene una base mucho más solida en conocimientos científicos, en comparación con países como el nuestro, se ejerce una presión mucho más fuerte en el tema.

Adelita San Vicente, integrante de la organización Semillas de vida, asegura que la Ley de Bioseguridad establece que la liberación de permisos se tiene que dar paso por paso, y caso por caso. Para ello, el gobierno debería tener una Norma para presentar los resultados, misma que está señalada en ley, y que las autoridades no han instaurado.

Entre otras cosas que no ha hecho el gobierno, agrega, “es que no ha evaluado los experimentos que autorizó previamente.” Tampoco se ha concluido la determinación de centros de origen del maíz. Es decir, “se están entregando permisos sin antes cumplir con lo establecido en la ley”.

Sobre los últimos dos permisos para experimentar con maíces transgénicos en fase piloto, Greenpeace ha solicitado información mediante el IFAI para conocer los dictámenes, porque todos estos documentos y procesos carecen de transparencia, y deberían de está a disposición de toda la población.

enero 30, 2012

 

“Con engaños y sin un traductor”, indígenas firman contratos leoninos

La Jornada, 15 de enero de 2012

Parque eólico de Tehuantepec

Rosa Rojas, Enviada, Juchitán, Oax. Los más de 500 aerogeneradores que erizan el paisaje en miles de hectáreas al sur del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, desde La Ventosa hasta Santo Domingo Ingenio, se han cimentado “en el engaño, la mentira y la violación de derechos colectivos de los pueblos indígenas”, lo que constituye “la cara sucia de la energía limpia”: la eólica, producida por la fuerza del viento en la región, la cual es considerada una de las de mayor potencial del mundo en la materia.

Así lo expresaron a La Jornada –por separado– integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiitdtt), autoridades agrarias, ejidatarios o comuneros y propietarios de tierras en San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, La Venta, Unión Hidalgo, San Blas Atempa, Juchitán e Ixtepec, y las organizaciones sociales Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que acompañan los movimientos de resistencia al Corredor Eoloeléctrico del Istmo (CEI).

La importancia de la eoloelectricidad se ha acrecentado ante la grave problemática del cambio climático, más aún después del desastre de la central nuclear de Fukushima, en Japón, lo que refuerza el valor estratégico de la región del istmo de Tehuantepec, históricamente codiciada por diversas potencias, especialmente Estados Unidos.

A diferencia de lo ocurrido a Pemex en España, donde con una bien calculada campaña mediática en defensa de la “españolidad” de Repsol se evitó que la paraestatal mexicana tuviera mayor peso en el gobierno corporativo de ese gigante energético, en el istmo de Tehuantepec campean por sus reales las trasnacionales ibéricas.

Así, Acciona, Iberdrola, Gamesa, Unión Fenosa, Renovalia Energy o Grupo Preneal no sólo hegemonizan el desarrollo de la industria eoloeléctrica en la región –de 34 centrales programadas para construirse en Oaxaca han desarrollado o tienen asignadas 20–, sino que ejercen control territorial mediante la firma de “contratos leoninos a 30 años, renovables automáticamente por otros 30”, con los dueños de las tierras, principalmente zapotecas e ikoots (huaves), lo que en la práctica les significa la pérdida de sus terrenos.

Bettina Cruz y Maribel González, de la Apiitdtt; Emir Gallegos Celaya, de San Dionisio Pueblo Viejo; Alejo Girón, de La Venta; Francisco Salud Bautista, de San Blas Atempa; Guadalupe Rodríguez, Jesús Aquino, Juan Regalado, Míriam Zárate y Carlos Manzo, de Unión Hidalgo, así como integrantes de Prodesc y Poder, coincidieron en que dichos contratos se firmaron “sin suficiente información, en castellano, sin un traductor ni un asesor de su elección, con presiones, y en todos los casos sin un proceso de consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y ahora la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas”.

Eso constituye –plantearon con matices– una abierta violación a derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que se presionó a los propietarios casa por casa, a veces por la noche y hasta en días festivos, con contratos de apartado, de usufructo y de operación, redactados en forma confusa, en lenguaje técnico y ofreciéndoles mil pesos por su firma.

Maribel González, asesora legal de la Apiitdtt, explicó que dichas empresas tienen contratos casi con las mismas cláusulas. En ellos el propietario arrienda a la empresa sus terrenos para construir un parque eólico con aerogeneradores, torres de medición y de transmisión, caminos, cableado, subestaciones, etcétera, otorgando derecho de paso a la misma.

En el contrato de Demex –filial de Renovalia– con un propietario de Unión Hidalgo, la empresa especifica que será la única parte que tendrá derecho a la construcción, operación y venta de la energía eléctrica, bonos verdes y otros beneficios derivados de su operación en los terrenos.

No se establece relación laboral alguna, pero el propietario se obliga a dar aviso de inmediato a la empresa si hubiera daños a las instalaciones, causados tanto por personas como por la naturaleza, con lo que pasa a ser empleado, vigilante, “de a gratis”.

Se compromete también a no instalar obstáculos, materiales o animales, que impidan la operación de los generadores, aunque podrá hacer el uso acostumbrado de sus terrenos o cualquier tipo de construcciones o mejoras –previa solicitud de autorización a la empresa por escrito–, siempre que no interfieran en las instalaciones, no obstaculicen ni obstruyan las corrientes de viento o el paso a los terrenos, ni sean incompatibles con el uso que la empresa pretende darle a éstos.

La firma pagará –previo avalúo económico– alguna afectación que por sus obras se produzca en relación con el ganado, siembra, árboles, pozos y corrales.

“Nada garantiza que cumplan”

A la terminación del contrato, la empresa se compromete a restablecer “la calidad del suelo ocupado” y retirar todas las estructuras y equipo “que pudieran impedir las actividades que el propietario venga desarrollando”. Aquí –apunta González– no se establece una fianza para garantizar dicho compromiso.

La empresa pagará al propietario 5 mil pesos al año por la instalación de cada torre para la medición del viento. En tanto no entre en operación comercial el parque eólico, pagará 250 pesos anuales de renta por hectárea a los que tengan más de 4, y mil pesos a quienes tengan menos; 15 mil pesos anuales por cada aerogenerador ubicado en el terreno y 10 mil pesos por hectárea de caminos.

A partir de la operación comercial del parque, la empresa pagará –únicamente a los propietarios de terrenos ubicados dentro de éste– “la cantidad que resulte de dividir el 1.5 por ciento del total de ingresos brutos derivados de la generación de energía de la central, entre el número total de hectáreas del área”. González indicó que “si son 900 hectáreas, ese 1.5 por ciento se va a dividir entre 900, y nunca dice el contrato cómo se va a conocer cuáles fueron las ganancias”.

Explicó que en 2008, cuando iniciaron la lucha en Juchitán por anular cientos de contratos firmados con Unión Fenosa y Endesa –lograron que las empresas rescindieran “voluntariamente” casi 250– la Apiitdtt consiguió el anexo de restricciones de los contratos, en los que se especifica que los dueños no podrán hacer pozos ni construcciones de más de metro y medio de alto, ni sembrar árboles que excedan ese nivel ni excavar.

La redacción del contrato es “engañosa”, porque dice que se pagará 10 mil pesos por hectárea de afectación por un camino, pero si éste afecta cinco metros de ancho por 20 de largo, “le pagan sólo el equivalente a ese cachito”.

Si eso lo explicaran a los compañeros, “difícilmente firmarían el contrato, porque es más lo que ponen en riesgo que lo que ganan; el daño que dejan en las tierras es muy grande y la afectación ambiental también”, afirmó.

