Zapateando 2

Javier Hernández Alpízar

Parafraseando la campaña de comunicación de los pueblos en resistencia de Temacapulín, Palmerejo y Acasico, para visibilizar su lucha contra la imposición de la presa El Zapotillo, con el caso del sacerdote Solalinde, los ojos del mundo están puestos en México.

A contrapelo del anticlericalismo de la derecha –para la cual los católicos son buenos si se resignan a aceptar pasivamente todo mal, pero en cuanto recuerdan el Evangelio se vuelven dignos de ser crucificados como su fundador–, hay algunos sacerdotes que conciben su misión pastoral como defensores de los derechos humanos, en este caso de las y los migrantes, o para decirlo con lenguaje bíblico: «dar posada al peregrino».

En 2010, Amnistía Internacional pidió, en una acción urgente que tituló «La vida del padre Alejandro Solalinde corre peligro», que ciudadanos de todo el mundo enviaran cartas a las autoridades mexicanas exigiendo garantías para su labor como defensor de los derechos humanos, una de las actividades más peligrosas en México, uno de los países más violentos y peligrosos del mundo, porque ocurren graves violaciones a derechos humanos.

El portal de Amnistía Internacional explicó que la acción urgente finalizó al alcanzar casi las 17 mil personas (exactamente 16, 876 firmantes) que «han escrito a las autoridades mexicanas para que den garantías al padre Solalinde y a su equipo del albergue para migrantes de ciudad Ixtepec, en el estado de Oaxaca para que puedan realizar su trabajo de apoyo a los migrantes sin temor a intimidación o ataques.»

Esto nos puede dar la medida de varias cosas, entre ellas dos: La gran legitimidad internacional que tienen la labor del padre Solalinde, la defensa de los derechos humanos y especialmente los derechos de los migrantes. Pero también da una idea de lo claro que es en el contexto internacional, por más esfuerzos que haga el gobierno calderonista de tapar el sol con un dedo, que en México los derechos humanos se violan de manera grave, masiva, sistemática, estructural, y que, por tanto, solamente la presión moral internacional puede obligar al gobierno (los gobiernos de distintos niveles) a que, aunque no quieran, a regañadientes y a contrapelo de su vocación autoritaria y violenta, hagan un mínimo esfuerzo por dar garantías a los defensores de los derechos humanos, a los migrantes y a la inmensa mayoría de la población mexicana sometida al terror y el estado de sitio.

Así expuso Amnistía Internacional el perfil de Solalinde: «El padre Alejandro Solalinde es director de una refugio para migrantes en ciudad Ixtepec, estado de Oaxaca, que se creó para ofrecer asistencia humanitaria a las personas migrantes que necesitan un lugar donde descansar y recuperarse del viaje.»

«Esta muestra de solidaridad con las personas migrantes ha provocado ataques y hostigamiento por parte de miembros xenófobos de comunidades locales, alentados a menudo por bandas de delincuentes y autoridades locales. 

«Un ejemplo de las intimidaciones que sufre el padre Solalinde ocurrió el 24 de junio de 2008, cuando un grupo de unos 50 residentes de ciudad Ixtepec, encabezado por el alcalde y 14 policías municipales, irrumpieron en su albergue. Amenazaron con prender fuego al edificio si no se cerraba en un plazo de 48 horas. A pesar de todo él y otros voluntarios continúan su trabajo de prestar asistencia a los migrantes.» Cf: http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/mexico-padre-solalinde-peligro/ 

Un perfil logrado mediante la entrevista de Adriana Jarrín Morán para Europazapatista ( http://www.europazapatista.org ) dibujó aspectos de Solalinde como estos: «¿Qué le motivó a trabajar con migrantes? Solalinde: Ver que andaban como ovejas sin pastor, que nadie trabajaba por ellos. Un día crucé las vías del tren y miré unos carros plataforma que estaban llenos de migrantes, me impresionó muchísimo. Después me enteré que no habían dormido, que no habían comido, que necesitaban agua, no se movían del tren en el que habían viajado doce horas, ¡algo terrible!

