Babel
Javier Hernández Alpízar
El uso de grupos paramilitares por parte del Estado mexicano, sea el gobierno federal (priista y recientemente panista) o los gobiernos estatales (priistas como en Oaxaca, perredistas como en Chiapas, Guerrero y Michoacán) tiene por finalidad ocultar la mano gubernamental detrás de los asesinatos, violaciones, daño a la propiedad y demás crímenes contra los grupos agredidos, estos últimos, normalmente opositores políticos, resistencias sociales, y sobre todo, campesinos indígenas. Actualmente, el blanco preferido de esta estrategia son los municipios autónomos indígenas y las organizaciones campesinas e indígenas independientes en todo Chiapas, en la zona triqui de Oaxaca, en la montaña de Guerrero, y en el municipio autónomo de Ostula, Michoacán.
Al ser hombres no identificados como del ejército, policías estatales o federales, quienes agreden, el gobierno federal y los estatales suponen que podrán presentar los crímenes, como la masacre de Acteal o la reciente emboscada contra una caravana humanitaria en La Sabana, como un conflicto y violencia interétnica (con su carga de racismo y demonización de los «salvajes», padecida por los triquis y, en general, por los indígenas en México).
Afortunadamente, bien que mal, y pese a que los medios de masas en México son propiedad de una oligarquía y responden normalmente al interés del Estado y de cada gobierno en turno, no le han funcionado estas estrategias: la matanza del jueves de Corpus en 1971, perpetrada por el grupo paramilitar Los Halcones, nunca pudo ser atribuida meramente a un pleito entre civiles. Actualmente, existe un video de Canal 6 de Julio que muestra la complicidad y el apoyo logístico de la policía a los paramilitares en esa fecha: 10 de junio de 1971. Sabemos ahora que detrás de ellos estaba el gobierno priista de entonces encabezado por Luis Echeverría Álvarez.
Otro intento fue el de Zedillo, quien en cierto sentido no ha sido tan enjuiciado por la memoria popular como Echeverría o Díaz Ordaz, pero es sabida la responsabilidad de sus paramilitares en la masacre de Acteal, del 22 de diciembre de 2007. Si bien se dieron el lujo de liberar a algunos de los detenidos por el crimen de estado, usando lo que ellos mismos sembraron, la irregularidad en el proceso seguido a los paramilitares, y han reescrito la historia fusilándose el Libro Blanco de la PGR con el apoyo de Héctor Aguilar Camín, no han logrado legitimar la mentira de que fue un pleito entre indios salvajes y vengativos, y sabemos que es un crimen del Estado, que en ese tiempo gobernaba el PRI, con Ernesto Zedillo Ponce de León a la cabeza.
En el caso de la región triqui en Oaxaca, el gobierno priista oaxaqueño, por años y con gran éxito, ha dividido y enfrentado a organizaciones políticas que se disputan el control territorial, la representación de los triquis, la relación con el gobierno priista de Oaxaca y sus recursos y la hegemonía en la zona. Particularmente han sido exitosos los gobiernos priistas de José Murat y de Ulises Ruiz Ortiz en llegar a confundir a quien lea desde lejos quién es quién en este conflicto, ocultando la mano gubernamental priista detrás el paramilitarismo.
Pero se engolosinaron. Ante el intento de los triquis por unificar su pueblo, su etnia y defender su territorio y autonomía mediante el municipio de San Juan Copala, el gobierno de Ulises Ruiz, ensoberbecido quizá por la impunidad lograda por los crímenes de estado cometidos en 2006 contra el pueblo de Oaxaca (hazaña al estilo Peña Nieto, también cabeza de la represión en 2006 contra Atenco), cometió el error de dejar que la UBISORT disparara contra una caravana humanitaria y asesinara a dos defensores de derechos humanos en La Sabana el pasado 27 de abril de 2010, la mixteca Alberta Cariño y el finlandés Jyri Antero Jaakola.
El resultado es que un conflicto y sobre todo una estrategia de división, cooptación y terror paramilitar, contra el municipio autónomo de San Juan Copala, que le iba dando resultados, bien que mal, ahora está a la vista de quien quiera leer, enterarse.