Por su parte, Fernando Ballester, director de la empresa Demex, negó –vía telefónica– que el contrato citado sea leonino, subrayando que “son condiciones de mercado”. Respecto de la falta de consulta, aseveró que “durante años han estado en Unión Hidalgo explicando a las personas el contrato, en castellano y zapoteco”, para llegar a un acuerdo, “porque no es una imposición de una de las partes”.

Aseveró que “la rentabilidad que puede tener esta gente por rentar su predio a un proyecto eólico en las condiciones que ha ofrecido la empresa es mucho mayor a cualquiera que pueda usted pensar en una operación financiera habitual”.

Haitianas dan su cuerpo por agua

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/76035.html

 

 

Las violaciones de niñas de hasta 2 años y la prostitución a cambio de techo y comida se han disparado tras el desastre

 

PUERTO PRÍNCIPE.— Es mediodía en el campamento más peligroso de Haití, el de la Plaza Champ de Mars, donde sobreviven 20 mil personas en carpas maltrechas instaladas en las plazoletas que rodean las ruinas del Palacio Nacional de Puerto Príncipe. Este es el prostíbulo infantil más grande del país, aún sumergido en la destrucción y en un proceso de descomposición social.

A unos metros del inmueble presidencial desplomado durante el terremoto del 12 de enero de 2010, está la tienda mugrienta donde una huérfana de 14 años se prostituye por alimento. Su cuerpo está en desarrollo: es menuda, regordeta, y sus pechos se marcan apenas bajo la blusa color naranja. La acompaña otra muchacha prostituta de 16 años. Su cuerpo luce los estragos de un embarazo reciente y no cuidado, producto de una violación: el cuerpo delgado, la piel opaca, el rostro manchado, los senos con estrías. EL UNIVERSAL logró hablar con las menores gracias a la intermediación de Jud Delva alias Duck, uno de los 22 jefes que controlan el territorio del campamento de Champ de Mars.

Alrededor de la niña de 14 años pululan otras de menor edad. Una quizá tenga ocho años. Trae un vestido azul, desaliñado. Hay moretones en su rostro y su expresión es vacía, de desvelo. La abraza un muchacho flaco y la vigila una anciana de mirada inquisidora. Hombres adultos de las carpas vecinas están al acecho de la conversación que Duck, un treintañero habilidoso y audaz, tiende entre las adolescentes, esta periodista y el videoreportero Alberto Torres. Hay tensión en los hombres. Parlotean en voz alta y Duck se pone en alerta sin interrumpir su mediación verbal. Las jóvenes se quedaron huérfanas tras la catástrofe que dejó un saldo de 230 mil muertos y un maremágnum de cerca de 700 mil personas refugiadas en más de un millar de campamentos que enfrentan cotidianamente el hambre, el hacinamiento y la violencia. Alrededor de 200 mil refugiadas son niñas y adolescentes.

—¿Qué hacen para vivir?

—Hacemos cosas que no deberíamos hacer— la niña de la blusa naranja esquiva la mirada.

—¿Cómo cuáles?

—Soy prostituta— se tapa la boca con la mano, baja los ojos y encoge los hombros en un gesto infantil de vergüenza.

—¿Cómo las tratan los hombres?

—No nos tratan bien, hay hombres que nos violan— las muchachas se arrebatan la palabra.

Los hombres asumen una actitud amenazante. Uno grita y golpea a un niño que rompe en llanto. “No quieren que ellas hablen, vámonos”, dice Duck. Debemos retirarnos del lugar.

Organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertaron en 2011 sobre el notable incremento de la violencia sexual a niñas en campamentos haitianos.

Sin embargo, no hay estudios específicos ni cifras fidedignas del fenómeno. La OIM reporta que de 60 casos de menores víctimas de violencia sexual que atendió en campamentos del país, 97% fueron niñas. Igualmente identificó a 400 niñas y niños víctimas de tráfico infantil en los campamentos, la mitad de los cuales sufrían violaciones y abuso sexual.

Amnistía Internacional denunció en diciembre que las violaciones colectivas a menores desplazadas se multiplican por parte de bandas armadas que deambulan por los campamentos al anochecer.

La organización feminista Solidaridad entre Mujeres Haitianas (SOFA por sus siglas en francés), difundió el mismo diciembre una carta en la que denuncia la violencia contra menores en campamentos del país y exige acciones de prevención y atención. “Ellas son víctimas de acoso, explotación y violencia sexuales”, dice Olga Binot, presidenta de SOFA. En los 21 albergues de SOFA en el país ha recibido en dos años 246 casos de víctimas violadas en campamentos, de las cuales 156 eran menores. Sin embargo, la cifra de víctimas es exponencialmente mayor.

Abusos sin importar la edad

EL UNIVERSAL visitó el campamento Canaan, donde el 24 de diciembre se violó a una niña de 14 años. También acudió al campamento Mega 4, en donde el mismo mes, a la luz del día, se violó a una niña de dos años.

Este diario solicitó una entrevista con la directora del Instituto de Bienestar Social y de Investigación del gobierno haitiano, Arielle Jeanty Villedrouin, responsable de la seguridad infantil. No hubo respuesta.

Al noreste de Champ de Mars, en Canaán I, el campamento rural que acoge a cerca de 5 mil personas, 52 menores de edad quedaron embarazadas por violaciones o la prostitución en el último semestre de 2011. “Muchas se prostituyeron para comprar agua”, dice el pastor pentecostés Laine Jean Vilare.

Si bien en Champ de Mars hay tomas de agua gratuitas, en el resto de los campamentos el agua se vende. En Canaán un garrafón de cuatro litros cuesta el equivalente a siete pesos mexicanos. Ellas no los tienen. Además esta agua debe purificarse por la epidemia de cólera que ya provocó 7 mil muertes.

Binot expresa que tras el sismo muchas niñas y adolescentes se quedaron solas porque murieron sus familiares “o sus padres no se responsabilizaron de ellas”.

El factor que facilita su prostitución es su apremio por satisfacer sus necesidades básicas. “Los hombres han desarrollado relaciones de poder acosando a las mujeres y adolescentes para que tengan casa y comida”. Los alimentos tampoco son gratuitos. Sólo las primeras seis semanas los organismos internacionales los repartieron en los campamentos.

El reporte 2010-2011 de SOFA explica que además las condiciones de los campamentos mantienen en constante peligro a mujeres y niñas: “no hay electricidad, ni brigadas de seguridad, no hay intimidad en los baños ni en las regaderas”. Algunos campamentos como Canaán tienen letrinas destruidas y alejadas de las tiendas, las cuales están dispersas en la parte escarpada de un cerro.

En otras como Mega 4, las carpas se amontonan en un solar, lo que igualmente impide que las mujeres se sientan a salvo en su interior. En Haití no hay un lugar seguro para las refugiadas. Comisset Silvana, la madre de la niña violada en Mega 4, puntualiza: “no duermo, tengo miedo de que alguien rasgue la lona con un cuchillo y entre en la carpa en cualquier momento”.

Menor con esposo

Tras alejarnos de las adolescentes prostitutas de Champ de Mars, Duck nos conduce al campamento vecino. Caminamos entre casuchas apretadas entre sí, hechas con lonas y láminas oxidadas.

Mujeres semidesnudas salen de una tienda y se meten a otra. Gente alcoholizada o drogada permanece idiotizada en los pasillos mientras infantes corretean de un lado al otro. El haitiano que perdió su empleo de informática tras el terremoto, ahora mantiene a su familia de la venta de artesanías y réplicas de pinturas a los escasos turistas que se atreven a circular por la zona.

