Zapateando 2

Los operativos contra el crimen organizado no han disminuido la inseguridad, sostienen

■ Las reformas en materia de justicia disminuyen el acceso a las garantías individuales, señalan
Emir Olivares Alonso, La Jornada

Legisladores y organizaciones no gubernamentales exigen al gobierno federal que retire al Ejército del combate al crimen organizado. En la gráfica, durante un operativo militar en Navolato, Sinaloa. Foto: Marco Peláez
El retiro “progresivo” del Ejército de las labores de seguridad pública, que el gobierno mexicano planteará ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “es una promesa incumplida” de Felipe Calderón, quien hace nueve meses ofreció lo mismo ante la alta comisionada Louise Arbour, durante su visita de trabajo al país, señalaron activistas.
Édgar Cortez , secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseguró que a pesar de la promesa presidencial, “el Ejército continúa en labores de seguridad, vulnerando garantías fundamentales” de los ciudadanos, abusos que en la mayoría de los casos permanecen en la impunidad.
En tanto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), destacó la “incongruencia” del informe federal, debido a que las autoridades defienden los operativos militares contra el crimen organizado, “que no han reducido la inseguridad; al contrario, han traído más de 6 mil muertes en dos años de gobierno, cifra mayor que en Irak”.
El miércoles pasado, funcionarios de la cancillería mexicana presentaron ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el informe que el gobierno federal enviará como parte de sus obligaciones internacionales al CDH de la ONU, documento en el que plantea un “progresivo” retiro de los militares de las labores de seguridad, aunque reconoce que se han presentado abusos.
Cortez demandó a las autoridades federales que no sólo hagan promesas, sino que definan “cuándo y cómo” saldrán los militares de esas funciones. “Se debe poner forma, tiempo y modo a fin de que se pueda evaluar el cumplimiento de ese compromiso”.
Explicó que como parte del examen periódico del CDH, el gobierno, las organizaciones civiles y la oficina en México del Alto Comisionado deben entregar sus respectivos informes sobre la situación de esas garantías en el país.
Recordó que el informe de las organizaciones no gubernamentales se entregó en septiembre y que en ese documento destacaron, entre otras violaciones, que “la presencia del Ejército en las calles es contraria a recomendaciones nacionales e internacionales, pues estas acciones dan lugar a numerosas violaciones de derechos humanos que no son castigadas debido al fuero militar”. Lee el resto de esta entrada »

La CFE manipula información de supuestos beneficios de la presa

■ Enlistan daños que traerá y advierten que impedirán su construcción
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal, La Jornada)
Oaxaca, Oax., 27 de noviembre. Ciudadanos, representantes agrarios y comunitarios y autoridades de cinco municipios pertenecientes la Sierra Sur y la Costa de Oaxaca acordaron no permitir en sus tierras la construcción de la hidroeléctrica Paso de la Reina que, con una inversión de 600 millones de dólares, la cual proyecta realizar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el cauce principal del río Verde.
El embalse, denominado Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina, tendrá una cortina de 195 metros de altura y afectará 3 mil 100 mil hectáreas de los municipios de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, Taltaltepec de Valdés y San Pedro Tututepec, y 15 de sus localidades de población indígena mixteca y chatina, así como afromexicana.
Según el acta de la asamblea regional efectuada el domingo pasado en Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, los asistentes denunciaron que funcionarios de la CFE han realizado visitas a comunidades “para promocionar los beneficios que, según ellos, traerá la presa; sin embargo, han incurrido en violaciones muy graves en cuanto al derecho a la información previa, pues la han manipulado y presionado a autoridades agrarias y municipales para que den la anuencia al proyecto.
“La CFE ha manejado como argumentos que las comunidades, al aceptar la presa, tendrán carreteras, caminos, hospitales, empleos, restaurantes, hoteles; en caso contrario, el gobierno no realizará estas obras”, señalaron.
Denunciaron que Joaquín de los Santos, diputado federal del PRD, y Antonio Iglesias Arreola, diputado local del PRI, han presionado a los habitantes de las poblaciones para aceptar la obra porque supuestamente “impulsarán el desarrollo y el trabajo”.
Expusieron que estos proyectos “traen enormes afectaciones, como inundaciones a comunidades en la zona baja, debido a la construcción del embalse y cortina de la presa, además del enorme impacto ecológico en la región, pues se obstruirá el cauce natural del río Verde”.
Esto provocará desaparición de variedades de peces y plantas nativas, afectación al ciclo de la lluvia, disminución de la humedad a las tierras para siembra, y secado de manantiales, ojos de agua y ríos secundarios.
También, al inundarse las tierras, la población “estaría obligada a desplazarse a otros lugares, lo cual golpearía la cultura y procesos comunitarios de los pueblos”.
Mencionaron que la región vive de la agricultura, ganadería y pesca, por lo que con la presa todo se vería afectado, “pasando de ser los dueños de la tierra a ser desplazados o, los que tengan suerte, ser contratados como peones para la obra por corto tiempo”.
Advirtieron que harán valer su derecho, según las leyes nacionales e internacionales, sobre todo la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la recién aprobada declaración de la Organización de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lee el resto de esta entrada »