«¿Por qué de su participación de la Iglesia al activismo político? Solalinde: Yo me considero un defensor de los derechos humanos de los y las migrantes y no un activista. Sin proponérmelo mi voz es escuchada y tengo oportunidad de meterme a todos los espacios, trato con personas de todos los niveles. Esto me ha servido como una oportunidad para acercar la propuesta de Cristo. Cristo no tiene doctrinas, no tiene rollos, no propone ideas ni mucho menos promueve religiones, él busca una transformación de la realidad a través de la justicia, el respeto a la vida, a las oportunidades y a la igualdad.

«Usted ha recibido agresiones y ha sido encarcelado por el trabajo que desempeña. Respuesta: Me han golpeado, me han arrestado e incluso han querido quemarme. La lucha ha sido muy grande, se unió el gobernador con los presidentes municipales, con el primero para no dejar que pusiera el albergue y con el segundo para poner ellos el albergue y no yo.»

Ha vuelto a las primeras planas el tema de la violencia en México contra los migrantes centroamericanos, a raíz de el secuestro de migrantes que habían salido del albergue Hermanos del Camino, el viernes 23 de junio. Cf: http://www.hermanosenelcamino.org/noticias.html

La voz de Solalinde tiene legitimidad, credibilidad a nivel internacional, de manera que lo que denuncia no puede ser minimizada, despachándola con un desmentido.

Volvemos al título del artículo: Los ojos del mundo están puestos en México. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, el federal, los estatales y municipales, se sabe más allá de las fronteras que en México los derechos humanos se violan gravemente, que los migrantes, los defensores de derechos humanos, las comunicadores y periodistas, los niños y niñas, los y las jóvenes, las mujeres, las comunidades y pueblos indígenas, la mayoría de la población ven diariamente violados sus derechos humanos en una guerra cada vez más inexplicable e impresentable, en la cual los muertos son civiles, gente que no está armada, trabajadoras y trabajadores, personas, aunque los poderosos en México ya no entiendan los conceptos de persona, de ser humano, de vida humana, de dignidad humana, e imaginen que les basta con retórica bélica y con la criminalización y la calumnia contra las víctimas para justificar su desorden político y su belicismo.

Así como ocurre con la violencia que sufren los migrantes centroamericanos no solamente en Ixtepec, Oaxaca, sino a lo largo de su trayecto hacia el norte, gran parte de él territorio veracruzano, la violencia contra las comunidades indígenas que pretenden construir su autonomía en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, es también conocida y repudiada a nivel internacional.

Las agresiones a comunicadores y periodistas, y a defensores de los derechos humanos, hacen insostenible cualquier campaña propagandística de cualquier gobierno. El caso de las agresiones a Angeles Mariscal e Isaín Mandujano por el gobierno perredista y calderonista de Juan Sabines es apenas el botón de muestra. Todo el dinero invertido en apuntalar una imagen, asegurando incluso el silencio de medios «políticamente correctos» como La Jornada, se viene abajo cuando las denuncias de persecución salen a la luz pública.

En México padecemos gobiernos orwellianos, pero son dictadores como las momias de las películas de El Santo, el Enmascarado de Plata. Y dado que los ojos del mundo están cada vez más sobre México, a estos dictadores se les ven las costuras y hasta las etiquetas de las casacas.

Su credibilidad se desploma conforme, disciplinados con Calderón y la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores, encabezada por el «izquierdista Marcelo Ebrard), insisten en el camino de la violencia contra el pueblo mexicano. Solamente la verdad puede terminar con este absurdo, pero la verdad es lo que menos desean. Por ello son tan importantes los esfuerzos por la paz, como la Caravana que caminó hasta Ciudad Juárez y ahora lo hará hacia el sur, hasta llegar a Guatemala, por el camino tachonado de cicatrices de los migrantes.

Javier Hernández Alpízar

Partamos de la premisa de los personajes de Ernesto Sábato en Sobre héroes y tumbas: La casualidad no existe. 

El hecho es que la mañana del 22 de junio encontraron el cadáver de un joven, entre los 17 y los 20 años de edad, colgado en un árbol frente a la Paloma de la Paz en Cuernavaca, Morelos, de la cual han partido las Marchas Nacionales por la Paz con Justicia y Dignidad, la primera en protesta por el juvenicidio en el cual murió Juan Francisco Sicilia, la que en silencio marchó hasta el Zócalo del Distrito Federal y la que, con el nombre de Caravana del Consuelo, llegó hasta Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hallazgo del cadáver de quien, según la nota de Excélsior, se llamaba Jonathan Gómez, ocurrió justamente en la mañana del mismo día en el que Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza anunciaron un diálogo público, es decir con presencia de los medios industriales de comunicación, aunque no de público en general, con Felipe Calderón.

