Manifestación de Madres Veracruzanas, Greenpeace y LaVida. Foto Zapateando
Fukushima y Chernobil refutaron a defensores nucleares
Se derrumbaron los «nuncas» de los técnicos
Cerrar Laguna Verde, piden afectados ambientales
La energía atómica no es barata, limpia ni segura
Se oponen al proyecto minero Caballo Blanco
Pretende hacer explosiones a tres kilómetros de la planta
Imposición contra la sociedad y ocultamiento de información
Javier Hernández Alpízar.– El «cierre inmediato de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde y la cancelación del programa nucleoeléctrico en el país», pidió la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), representada en Veracruz por la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida).
Además manifestó que «se opone terminantemente a la instalación de la mina a cielo abierto, proyecto denominado Caballo Blanco», en los municipios de Alto Lucero y Actopan, en Veracruz.
El argumento de LaVida- ANAA es que «ambas industrias comprometen el futuro de México y la seguridad de las presentes y futura generaciones de mexicanos».
En el Posicionamiento de la ANAA con respecto a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, dado el 26 de abril de 2011, a 25 años de la catástrofe nuclear de Chernobil y en el contexto de una marcha en Xalapa por el cierre de Laguna Verde, la ANAA retoma y hace suyos argumentos vertidos en el documento «La amenaza nuclear: el caso de México» (disponible en pdf en la página de Greenpeace: http://www.greenpeace.org/mexico/…/mexico/…/4/la-amenaza-nuclear.pdf) y las declaraciones a la prensa de Manuel Martínez, ex director del Centro de Investigación en Energía (CIE).
El pronunciamiento de la ANAA expresa que «es importante revisar la historia de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde y valorar la pertinencia de su mantenimiento o su cierre», frente a los hechos recientes como «la catástrofe ocurrida en Japón por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo del presente año, que afectó a la planta nuclear en Fukushima provocando la fuga persistente de material radioactivo que se dispersa ya por todo el mundo en distintos niveles y por lo que países como Alemania y España han cancelado la opción nuclear y otros más están en proceso de hacerlo».
Refutando los argumentos de los técnicos defensores de la energía nuclear sobre las supuestas ventajas de este tipo de industria, el pronunciamiento de la ANAA expresa y demuestra que la energía nuclear no es barata, no es es limpia y no es segura, por lo cual hay ventajas económicas en producir otras energías más baratas, ventajas ambientales en energías menos contaminantes y sobre todo energías más seguras, ante la nuclear, que como los casos de Chernobil y Fukushima demuestran, es sumamente peligrosa.
Energía cara
El pronunciamiento muestra que la energía nuclear no es barata, pues los costos de producción y sobre todo los costos por la contaminación que generan son abrumadores: «se calcula que la inversión para construir un planta nucleoeléctrica, tan sólo en México, es de un millón 300 mil dólares por megawatt, en cambio las plantas solares y eólicas son muchísimo más baratas.»
En caso de un desastre como en Bielorrusia o Japón, el costo para los pueblos es estratosférico: «el lamentable episodio de Chernóbil puso en evidencia los costos económicos que tiene su uso. Tan sólo la limpieza del lugar, después del accidente, alcanzó los 190 mil millones de dólares, sin contar los costos por las enfermedades y muertes que provocó la explosión. En el caso más reciente de Fukushima, los expertos creen que una vez superado el impase de la liberación de radiación y que los reactores se enfríen, el costo de restablecer la seguridad del lugar y remover el equipo arruinado ascenderá a varios cientos de millones de dólares y tomaría décadas hacerlo.»
Aportación prescindible
La aportación que da Laguna Verde al país es mínima y se puede prescindir de ella: «aporta sólo un 3.6% de la energía producida en el país y el tiempo ha demostrado que la vida media de operación de un reactor nuclear es inferior a los 18 años, muy alejada de los 40 años prevista por las empresas constructoras, tiempo que no compensa el gasto de su instalación y funcionamiento, ni el manejo y confinamiento de los residuos tóxicos que genera, así como el costo de enfrentar eventualmente las consecuencias que traería un evento de fuga de material radioactivo.»
Energía contaminante
Refutan también la mentira de que la energía nuclear es limpia porque no aporta gases de efecto invernadero, pues esta afirmación no toma en cuenta el proceso total desde la extracción del uranio hasta el manejo de desechos, que siguen siendo radiactivos por miles de años: «Es cierto que los reactores nucleares no emiten gases con efecto invernadero o cenizas durante su funcionamiento normal; sin embargo, el proceso de extracción y enriquecimiento del uranio (elemento que se requiere para la producción de energía nuclear) sí implica emisiones de ese tipo. Además, una “pequeña” fuga de gases radioactivos puede tener consecuencias desastrosas en la salud del planeta y del ser humano. Chernóbil y otros accidentes en plantas nucleares así lo han mostrado. Por otra parte, los reactores nucleares y otros tipos de plantas de energía elevan la temperatura de los ríos y mares que se utilizan para refrigerarlos, lo que supone un peligro para los peces en determinados ecosistemas.»