El gobierno quiere evitar que se compruebe la posesión de predios

David Carrizales (Corresponsal, La Jornada)
Monterrey, NL, 27 de noviembre. El gobierno de Nuevo León destruyó esta semana, por medio del Instituto Estatal de la Vivienda, dos de las últimas casas de colonos de la comunidad Nueva Castilla –municipio de Escobedo–, denunciaron los afectados ante la juez segunda penal con sede en San Nicolás de los Garza, María Francisca Marroquín.
La juzgadora mantiene en custodia los predios de Nueva Castilla, a raíz de que el 17 de mayo pasado, los pobladores fueron desalojados mediante la fuerza pública, y cinco permanecieron presos más de cinco meses en el penal de Topo Chico, acusados por despojo de inmueble, aunque ya fueron absueltos, y el último quedó libre el martes pasado.
Marroquín expresó que no le corresponde determinar quién es propietario de los terrenos de Nueva Castilla, y que la devolución de las tierras debe tramitarse ante otra instancia, pues ella dio por cerrado el caso.
El abogado de colonos de Nueva Castilla, Jaime Noyola Cedillo, consideró que el propósito del Instituto Estatal de la Vivienda (IEV), al demoler las casas, es evitar que los vecinos puedan demostrar que tienen más de cinco años de poseer los predios que les disputa la administración estatal, con lo cual podrían pelear la prescripción adquisitiva, además de buscar la validez de los contratos de compraventa que suscribieron con el propietario original.
El litigante añadió que las arbitrariedades en que incurre el gobierno estatal revelan su desesperación “porque ya se le acaba el sexenio”, y no ha podido apoderarse legalmente de 184 hectáreas que disputa a los colonos desde 2003, al arribo del gobernador José Natividad González Parás, siendo que ellos tienen casi una década de vivir en esos terrenos, y pueden comprobarlo.
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=estados&article=039n2est

Exigen destitución del alcalde de Chanal; causó “ingobernabilidad”

■ Los inconformes desconocieron al edil desde el 9 de noviembre
Elio Henríquez (Corresponsal, La Jornada)
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 27 de noviembre. Cientos de indígenas del municipio chiapaneco de Chanal, militantes de varios partidos políticos, retuvieron a cuatro integrantes del ayuntamiento de esa localidad para exigir la destitución del alcalde perredista José Luis Entzín Sánchez, a quien acusan de haber provocado “ingobernabilidad”.
Los pobladores inconformes bloquearon los dos accesos a Chanal, ubicado en la región de los Altos de Chiapas, para evitar que lleguen elementos policiacos a rescatar a los funcionarios, informaron fuentes oficiales. Hasta el cierre de esta edición persistía esta problemática.
Los informantes revelaron que los servidores públicos retenidos por los manifestantes son el síndico municipal, Marcelino López Díaz; el subsíndico, Esteban Pérez, y los regidores plurinominales priístas Francisco Santis Gómez e Isidro Gómez Hernández, a quienes sus compañeros acusan de haberse dejado “cooptar” por el alcalde.
Representantes de los indígenas aseguraron que en el movimiento participan integrantes de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y una fracción del Verde Ecologista de México, pues otra parte la dirige el padre del alcalde y está de su lado.
Explicaron que la retención de los funcionarios se suscitó en las primeras horas de este jueves, cuando los lugareños se enteraron de que Entzín Sánchez inauguraría algunas calles en la cabecera municipal.
“La gente tomó esta acción como una provocación, ya que el alcalde fue desconocido como tal el pasado 9 de noviembre, y decidió retener a los dos síndicos y los dos regidores”, afirmaron los manifestantes.
Aseveraron que “el gobierno del estado se ha negado a dar respuesta a las demandas de la población de Chanal. No es posible que tengamos un presidente municipal que se la pasa en San Cristóbal de Las Casas sin atender a su gente, sin resolver los muchos problemas que tenemos”, afirmaron los inconformes.
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=estados&article=037n1est