Ahí asesinaron a un periodista local y se desapareció a un universitario. Él nos encamina hacia las tiendas improvisadas que ahogan al Cimarrón desconocido, la escultura emblemática nacional en honor a la primera revolución anticolonial y antiesclavista.

A los pies del Cimarrón musculoso, al que alguien colgó una capa de retazos de colores, el desplazado se siente en libertad para expresar su preocupación por la prostitución de las niñas en Champ de Mars. “Ellas tienen hambre, no hay ayuda, no hay nada”, su rostro se tensa. “Aquí ya no hay niñas, ninguna es virgen”. Cuenta que en el terremoto murieron sus padres y sus nueve hermanos se dispersaron. Así su hermana menor quedó a su suerte a los siete años. Ahora tiene 9 años y es prostituida en el campamento sin que él lo impida. “Es que ella ya tiene un esposo”, expresa sin emoción alguna. Se refiere al padrote que la explota. Lo único que le preocupa ahora es salvar a su hija de seis años de una posible violación. “Yo hablo mucho con ella”. El refugiado está desesperado por mudarse fuera del campamento para proteger a su niña. Pero no tiene dinero para hacerlo. En ese escenario, reconoce que enfrenta un reto difícil de afrontar: “Es que las violaciones suceden cada segundo”.

Ataque a las ricas

Al sudeste de Champ de Mars, muy lejos del campamento, en Petion Ville, el barrio residencial de la élite haitiana levantado en la ladera de una colina alta, niñas y adolescentes también sufren violencia sexual post terremoto. El proceso de descomposición social atraviesa todas las clases sociales.

Un sacerdote católico cercano a escuelas adineradas habla del asunto a a este diario a condición de mantener el anonimato. Según él, si bien los casos de violaciones sexuales en alumnas de 13 a 17 años eran una realidad previa al sismo, tras éste “el fenómeno empeoró”.

En Petion Ville buena parte de las adolescentes no presentan rasgos de su herencia africana, sino de un mestizaje criollo. Sus pieles son morenas claras, las figuras espigadas, los rasgos afinados, visten colores neutros y su joyería es discreta. La catástrofe fue menos destructiva que en zonas populares. Sin embargo, obligó a hacer ajustes y mudanzas al interior de las familias. También se envió a muchas adolescentes fuera del país.

“En una de las escuelas la inscripción se redujo a casi la mitad del alumnado”, dice el sacerdote. Estos cambios provocaron la pérdida del control de los padres sobre las hijas y propició que las violaciones aumentaron por parte de “amigos de la familia, primos, tíos, y en algunos casos sus propios padres”. El sacerdote y otros prelados informaron del fenómeno a la alta jerarquía católica. “No lo ha querido difundir”, dice. Sería el escándalo.

La vulnerabilidad de las niñas y adolescentes ricas y pobres en Haití se agrava sin visos de ser frenada. “Nadie nos ayuda”, así lo reclama la niña prostituta de Champ de Mars.

Haití: el infierno de vivir en las carpas

http://www.eluniversal.com.mx/internacional/76046.html

 

En los campamentos Canaán I, II y III viven más de 10 mil personas que perdieron sus hogares por el sismo del 12 de enero de 2010, que desplazó a un millón 300 habitantes; la reconstrucción no se nota en ninguna parte

 

Laura Castellanos

 

PUERTO PRÍNCIPE.— El sol matutino cae sobre el campamento de desplazados Canaán II, al noreste de esta capital, extendido de manera dispersa sobre laderas y cerros pedregosos y desolados. No hay árboles.

Dos niñas, una de cinco y otra de seis años, hacen un alto en el camino y depositan en el suelo la cubeta blanca en la que transportan 20 litros de agua potable que acaban de comprar por el equivalente a medio dólar.

La más pequeña lleva un vestidito rosa hecho garras. Está descalza. Toma fuerzas. Recarga su manita izquierda contra el hombro de la niña mayor, es su contrapeso. Con la otra mano coge la agarradera de la cubeta. Al unísono, las dos la cargan de nuevo.

Caminan con lentitud. La niña pequeña tensa la cara y el brazo que le sirve de apoyo. Las dos pasan al lado de la escuelita de madera abandonada. Siguen su camino. Ingresan a una tienda frágil y miserable.

La escena infantil la observamos a la distancia esta reportera, el videoreportero y nuestro traductor. Una mujer robusta se acerca con curiosidad. Su ropa oscura y gastada está polvosa. La cabellera luce crespa, despeinada. Es Adeline Toussaint, madre de seis hijos y con un esposo desempleado. “Nos venimos de un campamento de Puerto Príncipe porque era muy inseguro”, dice. Niños corren hacia nosotros. También emigraron de otros campamentos. “Yo vengo de Bon Repos”, “Yo de Martissant en Carrefour”. Este asentamiento queda a 20 minutos de la zona urbana. No tiene luz eléctrica. El agua se vende y la tierra no se puede sembrar. Con todo, para su población, Canaán es su tierra prometida.

En Canaán I, II y III hay más de 10 mil víctimas del terremoto del 12 de enero de 2010 que dejó en Haití un saldo de un millón 300 mil desplazados y 700 mil personas en un millar de campamentos. Este es uno de los principales destinos del éxodo de refugiados que huyen del amontonamiento y la delincuencia de los campamentos de la capital. También de los desalojos violentos por parte de propietarios de predios o policías municipales. El último desalojo en Puerto Príncipe se registró el 20 de diciembre pasado, cuando hombres con cuchillos, machetes y bastones, acompañados de policías, destruyeron el campamento del Parque Jeremie al sur de la ciudad, donde vivían 945 adultos y 225 infantes.

Jeremie o Canaán existen porque no hay un programa de vivienda social para las víctimas, dice Reyneld Sanon de Fuerza de Reflexión y Acción por la Vivienda (FRAKKA), el frente haitiano de 30 organizaciones independientes y comités de campamentos conformado tras el sismo. “Dos años después de la catástrofe seguimos en carpas, los organismos internacionales han destinado casi 4 mil millones de dólares para la reconstrucción del país que no se ven”.

Hacinamiento e insalubridad

Además de Canaán visitamos los campamentos Mega 4 y Champ de Mars. Constatamos que decenas de miles de familias, algunas con una decena de integrantes, duermen apretujadas en espacios insalubres de cuatro metros cuadrados promedio. Ahí también cocinan, se bañan. El gobierno minimiza las condiciones de vida en los campamentos. El viceministro Michel Chancy, que durante la catástrofe fungió como enlace para coordinar la ayuda alimentaria de los organismos internacionales a los asentamientos de desplazados, piensa que “la injusticia social” que viven estos refugiados es previa a la catástrofe y común a la mitad de la población del país. “La diferencia es que antes ellos tenían un techo duro y ahora tienen un techo de carpa”. Cree incluso que “cualitativamente” la vida de muchos de ellos mejoró en los campamentos: “No pagan renta”, y algunas familias “tienen más espacio”.

Canaán, para las niñas y adolescentes, más que tierra prometida es un infierno. El pastor Lainé Jean Vilaire dice que aumentan las violaciones sexuales contra menores de 13 a 17 años porque no hay luz eléctrica, letrinas, las casas están separadas entre sí. En el campamento ya se registraron 52 casos de menores con embarazos no deseados en el último semestre.