Se les pasó la mano disparando contra una caravana formada por defensores de derechos humanos de diferentes lugares de Oaxaca, México y el mundo (los derechos humanos son universales y todos los gobiernos están obligados a respetar a los observadores extranjeros en su suelo).
El resultado es que los medios de información han exhibido los trapitos de Ulises Ruiz, entre ellos Proceso, de gran circulación nacional. Con menos circulación pero una gran aceptación entre las organizaciones, a raíz de ser víctima de agresiones como demandas judiciales contra ella de la familia caciquil juarense Zaragoza, un allanamiento de sus oficinas y el compartir la suerte de la caravana agredida por los paramilitares priistas de la UBISORT, la revista Contralínea, que en su número del 9 de mayo ha publicado un amplio trabajo sobre los paramilitares en la región triqui, con textos de Ericka Ramírez (la reportera sobreviviente de la agresión, junto con el fotógrafo David Cilia), Roger Valle, Zósimo Camacho, Ana Lilia Pérez (una de las reporteras demandadas por empresarios descontentos con las denuncias publicadas en la revista), Mayela Sánchez, Nydia Egremy y Raúl Ramírez Baena.
El inicio del texto de Zósimo Camacho es algo así como el equivalente del video de Canal 6 de Julio sobre Los Halcones: «Rufino Juárez Hernández, presidente de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), se pasea por las calles de esta cabecera municipal sin ser molestado. Por el contrario, él decide cuándo hablar con los comandantes venidos desde Huajuapan de León para encargarse del traslado de los cuerpos y de los automóviles baleados y saqueados, que dejó como saldo la emboscada del 27 de abril pasado en las inmediaciones de la comunidad La Sabana, una de las pocas que aún controla su organización, afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
«Pareciera que para los comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Lázaro Hernández Rendón y Rodrigo Peralta Mejía, se tratara de un par o un superior suyo. Ningún policía investigador ni comandante o agente del Ministerio Público le cuestiona a Rufino Juárez su participación en la emboscada contra la caravana de paz, a pesar de que las víctimas lo señalan como el autor intelectual de los crímenes y públicamente se asume como el líder de la Ubisort, la organización que ha puesto en estado de sitio a la comunidad política y ceremonial más importante de la cultura triqui: San Juan Copala.
«Tampoco lo increpan los agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional ni los elementos de la sección segunda del Ejército Mexicano que se han desplegado en la zona. Algunos fingen no verlo; otros, lo miran pasar sin que se le cuestione nada. Todo, a pesar de que Rufino va armado y cuatro de sus guardaespaldas apenas si se molestan en disimular sus armas largas debajo de sus chamarras de cuero que les cuelgan hasta las rodillas.»
Y en la internet, se han ocupado del tema prácticamente todos los medios libres que de suyo llevan un seguimiento a Oaxaca, por lo menos desde la lucha de la APPO en 2006 y la dura represión de Fox y URO.
Medios cercanos a la caravana como el blog de CACTUS (http://cactusoaxaca.wordpress.com/ ), el de CASOTA (http://casota.wordpress.com/ ), lo mismo que http://suburbans.wordpress.com/ , han dado un seguimiento al caso.
Destacan medios muy profesionales como Desinformémonos (http://desinformemonos.org/ ), dirigido por la periodista Gloria Muñoz Ramírez, que incluso permite descargar en PDF el libro de más de 200 páginas de Francisco López Barcenas, Dominación política y resistencia popular, de las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio autónomo.
Se necesita una fuerte dosis de cinismo, racismo y conveniencias priistas para seguir negando la mano gubernamental tras la UBISORT, como la que hay tras los paramilitares en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
Es triste que tenga que llega la sangre al río para que un caso tan grave de violaciones a derechos humanos como éste sea centro de la atención de los medios que se interesan por la información y tratan de acercarse al a la verdad de las cosas. Pero la estrategia gubernamental de ocultar su responsabilidad, de nuevo falló.
Zapateando 2 
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