Sostiene que ni la más brutal de las represiones puede demoler ese tipo de organización

■ El analista internacional presenta en México su obra Autonomías y emancipaciones. América Latina en Movimiento
■ El volumen profundiza en los grupos anticapitalistas de la región
Mariana Norandi, La Jornada

Los movimientos sociales no pueden ser derrocados por la represión, por más terrible que ésta sea, salvo mediante el exterminio masivo de sus miembros, afirma Raúl Zibechi, periodista uruguayo y analista internacional, en su obra Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento, que fue presentada en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El acto, organizado por Jóvenes en resistencia alternativa, contó con la videoconferencia desde Uruguay del autor; sin embargo, por problemas de audio, la ponencia fue ininteligible.
El libro, publicado por Bajo Tierra Ediciones, fue comentado por el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas, y Ana Esther Ceceña, del Instituto de Investigaciones Económicas. Ambos analizaron las ideas del libro, el cual aborda el surgimiento de los movimientos sociales anticapitalistas en América Latina.
López y Rivas dijo que las características comunes de los movimientos sociales que Zibechi analiza son su territorialización, es decir, su arraigo a espacios físicos recuperados o conquistados mediante largas luchas; la búsqueda de la autonomía tanto de los estados como de los partidos políticos; la revaloración de la cultura y, entre otras, la afirmación de identidades de pueblos y sectores sociales.
Ejemplos de estos movimientos, asegura el autor, son los Sin Tierra (MST) de Brasil, el Zapatismo en México o la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.
López y Rivas resaltó que el analista internacional uruguayo rompe esquemas al sostener que el cambio social emancipado no necesita ni de la centralización ni de la unificación, es más, este tipo de transformación va en contra de todo tipo de articulación que se propone desde el Estado, la academia y los partidos políticos, porque éstos abortan o sepultan el movimiento social.
Por su parte, Ana Esther Ceceña abordó los casos como Bolivia, donde dirigentes sociales acceden al poder gubernamental. “Frente a los desafíos que plantean los grandes poderes, están otros que provienen del ámbito más cercano a los procesos emancipatorios y me refiero a los movimientos que pasan por la idea de acceder al gobierno para, mediante los mecanismos institucionales, empezar a transformar la sociedad nacional”. Lee el resto de esta entrada »

Marchan 600 pobladores en la capital de QR en demanda de justicia

■ Denuncian acoso hacia menores y desatención de autoridades
Javier Chávez (Corresponsal, La Jornada)
Chetumal, QR, 27 de noviembre. Más de 600 personas marcharon por las principales avenidas de esta capital, además de que se manifestaron ante el Congreso local y frente al palacio de gobierno, para exigir justicia por la muerte de una niña de 10 años que este fin de semana fue raptada y violada en una colonia popular. Por lo pronto, la policía judicial del estado no ha logrado ubicar al homicida.
Los inconformes, entre ellos familiares y compañeros de estudio de la víctima, así como taxistas –el padre de la pequeña es conductor de un vehículo de alquiler– marcharon por Avenida de los Héroes hasta llegar al palacio de gobierno; después se dirigieron a las instalaciones del Congreso de Quintana Roo.
Según la procuraduría estatal, el asesino es un albañil que laboraba en una construcción cercana al domicilio de la niña identificada con las iniciales JIJR, quien la tarde del sábado pasado fue enviada a comprar café a una tienda cercana, pero ya no retornó a su domicilio en la colonia Proterritorio. Al día siguiente, el cadáver de la pequeña fue descubierto en un terreno baldío.
“Yo, Luz del Carmen Jiménez Alarcón, junto con la solidaridad de familiares, amigos, conocidos y población en general que me acompaña en esta marcha, exijo justicia, no sólo por la muerte de mi hija, sino justicia para todas aquellas familias que han denunciado ante la Procuraduría de Justicia del Estado intentos de secuestro, acoso, hostigamiento hacia menores, niñas y niños de nuestro estado, cuyos expedientes han sido enterrados, representando un agravio adicional para esas familias”, expresó la madre de la víctima en una carta dirigida al gobernador Félix González Canto.
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/28/index.php?section=estados&article=038n1est