La organización baptista Disaster Relief, acude cada jueves a atender problemas generales de salud. El pastor Bobby Temple, venido de North Carolina, dice que entre las menores y las mujeres “abundan las enfermedades vaginales”.

La organización religiosa es la única que visita Canaán. Otras ya se retiraron: una francesa brindó agua por seis meses, otra estadounidense donó un alimento a base de cacahuate por más de un año; otra, también de EU, ofreció trabajo a mujeres por dos meses. Es todo.

A dos años del terremoto, las acciones del gobierno y la comunidad internacional generan más desconfianza que entusiasmo por la opacidad del manejo monetario. Recientemente el presidente haitiano Michel Martelly y Bill Clinton, copresidente de la Comisión Interina de Reconstrucción de Haití, anunciaron que se destinarán 30 millones de dólares para reconstruir barrios del centro de la ciudad. La misma comisión anunció antes la aprobación de 245 millones de dólares para la reparación de casas y la construcción de 41 mil viviendas. El catedrático universitario Jean Rénol opina: “El Estado se debilita, se dice que hay millones, billones de ayuda de parte de la comunidad internacional para la reconstrucción en Haití, pero no hay reportes de qué se ha hecho con ese dinero”.

Recientemente FRAKKA elaboró un documento en el que reclama que desde el gobierno no se escuche a la población desplazada para desarrollar un programa integral de vivienda. También critica el derroche monetario en el proceso de reconstrucción de Haití.

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) cuesta 900 millones de dólares al año. Ese dinero “habría permitido construir mas de 77 mil hogares y proporcionar viviendas estables a 400 mil personas”, se lee.

El documento puntualiza que la gente en los campamentos está dispuesta a contribuir con su mano de obra y material y a pagar las viviendas aunque “sea por años”. Reyneld Sanon precisa: “Lo que estamos reivindicando no es únicamente tener cuatro paredes sino espacios colectivos con escuelas y lugares de esparcimiento que faciliten la integración de una comunidad”.

La crisis de la vivienda también se presenta en otras ciudades afectadas por el terremoto, como Jacmel, Petit-Goave, Grand-Goave, Leogane. Y es más desastrosa en las zonas rurales. Colette Lespinasse, coordinadora del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR), externa que la migración de víctimas del campo a la ciudad se incrementó tras el sismo: “Hay campesinos que debieron acoger hasta 15 personas en su casa”. Algunas, paradójicamente, emigradas de las ciudades.

Infraestructura en ruinas

Si uno recorre Puerto Príncipe encuentra cierta normalidad en el escenario urbano. La infraestructura de gran tamaño sigue en ruinas, pero en muchos de los barrios buena parte de las casas habitación se ven sin afectaciones visibles. Reyneld Sanon dice que “la normalidad es artificial, no hay normas de construcción establecidas tras la catástrofe”.

Esa es la razón por la que a dos años del terremoto hay profesionistas que viven en tiendas de plástico. Ary Regis es un maestro universitario que con su esposa Kettia Dodin, administradora de profesión, su hija Arielle de cuatro años, y un sobrino adolescente, viven en una carpa al lado del edificio derrumbado que habitaron. Ahí perdió la vida una vecina de 40 años.

El comunicólogo que hizo estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de la ciudad de México, no quiere rentar una casa de alquiler porque “no son seguras para vivir”.

La carpa de Ary Regis es mayor que la de los campamentos, mide 24 metros cuadrados. Es una tienda separada en dos partes por una lona. Dentro la familia tiene apilados libros, juguetes, ropa y hay dos colchones en el suelo. “Es nuestra casa blanca”, así la llama irónicamente por su color. En el mismo predio hay otras tiendas de campaña de vecinos.

En una de ellas viven el químico Louis Mercier y su esposa Jocelyn René. La pareja no habitaba el edificio, sino la casa edificada frente al mismo. La casa sigue en pie, con todas las pertenencias y muebles del matrimonio. En el día las dos familias comparten las áreas comunes. Pero duermen en sus tiendas por miedo a que la casa se derrumbe.

Ary Regis y su esposa, que tiene un empleo temporal, ahorran para comprar una casa. La pareja tiene claro que sólo si mantiene los dos empleos podrán conseguir una hipoteca. Les urge mudarse por la salud física y emocional de su hija. Kettia Dodin dice que la pequeña de ojos negros “tiene alergias, insomnio, a veces despierta llorando, y va muy seguido a ver el edificio derrumbado”. La niña les pregunta con frecuencia: “¿Cuándo regresamos a vivir a la casa que teníamos antes?”. Esta familia, como otras desplazadas, también vive el drama de vivir en una carpa.

Sin embargo, la familia de Ary Regis no corre el riesgo de ser desalojada. Pero otras están en riesgo inminente de serlo. Reyneld Sanon advierte que el día de mañana 12 de enero, cuando se conmemoran dos años del terremoto, tres campamentos están amenazados con ser desalojados como parte de una estrategia de limpieza gubernamental y privada de campamentos pequeños: Grace Village, Eddy François y Foyer Monfort en Carrefour, al sur de Puerto Príncipe. “Y los desalojan de manera brutal”, alerta el activista.


La fiscalía de Chihuahua, fábrica de culpables, pruebas y amenazas de muerte

LOS ÁNGELES.- “Querían que dijera que la señora Marisela y yo trabajábamos para el cártel de Sinaloa, que éramos gente del Chapo Guzmán”, denuncia en su testimonio, Manuel García, quien ayudaba voluntariamente a la asesinada Marisela Escobedo mientras ella exigía justicia a las autoridades de Chihuahua por el crimen de su hija Rubí Marisol Frayre. El testimonio de García revela amenazas de muerte y la intención fabricar pruebas por parte de la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

 

 

http://www.losangelespress.org/la-fiscalia-de-chihuahua-fabrica-de-culpables-pruebas-falsas-y-amenazas-de-muerte/

 

 

Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES.- “Querían que dijera que la señora Marisela y yo trabajábamos para el cártel de Sinaloa, que éramos gente del Chapo Guzmán”, denuncia en su testimonio, Manuel García, quien ayudaba voluntariamente a la asesinada Marisela Escobedo mientras ella exigía justicia a las autoridades de Chihuahua por el crimen de su hija Rubí Marisol Frayre. El testimonio de García revela amenazas de muerte y la intención fabricar pruebas por parte de la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

Una semana después del asesinato de Marisela Escobedo perpetrado el 16 de diciembre de 2010, a través del “comandante Santacruz”, la fiscal Rosa María Sandoval, intimidaba a Manuel García para que cambiara su declaración ante el Ministerio Público e incriminara a Marisela Escobedo y a sí mismo, como miembros del cártel de Joaquín “Chapo” Guzmán. La relación la podrían fabricar, a raíz de una narcomanta aparecida la madrugada del 21 de diciembre, en Ciudad Juárez, de la supuesta autoría de este cártel en la que se solidarizaban con los familiares de Escobedo, y pedían información sobre Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol.

La negativa de García a “manchar la memoria de Marisela Escobedo” fue el motivo de la amenaza de muerte y la retirada de la protección policíaca, según confiesa. Si aceptaba cambiar su declaración, “la fiscal lo podía mandar hasta China, si quería”, dice en su testimonio, porque el comandante le insistía en que “la fiscal lo podía ayudar y darle protección, si también él la ayudaba a ella”. Fue cuando un agente de la Policía Ministerial, lo amenazó de enviarlo a “Monterrey, a Puebla o a Guadalajara, y en esos lugares, nadie lo iba a proteger”.