Energía altamente peligrosa
También desmienten, con los hechos que la realidad ha evidenciado, la falsedad de que es energía segura: «La energía nuclear no es un proceso seguro sobre todo cuando las plantas se encuentran en lugares de alta vulnerabilidad (de riesgo sísmico o frente a costas donde pueden presentarse huracanes) y tampoco están exentas de errores humanos. Las catástrofes en plantas de Windscale, Reino Unido, 1957; Tres Millas EE UU, 1979; Chernóbil, Ucrania, 1986 y la más reciente de Fukushima, Japón (calificado con 7 y el cual podría superar al accidente de Chernóbil) así nos lo demuestran.»
Proyecto impuesto a la sociedad
En el caso de Laguna Verde, expresan que su construcción y operación fueron impuestos contra la voluntad de la sociedad y que toda la historia de la planta está «plagada de anomalías. «La planta nucleoeléctrica de Laguna Verde inició sus operaciones en 1989, aun con la oposición de grupos ambientalistas, científicos y de la población. El proceso de esta planta ha estado plagado de anomalías, desde su instalación, en una zona sísmica, con un alto grado de densidad poblacional y su tecnología es además obsoleta.»
Operación no transparente
Critican el ocultamiento de información sistemático de la planta y de los gobiernos: «Las autoridades federales y estatales, y la Comisión Federal de Electricidad han desoído sistemáticamente las protestas de los grupos ambientalistas, han desatendido los informes de científicos nacionales y de organismos internacionales como la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) que advierten de las irregularidades en el funcionamiento de la planta y de la necesidad del cierre de la misma para evitar una catástrofe. Han ocultado o malversado información cuando se han presentado situaciones de alarma. Nunca ha existido transparencia y veracidad en la información oficial con respecto a Laguna Verde. Son declaraciones políticas que pretenden minimizar el riesgo que supone una planta que no debe existir tal y como sucedió en Japón».
Fukushima refutó a los ingenieros
Citan las declaraciones de Manuel Martínez sobre como Fukushima refutó a los técnicos defensores de la energía nuclear: «Hay cinco “nuncas” que ya se rompieron ahora en Japón: Que nunca un terremoto iba a estropear una central nucleoeléctrica y que nunca un tsunami lo iba a afectar, falso; que nunca iba a salir material radioactivo, falso; que nunca se iba a volar el segundo contenedor y se rompieron los cuatro reactores en Japón. Lo mismo, que no habría radiación de las barras de combustibles nuclear en operación que salieran a la atmósfera, y ya salieron”.
Señalan la inexistencia de un plan confiable de protección a los veracruzanos y mexicanos: «no existen estrategias de protección a la población en caso de un evento de fuga radioactiva. Las vías de evacuación son un sinfín de curvas peligrosas, carreteras en mal estado y no hay información suficiente entre la población sobre qué hacer en caso de un accidente en la planta.»
Minería riesgosa cercana a Laguna Verde
Además, la operación de un proyecto minero en las cercanías de los reactores nucleares es altamente peligrosa, explica la ANAA: «actividades humanas promovidas por los dueños del dinero aumentan la vulnerabilidad de esta planta nuclear, tal es el caso de las actividades de la compañía canadiense Gold Group, la cual pretende instalar una mina a cielo abierto para extraer oro de la cabeza de cuenca que alimenta de agua a la propia laguna que rodea a la planta nuclear del mismo nombre, la Laguna Verde; efectivamente, esta minera se pretende ubicar a sólo tres kilómetros de dicha central nucleoeléctrica, poniendo en riesgo las disposiciones de seguridad de la misma central que establecen medidas restrictivas para realizar ciertas actividades peligrosas en un radio no menor de 16 kilómetros. En el caso de la minería se utiliza una gran cantidad de explosivos, que causan sismicidad, para extraer la tierra luego, mediante un proceso llamado lixiviación, separa el metal utilizando cianuro, lo que genera sedimentos tóxicos cuyo desahogo pueden contaminar la tierra, el mar y los mantos freáticos de la región en un proceso de destrucción ambiental irreversible y fatal que agrava el riesgo que representan por sí solos los reactores nucleares que alberga la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde; y por absurdo que parezca, la concesión minera incluye en su polígono (Concesión Caballo Blanco IX fracción 3) a la propia planta nucleoeléctrica, lo que es inadmisible desde el punto de vista de seguridad y soberanía nacional.»