Se cumplen dos años de la ola de ataques contra civiles

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal, La Jornada)

Oaxaca, Oax., 26 de noviembre. A dos años de que la Policía Federal Preventiva (PFP) y las corporaciones locales sofocaron el movimiento magisterial y popular, sacerdotes católicos de la arquidiócesis de Oaxaca, de las diócesis de Tehuantepec y de Puerto Escondido, así como de la prelatura de Huautla de Jiménez, saludaron a los presos que han obtenido su libertad y a las víctimas de la acción oficial, y les dieron ánimos en la demanda legal presentada ante la Procuraduría General de la República “contra todos aquellos funcionarios públicos que en nombre del Estado los reprimieron.

“Es tiempo de que ellos (las autoridades) respondan ante la ley y ante el pueblo de México por las violaciones a los derechos humanos”, señalaron en un mensaje público.

Los religiosos dijeron que la “represión ordenada por quienes se sienten dueños de este pueblo” dejó el 25 de noviembre de 2006 “un saldo enorme de heridos, torturados, lisiados física, sicológica y hasta espiritualmente”, además de encarcelados a quienes se trasladó ilegalmente a penales de alta y mediana seguridad fuera del estado.

Todo eso, añadieron, se justificó “para preservar la paz y el respeto a las instituciones”, según dijeron entonces los gobernantes federales y estatales.

Previamente, “ante el grito de un pueblo que exigía justicia y cambio en el modo de ejercer el poder, hubo asesinatos y detenciones arbitrarias de hombres y mujeres que, después de ser vejados en lugares clandestinos, aparecían en distintas cárceles”, dijeron.

También deploraron la detención de Juan Manuel Martínez Moreno, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por el asesinato del estadunidense Brad Will.

El anuncio de la detención se da “en los días recientes, después de que nunca se hizo nada por aclarar los asesinatos políticos, ante la presión de Estados Unidos para presentar a los culpables del asesinato del camarógrafo estadunidense Brad Will, en contra de todo sentido de justicia, contra las recomendaciones e investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y envía el peor mensaje al pueblo respecto al acatamiento a los dictámenes de una institución que debe ser respetada”, indicaron.

http://www.jornada.unam.mx/2008/11/27/index.php?section=politica&article=019n2pol

El gobierno incumple acuerdos pactados, aducen los integrantes del Codeci

■ Funcionarios evitan la tragedia y logran quitar un bloqueo de los inconformes

Andrés Timoteo Morales (Corresponsal, La Jornada)

Jalapa, Ver., 26 de noviembre. Más de un centenar de campesinos provenientes de diferentes regiones indígenas de Veracruz, afiliados al Comité de Derechos Ciudadanos (Codeci), bloquearon la avenida Juan de la Luz Enríquez, frente a palacio de gobierno, en protesta porque les fue cancelada una audiencia con el gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Los labriegos tenían programada una reunión con el mandatario priísta para ratificar los acuerdos suscritos el pasado 12 de noviembre, cuando instalaron un plantón en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en demanda de la liberación de recursos para obra pública básica, proyectos productivos, introducción de servicios a comunidades rurales y contratación de maestros bilingües.

Molestos porque algunos viajaron 10 horas para llegar a la cita, los campesinos amagaron con prenderse fuego frente a las oficinas de Herrera Beltrán, como hizo el popoluca Ramiro Guillén Tapia el pasado 30 de septiembre.

Sin embargo, un grupo de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, encabezados por el director de política regional, Marlon Ramírez Marín, evitaron que los manifestantes se inmolaran e intervinieron para que se liberara la vialidad.

Los campesinos provenientes de Tantoyuca, Papantla, Tezonapa, Tierra Blanca, Minatitlán, Las Choapas, Playa Vicente, Coyutla y Juan Rodríguez Clara formaron una comisión de 40 integrantes para abrir una tercera mesa de negociación con el gobierno estatal.