Para terminar de expresar lo precario del diálogo, unas horas después de que la parte ciudadana dijera que el encuentro será en el Museo Nacional de Antropología, aludiendo al simbolismo de las raíces más antiguas del país, el gobierno anunció que cambió la sede al Castillo de Chapultepec, símbolo del poder y de una fracasada resistencia a una invasión del ejército de los Estados Unidos en el siglo XIX.

Por si estos malos augurios fueran poco, ambos interlocutores llegarán con una representación muy disminuida y cuestionada, para usar el tipo de lenguaje de Sicilia e Icaza. Los dos citados representantes del Movimiento ciudadano por la Paz porque, después de firmar un extenso documento en Ciudad Juárez, resultado tanto de la propuesta inicial de seis puntos de Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, como de la discusión en mesas temáticas en Juárez, desconocieron el carácter de Pacto Ciudadano por la Paz y lo llamaron, en entrevistas de prensa en El Paso, Texas, una relatoría de las discusiones.

El problema es que hay un equívoco que divide al movimiento entre quienes se tomaron en serio la idea de que ese documento es de consenso y expresa los ejes comunes, muy difícilmente alcanzados, por el movimiento, y la parte cercana a Sicilia e Icaza, quienes regresaron a la propuesta de seis puntos anterior. De manera que el movimiento no se verá representado en un diálogo que no aceptó.

Originalmente se había difundido la idea de emplazar a los poderes institucionales (llamémoslos así) a firmar el Pacto en Juárez, luego, ante la negativa de los anfitriones, se aludió a firmarlo, por el lado del poder, en Cuernavaca. Ahora se aceptó un diálogo con Calderón, quien cambió la sede unilateralmente, por seguridad (?), mientras los poderes fácticos dieron una respuesta a su estilo: un cadáver frente a la Paloma de la Paz. Y un símbolo de que Calderón no puede desmovilizar a los señores de la guerra, de ningún bando.

En suma, quienes llevarán la demanda de justicia y de cambiar la estrategia frente al crimen organizado llegarán sin el consenso de los participantes en las movilizaciones y, por otro lado Calderón llega sin legitimidad ante una gran parte de los ciudadanos (la tiene ante una parte de los auditorios de los medios industriales que han comprado la guerra sin cuestionarla), y sobre todo, sin la capacidad ni el interés de cuidar las formas, por ejemplo, evitar hechos de sangre «simbólicos» y no cambiar la sede unilateralmente.

Los críticos que siempre pidieron a Javier Sicilia un discurso personalizado contra Calderón diagnostican es que su postura es de «colaboración» y no de «choque».

El problema para un posible Movimiento Nacional por la Paz que no tire la estafeta, tras un previsible fracaso del encuentro entre Sicilia y Calderón, es que no se reduzca a esas dos opciones: «colaboración o choque», porque ambas están delineadas desde y para la guerra.

No obstante, podríamos decirle al articulista Pedro Echeverría, de quien tomamos el dilema citado, que el movimiento electoral alrededor de López Obrador ha sido justamente en esos dos carriles: «choque» en el discurso, donde jamás «reconocieron» a Calderón, pero de colaboración de todos los gobiernos surgidos de sus filas, el más emblemático de ellos: Ebrard, cuyo protagonismo en el montaje policiaco y mediático de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) es un intento de aparecer decidido al continuismo y presidenciable.

Queda pendiente, más allá del previsible fracaso en el diálogo de Chapultepec, que las víctimas y las organizaciones en resistencia que se encontraron en el camino a Juárez puedan construir un Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que proponga una salida más allá de la falsa disyuntiva de «colaboración» o «choque», las dos opciones en que intenta encerrar el militarismo a la sociedad mexicana. Y sobre todo que no asuma la doble política de choque retórico y colaboración en los hechos.

Ante la guerra falta una resistencia pacífica de no colaboración, pero no una postura de choque, porque es volverse parte de la guerra y, aunque oponiéndose a ella, colaborando a que siga.