Con esa sólida argumentación, el pronunciamiento pide el cierre de Laguna Verde, la cancelación de todo proyecto nuclear en México, y se opone al proyecto de minería en la región de Actopan y Alto Lucero.
En esta petición, además de los documentos mencionados, se retoman las demandas históricas de grupos como las Madres Veracruzanas, Greenpeace México, el Grupo Antinuclear Arcoiris y un amplio sector de la sociedad.
Zapateando 2 
![por John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado. 3 de Marzo de 2007. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/w1.pdf Es notable en los grupos progresistas, tanto la fuerte permeabilidad de la versión “simplificada”, como la falta de información sobre la naturaleza real de instituciones tan centrales al funcionamiento del capitalismo, especialmente en su proyección de poder imperial hacia la periferia, como lo son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En Imperialismo Económico en México: las operaciones del BM en nuestro país (Arena. México, 2005) hemos mostrado que desde su concepción en Bretton Woods (1944), estas instituciones fueron pensadas, desde el Norte, como sustitutos del colonialismo formal de modo que, sin esos ropajes políticos, se pudiera mantener y extender el control, explotación y saqueo de los recursos naturales, los mercados y la fuerza de trabajo de Asía, África y América Latina. En virtualmente todos los sectores estratégicos de nuestros países están presentes esos organismos. Se les somete a su dinámica expoliadora y sus impactos económico-políticos, sociales y ambientales siguen siendo tan amplios como los observados en las administraciones de la época colonial, e incluso, en algunas áreas son más pronunciados. Esta tendencia se acentuó de manera notable como resultado de la crisis deudora de 1982, cuando se impuso un régimen acreedor a ultranza derivado del desvío masivo de la inversión pública a gastos no-productivos, fundamentalmente, en ese momento, hacia el servicio de la deuda. Se generaron así enormes boquetes presupuestales que estas instituciones se aseguraron cubrir con préstamos y fondos altamente condicionados. Con la complicidad y la complacencia de sus aliados de clase en el país, el proceso desemboca en una paulatina pero sistemática y creciente subordinación y desnacionalización del proceso de toma de decisiones domésticas en áreas cruciales, afectando de manera grave la economía popular, el interés público nacional (entendido como el interés de la mayoría de la población mexicana), la soberanía y la seguridad nacional. Se implanta entonces lo que se puede calificar como una guerra de clases a partir de la implementación de un vasto programa que incluye, de manera prominente, la desregulación, las privatizaciones, la apertura comercial unilateral, la reducción del gasto público, la liberación de precios a la par de la incautación de los salarios, entre otras cuestiones. De manera crónica, el esquema está diseñado para favorecer especialmente al alto empresariado doméstico e internacional, acentuando de manera espectacular la distribución regresiva del ingreso y el desempleo y con ello vulnerando la paz social y el futuro generacional. Esto, y más, es lo que en abstracto algunos llaman “neoliberalismo”, quienes al no identificar los actores, intereses e instituciones concretas involucradas, son presa fácil de la versión Disney que proyecta la imagen de que se trata de instituciones financieras “multilaterales” o “internacionales” dedicadas a fines nobles como “combatir la pobreza”. Ello podría explicar parcialmente la paradoja que se registra cuando testificamos que ciertos sectores de la izquierda establecen agendas comunes y/o vínculos profesionales con entes como el BM, al tiempo que se colocan en pie de lucha contra el “neoliberalismo”, el fraude electoral o la corrupción y en pro de la transparencia. La otra explicación sería que son propensos a la sobornización, tal y como ya se ha detectado públicamente en algunos casos. Todo indica que dejan en el baúl de los olvidos el hecho de que el ejecutivo de Estados Unidos (EUA) tiene gran preponderancia en la toma de decisiones del BM que opera bajo el principio de “un dólar un voto”. Tan es así, que es bien conocido que Washington y Europa históricamente se reparten las posiciones clave de control del BM y el FMI. Como lo ha mostrado Paul O’Neil (El precio de la lealtad. Taurus. Barcelona, 2004), ex-secretario del Tesoro de George W. Bush, la Casa Blanca hace y deshace con esas instituciones. Las usa a su arbitrio, sea para implantar una veda de créditos a estados que suele categorizar como “delincuenciales” (rogue states), e.g. Venezuela; o bien para inducir la privatización de empresas o instituciones codiciadas por el alto capital, como las del sector energético, de transporte o el científico-tecnológico/educativo. Y es que vincularse al BM no es asunto menor. Se trata de una institución que no solamente tiene fuertes vínculos con los sectores monopólicos y oligopólicos cuyos intereses auspicia, sino que además los tiene también con el aparato de seguridad de EUA y su cambiante