Catarino Torres Pereda, presidente del Codeci, recordó que en la reunión que el 12 de noviembre sostuvieron con varios secretarios de despacho del gobierno estatal, se comprometieron obras por casi 100 millones de pesos para las regiones indígenas, lo cual ahora “desconocen” los funcionarios.

“Por ejemplo, se aprobó un proyecto para crear una intermediaria de financiamiento a 6 mil 600 productores de maíz y frijol que requiere un fondo de 3 millones de pesos, pero ahora sólo ofrecen inyectar 500 mil pesos, como si fuera una limosna”, expuso.

Torres Pereda subrayó que las autoridades estatales también han incumplido con la entrega de 75 plazas para maestros rurales y bilingües de escuelas ubicadas en las regiones huasteca, totonaca, popoluca y náhuatl. Lee el resto de esta entrada »

El precio del líquido también subirá ante la crisis, dicen ecologistas

Gabriel León Zaragoza, La Jornada

Potencialmente, la crisis financiera ya es un problema mundial para los consumidores de agua potable con menos recursos, debido a que ante el aumento en el precio de servicios sus salarios serán insuficientes para pagar el abasto domiciliario, por lo que buscarán satisfacer sus necesidades incluso con líquido no potable, advirtieron especialistas y representantes de organizaciones ecologistas.

Se trata de una situación alarmante –dijeron–, porque los sectores sociales más vulnerables (mujeres, niños y ancianos) van a padecer enfermedades que les podrían provocar la muerte y porque aumentarán los costos de los sistemas de salud.

Señalaron que este fenómeno es un problema que padecen incluso naciones ricas, como Gran Bretaña, donde hasta 20 por ciento de usuarios domésticos no pagan sus facturas de agua desde hace una década. “Esto se va a agravar con la crisis económica, porque quien no puede pagar el agua no va a liquidar el gas y otros servicios.”

En la apertura del encuentro Cambios políticos en Latinoamérica: ¿nuevas políticas del agua?, integrantes del grupo de 100 expertos de 19 naciones que participarán en las tres jornadas, denunciaron en conferencia de prensa que actualmente las empresas públicas que se encargan de los sistemas de agua los operan con espíritu de mercantilizar el líquido.

“Asumen el papel de las empresas privadas, por lo que la mercantilización significa que el agua es un recurso que se tiene que vender y comprar. Nosotros pensamos que es un bien común, y eso significa que no tiene costo”, afirmó la anfitriona y directora regional de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, Ingrid Spiller.

Señaló que este tema no se acordó durante el Foro Mundial del Agua, realizado en 2006 en México, por la presión que ejercieron el Banco Mundial y el gobierno de Estados Unidos para que en la declaración final no se incluyera un punto en favor del derecho fundamental de las sociedades al agua y el saneamiento.

Sin embargo, dijo en entrevista, después de dos años del foro, la situación cambió, al grado de que de dos, ahora 28 naciones ya han incorporado en sus constituciones este derecho al agua.

Aunque la privatización y mercantilización aún es un tema a debate, se trata de una situación de la que muchos gobiernos ya se dieron cuenta que no es la “solución mágica”, debido a los conflictos sociales que han vivido naciones que privatizaron el líquido y luego se vieron forzadas a estatizar, explicó. Lee el resto de esta entrada »

Una organización islamista autodenominada Deccan Muyahidin ha reivindicado los atentados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel difundió que se teme que haya un grupo de israelíes secuestrados en el hotel Taj; ellos participaban en una «conferencia de diamantes».