García tuvo que salir de Ciudad Juárez por sus propios medios para salvar su vida y con la orientación jurídica de dos organismos de derechos humanos locales que guardamos su identidad por seguridad a sus miembros. Primero, fue a Torreón buscando refugio, de donde llamó a Norma Ledezma, de la organización Justicia para nuestras hijas, pidiendo ayuda. Ledezma respondió que sólo podía enviarle mil pesos para “rentar un lugar y comer”, pero que ya no lo podía ayudar más.

Después de varios meses, la esperanza de encontrar un apoyo más sólido volvió a Manuel García. El 9 de junio de 2011, la marcha ciudadana de Javier Sicilia, activista por la muerte de su hijo, tenía lugar en Ciudad Juárez. Manuel sabía de la lucha de Sicilia, por lo que comentaba Marisela Escobedo. Sin embargo, su esperanza no logró concretarse en apoyo, porque “en medio de tanta gente, no había posibilidades de contarle mi problema”, dice.

Con la ayuda de los organismos de derechos humanos locales pudo viajar a Ciudad de México y mantenerse bajo protección. Pero el acoso no cesaba, y pese a que varias veces le ayudaron a cambiar su número de celular, la Policía Ministerial de Chihuahua volvió a llamarle, intimidándolo para que aceptara involucrar a Marisela Escobedo con el narcotráfico.

Manuel García afirma que junto con Marisela Escobedo, antes de ser asesinada, y el hermano de ella, entregaron toda la información investigada a la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, incluyendo un CD con tres canciones grabadas por el asesino Sergio Rafael Barraza. La letra de estas canciones narraba cómo había asesinado a Rubí Marisol, “y todo lo que le había hecho”, afirmó García, quien él mismo llegó a escucharlas. Pero a la fiscal Sandoval, eso no le interesó, ni la nueva evidencia ni la investigación que Escobedo realizaba con sus propios esfuerzos. Así que, frente al comandante mencionado, según el testimonio, decidió destruir el CD, junto con otras dos copias.

La investigación de las ahora víctimas también incluía evidencias de que el asesino Sergio Rafael Barraza se encontraba en Fresnillo, Zacatecas; y precisaron, ante la fiscal, el domicilio. La información fue desestimada de inmediato por Sandoval, porque dijo que ella estaba en comunicación con la madre de Barraza, y le había dicho que su hijo se encontraba en Estados Unidos.

El 22 de agosto de 2011, la funcionaria de la fiscalía responsable de investigar los feminicidios insistió todavía en crear falsas pistas de investigación en el caso de Marisela Escobedo.  Declaró a la prensa mexicana, a través de un comunicado conjunto con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, dirigido por Emma Saldaña, que algunos de los casos “podrían estar relacionados con el crimen organizado”.

En aquel momento, enfatizó Sandoval que “el modus operandi con que se perpetraron algunos feminicidios, como el uso de armas de grueso calibre, tortura y mensajes de grupos criminales”, podrían ser evidencias de esta relación. Y con una afirmación contundente, que hoy podríamos interpretar como demagógica, concluyó la funcionaria que “la Fiscalía está investigando esos y todos los casos de homicidios de mujeres para esclarecer las causas, así como detener y procesar a los responsables”.

 

Testimonios

La responsable legal de uno de los organismos de derechos humanos de Ciudad Juárez que apoyó a Manuel García confirmó a Los Ángeles Press que sí tenía conocimiento de las amenazas directas por parte de la fiscal al joven. “Un muchacho muy humilde, que necesitaba mucha ayuda y nadie lo escuchaba”, dijo, por lo que se decidió solicitar el apoyo de otra organización y actuar con rapidez para salvar la vida de García, enviándolo a la Ciudad de México.

Al entrevistarlo sobre el hostigamiento del que era víctima, García confesó a la responsable de esta organización de la que nos reservamos su identidad, “que querían que dijera que Marisela Escobedo traficaba droga, y que si testificaba le conseguirían asilo en Estados Unidos”.

Sostiene la defensora de derechos humanos que el mayor acoso que recibió Manuel García en Ciudad Juárez fue entre abril y mayo de 2011, que fue cuando ella intervino con su gestión para poder sacarlo de la ciudad. Pero también confirmó que este acoso continuó en la Ciudad de México, por lo que tuvieron que sacarlo del país. Concluye que “Manuel sí había dado a las autoridades de la fiscalía la ubicación precisa del asesino de Rubí Marisol, y las autoridades, en todo este tiempo, no lo han detenido”.

Las irregularidades y delitos de la fiscalía 

En la reunión con las madres de desaparecidas en las instalaciones de la fiscalía el pasado 12 de diciembre, Rosa María Sandoval Chávez aceptó públicamente el encubrimiento de información por negligencia de las autoridades, y dijo que se debía a que eran “funcionarios nuevos”. Este encubrimiento se refería a los cadáveres retenidos por años en la morgue.

Sin embargo, no son pocas ni aisladas las irregularidades y delitos en los que ha incurrido la fiscalía del estado sobre los crímenes de niñas y jóvenes. La más frecuente es la de “perder” declaraciones para quitar líneas de investigación. Incluso se han perdido partes importantes de expedientes o no se entregan las copias completas a las madres de las víctimas.

También existe como excusa “la falta de tiempo” por parte de la fiscalía para analizar cada uno de los expedientes o para tomar declaraciones de personas que están dispuestas a aportar información valiosa para las investigaciones. Un ejemplo de ello, es el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008. El responsable de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, Ricardo Esparza Jurado, solicitó el 10 de noviembre de 2009 a la agente del Ministerio Público, Edith Acevedo Martínez, una constancia sobre la existencia de algún reporte de desaparecida que coincidiera con las características físicas que aportaba el informe forense en este caso.

El expediente de Sarmiento dice textualmente “que Edith Acevedo contesta poco después que no se ha encontrado ningún reporte con esas características”, y la fecha es del 12 de noviembre de 2009. Adriana Sarmiento fue asesinada, según el análisis forense, en noviembre de 2008, y según la fiscalía encontró el cuerpo el 5 de noviembre de 2009, mismo día en que se llevaría a la morgue de Juárez.

La desaparición de la joven Sarmiento fue publicado profusamente mediante pesquisas y medios digitales que se pueden constatar haciendo una simple búsqueda en Internet y dará los resultados por fechas. El reporte lo había puesto su madre Ernestina Enríquez desde el mismo día en que no volvió a casa. No había manera de no saber sobre su ausencia, y sin embargo, la agente Acevedo Martínez negó la existencia del reporte de la desaparecida al funcionario que lo solicitaba.

En este mismo caso de Sarmiento, fueron entregados los restos a la madre el primero de diciembre de 2011, después de que se enterara por nuestro medio que el cadáver de su hija estaba en la morgue por años. La misma fiscal, Rosa María Sandoval, todavía negó la información a la madre hasta que a la noche del día siguiente se vio obligada a entregar el cuerpo. Ernestina Enríquez declaró destrozada que “en el celular de su hija aparecieron unos números de México y que hasta allá fueron a buscarla, haciéndose pendejos”, porque a su hija ya la tenían en la morgue.

El caso de Brenda Berenice Castillo, desaparecida el 6 de enero de 2009, es contundente también en irregularidades y falta de profesionalismo y ética por parte de la fiscalía del estado. Cuando recién desapareció Brenda de 17 años, Irma Cornejo fue testigo visual y habló por teléfono a la fiscalía para avisar que había visto a la joven en el centro de Juárez, con dos hombres, y que ella iba golpeada y llorando. Pero no fue tomada su declaración en ese momento, y tiempo después, en marzo de 2009, el perito José Fernando Chávez solicitó, a través de oficio por escrito, a la funcionaria del Ministerio Público, Haydeé Guzmán, la elaboración de los retratos hablados de los presuntos agresores con la declaración de la testigo.