red de alianzas. Lo ilustra nítidamente la presidencia del ex-secretario de Defensa Robert McNamara, uno de los responsables de la guerra de Vietnam, hasta la de Paul Wolfowitz, ex-subsecretario de Defensa y actual presidente del BM, quien es uno de los principales exponentes del neo-conservadurismo estadounidense y arquitecto, junto a Ronald Rumsfeld, de la petroguerra que asola a la población iraquí y afgana en abierto rompimiento con los fundamentos del Derecho Internacional y de la normatividad derivada de los Juicios de Nuremberg.Poder Judicial: Implicaciones y efectos de los condicionamientos del BMA pesar de tener un polvorín social a punto de estallar (e.g. Oaxaca, Chiapas) el BM y sus aliados de clase en México, insisten continuar en la misma dirección arriba descrita. Para ello ha sido imprescindible, como nunca antes, garantizar la continuidad transexenal, misma que, entre otros mecanismos, es delineada desde el BM a través de los Country Strategy Papers. Y es que el BM et al están concientes de la centralidad que adquirió desde 1996 el Poder Judicial. No es casual que en ese año se otorgara el derecho constitucional a la Suprema Corte de Justicia de revisar las leyes electorales federales y estatales. Así, el Judicial se aseguró un rol esencial en la calificación de los procesos electorales y se perfiló como un potencial garante de la mencionada continuidad en las elecciones de 2006. No sorprende entonces encontrar ingentes esfuerzos del BM por la vía de “asesorías”, préstamos y fondos para la “modernización” precisamente del Judicial. A través del State Judicial Modernization Supporting Access to Justice Project (Reporte No. 27946-MX. Washington, junio de 2004), el BM cubre específicamente el periodo transexenal al extenderse de 2005 a 2009 con un monto inicial de 37.5 millones de dólares y que no incluye recursos de otros donadores internacionales (véase más adelante). En el documento se nos informa que, “…el gobierno de Fox asignó una alta prioridad a las instituciones judiciales y pidió al BM su ayuda en una junta con Wolfensohn [entonces presidente del BM]”. El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, interesado no sólo en la mencionada continuidad, sino también en la permanencia de la impunidad del sistema tras haber sido pieza clave en la multimillonaria transacción de compra-venta/desnacionalización de Banamex al avalar un precio formidablemente inflado de 12, 450 millones de dólares en comparación de su precio de privatización de 3, 000 millones de dólares (ya de por sí inflado 2.6 veces su valor en libros), precisó entonces al BM que, “…la reforma económica más importante que México necesita es la reforma judicial”. Debe aquí notarse que tal solicitud se realiza a poco más de dos años antes de las elecciones presidenciales, teniendo como objeto explícito el de subsumir al Judicial bajo los intereses del empresariado nacional e internacional como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial. El mecanismo operativo, indica el BM, se sustenta en una serie de programas de reforma, modernización, monitoreo y evaluación de las Cortes Estatales y ciertamente de la Corte Federal. Interesa incidir, se puntualiza, en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y en la reorganización de las Cortes Estatales, de su área de jurisdicción y de su personal con ayuda de actores como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CNTSJ) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Otras entidades públicas, donadores internacionales (agencias de cooperación principalmente), ONG y entidades académicas son invitadas -y pagadas en su caso- para que realicen actividades de “adiestramiento” de personal y “monitoreo y evaluación”, entre otras. La intención: legitimar la “nueva” reestructuración y subordinación del Judicial, es decir de la revisión y monitoreo de cerca de los 6 mil jueces del país en todos sus rangos y funciones (magistrados, etc)! Banobras, entonces a cargo de Luis Pazos de la Torre de conocida trayectoria ultra derechista, agrega el BM, “…ha decidido abrir una línea de crédito para asistir a los Estados en el fortalecimiento de las instituciones judiciales (Programa de Crédito). Éste ha tomado la dirección en el desarrollo de acuerdos para asistir las ramas judiciales en la mejora de su actuación”. Tal programa de crédito debe leerse correctamente como un programa clientelar de actores puntualmente reconocidos en el documento del BM como “gobernadores, jueces, la academia, empresarios, etcétera”. El Banobras, un ente que desde la década de 1980 gestiona los fondos del BM en el país, se perfila entonces como el caballo de Troya, desde el cual no sólo se influye políticamente y se genera el clientelismo, ahora hacia adentro del Judicial, sino que se induce a escenarios de gran corrupción o, como lo ha precisado el ex-jefe de economistas del BM, Joseph Stiglitz, de “sobornización”. Todo contradictoriamente bajo la cubierta de promover la eficiencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción .](http://www.oid-ido.org/IMG/Logos-rubrique/img_banniere_es.jpg){kind=link}