Javier Hernández Alpízar
En 1995, entre los periódicos que leía con relativa frecuencia estaba El Financiero. Una ocasión me pareció que la columna Indicador Político se repetía, que unos pocos días antes ya había publicado Carlos Ramírez ese mismo texto, una especie de perfil policiaco de Raúl Salinas. Qué raro, pero era el mismo texto. La diferencia es que en esa segunda ocasión que se publicó, detuvieron al que los medios, me parece que Proceso, había ya apodado el «Hermano Incómodo».
Es una función típica de algunas columnas. El poder señala en ellas a quienes piensa echarles el guante, por ejemplo. Aunque sean firmadas por un columnista, son versiones que el poder intenta instalar en las mentes de muchos lectores: Formar «opinión pública», inducir «consensos», o como dice el lenguaje de la mercadotecnia «posicionar» ciertas ideas, creencias, rumores, acusaciones, que le permitan al poder una cierta «gobernanza».
En ese sentido, si necesitamos en el país una desmilitarización, y de eso discutimos hoy. Si el poder la quisiera promover, los columnistas la promoverían, de manera que cuando se diera el paso político, pareciera que el poder ha sido «sensible» a un clamor de la «opinión pública».
Pero no es el caso. El poder necesita la militarización y no quiere abandonar la estrategia, quiere continuar con ella. Hasta ahora las voces que la han pedido han sido demasiado locales, poco conocidas a nivel nacional, y menos internacional, como para que el poder se moleste en tratar de generar una contrapropaganda por medio de sus «líderes de opinión».
Pero el Movimiento Nacional por la Paz que acaba, en Ciudad Juárez, de firmar un pacto (si quieren en borrador y perfectible, pero ya es la expresión de una voluntad colectiva) ha pedido la desmilitarización del país, el regreso de los soldados a sus cuarteles. Esta vez el movimiento ha tenido un seguimiento en la prensa industrial lo bastante amplio como para esconder el llamado a la desmilitarización.
El sainete que se está armando con las desafortunadas declaraciones de Javier Sicilia y Álvarez Icaza al llamar al documento una relatoría, y con ello relativizar la demanda de desmilitarización, central e irrenunciable para el movimiento, dará seguramente mucha tela de donde cortar. El poder sabe cómo aprovechar esos ruidos: Poner a los ojos de la población un sector, pequeño, visible, como el «razonable», «dialogador», «legítimo» y separarlo de otro más amplio: el de los «radicales» o como hasta el periodismo de «izquierda» hizo con los estudiantes de la UNAM, los «ultras».
De esa manera se atiza más la división y desconfianza al interior del movimiento, se promueve la confusión en la sociedad y la desconfianza hacia él. Hasta hoy, en opinión de muchas personas cuyos único medios de «información» son los comerciales, siguen siendo sinónimos de «delincuentes» los apodos de «cegeachero», «atencos» o «appos».
Esta vez, la columna de Carlos Ramírez no oculta ni disfraza su interés en desprestigiar, desacreditar y criminalizar el Movimiento Nacional por la Paz. En su Indicador Político del 15 de junio (http://www.elfinanciero.com.mx/index.php/comentaristas/29033), hace una apología del ejército desde los sumarios de la columna: «Ejército, 90% de decomisos» y se refiere a decomisos de armas. De acuerdo a ese parte de guerra, esa cifra debería calificarse de éxito. No lo dice, pero podemos suponer que 40 mil muertos, para Carlos Ramírez valen la pena por esos decomisos. Los decomisos no se hacen en la frontera, las arman ingresan, como el operativo estadunidense ilegal «Rápido y furioso» reveló, y luego, según el columnista, decomisa el 90% el ejército. Mal negocio que sea después de tanta muerte y no antes. Además, el otro 10% sigue siendo usado en la industria de muerte, la cual no es cuestionada por Ramírez.
Pero el blanco del ataque del columnista es el Movimiento Nacional por la Paz. En las bajantes lo pone como «Narco: Chávez, AMLO y EZLN». Nada más le faltó enlistar a los extraterrestres y los zombies de Sahuayo en la conspiración, la liga del mal del columnista.