Los dos retratos se realizaron con el número de oficio PGJE-UEIPAE-CDJ-646/2009 y se tomó oficialmente la declaración de la testigo. Sin embargo, para principios de septiembre de 2011 que Los Ángeles Press investigaba este caso, buscó la declaración de Irma Cornejo en la Unidad de de Desaparecidas para cotejarla con la información de nuevas pistas de la víctima. A dos años y medio, ya no existía ninguna declaración de la testigo Irma Cornejo. Incluso, las autoridades confirmaron que esa parte del expediente “se había perdido”.

La omisión, la fabricación o la destrucción de evidencias han sido los delitos más frecuentes en las investigaciones sobre feminicidios por parte de los funcionarios de la fiscalía. Como lo hizo la fiscal Rosa María Sandoval con el CD de las canciones del asesino de Marisela Escobedo y su hija. Así también han desaparecido o ignorado varias de las declaraciones de algunas madres de víctimas que han recibido llamadas telefónicas presuntamente de sus hijas, y al aportar números y referencias, en declaraciones ante el Ministerio Público, la fiscalía no da seguimiento a los hechos.

El cambio de competencias entre las dependencias gubernamentales también parecería ser un juego sucio para frenar las investigaciones y no sólo en casos recientes. El caso de Silvia Arce, desaparecida el 11 de marzo de 1998, ha sido ignorado por mucho tiempo, y se ha pasado de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía del Estado, quedando paralizado por completo.

La fiscalía de Estado de Chihuahua también ha sido acusada de la fabricación de culpables, como da cuenta el testimonio de Manuel García sobre la fiscal Rosa María Sandoval. Muchos de los casos aparentemente resueltos contienen denuncias de tortura y errores judiciales, a los que difícilmente se puede tener acceso informativo, por las constantes amenazas de muerte y hostilidades a los investigadores. Amenazas que se han extendido a la responsable de esta investigación.

Los familiares de las desaparecidas también son amenazados de muerte y algunas de estas amenazas las han intentado cumplir, según pone en evidencia el reciente atentado de Norma Andrade, madre de Liliana Alejandra García, asesinada a sus 17 años en febrero de 2001. Hay otros casos que aún pueden ser contados por los dueños de estas experiencias, por ejemplo, el caso de Nora Sarahí Castillo, quien buscaba con insistencia a su hermana Brenda Berenice, y en marzo de 2009, Nora fue amenazada telefónicamente por una voz masculina que le dijo “cuídate, porque ya sé dónde vives”. Pese a que puso la denuncia ante el Ministerio Público, en la que declaró tener miedo por su vida, no le dieron seguimiento. Y Nora dejó de buscar a Brenda.

Las amenazas a Manuel García para que incriminara a Marisela Escobedo como narcotraficante, es sólo una parte de la gran madeja de corrupción, ineptitud e indiferencia de las autoridades investigadoras en los feminicidios de Juárez. Las madres están solas. Los márgenes de actuación de los defensores de derechos humanos están limitados por la hostilidad del poder. Y las desaparecidas, aún vivas, tienen muy pocas esperanzas de volver a casa.

Esta reportaje forma parte de la investigación Mujeres guardadas en la morgue, y se autoriza su reproducción citando debidamente su fuente.

Alfonso Martín del Campo, tortura e impunidad del Estado mexicano

http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=545

 

Recluido en el Centro de Readaptación Social de Pachuca, cumpliendo una condena de 50 años por un crimen que no cometió, Alfonso Martín del Campo Dodd ha visto como desde el año 2002, el Gobierno mexicano ha incumplido la recomendación hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de México por los actos de intensos tortura de los que fue víctima, a manos de diez agentes de la policía judicial del Distrito Federal para obligarle a firmar una declaración autoinculpatoria

 

Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo

 

Pachuca, Hgo., México.- Alfonso Martín del Campo Dodd es el protagonista de la primera recomendación que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de México por un caso de tortura.

Recluido en el Centro de Readaptación Social de Pachuca, cumpliendo una condena de 50 años por un crimen que no cometió, Del Campo Dodd ha visto como desde el año 2002, el Gobierno mexicano ha incumplido dicha recomendación sumándose a las estadísticas de personas presas bajo tortura que no han recibido justicia en México

El caso de Del Campo Dodd es relevante, entre otras cosas, por ser el primer caso mexicano en ser abordado y resuelto por la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso la demanda ante la Corte en enero del 2003 pidiéndole a este tribunal que declare al Estado de México responsable de incumplir con varias disposiciones/provisiones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la debida compensación por estas violaciones en perjuicio de Alfonso Martín del Campo Dodd, La demanda se efectuó después de que las autoridades mexicanas incumplieron con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana en octubre de 2002.

Detenido el 30 de mayo de 1992 y llevado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, existen numerosas y contundentes evidencias de que al menos 10 agentes de la policía judicial sometieron a Alfonso Martín del Campo a intensas torturas para obligarle a firmar una declaración autoinculpatoria.

Según lo expuso su defensa y familiares, al del Campo Dodd podría ver la libertad en poco menos de cinco años por observar buena conducta en su reclusión.

 

Los hechos

 

El 30 de mayo de 1992, agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal (PJDF) llevaron a Alfonso Martín del Campo a las dependencias de la PJDF en Benito Juárez tras aparecer muertos su hermana y el esposo de ésta en la casa que los tres compartían. Lo llevaron al despacho del jefe de policía en el sótano y allí, según informes, entre 10 y 12 agentes de la policía judicial lo torturaron. Al parecer le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para producirle semiasfixia, e hicieron turnos para darle patadas en los testículos y golpearle en la cabeza, el estómago y otras partes del cuerpo con las manos y con toallas mojadas. Después lo obligaron a firmar y sellar con su huella dactilar una confesión de los dos asesinatos preparada de antemano.

Al día siguiente, Alfonso Martín del Campo fue obligado a participar en una «reconstrucción» de los hechos tal como se relataban en la «confesión». Se hicieron fotografías de esa reconstrucción que posteriormente se utilizaron como prueba en el proceso. Los agentes que participaron en ella eran los mismos que lo habían torturado la víspera, y Alfonso Martín del Campo asegura que fue amenazado con recibir más palizas si no participaba como se le había ordenado exactamente. En ningún momento le permitieron acceder a un abogado de su elección.

Según informes, dos certificados médicos oficiales, realizados tras el interrogatorio policial pero inmediatamente antes y después de firmar la confesión preparada, constataban que Alfonso Martín del Campo presentaba señales de contusiones y heridas faciales. En una investigación disciplinaria llevada a cabo en 1994, los funcionarios del Ministerio Público que le habían tomado declaración alegaron que ellos también habían visto esas lesiones.