@DIN, 27 de noviembre de 2008 – Hombres armados con granadas atacaron siete zonas distintas del sur de Bombay. Al menos 101 personas han muerto en los ataques. Hay rehenes en dos hoteles y 290 heridos. Las fuerzas de seguridad intentan tomar el control de los hospedajes.
Al menos 101 personas murieron y 290 resultaron heridas en una serie de atentados terroristas perpetrados en la capital financiera india de Bombay, en el marco de los cuales hay también un número no determinado de rehenes en manos de los atacantes, informaron autoridades y medios locales.
Los ataques tuvieron por objetivo entre 10 y 17 instalaciones en la ciudad, incluyendo varios hoteles de lujo normalmente visitados por extranjeros, un cine, un café, un hospital y la estación principal de trenes. En estos sitios fueron vistos grupos de entre dos a cuatro atacantes con fusiles de asalto y granadas de mano.
Un grupo poco conocido autodenominado los Muyaidines del Deccan envió mensajes de correo electrónico a medios de comunicación, en los que asumió la responsabilidad por los ataques, indicó el canal NDTV.
En la estación de trenes, dos hombres ingresaron al hall central, dispararon y lanzaron granadas, dijo AK Sharma, comisionado de Policía del lugar, según la agencia de noticias PTI. Al menos 10 personas allí y unas 30 resultaron heridas. Todos los trenes fueron suspendidos. CNN-IBN informó asimismo de la explosión de una estación de servicio en el centro de Bombay.
Los atacantes se atrincheraron, entre otros, en el hotel Taj, un símbolo de la ciudad. Allí se produjo una explosión poco antes de la medianoche. Las imágenes televisivas mostraron humo saliendo del histórico edificio, además de muertos y heridos siendo trasladados.
No se tienen datos certeros sobre el número de personas tomadas como rehenes, pero la emisora británica BBC dio cuenta de unos 100 en total, especialmente británicos y norteamericanos. Sin embargo, de acuerdo a un testigo, los atacantes del hotel Taj tienen 15 rehenes en su poder. En coincidencia con la versión de BBC, dijo que los atacantes reclamaron en los registros el número de habitaciones donde estaban hospedados extranjeros.
También fueron tomados rehenes en el Oberoi, cuyo lobby se incendió por completo, indicaron fuentes policiales; en el momento del ataque había allí unos 1.000 pasajeros. El viceministro en jefe del estado indio de Maharashtra dijo el jueves que podrían haber entre 100 y 200 pasajeros y empleados atrapados. Además, los reportes dieron cuenta de intensos tiroteos en el Hotel Marriot.
El jefe de Policía, An Roy, aseguró: «Los tenemos rodeados y se producirá un enfrentamiento» .
Una unidad especial que normalmente actúa en secuestros fue enviada desde Nueva Delhi, de acuerdo con información oficial. Según NDTV, el Ejército también fue movilizado para la operación.
El ministro del Interior indio, Shivraj Patil, quien emprendió inmediatamente viaje hacia Bombay, declaró: «Al parecer se trata de un complot». Lee el resto de esta entrada »

CERIGUA, Argenpress.info

Los escuadrones de la muerte no han desaparecido en Guatemala y sus operaciones se centran actualmente en departamentos con altos índices de inseguridad, donde realizan tareas de «vigilancia» y ejecuciones extrajudiciales.

Estos escuadrones operan en Escuintla, Sololá, Izabal, Quetzaltenango y la capital, según reportes de prensa y denuncias del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, quien solicitó una exhibición personal a favor de 28 personas, amenazadas de muerte por esos cuerpos ilegales.

Morales presentó el lunes último ese recurso ante la Sala Primera de Apelaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de 28 comerciantes de Palín Escuintla, intimidados por grupos armados.

De acuerdo con el titular de la PDH, los escuadrones de la muerte extorsionan a esas personas hasta por 20 mil quetzales y son señalados de ejecutar a tres vecinos que se negaron a pagar el monto requerido.

Las referidas agrupaciones clandestinas operan bajo el consentimiento de altos mandos de la PNC, afirmó Morales, al solicitar a la Sala Primera de Apelaciones que se procese a la directora de la institución, Marlene Blanco, por desobediencia.

Blanco habría incumplido la orden de un tribunal de prestar seguridad en San Juan Sacatepéquez y Villa Nueva, Guatemala; San Lucas Tolimán, Sololá; Puerto Barrios, Izabal; Escuintla y Quetzaltenango, donde tienen actividad los escuadrones de la muerte.

Según las informaciones, esos grupos ilegales supuestamente prestan seguridad a la ciudadanía, pero a cambio exigen cierta cantidad de dinero; si los vecinos o comerciantes se niegan a pagar el monto económico son ejecutados posteriormente.

http://www.argenpress.info/2008/11/escuadrones-de-la-muerte-no-han.html