Tramposamente pone a criminales al lado de movimientos sociales, gobernantes de América del Sur, eternos candidatos del PRD, y de un ejército indígena que no ha disparado un tiro desde 1994 en que hizo uno alto al fuego para promover iniciativas políticas civiles. La verdad pude sonar a chiste y extrañar que un columnista «serio» haga estos textos, pero no: Es la señal de que el poder quiere desacreditar al Movimiento por la Paz. Y hay una regla, ya que se dirige al público más crédulo y pasto fácil de los rumores y «trascendidos», mientras más gorda la mentira, más gente la comprará. De hecho los extraterrestres le habrían ganado más lectores, señor Ramírez.
Normalmente un columnista serio no haría calumnias de ese tamaño, o eso debería, pero es un plan de propaganda de estilo goebbeliano, «miente que algo queda». Así que Ramírez se sirve con la cuchara grande: «el Pacto de Ciudad Juárez implica la entrega de las plazas a los cárteles del narcotráfico que el Ejército ha recuperado.» De manera que aparecen los que piden la paz como defensores de una de las dos partes en la balacera. Dice que los criminales «quedaron más que satisfechos con la marcha porque los malos de la película no fueron ellos sino los militares.»
Es la misma acusación que le han hecho al movimiento casi desde que nació. Pero ahora criminalizando a personas con nombre y apellido: «Por lo menos cuatro prelados de la iglesia católica firmaron el pacto que pidió el juicio político contra el presidente de la República y varios funcionarios, contraviniendo las leyes que exigen que los sacerdotes no participen en política activa: el obispo Raúl Vera, el padre Miguel Concha, el fraile Gonzalo Ituarte y el sacerdote Óscar Enríquez. Por lo demás, los sacerdotes de la iglesia católica sirven a un Príncipe extranjero y están subordinados a otro Estado, el Estado Vaticano.»
Acusa a sacerdotes que han defendido los derechos humanos en el país de ser «súbditos de un príncipe extranjero» llamando a su estigmatización por ser curas, y por xenofobia. Probablemente la mayoría de los lectores no saben que el papel de esos sacerdotes es el de defensores de derechos humanos. Pero al final de la columna, luego de varios infundios, prácticamente el columnista los hace pasar por «defensores de narcos».
«Estos sacerdotes utilizan la fe para conducir a los creyentes a la confrontación.» Es la calumnia del columnista: No solamente es mentira, trata de hacer pasar a quienes piden la paz como violentos, mientras él, Ramírez, hace una apología de la guerra.
Además entre líneas pide la represión contra ellos: «Pero todos ellos han violado la ley al firmar un pacto que exigió el regreso de los militares a los cuarteles pero sin ninguna exigencia a los cárteles de la droga. Por tanto, su petición se convirtió en una colaboración de la caravana con el crimen organizado al exigir que el gobierno federal ya no use a los militares contra los delincuentes.»
Estas últimas líneas entrecomilladas sintetizan el discurso de la derecha mexicana que defiende la guerra a toda costa: Pedir la paz es defender narcos.
Lo que dice Ramírez es mentira, pero mucha gente lo puede tomar por cierto porque se refuerza con las repetición de la misma idea del poder por distintos canales. Goebbels vive, la propaganda sigue.
El Movimiento Nacional por la Paz debe reflexionar sobre su lenguaje. No solamente deben evitarse los dislates como el de Sicilia y Álvarez Icaza al negarle el carácter de acuerdo al algo que a quienes participaron colectivamente les costó tanto consensuar y formular. También deben evitarse las expresiones, les llamaré así, «catárticas», que expresan el rencor contra los señores de la guerra, pero no ayudan a formular un camino común, y decir en un lenguaje llano: Estamos por la paz, por la justicia, por la dignidad de las personas, por la desmilitarización. Bien entendidas, la mayoría de los mexicanos las apoyarán, porque no esperan la muerte violenta o la amenaza de ella como cotidianeidad.
Claro que un sector de la población mexicana se dirige al gobierno para pedirle el fin de la guerra y el cambio de estrategia para hacer frente al fenómeno de las drogas, pero no porque defienda a los criminales, sino para salvar vidas. Lo cual a Carlos Ramírez parece no importarle. De manera que cómo hacer justicia y evitar la impunidad es el trabajo a realizar, pero no se resuelve mintiendo y criminalizando a la gente que está actuando con conciencia y con ética. Pero eso es demasiado pedirles a los columnistas del poder. Es como cuando en las discusiones de San Andrés Larráinzar los representantes del gobierno decían no entender qué es eso de «dignidad». A veces no podemos ser demasiado exigentes con estos «líderes de opinión». ¿No podemos?