El 28 de mayo de 1993 fue condenado a 50 años de cárcel por el asesinato de su hermana y su cuñado, aunque él sostuvo en todo momento su inocencia. El juez reconoció que Alfonso Martín del Campo había denunciado en todas las declaraciones posteriores que lo habían torturado y obligado a firmar una confesión, y que los certificados médicos demostraban que presentaba lesiones. Sin embargo, resolvió que no podía demostrar que las lesiones se las había causado la policía. Era evidente que las conclusiones del juez no habían tenido en cuenta el hecho de que, en una audiencia celebrada el 9 de septiembre de 1992, el agente de policía responsable del interrogatorio había confirmado que a Alfonso Martín del Campo lo habían despojado de su ropa, amenazado, cubierto la cabeza con una bolsa de plástico y golpeado en todo el cuerpo. El 14 de octubre de 1994, ese mismo agente fue despedido e inhabilitado durante tres años para desempeñar un cargo público por detener arbitrariamente y dar una paliza a Alfonso Martín del Campo. Aun así, en el momento de redactarse este informe, Amnistía Internacional no había tenido conocimiento de que se hubieran presentado cargos formales contra el policía.

A pesar de las palizas, las amenazas y la práctica de semiasfixia reconocidas por las autoridades y por el agente de policía encargado del interrogatorio, los tribunales se negaron a admitir que el trato infligido a Alfonso Martín del Campo constituía tortura. Un tribunal superior rehusó admitir las denuncias de tortura del acusado con el argumento de que éste no podía aportar pruebas que sustanciaran su denuncia, haciendo recaer la carga de la prueba en el acusado. El tribunal aplicó asimismo el principio de inmediatez procesal, que los jueces mexicanos interpretan como que la primera declaración realizada por el detenido debe considerarse más verosímil que las declaraciones posteriores.

Se solicitó el remedio del reconocimiento de la inocencia y en la petición se argumentaba, entre otras cosas, que la acción disciplinaria contra el agente de policía que afirmaba que Alfonso Martín del Campo había sido torturado constituía un nuevo indicio que invalidaba la confesión realizada por el acusado, sobre la cual se había basado la sentencia. La respuesta del tribunal fue poner en duda la acción disciplinaria adoptada contra el agente y concluir que los certificados médicos que constataban la presencia de lesiones en el acusado no invalidaban la confesión porque en ella Alfonso Martín del Campo manifestaba que las heridas se las había infligido él mismo. Además, el tribunal reafirmó el principio de inmediatez procesal y consideró que la decisión del tribunal de apelación no se basaba únicamente en la confesión. Esta consideración entraba en directa contradicción con la decisión del tribunal de apelación, en la cual éste afirmaba que la confesión resultaba ser «el único indicio de prueba relevante en cuanto al esclarecimiento de los hechos» y que todas las demás pruebas que había examinado servían para corroborar la confesión. Por lo tanto, si se invalidaba la confesión, los demás elementos resultarían igualmente contaminados. El tribunal no mencionó la cuestión de la falta de representación letrada adecuada en el momento de la confesión.

Los intentos de demostrar que hubo tortura a través de una denuncia oficial tampoco dieron fruto. En 1995, tres años después de los hechos en cuestión, el Ministerio Público abrió una investigación sobre las denuncias de tortura, pero la archivó en el 2000. Los familiares protestaron repetidamente por la decisión de archivarla y presentaron un recurso de amparo indirecto ante los tribunales. Durante más de un año, el juez apenas hizo otra cosa que cursar sucesivas órdenes de localizar a los individuos mencionados en la denuncia como establecía la ley. Una vez decidió que era imposible localizar a los policías en cuestión, reclamó a los denunciantes el importe de la publicación de los avisos para establecer el paradero de los individuos. La familia no disponía de recursos económicos suficientes para sufragarlos y el recurso quedó en suspenso. Posteriormente los abogados solicitaron la reapertura de la investigación preliminar sobre la base de nuevos indicios y con arreglo al acuerdo A/003/99, disposición formulada en 1999 por el Procurador General del Distrito Federal, que autoriza al Procurador General o la judicatura a reabrir un caso. En enero de 2003, según informes, el Ministerio Público reabrió las investigaciones.

En abril de 2001 se interpuso un recurso de amparo indirecto contra la decisión del tribunal de desestimar la solicitud de reconocimiento de la inocencia en este caso ante el Tribunal Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal. Este recurso fue nuevamente rechazado, al igual que otra petición para que se revisara esta decisión.

Una vez agotados todos los recursos de apelación interna, la causa se elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la admitió a trámite el 28 de octubre de 2001. La Comisión envió al gobierno mexicano sus recomendaciones al respecto en octubre de 2002 y dio dos meses de plazo al gobierno para que las cumpliera íntegramente. Transcurrido ese tiempo se iniciaron los trámites para transferir la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; lo que significaría el primer caso mexicano llevado a la Corte.

En 1999 fue archivada una denuncia presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). El 19 de febrero de 2002, la Subsecretaría para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó a la CDHDF de que la Comisión Interamericana había admitido la causa y pidió a la institución que considerase la posibilidad de volver a abrir las investigaciones. El 20 de febrero, los familiares solicitaron la reapertura del caso con el argumento de que tenían nuevos indicios para sustanciar una evaluación exhaustiva de las torturas físicas y psicológicas padecidas por Alfonso Martín del Campo. Esta vez, después de examinar las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, la CDHDF concluyó que el organismo encargado de la instrucción no había solicitado un informe médico completo para determinar la causa probable de las lesiones ni tampoco un informe para establecer las secuelas psicológicas que podía padecer Alfonso Martín del Campo como consecuencia de las torturas sufridas. Tras revisar los certificados médicos, la Comisión concluyó que la información era genérica e incompleta. Nuevas investigaciones dieron lugar a que el 27 de diciembre de 2002 la Comisión formulara una recomendación para que el Ministerio Público reiniciara las investigaciones, se aplicara el remedio de “reconocimiento de la inocencia” y se indemnizara a Martín del Campo. Las autoridades no han atendido esta recomendación.

A cuatro meses de la desaparición y el fallecimiento de la joven Gabriela Benítez Ybarra, su madre sigue clamando por justicia

http://plumaslibres.com.mx/2011/10/23/%e2%80%9cno-se-vale-que-te-quiten-asi-a-los-hijos%e2%80%9d/

“No se vale que te quiten así a los hijos”

Publicado por: periodistasdigitales

Bárbara Ybarra y Alejandro Solalinde. Foto archivo.

A cuatro meses de la desaparición y el fallecimiento de la joven Gabriela Benítez Ybarra, su madre sigue clamando por justicia.

***

El día que Gabi nació,  Bárbara Ybarra contempló desde el ventanal del hospital en el que dio a luz, las ramas de un frondoso árbol mecerse con el viento. Y pensó en cuan larga sería la vida de la bebé que tenía entre sus brazos.

Cuando Gabi cumplió 15 años, su madre le preguntó que quería de regalo y ella le  dijo que no deseaba nada. “Qué te parece un coche”, le ofreció y la adolescente se entusiasmó. En realidad fue uno de uso, “una carcacha”, recuerda Bárbara.  “Y lo usábamos las dos, pero cómo nos ayudaba”.

En el álbum familiar hay imágenes felices de Gabi en su infancia y adolescencia, con sus amigos, familia, de viaje, abrazando a sus mascotas.

Al principio ella quiso ser veterinaria, pero Bárbara -veterinaria de profesión- pensó que quizá no era la profesión correcta para ella. “La llevé con mi maestro y sólo estuvo diez minutos y salió asustada de las cosas que le comentó”. Gabi optó por seguir su otra inclinación: la arquitectura.

Quedó en el lugar número 83 de los aspirantes con derecho a ingreso en la Universidad Veracruzana. En la página de la institución todavía aparece su folio, el 313643501. Fue el último sueño de una adolescente de 17 años.

Casi cuatro meses han pasado de la tragedia que envolvió a Bárbara y a su familia.

Bárbara se limpia las lágrimas y dice: “no se vale que te quiten así a los hijos. Los hijos no son para tenerlos siempre, pero sí para verlos crecer y madurar. Uno espera irse primero que ellos. Tanto que cuesta formarlos, cuidarlos y que te lo quiten de esa manera, no se vale”.

Meses de incesante búsqueda por todo Xalapa y en varias ciudades del país, que culminaron cuando sus restos fueron hallados en un paraje solitario del área natural Molinos de San Roque, al lado de un carrizal.

Pese a que el tiempo no ha borrado las emociones, Bárbara Ybarra se muestra entera y dispuesta a seguir exigiendo justicia, no sólo para su hija sino para otras víctimas de la violencia.

En entrevista relata que la esperanza, primero, de encontrar a su hija -“sea como sea, pero eso me ha dado paz”, dice- y ahora, de lograr justicia, es lo que la sostiene.

Durante varias semanas, cuando buscaba a Gabi, recuerda que deambuló por oficinas, escribió decenas de cartas que envió al Presidente de la República, Felipe Calderón, a medios de Veracruz, del país y hasta a organizaciones no gubernamentales.

En ese período logró contactos que al día de hoy le siguen apoyando para avanzar en las investigaciones.

–      ¿Por qué sigue? Usted sabe que hay gente que prefiere no hacerlo por miedo y por cansancio.- se le plantea.

–      Porque hay mucha gente que me pide, no abandones la lucha, continuemos y vamos a continuar, vamos a tratar de que esto no vuelva a pasar.

Bárbara Ibarra señala igualmente que cuenta con amigos y familiares que la respaldan.

Rememora los momentos oscuros de incertidumbre que vivió: “yo llegué a pensar: en el momento en que aparezca mi hija, me voy de Xalapa y después pensé, dije, no. Se van a tener que ir ellos, porque yo me quedo, tengo a mi familia, a mis amigos, a gente buena”.

“Así que lo único que te queda es decir qué puedo hacer yo por esta sociedad, qué podemos hacer, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, no estoy de acuerdo con lo que pasó, qué voy  hacer ahora, y en eso estoy, esto apenas está comenzando, desconozco muchas cosas, pero tengo que aprender”.

–      ¿Confía en las autoridades veracruzanas?

–      Sí, sí la tengo. No puedo decir que toda la autoridad está mal. Así como hay cosas malas, deben haber cosas buenas en esta institución. De que veo que hay voluntad: sí, sí la hay.

Actualmente, sin dar detalles, expresa que cuenta con asesoría de expertos en la materia que dan seguimiento a las pesquisas de las autoridades.

“Vamos a encontrar a la persona que hizo esto, me dicen y te dan la confianza de que habrá justicia”.

De hecho, Bárbara Ibarra expresa que cada semana acude una o dos veces a la semana acude ante las autoridades para ver los avances del expediente en el caso de su hija.

“Tengo confianza en saber la verdad”.

Alejandro Solalinde y Javier Sicilia

Para Bárbara Ibarra, si alguien ha sido vital en este proceso de recuperar fuerzas, dice, es el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, a quien visitó en su momento en el municipio de Tierra Blanca.

“Voy a buscarlo cuando está en Tierra Blanca, voy con unos amigos que me hacen el favor de llevarme. No podía hablar, le dije, mi hija está desaparecida. El padre, de lo más lindo, me dice: no se preocupe señora, de mi mano va, yo no la suelto hasta que encontremos a su hija”.

Debido a su intercesión, logró llevar el caso de Gabi ante Fevimtra, dependiente de la Procuraduría General de la República, que de inmediato envió personal para documentar el caso.

“Me dio mucha alegría y eso me motivó”, recuerda ahora Bárbara Ibarra. Volvió a ver al padre Solalinde apenas hace unas semanas cuando estuvo de invitado especial en el Hay Festival de Xalapa y habló sobre el tema de los abusos contra los migrantes en México.

Bárbara Ibarra también contactó al poeta Javier Sicilia, a quien conoció durante la Marcha por la Paz que tuvo lugar en Xalapa recientemente.

Ahí, ante la tribuna, vestida de jarocha, denunció la desaparición de su hija.

Ahora, luego de pasar el momento amargo de encontrarla sin vida, sólo le falta hallar a los responsables…

Ser joven, un riesgo en México

http://ht.ly/6WAB1

 

MÉXICO, DF, 12 de octubre (apro).- Los jóvenes mexicanos viven, quizá, una de las etapas más difíciles y peligrosas que ha tenido el país en las últimas décadas.
Además del desempleo, pobreza, ausencia de oportunidades educativas, depresión, soledad, incertidumbre y adicciones, ahora también enfrentan el riesgo de ser cooptados o asesinados por las bandas del crimen organizado.

Desde hace tiempo distintas organizaciones nacionales e internacionales han advertido de la precaria situación que los jóvenes mexicanos padecen, así como de los peligros que enfrentan ante el aumento del poder del crimen organizado.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el desempleo entre la población joven mexicana casi se duplicó en la década anterior, al pasar de 5.3 a 10.3%; además, seis de cada diez jóvenes no estudian la preparatoria ni la universidad, y cerca de 15 millones de mexicanos, de entre 12 y 29 años, subsisten en la pobreza multidimensional.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, ha dicho que más de 7 millones de jóvenes mexicanos ni estudian ni trabajan; es decir, forman la generación de los ‘ninis’, que no tienen esperanza hacia el futuro.

En el tema de las adicciones, apenas en marzo pasado la Secretaría de Salud informó que, en los últimos seis años, el uso de cocaína en México se duplicó (hasta alcanzar los 3 millones de mexicanos), mientras que el consumo de mariguana pasó de 2.4 a 4.2% de la población. La mayor parte de ellos son jóvenes.

El Inegi también ha alertado del aumento de homicidios entre jóvenes con edades que oscilan entre los 15 y 29 años, pues entre el 2007 al 2009 la cifra de asesinatos en este grupo se incrementó en 140%.

En tanto que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirma que en México ocurren casi 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Honduras se registran 80 homicidios y en El Salvador más de 60.
La suma de todas estas situaciones hacen ver el riesgo que hay en México para la población de jóvenes, quienes además de los bajos ingresos, la alta desigualdad social y la carencia de oportunidades educativas y de empleo, tienen ante sí el riesgo mayor de ser cooptados por el crimen organizado o morir como una víctima más de la violencia generada por la declaración de guerra que hizo desde el inicio de su gestión el presidente Felipe Calderón.

Desde hace tiempo las diferentes bandas criminales se han dedicado a secuestrar a jóvenes para someterlos a su voluntad y convertirlos en parte de su ejército de ‘halcones’ o sicarios.

Testimonios recogidos por agrupaciones ciudadanas de víctimas en Coahuila, Durango y Veracruz han denunciado la existencia de virtuales “campos de concentración” donde los cárteles llevan a los jóvenes para torturarlos y convertirlos en adictos, transformándolos más tarde en sus esbirros.

Otros jóvenes no necesitan que los obliguen, optan por ingresar a las filas del crimen organizado porque es el único camino de “éxito” que conciben (dinero, poder y mujeres) ante un futuro incierto y de escasas posibilidades de bienestar.

De esa manera, el “bono demográfico” que vive hoy el país, con una mayoría de jóvenes en su población económicamente activa, se perderá irremediablemente en medio de esta tragedia nacional, de este país envuelto en una espiral de violencia, donde lo más seguro es que un joven caiga en las manos del crimen organizado o sea, como lo ha sostenido Calderón, una “baja colateral” de su guerra contra el narcotráfico.

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